ENTREVISTA: RODRIGO CHILLITUPA TANTAS

Tras una larga reunión con la presidenta Keiko Fujimori el último domingo 6, el ministro José Antonio Chang (Educación) atiende a CARETAS para dar un diagnostico de cómo encontró su sector. Adelanta una serie de iniciativas para recuperar los miles de colegios en mal estado y reimpulsar la meritocracia en el magisterio nacional.

¿La descoordinación entre los ministros le está pasando factura al Gobierno?

No comparto esa lectura. El Gobierno está trabajando desde el primer día con una prioridad muy clara: recuperar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los peruanos. No voy a entrar en especulaciones sobre supuestas descoordinaciones. No existe un gabinete dividido ni ministros actuando por cuenta propia. Eso lo descarto categóricamente. Hemos venido a poner orden, trabajar y dar resultados. Ese es el compromiso de la presidenta Keiko Fujimori con el país y con los millones de estudiantes que esperan una educación de mayor calidad.

¿Ayudaría tener un vocero externo al premier Luis Galarreta para comunicar mejor?

Los ministros tenemos la responsabilidad de comunicar las decisiones de nuestros respectivos sectores, pero lo hacemos dentro de una política general de Gobierno. Por eso, más que discutir si hace falta un vocero, lo que necesitamos es seguir trabajando y que la gestión hable por nosotros. La ciudadanía espera resultados en seguridad, economía, salud, educación y servicios públicos. No espera una competencia de declaraciones.

Algunos sectores exigen que la presidenta Fujimori sea más frontal contra la delincuencia como lo fue su padre con el terrorismo. Además, se habla que debería imitar la segunda gestión de Alan García. ¿Es viable trasladar esas fórmulas hoy?

El ingeniero Alberto Fujimori enfrentó en su momento una amenaza terrorista que buscaba destruir el Estado y tomar el poder mediante la violencia. Hoy enfrentamos un enemigo organizado, que opera con tecnología, maneja grandes recursos económicos, cruza fronteras, utiliza nuevas modalidades delictivas. Tampoco podemos trasladar automáticamente la experiencia de la segunda gestión de Alan García a la realidad actual. La presidenta Keiko Fujimori ejerce su propio liderazgo y responde a los desafíos que tiene delante. Frente al crimen organizado no puede haber indiferencia ni retroceso.

Los delincuentes extorsionan, incluso, a los colegios. ¿Cómo va la coordinación con la Policía?

Existe coordinación permanente con la Policía Nacional. Frente a cualquier amenaza, activamos los protocolos correspondientes y trabajamos en prevención, patrullaje y respuesta inmediata. No vamos a permitir que la delincuencia ingrese a nuestras escuelas ni que el miedo afecte a nuestros estudiantes, docentes y familias. También estamos coordinando con las municipalidades para fortalecer la vigilancia mediante sus cuerpos de serenazgo.

CENTROS EN RUINAS

¿En qué situación encontró los colegios a nivel nacional?

De los 55 609 locales educativos del país, alrededor del 70 % requiere sustitución total o parcial de su infraestructura por encontrarse en situación de alto riesgo. Esto representa una brecha de alrededor de 200 mil millones. Tenemos 4500 escuelas sin agua potable, 10 500 sin alcantarillado y 6600 sin energía eléctrica. Y a esto se suma que el 50 % de los locales educativos no cuenta con saneamiento físico-legal. Los directores reciben, en promedio, S/3800 por escuela, cuando antes se les daba S/1500 por aula. Además, no hemos encontrado ninguna previsión para atender al ya anunciado Niño costero.

¿Cuál es el plan a largo plazo para solucionar esta crisis?

El reto es enorme. Nuestra meta es intervenir 5000 colegios, construir 2000 nuevas escuelas eficientes y recuperar otros 3000 colegios que presentan mayores niveles de deterioro o riesgo y no vamos a concentrar los esfuerzos solamente en las grandes ciudades.

¿Ratifica que se cumplirá la promesa de los 2000 colegios en cinco años?

Sí. Es una meta ambiciosa y viable. Se viene gestionando medidas normativas orientadas a agilizar y viabilizar la ejecución de intervenciones de infraestructura educativa, mediante mecanismos que permitan reducir los plazos asociados a su formulación, ejecución y contratación, así como asegurar los recursos presupuestarios necesarios para su implementación.

¿Cuáles son esos mecanismos que usarán para reducir los plazos de construcción?

Para acelerar los resultados vamos a utilizar tanto sistemas constructivos convencionales como soluciones modulares, que permiten construir e instalar infraestructura educativa en mucho menor tiempo, recurriendo a las diferentes modalidades que el estado dispone como obras por impuesto, asociaciones públicas privadas, gobierno a gobierno y servicio por impuestos.

¿Qué proyección se tiene ya para el 2027?

Hasta diciembre de este año vamos a inaugurar 15 nuevas instituciones educativas y tenemos previsto iniciar la construcción de 155 escuelas eficientes que culminarán en 2027. Y nuestro objetivo es que, progresivamente, alcancemos un ritmo de 500 escuelas nuevas por año. Este año tenemos 16 intervenciones y para 2027 proyectamos 750 colegios rehabilitados. Además, alcanzar una cobertura de conectividad del 65 % de las instituciones educativas al cierre de 2027 y llegar al 100 % en 2028.

En los COAR se han denunciado deficiencias. ¿Qué acciones tiene pensado desplegar y si construirá más centros?

En el caso de los COAR, un recorte presupuestal afectó temporalmente a 246 trabajadores con órdenes de servicio, en 24 de los 25 colegios. Sin embargo, hemos actuado de inmediato y la continuidad del servicio educativo en los 25 COAR está garantizada. Vamos a completar la construcción de todos los COAR. Esta etapa contempla a los COAR que ya están en cartera bajo la modalidad de Obras por Impuestos: Arequipa, Apurímac y Lambayeque.

REFORMA MAGISTERIAL Y CURRÍCULO

La ley de la carrera pública magisterial se sacó en el 2007. ¿Se ha retrocedido en las evaluaciones a los maestros?

Encontramos procesos paralizados, decisiones pendientes y una gestión pedagógica que había perdido capacidad de respuesta. Retomaremos las evaluaciones censales, incidiendo en el desempeño del docente en el aula y progresivamente en el logro de aprendizajes de sus alumnos.

¿Desde el MINEDU cómo se reaccionará ante los pedidos de algunos sectores conservadores de la modificación del Currículo Nacional?

El Currículo Nacional es un instrumento dinámico que puede mejorar mediante el diálogo con la comunidad educativa, siempre sobre la base de criterios pedagógicos, evidencia científica y el respeto a la Constitución y a la familia. Queremos dar tranquilidad a los padres de familia, buscamos que la escuela forme ciudadanos con conocimientos, valores y pensamiento crítico, no ser un espacio de adoctrinamiento ideológico. No más ideologización en el currículo escolar.

¿Qué medidas se tomarán respecto a la revisión de contenidos en los libros para evitar sesgos ideológicos o políticos? Le pregunto ahora que se habla sobre la narrativa del periodo de la violencia entre 1980-2000.

En un tema tan sensible como el periodo de violencia entre 1980 y 2000, no puede haber espacio para la manipulación ni el adoctrinamiento y menos esconder la verdad sobre el terrorismo y sus acciones delictivas. Estamos aplicando el marco establecido por la resolución ministerial n.º 159-2025-MINEDU, que exige criterios de calidad, consulta de diversas fuentes y contenidos adecuados a la edad y nivel de desarrollo de los estudiantes. La escuela debe enseñar la verdad histórica, formar pensamiento crítico y promover una cultura de paz y respeto a la democracia. La memoria no puede convertirse en un instrumento de división ni de ideologización.

¿Es viable a largo plazo el 6 % del PBI en la educación?

No se trata simplemente de gastar más, sino de invertir mejor. Queremos que esa inversión se refleje en una mejor comprensión lectora, mejores resultados en matemática, desarrollo de habilidades socioemocionales, reducción del abandono escolar y una educación superior más pertinente a las necesidades del país.

PENSIONES, PRONABEC Y FUNCIONARIOS

¿Se podrá pagar la pensión de S/3500 a los maestros jubilados?

El MEF ha señalado que el costo fiscal de la norma es insostenible y es cierto que no podemos dejar de reconocer el derecho de nuestros maestros jubilado a una pensión digna. Estamos trabajando entre MINEDU y MEF para definir un cronograma de incrementos y la fuente de financiamiento. El MINEDU viene cumpliendo con todos los compromisos como la reciente transferencia de S/169 millones para financiar asignaciones a más de 200 000 docentes y auxiliares de educación.

Se cuestiona la poca experiencia de la excongresista Diana Gonzáles al frente del PRONABEC. ¿Qué se tiene proyectado para solucionar la falta de presupuesto para las becas?

De acuerdo con lo informado por el viceministerio de Gestión Institucional y la Oficina General de Recursos Humanos del MINEDU, la señora Diana Gonzáles cumple con el perfil y los requisitos de idoneidad para el cargo.

¿Se tiene proyectado solucionar la falta de presupuesto para las becas?

El problema de PRONABEC, no pasa por una situación presupuestal, sino de una adecuada gestión de las becas que se va solucionar con nuevas condiciones que se establezcan con criterios meritocráticos y de nivel académico que deben demostrar los becarios, a fin de dar oportunidad a los que realmente demuestren excelencia y puedan aportar de manera eficiente al desarrollo productivo del país.

¿Qué responde frente a las denuncias contra Vicente Espinoza, jefe de la SUNEDU, y la designación del excongresista Esdras Medina en SINEACE?

[El caso Vicente Espinoza] está judicializado. Entiendo que [Esdras Medina] fue el impulsor de una ley de recuperación de la autonomía universitaria. Si cumple con los requisitos de ley, bienvenido.

Escribe: Jorge Montero Cornejo*

La minería sudamericana atraviesa una nueva etapa. La transición energética a fuentes renovables, la digitalización de los datos (IA) y las nuevas tecnologías basadas en aleaciones magnéticas de alto rendimiento han revalorizado en el mercado las ventajas geológicas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú (Geological Survey of Canadá, 2001). Pero esta oportunidad no surge en un territorio inexplorado: la región acumula décadas de estudios, adecuaciones y experiencias de cooperación que ofrecen valiosas lecciones para el presente.

En 1967 nació en Lusaka, Zambia, el Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC) por iniciativa de cuatro grandes productores y exportadores de cobre: Chile, Perú, Zambia y Zaire (hoy República Democrática del Congo). La documentación oficial señala que los cuatro países analizaron producción, comercialización, industrialización, políticas tributarias, condiciones laborales y costos. Mediante un “lenguaje de entendimiento” se exploraba una vía conjunta de desarrollo económico. En 1975 se unieron al CIPEC Australia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Mauritania, Portugal y la ex Yugoslavia.

En 1982 el CIPEC representaba el 44 % de la producción de cobre, el 40 % de la fundición y el 26 % de la refinación (World Bank, 1986); sin embargo, no se logró estabilizar precios de manera significativa por la alta elasticidad de demanda (presencia de sustitutos y reciclajes) y las dificultades para asignar cuotas de producción entre países. El CIPEC cerró su Secretaría en París y cesó actividades en 1992.

El gran problema fue que los países integrantes del CIPEC tenían intereses distintos y sus coordinaciones eran particularmente complejas. La necesidad como colectivo de reducir la producción de cobre para sostener o incrementar el precio colisionaba directamente con la necesidad de estos mismos países de financiar su desarrollo vendiendo más cobre. Esta disyuntiva no se pudo resolver.

Las experiencias posteriores siguieron otros caminos. El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, suscrito en 1998, creó mecanismos institucionales para viabilizar proyectos transfronterizos. Su reciente reactivación y la aprobación de protocolos adicionales para dar certidumbre a inversiones de largo plazo muestran que la cooperación adquiere otra dimensión cuando se traduce en mecanismos claros para impulsar inversiones concretas.

También el Acuerdo de Cooperación e Integración Minera entre Argentina y Perú, suscrito en 1999, con duración indefinida, plantea amplias formas de cooperación e intercambio técnico-científico para la puesta en marcha de proyectos de producción y comercialización minera. Sin embargo, su permanencia jurídica no parece haber generado, hasta ahora, una dinámica verificable de integración minera binacional.

Recientemente, en 2025, Chile y Perú han avanzado mediante un memorando de entendimiento sobre asuntos mineros que propone expandir la cooperación binacional en minerales críticos, a nivel regional y global, mediante el intercambio de información, criterios de sostenibilidad, cadenas de suministro y proveeduría, innovación minera y políticas públicas comparadas.

Sobre este acumulado de experiencias diversas y renovadas intenciones se acaba de suscribir, hace pocos días, una declaración conjunta sobre minerales estratégicos para la integración regional entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú, que propone sostener enfoques convergentes, en foros regionales y globales, para favorecer el acceso a mercados e inversiones, el desarrollo de cadenas de suministro de minerales y metales, así como un adecuado beneficio social, económico y ambiental para nuestros países.

La segunda declaración del texto resume la intención principal: “Impulsar el posicionamiento conjunto de la región como un socio estratégico y confiable para el abastecimiento de minerales críticos”. De esta manera intentamos, finalmente, cerrar el círculo y avanzar hacia un futuro compartido de grandes inversiones mineras integradas en territorios sostenibles.

El desafío entonces es convertir esta convergencia política en una firme arquitectura de cooperación, con altos estándares, para transformar la lógica centrada en cuánto produce cada país en otra lógica centrada en cuánto valor compartido genera la región en su conjunto. Cruzar este umbral significa ahora organizar y suscribir instrumentos vinculantes, muy técnicos y descriptivos, para hacerlos realidad. ¡Veremos si los responsables están a la altura de las circunstancias!

* Exministro de Energía y Minas.

Escribe: Rodrigo Chillitupa

Excandidatos presidenciales, exparlamentarios, exministros de Estado y hasta familiares directos de altos mandos del Gobierno de Keiko Fujimori se reciclan hoy en el Congreso de la República, donde se volvió al sistema bicameral tras treinta y cuatro años de interrupción. Este masivo desembarco de viejos conocidos de la política nacional quedó al descubierto luego de que el Portal de Transparencia de la institución mostrara, sin ningún tipo de restricción, los elevados salarios mensuales que estos afortunados funcionarios ganarán en el Poder Legislativo.

Si bien estuvo a solo un paso de alcanzar la presidencia de la República, Roberto Sánchez Palomino obtuvo de inmediato un cotizado premio de consuelo en el reinstalado Senado: asumió como jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú (JP), agrupación que cuenta con 14 integrantes. Desde su nueva posición no solo mantendrá plenamente su liderazgo político, sino que además cobrará del erario público la suma de S/20 075,50 mensuales. Se trata de una cifra que resulta ubicarse muy por encima de los S/15 600,00 que cada parlamentario de a pie recibirá durante el presente quinquenio.

Sin embargo, el exministro Sánchez no constituye el único exaspirante a la Casa de Pizarro que percibirá un ponderoso sueldo dentro de la estructura institucional. La información provista por las dependencias internas del Parlamento arrojó que el abogado Ronald Atencio, la carta presidencial de la coalición izquierdista Venceremos en el pasado proceso electoral, funge actualmente como asesor del grupo de JP en la Cámara de Diputados por un haber asignado de S/7324,50.

Estos casos continúan con Anahí Durand Guevara, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la gestión del hoy condenado expresidente Pedro Castillo Terrones, quien recibirá S/12 740,10 por realizar la misma función de asesoría que Atencio en la Cámara Baja. A este grupo de figuras se suma el excongresista Pasión Dávila, contratado para asesorar directamente a los senadores de JP por una remuneración de S/13 230,10.

Conviene recordar que Dávila fue protagonista de varios episodios bochornosos en su paso por el Parlamento, como haber agredido al exlegislador Juan Burgos por la espalda en pleno hemiciclo o al terminar señalado de ser un presunto “mochasueldo” de sus trabajadores, denuncias que lo llevaron a la Comisión de Ética, donde terminó blindado de sanciones. A ello se agrega que se ha mantenido como uno de los aliados incondicionales de Castillo desde que fuera ingresado al penal de la DIROES el 7 de diciembre del 2022.

Contrataciones similares de exparlamentarios en las filas de Juntos por el Perú quedan evidenciadas con Lenin Checco y Juan Pari. En el periodo constitucional 2020-2021, Checco se desempeñó como representante de la extinta agrupación Frente Amplio; ahora retorna como asesor del diputado Ernesto Zunini, vocero de JP, y registrará un ingreso mensual de S/14 708,58. Por su parte, Pari (Gana Perú, 2011-2016) recibirá S/14 210,11 por las labores de trabajo técnico que realiza directamente con el parlamentario andino Paul Fernández.

NARANJAS COMO CANCHA

Los llamativos ejemplos reseñados de Juntos por el Perú también se extienden a otras agrupaciones dominantes dentro del espectro político, como es el caso de Fuerza Popular (FP).

En las filas del fujimorismo se tiene al exlegislador Alejandro Cavero, quien ingresó a laborar como asesor de Miguel Torres, actual presidente del Senado, por la atractiva suma de S/15 334,28. Según la plataforma Infogob, Cavero ya no forma parte del partido Avanza País desde el 18 de mayo pasado. Esto se debe a que presentó su renuncia tras el fracaso en las elecciones generales y al no resultar reelegido en su cargo como diputado.

De otro lado reaparece Carmen Lozada Rendón de Gamboa, una figura histórica del fujimorato. Se desempeñó como miembro del Congreso Constituyente Democrático de 1992 y posteriormente ocupó una curul como congresista de la República durante varios periodos legislativos consecutivos entre 1995 y 2001. Actualmente, registra el cargo de asesora coordinadora de la bancada de diputados de Fuerza Popular, labor técnica por la cual cobrará S/17 945,05 mensuales durante los siguientes cinco años de gestión.

En la lista de reciclados de la agrupación naranja se encuentran, asimismo, los exlegisladores Milagros Salazar, Mario Mantilla, Jeny López y César Segura. De acuerdo a los documentos oficiales de la planilla de trabajadores del Parlamento, Salazar reaparece como asesora principal del senador Víctor Flores por un monto asignado de S/14 708,58.

En tanto, Mantilla colabora en la elaboración de propuestas para el senador Segundo Tapia por S/13 230,10. Asimismo, se descubrió que López y Segura laboran como auxiliar y técnico en el despacho de la segunda vicepresidencia del Senado, a cargo de Nilza Chacón. Cada uno de ellos percibe, respectivamente, ingresos fijados en S/4949,58 y S/1658,33.

Una mención aparte merece los familiares directos del primer ministro Luis Galarreta y del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Marco Vinelli. Hace semanas se conoció que la esposa del premier Galarreta, María Luisa Carrillo, trabaja como asesora de la diputada Ana Patiño y percibe un sueldo de S/8470,00. Pero no es la única: Patricia Vinelli, hermana del titular del MIDAGRI, colabora con la bancada de senadores de FP y cobra S/14 210,11.

Por último, se cuenta con Ricardo Pinedo, exsecretario personal del fallecido expresidente Alan García, quien trabaja como técnico del diputado Pier Figari por un salario de S/8318,58. A él se suma Jorge Figueroa Guzmán, exministro de Educación durante las gestiones de los mandatarios José Jerí y José María Balcázar, quien labora como asesor del diputado David Jiménez por S/12 740,10.

LA CUOTA DE “PORKY”

El partido Renovación Popular (RP) tampoco se ha quedado atrás y se ha transformado en otra de las agrupaciones políticas que han reciclado a exlegisladores en la estructura parlamentaria. Entre ellos, se encuentra el caso de Fabiola Morales Castillo, quien es la actual teniente alcaldesa de Lima Metropolitana en la gestión edil que encabeza Renzo Reggiardo. El portal de Transparencia confirma que Morales labora como asesora de la bancada celeste y cobrará S/9310,07.

Si bien la Ley Orgánica de Municipalidades establece que se den facilidades a los regidores en general para trabajar en otras actividades profesionales, la discusión se centra en el cumplimiento real de la jornada laboral diaria. Allí se abre la interrogante de cómo la teniente alcaldesa de la capital cumplirá sus ocho horas seguidas en el Congreso y al mismo tiempo ejercerá la función municipal que deberá culminar el 31 de diciembre del 2026. En RP también se ha observado que la exparlamentaria María Córdoba Lobatón es la asesora principal de Edgar Macha en la tercera vicepresidencia del Senado por S/13230,10. Finalmente, la exfujimorista Tamar Arimborgo ejerce como asesora principal del diputado Leo de Paz, plaza por la cual percibirá un salario asignado de S/13 720,10.

Escribe: CARLOS PAREDES *

El argentino Fernando Gabriel Cerimedo Falcone llegó a Lima el 27 de julio de 2026, cuando el país se preparaba para ver a Keiko Fujimori cruzar, finalmente, las puertas de Palacio de Gobierno. Al día siguiente, mientras la hija de Alberto Fujimori juraba como presidenta, Cerimedo permanecía en el Perú. Después partiría hacia Bolivia, donde residía. Lo que entonces podía parecer un movimiento migratorio trivial se ha convertido ahora en una incómoda pieza del rompecabezas que acompaña al segundo fujimorismo.

Cerimedo no es un estratega electoral cualquiera. Trabajó en el universo digital de Javier Milei, estuvo conectado con el bolsonarismo y asesoró al boliviano Rodrigo Paz. Él mismo ha hablado públicamente del empleo masivo de cuentas y trolls para conseguir que determinados contenidos ganen visibilidad en las redes. Después de las elecciones brasileñas de 2022 difundió una teoría falsa sobre las urnas electrónicas que alimentó las denuncias de fraude contra la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Algunos de aquellos argumentos reaparecieron posteriormente en los cuestionamientos del Partido Liberal de Jair Bolsonaro contra el resultado electoral.

DETENIDO EN BOLIVIA

La detención de Cerimedo en Bolivia, investigado por la tentativa de feminicidio contra su entonces pareja, Nadia Beller —acusación que él rechaza y que deberá resolver la justicia—, produjo un terremoto político que rápidamente cruzó fronteras. Chile abrió una comisión parlamentaria para investigar su huella en el país. José Antonio Kast admitió conocerlo, aunque negó haber trabajado con él. En el Perú apareció la pregunta inevitable: ¿qué hacía Cerimedo aquí durante los días de la toma de mando de Fujimori?

Keiko Fujimori respondió con una negativa categórica. Cerimedo, dijo, «no ha participado» ni en primera ni en segunda vuelta. Tampoco reconoce relación personal o laboral con él. Hasta ahora no existe evidencia pública —contrato, factura, transferencia o documento electoral— que demuestre lo contrario. Sí existen indicios de propaganda contratada desde el extranjero a favor de Fuerza Popular cuya eventual vinculación con el entorno de Cerimedo necesita todavía ser demostrada.

En febrero, Fujimori y Cerimedo coincidieron en una gala en Mar-a-Lago. Allí estaban también Andrés «Andy» Rivas y personas relacionadas con el Adam Smith Center. Carlos Díaz-Rosillo, director de esa institución y consejero informal de Fujimori, reconoce conocer al argentino. El español Javier Negre, entonces socio de Cerimedo en el conglomerado de La Derecha Diario, se fotografió con Keiko, siguió de cerca su campaña y regresó a Lima para la juramentación presidencial.

Coincidir, conocerse y pertenecer a un mismo circuito político no equivale a demostrar una operación coordinada. El escándalo Cerimedo ha convertido en “fraudistas” a un grupo de activistas de izquierda que antes fustigaban las mismas denuncias cuando venían de la derecha.

LA OTRA BIOGRAFÍA: NADIA BELLER

En el Perú se ha hablado mucho de Cerimedo y bastante menos de Nadia Shirley Beller Delgadillo. Nació hace 33 años en Santa Cruz y estudió Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. En 2019 fue quinta candidata titular a diputada plurinominal por Santa Cruz en la lista del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. No llegó al Parlamento porque aquellas elecciones fueron anuladas durante la crisis que precipitó la salida de Morales.

Su cercanía política al MAS de aquellos años no es una conjetura. Además de integrar oficialmente su lista, Beller publicó artículos defendiendo la habilitación de Morales para buscar un nuevo mandato, pese a la controversia constitucional que rodeaba aquella candidatura. Según ha reconstruido la prensa boliviana, mantuvo además comunicación directa con Álvaro García Linera, vicepresidente durante los casi catorce años de los gobiernos de Morales y uno de los principales arquitectos intelectuales del proyecto político del MAS.

Después vino el vuelco. Durante la crisis de 2019, Beller comenzó a colaborar con Luis Fernando Camacho, uno de los principales adversarios de Morales. Ella misma contó posteriormente que llamaba a García Linera, evaluaba sus respuestas y transmitía información al movimiento cívico. Incluso utilizó una palabra particularmente reveladora para describir algunas de aquellas tareas: «contrainteligencia».

Posteriormente apareció junto a personajes situados en las antípodas del MAS, como Camacho y Marco Pumari, y vinculada al entorno político surgido durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Evo Morales sostiene que nunca conoció personalmente a Beller, aunque reconoce que fue candidata de su partido. También ha dicho haber recibido versiones según las cuales era muy cercana a García Linera e incluso la calificó de «amiga íntima» del exvicepresidente, sin aportar pruebas que permitan establecer la naturaleza de esa relación.

LA HIPÓTESIS CUBANA

En medio del caso apareció una acusación todavía más explosiva. El diputado boliviano Édgar Zegarra Bernal, de la alianza LIBRE, vinculada al expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, afirmó que Beller estaría relacionada con la inteligencia cubana, el G-2, y calificó el atentado como un “montaje” destinado a desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz. La acusación existe. La prueba, hasta ahora, no.

La documentación revisada no permite acreditar que Beller haya pertenecido al aparato de inteligencia cubano ni recibido entrenamiento suyo. Lo comprobable es otra cosa: fue candidata del MAS, defendió la continuidad electoral de Morales, tuvo acceso a figuras importantes de aquel gobierno y posteriormente colaboró con sus adversarios en tareas que ella misma describió como «contrainteligencia». Ese recorrido no demuestra una conspiración. Pero vuelve su biografía indispensable para comprender la historia.

SEIS MINUTOS

El 17 de agosto, dos hombres vestidos como repartidores esperaron a Beller frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra y le dispararon. Sobrevivió. Uno de los atacantes se llevó su teléfono antes de huir.

La investigación dejó pronto una anomalía inquietante. La empresa de ambulancias que acudió a socorrerla registró la llamada de emergencia exactamente a las 20:34:10. Las cámaras de seguridad situaron el ataque aproximadamente cinco o seis minutos después. El responsable de la compañía confirmó el registro y entregó audios y datos de GPS a los investigadores, aunque planteó una explicación posible: que el reloj de las cámaras estuviera desactualizado. Lo que todavía no puede afirmarse es qué la produjo.

Una discrepancia entre dos relojes no demuestra un montaje, pero una llamada de emergencia registrada antes del ataque exige una explicación técnica concluyente. O puede ser el hilo de una madeja más enrevesada.

Beller se recuperó y comenzó a ofrecer entrevistas a medios de distintos países para hablar de su relación con Cerimedo, de sus contactos y de supuestas operaciones políticas del argentino. También ha afirmado que el hijo que espera es suyo. Cerimedo niega haber ordenado el atentado y su responsabilidad deberá ser establecida por la justicia.

BOTS Y ELECCIONES

Una parte de la prensa peruana ha convertido a Cerimedo en símbolo de una maquinaria transnacional de comunicación digital asociada al ascenso de las nuevas derechas, en momentos en que varias de ellas han alcanzado gobiernos de la región.

Tras su detención, medios bolivianos informaron del hallazgo de numerosos dispositivos electrónicos que describieron como una posible «granja de bots». Corresponde a la investigación determinar exactamente para qué eran utilizados.

El problema comienza cuando de esos hechos se salta a atribuirle elecciones enteras. Los bots pueden amplificar mensajes y la desinformación contaminar una campaña. Eso no demuestra que Cerimedo haya decidido por sí mismo los resultados electorales de la región.

Mucho menos explica automáticamente la ajustada derrota de Roberto Sánchez en el Perú. Aquella campaña tuvo errores y actores propios: entre ellos, el activismo político del comunicador Víctor Caballero —quien intentó convencer a Jorge Nieto Montesinos de apoyar a Sánchez— y la polémica intervención del exfiscal José Domingo Pérez contra el propio Nieto.

La pregunta periodística es más sencilla y, a la vez, más difícil de responder: ¿trabajó Cerimedo para Fuerza Popular?, ¿quién le pagó?, ¿qué servicios prestó?, ¿qué estructuras digitales administró? Hasta que aparezcan pruebas fácticas capaces de responderlas, las coincidencias seguirán siendo indicios, no pruebas.

ANTES DE LOS BOTS

Mucho antes de Cerimedo hubo otro argentino itinerante que atravesó campañas presidenciales llevando estrategia, relato y metamorfosis electoral: Luis Favre, cuyo verdadero nombre es Felipe Belisario Wermus.

Vinculado durante años al universo político brasileño y al Partido de los Trabajadores, Favre ayudó a transformar al Ollanta Humala radical de 2006 en el candidato moderado de la «Hoja de Ruta» que ganó las elecciones de 2011. Años después, Jorge Barata declaró ante fiscales peruanos que Odebrecht destinó tres millones de dólares a aquella campaña.

Dos años más tarde, Favre apareció en la campaña del «No» a la revocatoria de Susana Villarán. El publicista brasileño Valdemir Garreta declaró posteriormente que Odebrecht y OAS aportaron tres millones de dólares para servicios relacionados con aquella operación política. Villarán terminaría reconociendo que conoció y aceptó aportes de ambas empresas para financiar la campaña contra su revocatoria.

Favre no fue Cerimedo. Las tecnologías, los métodos y las eventuales responsabilidades pertenecen a momentos distintos. Pero ambas historias recuerdan una verdad incómoda: la circulación internacional de operadores, dinero y estrategias electorales no nació con la nueva derecha latinoamericana.

Antes fueron televisión, encuestas, focus groups, consultores y grandes campañas publicitarias. Hoy son algoritmos, influencers, cuentas automatizadas y ejércitos digitales. Cambió la tecnología. No cambió la tentación.

Cerimedo se ha convertido en el personaje perfecto para condensar los fantasmas de la nueva derecha. Favre recuerda que las zonas grises de la consultoría política internacional también existieron cuando sus beneficiarios pertenecían a la izquierda.

Lo verdaderamente periodístico comienza donde termina la propaganda: averiguar quién pagó, quién contrató, quién ordenó, quién operó, qué hizo y, sobre todo, qué puede probarse.

* Autor del libro El perfil del Lagarto.

Escribe: EDUARDO BRUCE MONTES DE OCA

A menos de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, el sistema electoral peruano enfrenta una situación delicada: la posibilidad de una reelección encubierta de alcaldes y la presencia de candidatos que pueden recibir votos como si fueran futuros alcaldes. Aun cuando todavía no esté claro que puedan llegar a jurar el cargo.

La prohibición de la reelección inmediata de alcaldes está expresamente establecida en el artículo 194 de la Constitución. No es una disposición menor: responde a la necesidad de garantizar alternancia en el poder y evitar que una autoridad utilice su posición para perpetuarse.

Sin embargo, diez años después de introducida esa prohibición, parece cumplirse nuevamente el viejo dicho: hecha la ley, hecha la trampa. La norma no está siendo modificada por el Congreso, sino puesta a prueba mediante mecanismos electorales que podrían terminar vaciándola de contenido.

La fórmula es sencilla. Diversos alcaldes en ejercicio se han inscrito como candidatos a primer regidor de sus propias listas, mientras otra persona figura formalmente como candidata a alcalde. Si ese candidato renuncia o queda fuera de la elección, el alcalde saliente permanece como primer regidor y queda en posición de asumir la alcaldía si su organización gana.

El caso más visible es el de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y actualmente candidato a primer regidor de Renovación Popular, luego de la salida de Luis Rubio Idrogo de la candidatura a la alcaldía.

Hasta ahora, las resoluciones favorables a López Aliaga han girado alrededor de una cuestión distinta: si puede o no ser candidato a primer regidor. El razonamiento del Jurado Nacional de Elecciones ha sido que la prohibición constitucional se refiere a la reelección como alcalde y que, formalmente, López Aliaga está postulando a regidor.

Pero eso no resuelve la verdadera pregunta: si Renovación Popular gana, ¿puede López Aliaga ser proclamado nuevamente alcalde para el periodo inmediatamente siguiente? El propio presidente del JNE, Roberto Burneo, ha reconocido que esa cuestión todavía no ha sido analizada por el Pleno. En declaraciones a RPP sostuvo que ese punto “no ha sido materia del debate” ni del “punto controvertido”.

La distinción es fundamental. Una cosa es permitir que un alcalde participe como candidato a regidor. Otra muy distinta es decidir si, una vez ganada la elección, puede ser proclamado alcalde pese a haber ejercido ese mismo cargo durante el periodo inmediatamente anterior.

Aquí aparece el problema mayor. Si después de las elecciones el JNE concluye que ese primer regidor no puede jurar como alcalde porque ello vulneraría el artículo 194 de la Constitución, el sistema electoral estaría corrigiendo después de la votación un problema que debió quedar claro antes de la campaña.

Mientras tanto, esos candidatos podrán hacer campaña como si estuvieran compitiendo, en los hechos, por volver a ser alcaldes. Miles de ciudadanos podrían votar, creyendo que están reeligiéndolos cuando el propio JNE admite que todavía no ha decidido si eso será jurídicamente posible.

Una elección transparente no consiste únicamente en contar correctamente los votos. También exige que el elector sepa con claridad qué consecuencia tendrá su voto. Ese es el verdadero problema: permitir que alguien haga campaña como futuro alcalde y que solo después de la elección se decida si realmente podía asumir el cargo.

El JNE todavía está a tiempo de despejar esta incertidumbre antes de que los ciudadanos voten. No necesariamente excluyendo candidaturas, sino estableciendo con claridad qué ocurrirá si una lista sin candidato a alcalde gana y su primer regidor ejerció la alcaldía en el periodo inmediato anterior.

Por respeto a la Constitución y, sobre todo, a los electores, esa respuesta debería conocerse antes de acudir a las urnas, no después.  

Hay regresos que se anuncian con carteles y otros que se miden en las encuestas. Juan Carlos Zurek los tiene. Volvió a Somos Perú y está en camino a recuperar el municipio que gobernó entre 2011 y 2018. Una encuesta de Datum, realizada la segunda quincena de agosto, lo coloca primero con 37,7 %, seguido por Sergio Castromonte, con 10 %, y Lizzi Sueldo, esposa del actual alcalde Diego Uceda, con 8,7 %. El 29 % sigue indeciso.

Zurek no llega como desconocido. Antes de ser alcalde, fue regidor metropolitano en dos ocasiones. Durante su juventud, trabajó como taxista, mozo y cambista para financiar sus estudios. Es administrador de empresas y cuenta con especialización en gestión municipal. Retorna con una agenda que busca ir más allá de la obra vial.

Túnel como cuenta pendiente

Uno de los primeros choques tiene nombre propio: la conexión entre La Molina y Surco. Zurek cuestionó esta semana su situación tras una reunión entre el alcalde Diego Uceda y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según Zurek, el MTC habría precisado a Uceda que la obra no será ejecutada con presupuesto público y que deberá buscar su viabilidad mediante ProInversión. Por ello sostiene que el proyecto se encuentra “en cero” y reclama que no se presente ante los vecinos como una obra encaminada mientras no exista una ruta de financiamiento definida. Además, recuerda que según Uceda el peaje costará 70 soles ida y vuelta.

Zurek garantiza la residencialidad, cerros intangibles y respeto a la baja densidad en La Molina.

El cuestionamiento tiene un componente electoral, pero también una historia. Durante su gestión se avanzó en una propuesta que fue declarada de interés público en 2014 y que en 2015 obtuvo la buena pro para una iniciativa de inversión privada. El proyecto terminó truncándose durante la administración de Luis Castañeda en la Municipalidad de Lima.

Zurek recuerda aquel antecedente y contrasta la inversión estimada entonces, cercana a los US$500 millones, con el costo que atribuye al proyecto actual, que bordearía los US$1000 millones. El túnel resume una vieja dificultad del distrito: mejorar sus conexiones sin quedar atrapado entre expedientes y financiamiento.

Ciudad inteligente

Pero esta vez busca que su regreso no quede asociado únicamente a una obra. Zurek busca convertir a La Molina en “Ciudad Inteligente” y uno de sus componentes será la seguridad a través del programa “Escudo Digital”. Plantea dos nuevas centrales de serenazgo, patrullaje integrado y atención inmediata mediante botones de pánico, bajo la plataforma La Molina SOS. A ello suma la iluminación pública LED.

Durante sus anteriores gestiones destaca la modernización del serenazgo, el Centro de Comando de Operaciones con videovigilancia y el impulso de la comisaría Las Praderas. El sistema integró videovigilancia y redujo tiempos de respuesta.

Anuncia que su primer acto de gestión será la reapertura del CIAM con servicios gratuitos, entre ellos, talleres y atención psicológica.

Ahora busca recuperar esa agenda con tecnología y coordinación institucional. La propuesta intenta responder a una de las preocupaciones de cómo mejorar la seguridad cotidiana sin limitarla a más patrulleros o personal, sino incorporando herramientas de alerta y vigilancia.

Recuperar servicios para el vecino

El otro frente está en los servicios municipales. Zurek propone reabrir el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, CIAM, con talleres gratuitos, atención psicológica y el retorno del Molibus. También plantea recuperar MoliSalud como establecimiento médico de primer nivel y retomar programas sociales.

Su agenda incluye Programa de Alimentación Saludable para familias del distrito y, para los jóvenes, un Politécnico Municipal y Escuelas Digitales. Busca conectar formación técnica y herramientas digitales con el empleo.

En su gestión anterior reivindica el Centro de Medicina Preventiva Municipal y las Molicasas. El desafío es convertir esos antecedentes en respuestas para una población que también reclama soluciones nuevas y servicios municipales más cercanos.

Una ciudad más verde

Las áreas verdes ocupan un lugar central en un distrito que reivindica su carácter residencial. Zurek propone una planta de tratamiento para utilizar agua en el regadío de parques, crear megapuntos limpios, reactivar EcoRecicla y más puntos de acopio para maleza.

También incorpora deporte de aventura familiar y trekking en el parque Ecológico. La propuesta busca aprovechar espacios que pueden cumplir una función ambiental y, al mismo tiempo, convertirse en lugares de recreación familiar.

También plantea un columbario y cinerario para mascotas, además de actividades culturales. Son iniciativas de menor escala frente a las grandes obras, pero que buscan ampliar la idea de gestión municipal cercana y familiar.

Para el tránsito, propone un Plan Maestro de descongestionamiento y buses interdistritales. La propuesta busca mejorar la movilidad sin alterar la identidad del distrito.

El pasado como carta

Zurek llega con un inventario de obras como carta de presentación. Según el balance de su equipo, se ejecutaron más de 150 obras, se repararon más de 180 mil metros cuadrados de pistas y se desarrollaron el Parque Lineal y un skate park.

Ese recorrido le permite presentarse como alguien que conoce los problemas del distrito y también los mecanismos para administrar una municipalidad. Pero el pasado puede ser ventaja y vara de comparación: los vecinos deberán medir aquella gestión frente a las respuestas que ofrece hoy.

La encuesta de Datum es una muestra del panorama de La Molina. Zurek tendrá que convertirse en una propuesta capaz de convencer a quienes no votan solo por las obras realizadas, sino por la respuesta a problemas actuales.

Su regreso no es simplemente el de un exalcalde que busca volver al despacho. Busca ahora recuperar una ciudad con nuevas propuestas bajo el brazo.

Durante años, “Jhonsson Pulpo” convirtió la fuga en un oficio: cambió de identidad, cruzó fronteras, alteró su apariencia y hasta fingió su muerte. Pero el 1 de septiembre, en un departamento de La Paz, dejó de mirar las salidas. Cuando tocaron la puerta y dijeron ser Migraciones, entendió que venían por él. No opuso resistencia. Detrás de esa escena había meses de seguimiento silencioso: familiares, desplazamientos, hospedajes, un colaborador y pequeñas señales que terminaron formando una ruta hasta Bolivia. La inteligencia policial había llenado el vaso gota a gota.

La escena final duró apenas unos minutos. Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, estaba en un departamento de La Paz cuando tocaron la puerta. Le dijeron que eran de Migraciones. No lo eran. Eran los policías que habían cerrado el círculo.

El fugitivo entendió que habían llegado por él. Esta vez no hubo carrera ni resistencia. Tampoco pudo poner en práctica una de las reglas que, según los investigadores, había seguido durante años: revisar las salidas y calcular los riesgos.

Su propia explicación fue breve: exceso de confianza. Había cometido, finalmente, un error elemental: dejó de mirar. La captura del 1 de septiembre puso fin a una persecución que atravesó fronteras.

Bolivia lo expulsó y lo entregó a la Policía peruana en Desaguadero. Sobre él pesaba una recompensa de S/500 mil. La operación fue coordinada entre autoridades peruanas y bolivianas. Pero la fotografía del detenido no cuenta la historia completa. La verdadera historia está en lo que ocurrió antes.

LA GOTA QUE LLENÓ EL VASO

En el equipo que siguió al “Pulpo” repiten una idea: no hubo “champazo”. La investigación avanzó acumulando piezas que, tomadas por separado, parecían pequeñas. Juntas, comenzaron a dibujar una ruta.

Una de las piezas fue Gabriel Alexander Mendocilla Gómez. Su nombre apareció asociado a desplazamientos que llamaron la atención de los investigadores. Viajaba con frecuencia hacia Juliaca y, según fuentes policiales, solicitaba hospedaje para dos personas en distintos establecimientos.

Solo durante 2026, la Policía contabilizó más de una decena de alojamientos vinculados a esos movimientos. Cada viaje podía ser contrastado con otros desplazamientos. Cada reserva adquiría un nuevo significado cuando aparecía junto a otra. El trabajo consistió en comparar.

Esa palabra aparece en la explicación del coronel Edy Benites Sandoval, jefe del EESCCOTT. La inteligencia, sostiene, empieza a ser útil cuando las piezas se cruzan y permiten entender qué hay detrás de cada dato. El vaso no se llenó de golpe. Fue una gota detrás de otra. Había, además, una debilidad que los investigadores observaron con especial atención: la familia.

Según fuentes policiales, Jhonsson habría ingresado al Perú a mediados de agosto para participar de la celebración por el cumpleaños de su madre en Arequipa. Parte de su familia se habría desplazado desde Trujillo hacia esa ciudad durante varios días. Para un hombre que llevaba años huyendo, la familia podía ser refugio y riesgo.

“Un hombre puede cambiar de nombre, ciudad o incluso rostro, pero resulta más difícil desaparecer de las personas con las que mantiene una relación permanente”, señala Benites.

Diez hospedajes en Juliaca ayudaron a seguir los movimientos del entorno familiar ya.

Por eso el entorno familiar adquirió importancia en el seguimiento. La ironía es evidente: “Jhonsson había dedicado años a borrar sus huellas, pero terminó dejando una de las más importantes a través de aquello que nunca quiso abandonar. Su familia”, precisa.

EL ALIAS Y SUS CAMBIOS

Después de su captura, Jhonsson entregó información que sorprendió a los investigadores. Él contó que había culminado sus estudios secundarios de manera virtual y, mientras permanecía en la clandestinidad, había seguido cursos vinculados con psicología forense. Además, la oficial que estuvo detrás de meses de seguimiento narró que también habló de su padre.

Jhon Cruz Arce, uno de los fundadores de “Los Pulpos”, permaneció recluido en Ancón I. Desde allí, según el relato recogido por los investigadores, lo llamaba para intentar ponerlo en orden y evitar que terminara involucrado en el mundo delincuencial. Años más tarde, esa relación cambió cuando su padre fue trasladado a Challapalca. Jhonsson, hijo de uno de los fundadores de “Los Pulpos”, terminó ocupando un lugar central en la organización. Años después, convertido en uno de los hombres más buscados del país, su vida transcurría entre identidades, desplazamientos y comunicaciones cuidadosamente escogidas. Hasta que la inteligencia encontró una grieta.

27 policías integran Scott, seleccionados con entrevistas y polígrafo en EE.UU. ahora.

Jhonsson había aprendido que una identidad podía ser reemplazada por otra. Perú, Chile, Argentina y Bolivia aparecieron en distintos momentos asociados a su clandestinidad. En 2020 llegó incluso a fingir su muerte mediante un acta de defunción falsa. También recurrió a modificaciones en su apariencia. Las autoridades bolivianas informaron que presentaba cambios visibles en el rostro, las orejas, los pómulos y las cejas.

Una identidad falsa, sin embargo, no borra las conexiones. Un rostro diferente tampoco elimina una red de contactos. Y cambiar de país no significa desaparecer de los sistemas de información que las policías pueden compartir. Esa es precisamente la lógica que EESSCCOTT busca explotar.

SCOTT Y SUS CAPTURAS

El Equipo Especial Sensitivo contra el Crimen Organizado Transnacional —EESCCOTT, conocido operativamente como “Scott”— está al mando del coronel Edy Benites Sandoval. No es una unidad del FBI (Oficina Federal de Investigación). Es una unidad de la Policía peruana que trabaja directamente con esa agencia estadounidense y recibe cooperación en inteligencia, tecnología y formación. Está conformado por 27 policías seleccionados mediante entrevistas y pruebas de polígrafo realizadas con especialistas estadounidenses. La mayoría procede de unidades que ya habían trabajado investigaciones de crimen organizado. La apuesta es seguir las conexiones que permiten anticipar dónde está un objetivo y qué red lo sostiene. El FBI aporta información e inteligencia; el trabajo peruano consiste en procesarla, contrastarla, identificar patrones y convertirla en investigación.

Antes del “Pulpo”, estuvieron “Chacal”, “Nairobi” y “R15”. “Chacal”, vinculado al “Tren de Aragua”, fue ubicado en Cieneguilla después de que información obtenida de un teléfono incautado ayudara a cruzar datos sobre su identidad y ubicación. “Nairobi” mostró otra vulnerabilidad: la frontera.

Jhonsson entendió que venían por él al oír que eran Migraciones. No opuso resistencia.

La investigación siguió el rastro hasta Colombia. “R15”, requerido por autoridades chilenas, también habría intentado esconderse detrás de una identidad falsa. El intercambio de información terminó exponiendo esa fachada.

Con Jhonsson ocurrió algo distinto. No fue solamente una identidad, un teléfono o una frontera. Fue la combinación de movimientos, personas y comunicaciones. Cuatro casos. Cuatro grietas. Y una misma conclusión: el crimen organizado puede cruzar fronteras, pero también deja huellas en cada territorio por el que pasa.

LA NUEVA GEOGRAFÍA DEL CRIMEN

Ese es el desafío que ahora observa EESCCOTT. El “Tren de Aragua”, “Los Pulpos”, “Los Lobos”, “Los Choneros” y otras redes criminales ya no pueden ser analizadas exclusivamente desde una ciudad o un país.

Según la evaluación entregada por Benites, algunos mandos del “Tren de Aragua” en la región estarían recibiendo instrucciones para desplazarse hacia otros lugares con el objetivo de evitar ser capturados. En esa lectura aparece Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo”, como una de las figuras que concentra peso dentro de la reorganización del “Tren de Aragua” después de la caída del “Niño Guerrero”. Fuentes internacionales lo han señalado como uno de los posibles sucesores del fallecido líder.

Una captura puede sacar a un hombre del tablero. La inteligencia intenta saber quién mueve las piezas después.

Jhonsson cayó. Pero la historia de “Los Pulpos” no terminó en La Paz. El siguiente nombre que aparece en el radar policial es Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”. Según fuentes policiales, Bazán habría sido durante un periodo cercano a Jhonsson, hasta que las diferencias por el reparto de cobros y rescates provocaron el distanciamiento.

Cualquier versión sobre una supuesta entrega de información por parte de Bazán debe ser tratada como tal y no como un hecho judicial probado. Lo que sí está documentado es que Bazán fue condenado a cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en 2022.

El Ministerio Público confirmó la condena contra Bazán y otros implicados. Permanece prófugo. Y ahora, mientras Jhonsson enfrenta los procesos que tiene pendientes en el Perú, Scott mira hacia el siguiente objetivo. No se trata solamente de capturar nombres.

La apuesta es seguir las relaciones: quién se desplaza, quién financia, quién protege y quién reemplaza al que cae. Una reserva. Un viaje. Un familiar. Una comunicación. Un nombre que aparece otra vez. Una frontera. La inteligencia fue juntando las piezas hasta que el mapa dejó de ser una colección de puntos.

En La Paz, el mapa terminó señalando una puerta. Jhonsson abrió. Y esta vez, al otro lado, estaba la Policía. “El Pulpo” dejó de moverse. La red, en cambio, sigue viva. (Edgar Mandujano).

Escribe: ANDRÉS GÓMEZ DE LA TORRE ROTTA

Donald Trump insinuó cambiar de nombre al océano Pacífico que se está convirtiendo, por la costa sudamericana, en la extensión de la caribeña operación de interdicción marítima punitiva “Lanza del Sur” (2025) en un escenario de evidente convergencia de seguridad entre Quito y Washington, con integración colateral colombiana.

El modus operandi triangulado del Pentágono —hoy Departamento de Guerra— para neutralizar el “efecto globo” no es nuevo en la región: no fue coincidencia que, en 1999, en simultáneo, se iniciara el Plan Colombia I (Pastrana y Clinton) y se firmara el convenio para el puesto de operaciones avanzadas de monitoreo antinarcóticos (FOL) en el puerto y base aérea ecuatoriana de Manta (Mahuad y Clinton).

La fuerte sintonía del binomio presidencial Noboa y De la Espriella, superando las viejas rencillas de los tensos binomios Uribe y Correa o Noboa y Petro, contribuye a cimentar la presencia militar de Estados Unidos por la región, superando inclusive graves incidentes pasados como la operación colombiana “Fénix”, de ataque en Angostura (2008) contra un cabecilla y miembros de las FARC-EP en territorio ecuatoriano.

Una reciente experiencia ecuatoriana (2025) de asesoría con el magnate privatista y contratista de la seguridad Erik Prince, ligado al trumpismo republicano, muestra la envergadura de la convergencia Ecuador y Estados Unidos; mientras que el jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), el general Donovan, visitó por tercera vez en el año Ecuador en agosto pasado, a la par del anuncio del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sobre la llegada de buques de guerra y helicópteros norteamericanos para realizar ejercicios navales y apoyar el control sobre puertos y espacios marítimos (puntos sensibles de salida de sustancias ilícitas en modo país de tránsito).

Un Grupo de Tarea Conjunto del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), extensión operativa del “A3C” (coalición Anti Cárteles), forma parte del paquete que ya incluye a Ecuador; y un convenio, “Frontera Segura” (junio de 2026), afirma los lazos bilaterales, mientras que el 28 de agosto pasado el USS San Antonio realizó un operativo en aguas internacionales hundiendo una embarcación presuntamente vinculada a Los Choneros, grupo catalogado como terrorista (“OTE”) en Estados Unidos en 2025.

El corolario es el reciente pedido de congresistas republicanos al Ejecutivo norteamericano para designar a Ecuador aliado mayor no-OTAN (MNNA), siguiendo al Perú, y la aspiración quiteña para ser sede de un centro de fusión regional de inteligencia para el Pacífico encuadrado en la ideológica iniciativa “Escudo de las Américas”. 

RUBIO EN LA ZONA ANDINA El Secretario de Estado Marco Rubio emprende visita a tres capitales claves, entre el 8 y 10 de setiembre, en el ámbito de su promovida lucha contra el narcoterrorismo: Bogotá, Quito y Lima. Su intención sería sellar las alianzas con tres países andinos considerados claves de la estrategia de Washington para el hemisferio.

Hay tecnologías que no necesitan ser inventadas. Solo necesitan ser recordadas. En el altiplano puneño, los waru waru —campos elevados rodeados de canales de agua— vuelven a demostrar que los antiguos agricultores andinos conocían algunas claves para sobrevivir a un clima extremo.

En la localidad de Ácora, a 3848 m s. n. m. en Puno, cuatro comunidades aymara han recuperado esta práctica que durante décadas permaneció abandonada. La iniciativa fue posible gracias al programa Cultivating Resilience, de World Monuments Fund (WMF), que vincula conservación patrimonial, producción de alimentos y respuesta al cambio climático.

“Los waru waru son un conocimiento ancestral que se estima tiene unos 3000 años de antigüedad, pero que mantiene plena vigencia frente a desafíos actuales como la seguridad alimentaria y el cambio climático”, señala Juan Pablo de la Puente, director ejecutivo de WMF Perú. “Es una tecnología muy ingeniosa, desarrollada por las comunidades del altiplano para enfrentar el clima riguroso de la región”, añade.

Estos pueden tener distintas formas, pero comparten una estructura básica: camellones o surcos elevados destinados al cultivo y canales que los rodean. El sistema funciona especialmente bien en las hondonadas del Altiplano, donde el agua puede ser controlada mediante canales y compuertas.

No se trata, sin embargo, de una fórmula mágica. El sistema funciona acompañado de otro conocimiento fundamental: saber qué sembrar. Ante una eventual sequía, las comunidades recurren a variedades que necesitan menos agua y a cultivos como la quinua y la cañihua. También existen variedades precoces que pueden cosecharse en unos tres meses.

Eliana Amparo, directora de la Asociación Aymara Suma Yapu, confirma que “los waru waru son una respuesta heredada de los abuelos frente a la incertidumbre climática”. Son también pequeños bancos de semillas. “Ellos nos dejaron más de 3000 variedades de papa y en la campaña 2025 – 2026 hemos recuperado alrededor de 50 diferentes tipos, entre papas dulces y amargas”, cuenta.

A esto se suma la lectura de las llamadas “señas” de la naturaleza: plantas, animales, sueños e incluso indicadores astronómicos que permiten anticipar cómo podría desarrollarse la campaña agrícola. “Las plantas anuncian si el año va a ser lluvioso, si va a ser seco”, explica Amparo. Esa observación ayuda a escoger las variedades más adecuadas y a reducir el riesgo frente a fenómenos climáticos adversos.

El rescate de los waru waru comenzó por iniciativa de María Escarcena Managua, de la comunidad de Thunco, sector Central de Ácora, quien postuló al programa Watch de WMF para recuperar esta práctica. Hoy, el proyecto beneficia a cuatro comunidades del distrito.

Desde tiempos ancestrales, estos campos nunca se construyeron de manera individual. Son patrimonio comunal y su mantenimiento exige trabajo colectivo. “Los waru waru no se pueden trabajar uno solo porque cansan, no es fácil”, asegura Escarcena. Además y sobre todo: “Para ir a la chacra hay que estar alegre. El que está amargado no va porque no te va a dar la protección”.

Las decisiones sobre qué sembrar tampoco se toman de manera aislada. Hombres, mujeres y niños participan en faenas comunitarias como la minka. Hasta el momento y gracias a esto, las comunidades de Thunco, Caritamaya, Juruhuanani y Culta han recuperado más de 12 hectáreas de waru waru.

Ese carácter colectivo distingue al sistema de una simple técnica agrícola. Los waru waru articulan agua, suelo, semillas, alimentos y comunidad. Recuperarlos implica también conservar las prácticas culturales que permiten que sigan funcionando.

La cosecha se reparte de la misma manera. En uno de los campos, de unas dos hectáreas, alrededor de 50 personas participaron en la recolección y recibieron su parte de manera equitativa. El sistema tiene además otro efecto: al sembrar distintas variedades y distribuir luego las semillas, la diversidad agrícola se multiplica.

Para Malena Martínez, cofundadora y directora del centro de investigación Mater Iniciativa, esa es una de las razones por las que esta experiencia con los waru waru resulta especialmente relevante. “Se trata de una tecnología agrícola ancestral, importante y relevante completamente por los tiempos en los que estamos”, afirma. Pero también, añade, de prácticas culturales que es necesario conservar por su aporte a la soberanía alimentaria y a la identidad de los pueblos. Quizá allí esté la verdadera lección de los waru waru: mirar hacia atrás no siempre significa retroceder. En el altiplano, recuperar una tecnología de hace 3000 años puede ser también una manera de prepararse para el futuro.

El 23 de agosto, Keiko Fujimori anunció la derogatoria del sistema de puntos y la reducción al 10 % de un grupo de multas de tránsito y transporte. Allí, buena parte del debate se concentró en si la medida era o no un “premio” a los infractores. Es una pregunta legítima, pero vale mirar la reforma desde un tema de fondo.

El anuncio, formalizado luego a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que dirige Rafael Rey, llega en medio de la amenaza de un paro de transporte urbano convocado para el 25 de agosto, que finalmente los gremios —según confirmó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao— dejaron sin efecto.

En redes sociales, por ejemplo, la medida viene siendo interpretada de maneras completamente opuestas. Para algunos representa una “concesión política” a los transportistas, y para otros constituye una corrección necesaria frente a un sistema sancionador.

“La ATU ya dejó una plantilla clave: no se le va a dar beneficios a la informalidad”.

En medio de ambas posiciones existe una discusión mucho más importante y que debería ser abordada con criterios técnicos: ¿el sistema de puntos está cumpliendo realmente su objetivo de mejorar la seguridad vial o se ha convertido en un mecanismo meramente administrativo de acumulación de sanciones?

Para empezar, eliminar el sistema actual de puntos no debe significar eliminar la responsabilidad de los conductores. Debe significar sustituir un mecanismo que puede resultar rígido por uno más inteligente, proporcional y basado en el riesgo.

La discusión real es qué sistema permite identificar con mayor precisión a los conductores peligrosos y sancionarlos de manera efectiva sin convertir cualquier infracción administrativa en una amenaza permanente para quienes dependen de la conducción como actividad laboral.

IMPACTO EN LA LOGÍSTICA

Sabemos que la logística peruana tiene varios problemas. La primera Encuesta Nacional de Logística, elaborada por el MTC y el BID, encontró que las empresas del país destinan en promedio el 16 % del valor de sus ventas a costos logísticos. Y en las microempresas el costo es mayor: un 21 %. Ahora bien, yendo específicamente al campo del transporte y distribución, ese costo llega al 26,4 %.

Por eso, el propio MTC diseñó el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte al 2032, que se propone bajar el costo logístico nacional del 16 % al 13,8 %, y el de transporte y distribución del 26,4 % al 13,5 %. ¿Lo lograría con el sistema de puntos?

Cada camión detenido por una suspensión de brevete y cada unidad que deja de circular porque su chofer acumuló puntos por infracciones menores generan costos logísticos adicionales que terminan trasladándose a los precios de lo que ese camión transportaba. Una reforma que libera esa fricción administrativa, sin tocar las sanciones que sí importan, apunta exactamente en la dirección que el propio Estado se ha propuesto seguir desde hace años.

Ese 26,4% de costo logístico que se gasta en el Perú es mayor a los costos logísticos de Chile o México (pese a compartir geografías igualmente exigentes). Parte de esa brecha se explica por infraestructura y porque en nuestro país no hay un traslado masivo en ferrocarril o en cabotaje.

“Eliminar el sistema actual de puntos no significa eliminar la responsabilidad de los conductores”.

POCOS CHOFERES

El argumento para la eliminación del sistema de puntos tiene un respaldo que pocas veces se menciona: el propio Ejecutivo ya había reconocido —meses antes— que el Perú enfrenta un déficit de conductores profesionales.

Tal es así que, en enero de este año, el MTC aprobó el Decreto Supremo 003-2026 que creó un régimen temporal excepcional para promover la profesionalización de conductores "y atender el déficit de choferes en el transporte terrestre regular de personas y de mercancías".

Es más: dirigentes de la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú han repetido en distintos momentos del año que la escasez de choferes es ya una de las principales trabas operativas del sector, al punto de que empresas europeas —España entre ellas, con más de 30 mil vacantes para conductores de camión— han puesto la mirada en captar mano de obra peruana ya formada.

Por ello, un sistema que retira licencias por acumulación de puntos —incluyendo, según reconoció el propio ministro, casos en los que dos infracciones de exceso de velocidad detectadas por GPS bastan para perder el brevete— no está simplemente sancionando conductas de riesgo: está reduciendo, en pleno déficit reconocido por el Estado, la oferta de un recurso humano que ya escasea.

INEFICACIA EN COBROS

El sistema de puntos, creado por la Ley 29365 en 2015 y reforzado apenas en mayo de este año por la Ley 32616, tiene una lógica puramente acumulativa: cada infracción resta puntos, sin distinguir con suficiente claridad entre una falta administrativa menor y una conducta genuinamente peligrosa.

El congresista Juan Carlos Mori, entonces titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, defendió esa reforma como un giro hacia "la corrección y la reeducación". Fue un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. El problema de fondo es que el mismo puntaje golpee por igual al conductor que olvida su brevete físico y al que reincide en maniobras temerarias, por ejemplo.

Y el sistema era implacable para todos menos para los informales. De hecho, son ellos quienes operan sin brevete, sin SOAT y sin ningún tipo de supervisión. Es más, son los informales quienes —según la propia autoridad fiscalizadora— representan la principal fuente de infracciones graves.

Además, quienes cuestionan la reducción al 10 % pasan por alto un dato clave: el Estado ya no cobraba el monto completo de las multas. Entre enero y junio de 2026, el SAT registró 496 156 multas por S/ 201,9 millones. De ellas, 346 444 fueron pagadas, pero con descuentos. De los S/ 112,07 millones que correspondían a esas multas, se descontaron S/ 81,28 millones y solo se recaudaron S/ 30,78 millones. Es decir, casi tres cuartas partes del monto emitido terminaron sin cobrarse.

Finalmente, la ATU ya dejó una plantilla clave: no se le va a dar beneficios a la informalidad, los siniestros, el alcohol y la reincidencia grave. De modo que esta segunda norma todavía se está diseñando. Pero para que la medida sea coherente con su propia justificación logística, ese nuevo esquema debería apoyarse en la información que el Estado ya recolecta: el Registro Nacional de Sanciones, los reportes de SUTRAN sobre informalidad, el historial de siniestros y los datos de reincidencia, cruzados para distinguir con precisión entre el operador que representa un riesgo real y el que simplemente acumuló infracciones menores.