En las dos entregas anteriores fuimos categóricos: respaldamos el nombramiento del general César Astudillo en el MININTER por su impecable trayectoria militar, pero advertimos que, sin liderazgo operativo en las calles, inteligencia interoperable y la depuración implacable mediante filtros rigurosos como el polígrafo, cualquier plan naufragaría. Hoy, la realidad nos exige ser aún más firmes.
Los recientes y trágicos acontecimientos en Trujillo —el secuestro de un empresario minero aparentemente informal que dejó cuatro fallecidos— han hecho tambalear la confianza en nuestra Policía Nacional y dejado al descubierto la falta de una respuesta política y estratégica contundente por parte del Ministerio del Interior. Entendidos y analistas en estrategia policial coinciden en un diagnóstico crítico: la PNP padece hoy una parálisis operativa y un déficit de conducción estratégica que impacta en la moral institucional y desconcierta a la ciudadanía.
“El Gobierno tiene el deber político e histórico de dotar a la PNP de una agenda estratégica implacable”.
Respaldamos al Gobierno de la presidenta Fujimori y la firmeza de su gestión; creemos que, para salir de este marasmo, la PNP requiere con urgencia una agenda operativa y de inteligencia real, guiada por verdaderos estrategas del orden interno. Para cerrar esta tercera entrega de propuestas, planteamos los ejes centrales para encaminar a nuestras fuerzas del orden y devolverles la iniciativa táctica:
- Protección y seguridad jurídica para las fuerzas del orden: Un efectivo policial o militar que duda en usar su arma de fuego por temor a un juzgamiento sumario en los tribunales es un efectivo atado de manos. Es urgente establecer un marco de protección constitucional y legal claro —ya existen algunos avances— que ampare el uso legítimo de la fuerza frente al crimen organizado. Delimitar la responsabilidad funcional evitará que la persecución política o judicial siga demoliendo la moral y la capacidad disuasiva de quienes arriesgan la vida en las calles.
- Modernización logística y disuasión de alto impacto: No se combate a mafias transnacionales con equipamiento obsoleto. Se exige la dotación de chalecos antibalas de alta resistencia y armamento moderno, complementados con tecnología de disuasión no letal para el control territorial urbano. La Policía debe recuperar la superioridad operativa frente al hampa.
- Corresponsabilidad cívica y alianza estratégica: La seguridad es una causa nacional. Urge potenciar la articulación entre la PNP, los gobiernos locales (serenazgo) y la sociedad civil organizada. Las juntas vecinales y las rondas comunales deben convertirse en los ojos y oídos preventivos del Estado en cada barrio. Asimismo, los gremios de transporte y de microempresarios deben integrarse a una red de autodefensa preventiva, purgando a malos dirigentes vinculados al cobro de cupos.
- Control territorial y migratorio implacable: El crimen organizado transnacional no puede encontrar en nuestro suelo un refugio de impunidad. Es indispensable un censo biométrico obligatorio para extranjeros y la expulsión inmediata de aquellos que cometan delitos o permanezcan al margen de la ley. El control de nuestras fronteras es innegociable para cortar los flujos logísticos del delito.
Como bien advertía el historiador Basadre cuando reflexionaba sobre los obstáculos que limitan al Perú frente a las grandes crisis, las naciones corren el riesgo de sucumbir ante “los podridos, los congelados y los incendiarios”. Hoy el Perú enfrenta a la delincuencia más feroz de su historia contemporánea.
El Gobierno tiene el deber político e histórico de dotar a la Policía Nacional de una agenda estratégica implacable, respaldar su accionar y recuperar el principio de autoridad. Solo con firmeza institucional, inteligencia táctica y la unión de toda la ciudadanía lograremos vencer esta lacra y consolidar la paz y el desarrollo que nuestro país merece.
