Hay decisiones que, con el paso del tiempo, cambian de significado. En su momento, parecen un trámite institucional más; luego, a la luz de nuevos hechos, se convierten en piezas clave para entender una crisis. La ratificación de Piero Corvetto como jefe de la ONPE en julio de 2024 es una de ellas. Entonces, su forzada reelección fue leída como el triunfo del sector político antagónico al fujimorismo, impulsada por los actores que salieron en su rescate tras haber sido baloteado en un primer intento en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

A la luz del desmadre electoral del 12 de abril, podemos concluir que lo ocurrido hace dos años fue la imposición de un funcionario que nunca estuvo preparado para organizar una elección nacional. El problema más grave es que su pésima gestión ha manchado una elección clave, con serias consecuencias para nuestra debilitada democracia.

Corvetto no fue ratificado por la JNJ anterior en la primera votación: le faltó un voto. Cuatro a favor y uno en contra. El sistema es claro: se requieren cinco de siete votos para que el jefe de la ONPE continúe cuatro años más como árbitro electoral. Sin embargo, semanas después, tras una reconsideración, Piero Corvetto terminó ratificado con seis votos. Lo que cambió no fue solo su defensa: cambió el tablero político en la JNJ, gracias a un fallo de una Sala Constitucional de la Corte de Lima, presidida por el juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara y alineada con el sector político —la progresía nacional— que salió en su rescate.

Esta controvertida decisión judicial devolvió a la Junta a dos de sus integrantes, previamente inhabilitados por el Congreso por la flagrante infracción constitucional de extender el mandato de Inés Tello más allá de los 75 años, edad máxima para ejercer el cargo según la Constitución y la propia Ley Orgánica de la JNJ. Por esa “interpretación auténtica”, avalada por su presidente y otros integrantes de la JNJ, como Imelda Tumialán, fueron inhabilitados el presidente Aldo Vásquez, que se prestó para el legicidio, y la interesada Tello.

La ratificación con fórceps

Cuando Piero Corvetto solicitó a la JNJ la extensión de su mandato como jefe de la ONPE por cuatro años más, no solo arrastraba los cuestionamientos de las elecciones presidenciales de 2021, en las que un sector importante de los peruanos no quedó satisfecho con la actuación del árbitro, como luego han reflejado las encuestas. Por citar una medición reciente, según Datum Internacional para el diario El Comercio (noviembre de 2025), el 71 % de los entrevistados desconfiaba de la ONPE, del JNE y del RENIEC. No es menor que siete de cada diez peruanos no confíen en los árbitros de una elección. Pero no solo lo perseguía la mala percepción sobre su imparcialidad y transparencia; también enfrentaba cuestionamientos a su gestión, especialmente en el uso de recursos públicos.

Por ejemplo, se criticó la compra millonaria de un terreno al Grupo El Comercio, ubicado en La Victoria, a un precio por encima del mercado, eludiendo la transparencia mediante los resquicios de la Ley General de Contrataciones del Estado. Los términos de referencia se diseñaron casi como un traje a la medida para ese terreno, que sospechosamente cambió de zonificación pocos meses antes de la venta, pese a la oposición de la municipalidad distrital.

En octubre de 2022, la ONPE pagó 49 millones de soles por un terreno de aproximadamente cuatro mil metros cuadrados para construir su sede central. Se trata de un gasto millonario y cuestionado, considerando que la ONPE es un organismo público de tipo “acordeón”: debería mantener poco personal permanente fuera de los procesos electorales —la mayor parte del tiempo— y contratar masivamente solo cada cinco años, cuando organiza elecciones generales.

Sin embargo, Corvetto impulsó la construcción de un gran edificio con vista al Paseo de la República, más como símbolo de poder que como necesidad funcional. Han pasado cuatro años desde la compra y el terreno sigue ahí, convertido en almacén de escritorios y sillas viejas, sin que se haya construido siquiera un muro de la futura sede.

Esa misma falta de transparencia y rigor en el gasto público, advertida en su momento por varios medios, se ha repetido casi como un calco en la contratación de bienes y servicios para estas fallidas elecciones. La contratación de la desconocida empresa Galaga SAC para transportar material electoral a nivel nacional por 6,3 millones de soles es, por donde se le mire, un acto de corrupción.

Al igual que en el caso del terreno, no se optó por una licitación pública y transparente: se invitó a tres empresas, dos de ellas de reconocido prestigio (Hermes y Grupo AFE) y con experiencia en procesos electorales (2016 y 2021). La tercera, sin experiencia en el rubro, sin flota suficiente y sin trayectoria en elecciones, fue la elegida. Más aún, el comité de adjudicación realizó una interpretación subjetiva, antojadiza y sospechosa para otorgarle la buena pro.

Algo similar habría ocurrido en la compra de más de 33 000 computadoras personales, impresoras, módems y otros equipos para la instalación de mesas, por un monto superior a 41 millones de soles. La Contraloría y el Ministerio Público investigan estas adquisiciones, pero ya se sabe que muchas computadoras no encendieron, varias impresoras fallaron y el resultado fue una tormenta perfecta en diversas mesas el día de la elección.

El perfil de Corvetto

Corvetto no es un gerente clásico. No proviene de la administración de grandes operaciones ni de la logística ni de la gestión de sistemas complejos. Es comunicador y politólogo. Su fortaleza está en la narrativa, en la comprensión del juego político y en la capacidad de responder a crisis discursivas. Eso le fue útil, por ejemplo, tras las elecciones de 2021, cuando el sistema electoral enfrentó acusaciones de fraude sin evidencia sólida. Pero dirigir la ONPE no es solo defenderla: es hacerla funcionar.

El perfil de un jefe de la ONPE debería ser el de un experto en procesos, un gerente competente, incluso un ingeniero industrial capaz de organizar una operación de enorme complejidad: cinco elecciones simultáneas a nivel nacional, con 35 candidatos presidenciales y más de 8 000 candidatos al Congreso y al Parlamento Andino.

Ese perfil no lo tenía Corvetto, cuya experiencia incluye labores como reportero en Panamericana Televisión y funciones vinculadas principalmente al área de comunicaciones en la ONPE, el RENIEC y la DINI. No tenía el perfil técnico, pero sí la simpatía del grupo político que ha influido en el sistema electoral peruano desde inicios del siglo XXI.

Elecciones manchadas

En la primera vuelta de las elecciones de 2026 no se han presentado evidencias de un fraude clásico —el antiguo “anforazo”, es decir, la apertura del ánfora para alterar cédulas—. Hasta el momento no hay pruebas de manipulación deliberada de resultados. Pero sí abundan las evidencias de un sistema que falló en su ejecución. Y, en democracia, la forma en que se organiza una elección es tan importante como el resultado mismo.

Lo que falta determinar con meridiana exactitud es si la suma de “errores” modificaron la voluntad popular en una elección tan cerrada. También si Corvetto y sus gerentes fueron solo ineptos o su conducta fue deliberada para perjudicar a algún candidato o beneficiar a otro. Por lo pronto sí es sospechoso que solo en Lima, donde queda el almacén central de la ONPE, se hayan presentado problemas de abastecimiento de material electoral, demora en la instalación de mesas y “elecciones complementarias” al día siguiente. Por coincidencia, en Lima tienen más seguidores los partidos antagónicos al grupo político que aupó, rescató y protegió a Corvetto.

La confianza no se pierde solo ante el fraude; también se erosiona frente a la ineptitud, el desorden y la falta de explicaciones. La renuncia de Piero Corvetto y su inmediata aceptación por el pleno de la JNJ constituyen, sin duda, un paso importante para que la ONPE recupere algo de legitimidad de cara a la segunda vuelta.

Su futuro inmediato lo definirá un juez anticorrupción de investigación preparatoria de Lima, ante quien llegará el pedido del fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán de prisión preliminar por siete días, acusado de organización criminal y colusión agravada, dos delitos graves para un funcionario público. El fiscal Martínez ha asumido la investigación de la Policía Anticorrupción (DIRCOCOR), que sostiene la existencia de una trama de alta corrupción que no solo habría afectado el erario público, sino algo aún más grave: la democracia.