Entrevista: Rodrigo Chillitupa Tantas

Al filo del plazo para que la Cámara de Diputados apruebe el pedido de facultades, desde el Ejecutivo toman la palabra. Juan Sheput, ministro de Trabajo, cuestiona en entrevista con CARETAS a Juntos por el Perú y sus aliados por interponer trabas a la serie de reformas que desean implementar para afrontar la inseguridad, el Niño y agilizar un Estado paralizado.

–¿La renuncia de Rafael Rey al MTC y la posible censura de César Astudillo en el MININTER confirman que hay una pequeña crisis?

No lo veo así. En el caso de Rafael Rey fue por un motivo de salud que él mismo lo venía mencionando desde hace días. Con respecto a César Astudillo, es una coyuntura oportunista de parte de Juntos por el Perú ante un lamentable evento sucedido en Áncash. Ambos hechos por sí solos no constituyen de ninguna manera una crisis.

–Ya están más cohesionados luego de las primeras semanas de algunas descoordinaciones.

Hubo una crisis de fogosidad. Unas ganas de hacer las cosas rápidamente desde un principio, y ahorita ya nos estamos asentando. Los ministros sabemos perfectamente que nuestra permanencia depende exclusivamente de la presidenta. En estos momentos no veo ningún tipo de crisis. Lo que hay es una rumorología que tiene credibilidad. Me sorprende que se mienta con tanta facilidad. Gente que está en busca de un like en X, plantea una mentira y todo el mundo lo asume como cierto.

–¿Y qué lectura tiene de la comisión consultiva con José Chlimper, Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré?

Todos los ministros de este siglo, sin excepción, han tenido consejeros presidenciales. Se optó por un perfil alto a partir del oscurantismo que rodeó a Vladimiro Montesinos el siglo pasado. Entonces, los presidentes que requieren de un consejo, aparte de lo que podría significar el papel que juega el Consejo de ministros, siempre tuvieron a su alrededor a personas de confianza que le pueden hablar de modo claro y sin subjetividades políticas.

–¿No le preocupa que terminen siendo más influyentes que los ministros?

A lo largo de este siglo, se ha visto que cuando son consejeros colectivos y con perfil alto, es decir, transparentados ante la opinión pública, no han ejercido ningún papel sobre los ministros. Más bien las personas que están detrás de cámaras como Nadine Heredia o Nicanor Boluarte, por ejemplo, sí son los que hacen daño porque atacan a los ministros.

Estado crítico

–La popularidad de la presidenta Fujimori bajó 18 puntos en un mes.

Era la lógica consecuencia de que se tomen las encuestas justo en el momento en el cual se estaba desarrollando el tema de “Los Pulpos” y el drama del norte. Eso se llama awareness. simplemente coincide con un suceso que es negativo para el gobierno y por lo tanto, se manifiesta de esa manera en las encuestas. Tenemos que recuperar el control de la agenda y eso es con hechos políticos eminentemente.

–Repiten que encontraron un Estado quebrado, pero nombran a funcionarios de gestiones pasadas.

En el Perú no existe un capital humano abundante. Tienes que recurrir a personas de otros gobiernos porque simplemente no abundan los gestores públicos. Alan García convocó a gente que venía del gobierno de Toledo como Pilar Mazzetti o a quienes fueron sus opositores como Rafael Rey o Ántero Flores-Aráoz. Ollanta Humala también convocó a Eda Rivas o a gente muy ligada a Alejandro Toledo. Ni qué hablar de Pedro Pablo Kuczynski.

–¿Debe reformarse SERVIR?

Tendríamos que hacer una reforma en el servicio civil, que lo estamos pidiendo en la delegación de facultades. Eliminar los requisitos que se instalaron desde el gobierno de Vizcarra de exigir 10 o 15 años de experiencia en el sector público. La situación de SERVIR tiene que ser modernizada porque para lo único que ha servido es formar una aristocracia burocrática. Un conjunto de personas que se pasean entre los ministerios. Notó también que la gestión pública está envejeciendo. En lugar de atraer jóvenes, está llena de personas con 10, 15, 20 años de experiencia. Está hecha para mantener el statu quo.

Delegación en debate

–¿Cuál será la respuesta si las delegación de facultades no se aprueban en el Congreso?

Si rechazan la delegación de facultades, la vía es ir por los proyectos de ley. Los decretos de urgencia tienen un ámbito bien limitado. Por ejemplo, en el tema del fenómeno de El Niño o la seguridad ciudadana puede tener un decreto de urgencia. Pero si vamos a hablar de reformas económicas o laborales, entonces tenemos que ir por proyectos de ley.

–¿Y si la crisis se agrava para el Ejecutivo?

En esa situación lo que se va a desplomar es el Congreso porque se va a convertir en enemigo del país desde el momento en que niega las facultades a un gobierno que lo que pretende es hacer las cosas bien y a la vez rápido. Pero no debería haber ningún tipo de cierre de la Cámara de Diputados. Primero me muero antes de plantear un cierre del Congreso. Soy un demócrata químicamente puro. Y si alguien lo plantea, que no cuente conmigo.

–¿En el Senado se podría cambiar el escenario?

La batalla tiene que ser en el ámbito de Diputados. La ley realmente es clarísima: tú no puedes alterar el sentido. Si, por ejemplo, de los doce puntos solicitados para el fenómeno de El Niño y la delincuencia, te aprueban diez puntos, entonces lo que puede hacer el Senado es convertirlos en doce. Pero no meterlos de las otras facultades que no han pasado. Tú no puedes alterar el núcleo.

–¿Evaluaron enviar un nuevo proyecto como lo pidieron un grupo de diputados?

Eso no es pertinente. Uno puede plantear un conjunto de acciones que necesitas hacerlas de esa manera porque son complementarias. Los señores que dicen limítate al fenómeno de El Niño y a la delincuencia, no se dan cuenta de que las medidas que uno está planteando en la delegación de facultades son complementarias; es decir, para que tengan un impacto no aislado, sino coherente entre diversos sectores del Estado.

–¿No cree que si hubiesen presentado resultados con el Niño y la inseguridad se habría generado un capital político para las otras reformas?

Es que los resultados se van a ver cuando termine el fenómeno de El Niño. Eso será en abril o mayo del 2027. Y en el caso de la seguridad ciudadana es un fenómeno complejo que no se va a ver en un mes ni en dos, sino sistemáticamente. Las cosas no funcionan así en términos temporales en política, sino en el conjunto de medidas que con madurez vayan mostrando resultados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, modificaciones tributarias, inversión en infraestructura, remodelación de colegios y cuestiones en el plano laboral. Congresistas como los de Juntos por el Perú dirían: “Ah, como le salió bien, ya no le demos más”. Esa es la lógica perversa que existe.

Sánchez y aliados

–¿Qué observación tiene que López Chau, Nieto y Belmont estén más cómodos con Sánchez?

Me estás hablando de tres personas razonables. Pueden tener posiciones políticas, pero son razonables. En el caso de Juntos por el Perú, no: desde un principio se han colocado en un extremo político totalmente opositor. Ellos en algún momento se van a dar cuenta de que sus bancadas están yendo por un camino distinto al que plantean. Los tres que has mencionado están hablando de que si se dan las condiciones pueden apoyar al gobierno. No veo a Flavio Figallo o a Carlos Caballero, por ejemplo, que los jale de la nariz Roberto Sánchez.

–¿Faltó mayor acercamiento político de los ministros con los diputados de oposición?

Lo que faltó es el fair play que significa jugar bien. Eso lo han tenido todos los gobiernos con excepción de la oposición actual. Hay actitudes lamentables como la de otros partidos que, como están en competencia electoral, han hecho del ejercicio opositor una forma de ganar votos. Por eso, tú ves planteamientos que unen a Renovación Popular con Juntos por el Perú. ¿Y eso por qué? Por el plano electoral.

SMV, Essalud y Sunafil

–¿Se tiene algún cronograma para iniciar el aumento del salario mínimo?

En el caso del aumento de la remuneración mínima vital a 1300 soles ya fue aceptada en el Consejo Nacional de Trabajo. Lo que vamos a ver ahora es cómo ese concepto se va a transformar en una fórmula que evite que en el futuro se caiga en el terreno de la subjetividad o del oportunismo por parte de cualquier gobierno. Y en lo que se refiere al aumento actual ya decidido por la presidenta, este se tiene que empezar entre octubre y noviembre como lo planteó el ministro Cuba. Y el segundo tramo en el próximo semestre.

–¿EsSalud debe ser una entidad autónoma del Ministerio de Trabajo?

Zulema Tomás es la persona adecuada para enfrentar ese desafío llamado EsSalud. Creo que la parte previsional y la seguridad social es parte del esquema de trabajo en cualquier lugar del mundo. No es lo mismo que el Ministerio de Salud. Acá dependemos de los aportes. Hay un directorio, las opiniones del presidente ejecutivo tienen que debatirse en el directorio, hay una gerencia general. Es un esquema muy distinto.

–¿Sunafil no será usada políticamente contra los opositores de este gobierno?

No, nunca lo ha sido y no tiene por qué serlo. En absoluto, Sunafil se comporta bien profesionalmente. Si supervisa a alguien es por dos motivos: o es aleatorio, es decir, se hace una campaña y el otro caso son las denuncias de los trabajadores ante un hecho concreto.

–¿Cómo reducirá el alto desempleo juvenil?

Tenemos altísimos índices de desempleo juvenil porque no se ha querido hacer nada en los últimos años. Se habla de que a los jóvenes les van a quitar derechos laborales y me pregunto qué tipo de derecho laboral tiene un joven informal en estos momentos. No tiene ninguno. Los jóvenes trabajan por honorarios profesionales o una propina. No tienen salud, CTS y les niegan las gratificaciones. La izquierda y la perversidad de un sector mediático, sobre todo tuitero o de podcasts, han instalado en los jóvenes una idea que es completamente equivocada.

–¿No habrá ninguna flexibilización del régimen laboral?

No, no va a haber ningún tipo de flexibilización laboral. Eso fue a raíz de un documento que se filtró la noche del 28 de julio. No hay nada de eso. La persona que hoy día tiene derechos laborales los va a mantener. Lo que queremos es que las personas que no los tienen, tengan acceso a ellos.

–¿Qué responde a la denuncia contra uno de sus asesores Samuel Asto?

Conozco a Samuel Asto desde hace muchos años. Inclusive, es mi asistente en materia académica y todo lo que aparece allí es incorrecto. La denuncia es de la hermana y después de que él le hace una denuncia. Y la otra denuncia tiene que ver con los clásicos pleitos en un edificio que no tienen nada que ver. Y más bien, si quieren atacarme a mí, que sea directamente y no a mis allegados.

–Y la designación de algunos embajadores políticos por la presidenta Fujimori.

Bueno, como tú bien has dicho, son embajadores políticos. Se caracterizan porque el atributo fundamental es la confianza que tiene la presidenta en ellos. Por lo tanto, no veo ningún cuestionamiento. Mucha gente piensa que Estados Unidos es una embajada de primer nivel. Por supuesto que lo es, pero en términos geopolíticos las embajadas limítrofes son las que exigen una mayor muñeca diplomática: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. Ahí es donde se está reservando a la flor y nata de Torre Tagle.

La Molina entra en la recta electoral con tres asuntos que atraviesan la vida diaria del distrito: la defensa de su carácter residencial, los problemas de tránsito y la seguridad. En ese escenario, Sergio “El Bombero”, candidato de Avanza País a la alcaldía distrital, plantea un plan concentrado en esos tres ejes. Su candidatura figura en el listado oficial de postulantes para La Molina.

Sergio Castromonte tiene 33 años y nació en La Molina, distrito donde ha vivido toda su vida. Es empresario, ingeniero industrial y cuenta con experiencia como asesor en el sector público. A esa trayectoria, suma 18 años como bombero voluntario en la Compañía de Bomberos de La Molina. También registra experiencia empresarial y participación en voluntariado social. Es padre de dos hijos.

Residencialidad

Uno de los puntos que Castromonte ha puesto sobre la mesa es el desarrollo urbano de Lima Este. El candidato de Avanza País señala que presentó observaciones ante el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) al proyecto, con reparos vinculados a su impacto en La Molina. El tema forma parte de su mirada sobre el crecimiento ordenado y la planificación del distrito.

El primer eje busca preservar el carácter residencial de La Molina. En su plan plantea una posición firme frente a cambios de zonificación que, según sostiene, puedan generar mayor presión sobre el tránsito, los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

También propone reforzar la fiscalización y prevención frente a ocupaciones irregulares en las laderas, dentro de una política de ordenamiento distrital. Entre sus propuestas, figura recuperar el transporte Molibús para adultos mayores y ampliar servicios municipales para este grupo y para personas con discapacidad.

Tránsito

El segundo eje apunta a las dificultades para entrar, salir y desplazarse por La Molina. Sergio ‘’El Bombero’’ plantea impulsar nuevas conexiones viales y una tercera salida del distrito, además de destrabar puntos estratégicos.

Entre sus propuestas, figura implementar carriles reversibles entre los óvalos Huarochirí y Monitor y promover un paso a desnivel que cruce la Vía de Evitamiento y conecte con las avenidas Los Quechuas y Canadá. También plantea coordinar con la Municipalidad de Lima la sincronización de semáforos y el uso de una “ola verde”.

Su plan contempla monitoreo del tránsito en tiempo real y semáforos coordinados. Busca reducir tiempos de desplazamiento y ordenar la circulación.

Seguridad

En seguridad, el candidato propone ampliar la capacidad operativa del serenazgo. Su plan plantea pasar de 350 a 600 serenos y aumentar la flota de 19 a 50 unidades móviles, con presencia distribuida por las urbanizaciones.

La tecnología ocupa un lugar central: cámaras con inteligencia artificial conectadas al C4 del Ministerio del Interior, drones y monitoreo permanente. Su página de campaña también plantea vigilancia 24/7 e integración de emergencias.

El enfoque se relaciona con su experiencia como bombero voluntario, que el candidato presenta como parte de su trayectoria de servicio.

El plan de Sergio “El Bombero” combina así tres frentes: mantener el perfil residencial de La Molina, mejorar su movilidad y reforzar la seguridad mediante mayor despliegue operativo y tecnología. Se trata de propuestas de campaña cuya ejecución dependería de las competencias municipales, el presupuesto y la coordinación con otras autoridades.

Los candidatos llenarán calles, afiches y pantallas, pero no entrarán con su rostro a la cámara secreta. El 4 de octubre, más de 26 millones de electores encontrarán una cédula en la que la imagen cede su lugar al nombre y al símbolo. En una elección de miles de candidaturas, recordar quién es quién será parte del voto. Y esa memoria será puesta a prueba cuando la puerta se cierre. Afuera quedarán los rostros; adentro, la decisión.

Las campañas se construyen con rostros. El candidato sonríe en afiches, recorre mercados y estrecha las manos. Su imagen termina convertida en una referencia inmediata. Pero esa imagen no cruzará la puerta de la cámara secreta.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la cédula pondrá delante del elector los nombres y símbolos de las organizaciones políticas. En la calle, el candidato puede ser identificado por su cara; frente a la mesa, deberá ser ubicado por la combinación de nombre, organización y símbolo.

El 4 de octubre, más de 26 millones de peruanos están convocados a elegir autoridades para sus regiones, provincias y distritos. Se elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1696 alcaldes distritales, además de consejeros regionales y regidores.

Aquí aparece el desafío menos visible de la campaña: la memoria electoral. Un ciudadano puede conocer perfectamente al candidato de su distrito y, sin embargo, no recordar el nombre de la organización que lo postula. Puede suceder lo contrario: reconocer el símbolo y tardar unos segundos en asociarlo con el rostro que ha visto durante semanas. La cédula obliga a completar esa conexión.

El símbolo tendrá un papel central porque será una de las referencias para localizar la opción buscada. Su ubicación tampoco será aleatoria. El sorteo realizado por la Organización de Procesos de Procesos Electorales (ONPE) estableció que el bloque de los partidos políticos estará en la parte superior, mientras que el de los movimientos regionales ocupará la parte inferior. Las alianzas electorales se ubicarán según el alcance que corresponda a cada una.

El tamaño de la papeleta también habla de la magnitud del proceso. La cédula que utilizarán los electores de la mayoría de distritos —excepto Lima Metropolitana— tendrá cuatro secciones: gobernador y vicegobernador regional, consejero regional, municipal provincial y municipal distrital. Según el número de organizaciones políticas, su longitud podrá crecer hasta 52 centímetros.

Una hoja con opciones

No habrá una sola marca para resolver toda la jornada. El elector tendrá que identificar el bloque correspondiente a cada nivel de gobierno y marcar correctamente su opción. La cédula, en otras palabras, no solo exige recordar a quién se quiere elegir. También exige saber dónde buscarlo.

Ese recorrido puede parecer sencillo para quien llega informado, pero la cámara secreta elimina el contexto que acompaña a una candidatura durante la campaña. No estarán el afiche, el mitin, el video de redes sociales ni el saludo del candidato. Quedarán las referencias impresas en el papel.

La ONPE ha incorporado cédulas de simulación para que los ciudadanos puedan familiarizarse con el material antes de la jornada. El elector podrá revisar la estructura y practicar la ubicación de su opción. La preparación previa adquiere así un valor práctico: llegar a la cámara secreta, sabiendo qué nombre y qué símbolo se está buscando.

La prueba

La forma de la cédula no es improvisada. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó la presentación de su diseño y las especificaciones técnicas, así como los sorteos de ubicación de las organizaciones políticas. En septiembre también verificó la prueba de color e impresión del material que será utilizado este 4 de octubre.

No corresponde afirmar que la ausencia de fotografías vaya a producir más votos nulos o mayores niveles de confusión. Eso solo podría determinarse con evidencia posterior a la elección. El diseño responde a las reglas y especificaciones establecidas para las ERM 2026. Lo que sí resulta evidente es que el elector enfrentará una tarea distinta a la de reconocer una cara.

La campaña tendrá que haber dejado una asociación clara. Nombre. Organización. Símbolo. Tres referencias que deberán coincidir cuando el elector tenga delante la cédula. El dato adquiere mayor relevancia en el ámbito municipal, donde las candidaturas pueden ser muy locales y la identificación personal ocupa un lugar importante en la comunicación electoral.

Un candidato puede ser conocido en su barrio, en su mercado o en su distrito. Pero ese reconocimiento tendrá que traducirse en una marca dentro de una papeleta. El pasado 18 de setiembre comenzó el despliegue del material electoral hacia las regiones del país.

Cuando se cierre la puerta de la cámara secreta, la campaña quedará afuera. No estarán los afiches ni las pantallas. No estarán las redes sociales ni los recorridos por mercados. Tampoco estará el rostro que durante meses pidió el voto. Estará una hoja. Y en ella, una elección más silenciosa: encontrar el nombre correcto, reconocer el símbolo y convertir esa memoria en una marca. El rostro quedará afuera. El voto, no.

En una elección municipal, un domicilio puede valer más de lo que parece. No por la dirección en sí, sino por los votos que reúne. Para las ERM 2026, Reniec restituyó 38 819 domicilios tras verificar 64 943 registros. Áncash concentra 15 392 casos. Las cifras no prueban “voto golondrino”, pero revelan la dimensión de una vigilancia que busca evitar que el padrón se convierta en una herramienta para alterar la competencia electoral.

Cambiar de domicilio suele ser una operación silenciosa. Una mudanza, un nuevo recibo, una dirección distinta en el DNI. Pero el calendario electoral introduce una frontera. El padrón de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) cerró el 7 de abril. Desde entonces, una dirección nueva puede figurar en el Documento Nacional de Identidad (DNI), pero no modificará el distrito en el que el ciudadano votará el próximo 4 de octubre.

Antes del cierre, en cambio, un cambio de domicilio sí podía alterar la composición electoral de una circunscripción. Una persona entra, otra sale. Y si eso ocurre muchas veces en un distrito pequeño, la aritmética empieza a moverse.

Entre febrero y junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) revisó 64 943 registros domiciliarios. Restituyó a 31 896 ciudadanos al último domicilio válido de su base histórica y otros 6923 fueron restituidos a pedido del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En total, 38 819 domicilios fueron restituidos para efectos del padrón.

La medida se aplicó cuando no pudo acreditarse que el ciudadano residía en la dirección declarada o cuando esta resultaba inexistente. La palabra restitución merece cuidado. No equivale automáticamente a fraude ni convierte a cada ciudadano observado en un supuesto «golondrino». Es una medida administrativa sobre el padrón. La intención electoral es otra historia.

Ahí aparece la trashumancia electoral, conocida también como «golondrinaje». No describe simplemente a quien cambió de dirección ni a quien no pudo acreditar un domicilio. El concepto alude a una práctica en la que se movilizan electores o se alteran domicilios con la finalidad de modificar la composición de un electorado y afectar el resultado de una elección.

Los 38 819 domicilios restituidos son una cifra de control y depuración del padrón, no una lista de ciudadanos acusados de manipular una elección.

Áncash arriba

El mapa de las restituciones tiene una concentración marcada. Áncash reúne 15 392 casos. Le siguen Cusco, con 3878; Huánuco, con 3435; Arequipa, con 3281; y Lima, con 1944. La dimensión territorial importa porque no todos los padrones tienen el mismo tamaño. Esa diferencia es clave para leer las cifras sin perder de vista la escala local.

En un distrito con pocos electores, una variación relativamente pequeña puede representar una porción considerable del universo de votantes. No se trata de afirmar que una restitución produjo un efecto electoral, sino de entender por qué los movimientos de domicilio adquieren especial sensibilidad en circunscripciones pequeñas.

Un estudio del JNE sobre las elecciones regionales y municipales de 2022 encontró asociaciones entre la trashumancia y características como un menor número de electores, menores niveles de pobreza, mayores transferencias de canon minero y un débil control estatal. Son factores relacionados con el fenómeno, no una prueba de voto golondrino en cada distrito que los presente.

Márgenes cortos

La historia electoral reciente ayuda a entender por qué el tema vuelve. En las municipales de Lima de 2022 hubo distritos donde la diferencia final fue reducida: Punta Negra se definió por 44 votos, Santa Rosa por 131 y Santa María del Mar por 371. Ese dato no prueba por sí mismo la existencia de trashumancia. Sirve para dimensionar por qué la composición del padrón importa.

Cuando el universo electoral es reducido y el resultado se decide por pocos votos, una modificación irregular del registro puede adquirir un peso potencialmente mayor.

El padrón definitivo de las ERM 2026 quedó conformado por 26 314 724 electores: 26 314 648 electores hábiles y 76 ciudadanos extranjeros inscritos para participar en los comicios municipales. El 4 de octubre, ese será el universo convocado a las urnas. Quien cambió de domicilio después del 7 de abril puede tener una dirección nueva en su DNI, pero su voto seguirá asignado al distrito que correspondía al cierre del padrón.

El cambio tendrá efectos en un proceso posterior. Al cruzarse el calendario electoral con la vida cotidiana, alguien puede vivir hoy en un lugar y votar en otro.

El Reniec habilitó una herramienta para consultar si el domicilio de un ciudadano fue restituido y cuál será el distrito considerado para las ERM 2026. La medida busca preservar la integridad del padrón y prevenir posibles casos de trashumancia.

El padrón registra domicilios, movimientos, restituciones y fechas. La sospecha de «golondrinaje» exige algo más: acreditar que hubo una maniobra orientada a alterar un resultado. Por eso las cifras deben leerse sin convertirlas automáticamente en acusaciones.

Las restituciones ya están hechas. El padrón está cerrado. El 4 de octubre, la última dirección registrada determinará dónde se vota; la última palabra quedará escrita en el acta.

Humberto Abanto

“¿Quién está traicionando con un beso a la presidenta Fujimori?”

El pedido de facultades propone importantes cambios legislativos…

Los 66 puntos. Es un exceso. Parten de una mentira. Le han dado información falsa a la presidenta. Le han dicho que la solicitud de delegación de facultades legislativas es connatural al inicio de un gobierno. Y eso es falso. En el año 2001, el presidente García instruyó a la célula parlamentaria aprista para que no se votara a favor de la delegación de facultades, sino que se hiciera que el gobierno presentara inmediatamente sus proyectos y los que estuvieran bien se aprobaran. Fueron cuatro proyectos los que se aprobaron esa misma noche hasta las 4 AM. Yo trabajaba con Lucho Alva Castro. Y luego, en el 2006, Alan García no pide la delegación de facultades al asumir el gobierno. Las pide en abril del 2007.

La presidenta está mal asesorada constitucionalmente.

Hay un déficit en la asesoría constitucional de la presidenta. Ella tiene a Carlos Mesía ahí, como presidente de la Comisión de Constitución. No le cuesta nada levantar el teléfono. Hay gente que estaría gustosa de prestarle consejo constitucional a la señora para que no se enfrasque en batallas inútiles, como Domingo García Belaunde, Ernesto Blume o Aníbal Quiroga. ¿Qué necesidad tenía el gobierno de producirse una derrota política comenzando? Porque en una Cámara de Diputados donde la correlación es 74 de la oposición y 56 oficialistas, ¿cuáles eran las posibilidades de sacar adelante un pedido tan ambicioso? Si la teoría era vamos a desgastar a la oposición mostrándola obstruccionista, diremos que se ha obtenido el resultado, pero al costo de desgastar al gobierno también.

¿Cuál es un error constitucional en el pedido de facultades?

Se pide facultades para regular la minería. Y ahí hay un profundo desconocimiento. En la Constitución dice que la explotación de recursos naturales requiere ley orgánica, y la legislación orgánica no puede ser delegada. ¿Quién está vendando a la presidencia? El juez inglés Hale decía “quien aconseja al soberano pasar sobre la Constitución, lo traiciona con un beso”. ¿Quién está traicionando como un beso a la presidenta Fujimori?” La propia representación nacional le ha dicho: seguridad ciudadana y fenómeno del Niño te doy, pero lo demás no. Ahí abre mal el juego. Habiendo toda esta sombra de los aportes de Credicorp, se pide eliminar los topes para supuestamente combatir el ‘gota a gota’, pero nadie ha demostrado eso. Me preocupa mucho que estén confundiendo a la presidenta.

El premier dice que se debe cambiar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

El Código Penal necesita una reforma profunda porque ha recibido más de mil modificaciones. Ha perdido toda sistematicidad y organicidad. Pero un Código Penal no se puede hacer en 90 o 120 días. Eso es mentira. Es un grave error. Se ha exhibido una manifiesta ignorancia. Tiene terribles defectos, pero tienen que ser corregidos no privando de garantías a las personas procesadas, sino haciendo que las garantías no obstaculicen la justicia. No es cierto que haya 40 tipos de audiencias. Se dice también que las defensas tienen demasiados resortes para la prescripción de delitos graves. Eso es penoso de escuchar por el desconocimiento. Un ejemplo. Lavado de activos, delito grave. 15 años de pena máxima. Más la mitad si hay investigación, son 22 años y medio. ¿El señor ministro de Justicia puede demostrarme que un caso de lavado de activos puede prescribir en el proceso? Un proceso de lavado de activos toma 10 o 12 años. Debería ser menos. Hay casos que son alarmantes y tienen 20 años. Pero eso ya no es culpa de los abogados. Al señor ministro de Justicia le han dado información falsa. Como él ha declarado ante el Congreso recientemente, no conoce el tema. Y ha hecho mal en pronunciarse de una manera ofensiva a quienes ejercemos la defensa.

Dice que el Código Procesal Penal tiene fallas en el tema de las garantías.

No hay ninguna falla allí. Al contrario, faltan garantías. A una persona le pueden abrir una investigación sin que pueda ir al juez. No se puede hacer, ni en la investigación preliminar ni en la preparatoria. Y hay una disparidad peligrosa. A la persona natural la pueden meter en la investigación sin audiencia, pero a las personas jurídicas se les tiene que hacer una. El señor ministro no sabe eso. Usted y yo podemos ser metidos en una investigación por la decisión del fiscal. Pero para que una persona jurídica entre en la investigación, tengo que ir al juez y él tiene que autorizarlo. ¿Por qué las personas jurídicas tienen mayor protección que un ser humano? Es absurdo. Siempre es al revés. Otro ejemplo: se condena al absuelto. Es una barbaridad. En ningún lugar civilizado se admite que el juez de apelación condene. Porque entonces el procesado se queda sin apelación. Y el derecho a la apelación es del procesado, no del Estado. El Estado no tiene derechos. ¿Y qué se ha terminado haciendo? Que la Corte Suprema aparezca como una sede de apelación. Lo que quita el derecho a la casación que está en la Constitución. Esas cosas hay que verlas con cuidado. Lo que sí, hay que educar a los jueces para no hacer audiencias tan prolongadas. Una audiencia de prisión preventiva en el Perú toma semanas. En los Estados Unidos toma 5 minutos. ¿Cuál es la diferencia? Allá hace 250 años todo está claro. Acá todavía está por aclararse. Pero podrían ser más cortas y mucho más eficaces. Se puede hacer mejor el proceso, más fluido, pero no sacrificando los derechos de las personas. Ahí hay un gravísimo error del señor ministro de Justicia.

Ha coincidido en las críticas al Ministro de Justicia con el exjuez César San Martín.

Y con Carlos Rivera, César Nakazaki y Gonzalo del Río. Ha logrado una unanimidad peligrosa. Había formado esta comisión de revisión de las leyes pro derechos humanos que algunos llaman leyes pro crimen. Y ya se han ido Gonzalo del Río y Mario Amoretti, hasta donde sé. No sé si Julio Rodríguez se habrá ido también. Entonces, uno le preguntaría al ministro, ¿quo vadis?

Le enmendaron la plana. Y hasta en las encuestas salió golpeado.

La presidenta salió a decir que habían sido decisiones desafortunadas. Y generaron una tormenta que le ha costado al gobierno. Hay una censura implícita en las encuestas al ministro de Justicia. Yo le tengo aprecio personal. Tiene la oportunidad de rectificar. El señor ministro tuvo la gentileza de disculparse, con lo que el episodio termina. Pero no cierra el debate. ¿Un proceso penal ajustado a la Constitución o la imposición de una política criminal basada en el populismo punitivo? Eso es muy peligroso.

Algunos creen que la tipificación de terrorismo es para implantar la pena muerte sin salir de la Corte de San José.

No, es un disparate. El fujimorismo tiene un tic con el tema del terrorismo. Lo usaron y ya saben que fue un fracaso. Porque el Tribunal Constitucional, siguiendo la doctrina homogénea en el mundo, estableció que ‘terrorismo’ tiene un ingrediente de objetivos políticos. ¿Cuáles son los objetivos políticos del Tren de Aragua? No los conocemos. Hoy, con las reformas que se han hecho en la ley, no les da nada llamarlos grupos hostiles ni terroristas. Tienen penas elevadas, 15 días de investigación y 15 días de detención preliminar. No ganan nada. Es un tic. Una obsesión. Es un discurso que no tiene utilidad.

¿Hay alguna ley que se debe cambiar para combatir la inseguridad ciudadana?

Hay que cambiar lo que comenzó el 2016, cuando Carlos Basombrío, Rubén Vargas y Gino Costa inventaron el Caso Escuadrón de la Muerte. El señor Costa, ignorando las capacidades de nuestros agentes SWAT que pueden poner dos tiros en 1.6 segundos, se preguntaba por qué morían los delincuentes y no los policías. La respuesta era sencilla: nuestra SWAT estaba altamente entrenada y contada con la ayuda de la embajada americana. Ayuda que perdió gracias a este caso. Se detuvieron los operativos. Y al mismo tiempo este mismo Ministerio del Interior abrió la inmigración indiscriminada. Había que recibir a los venezolanos buenos, no a los delincuentes. Entonces, desarmé los operativos preventivos y abrí las puertas de una inmigración indiscriminada que trajo al Tren de Aragua. Esto no es un tema legal, sino de fortalecer la protección a la gente de la ley. La superstición legislativa tiene que vencerse en el Perú. Las cosas no van a cambiar con leyes, sino con actos de gobierno. ¿Quieren vencer al crimen? Inteligencia operativa, investigación criminal y combate urbano. Si seguimos esta política donde el policía que usa su arma es sospechoso de delincuente y no un agente del orden, mantenemos un esquema que nos tiene acorralados. Tiene que cambiar la actitud de los jueces y del Ministerio Público. Hay una fiscalía de derechos humanos que no tiene razón de existir, porque el Perú no tiene la situación que hubo entre 1980 y 1992. No podemos procesar a un policía si no hay un informe que establezca que violó las reglas de uso de la fuerza o las de intervención operativa de la Policía. De otro modo, estamos convirtiendo a nuestros policías en carne de cañón en la Fiscalía y en los juzgados.

Fernando Silva

“Fue un error por parte del Sr. Ministro haber señalado algo así”

¿Qué piensa de los cambios que se sugieren para el Código Penal y el Código Procesal Penal?

En estricto, no podemos hablar de cambios, pues el pedido de facultades no contempla cambios específicos, sino que se trata de un pedido muy general. Es decir, decir que vamos a cambiar el Código Procesal Penal y el Código Penal para luchar contra la seguridad ciudadana está muy bien. Y eso es lo que queremos los ciudadanos, pero en estricto y para hacer un análisis de cómo esos cambios ayudarán a luchar contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado; también, hay que ver cómo afectarán al sistema en su conjunto. Ambos Códigos y, en realidad, toda la legislación responde a una política criminal que en algunos casos viene de hace más de 20 años atrás y no se trata, entonces, de hacer cambios aislados, sino de hacer una reorganización, que sin duda es necesaria, pero con un análisis mayor. Se puede hacer raudamente, mientras se establezca claramente cuáles y por qué son los cambios. Al día de hoy, lo propuesto, es general y de buenas intenciones.

El pedido de delegación de facultades incide sobre cambios en el rol de las FFAA. ¿Qué aspectos tomar en cuenta?

Particularmente no considero que debe cambiarse el rol de las Fuerzas Armadas. Pienso que lo que se debe hacer es lograr que la Policía Nacional del Perú tenga un equipo de inteligencia o una fuente de información, en relación a las organizaciones criminales, que le permita atacar y eliminar crímenes que todos sabemos que son los más importantes, criminalidad en referencia a la minería ilegal y en referencia a las grandes o pequeñas (porque las hay) organizaciones que extorsionan a los empresarios. La Policía es un factor determinante, pues no es secreto que muchos de sus miembros forman parte de alguna de estas organizaciones de manera directa o indirecta. Así entonces, más que pensar en usar a las Fuerzas Armadas que tienen otra razón de ser y función en el Estado, se debe atacar el problema real que es la corrupción y efectividad de nuestra Policía Nacional.

También incide en darle facultades operativas a la DINI, en la seguridad y logística de las prisiones, y en el manejo de información de las empresas de telefonía celular. ¿Qué le parecen en líneas generales los 66 artículos?

No es posible permitir eso. En nuestro país, ya la DINI goza de un esquema de oscuridad innecesario. Más bien, en un Estado de derecho debemos tener claro todos los ciudadanos que, como Estado, existe una organización que busca y determina los peligros a los cuales los ciudadanos y el Estado estamos expuestos. La inteligencia en nuestro país debe estar centralizada en la DINI, así la inteligencia de la Marina de Guerra (inteligencia de primer nivel) y la del Ejército como la de Fuerza Aérea debe ser remitida a la DINI, quien juntamente con la Policía Nacional y del Ministerio del Interior debe ser la fuente de alimentación para todo lo que el Estado necesita en cuanto a la criminalidad interna. Justamente esto último es lo que nos proveería de información de las bandas criminales que operan en nuestro país y, sobre todo, quiénes son los que aportan económicamente, legalmente y desde las autoridades corruptas; y, por qué no, desde los políticos que tienen cargos en el Estado o los que postulan a ellos.

¿Tipificar de terrorista a los grupos criminales ayudaría a combatir la lucha contra el crimen? ¿Puede abrirle la puerta a la pena de muerte?

Particularmente considero que en nuestro país no podemos aún hablar de pena de muerte, pues nuestro sistema de justicia (aunque sé que puedo tener opiniones en contra), está muy lejos de ser seguro y alejado de decisiones arbitrarias o movidas por intereses políticos y condenar a alguien con esos problemas a pena de muerte, sería terrible para todos. Sin embargo, y pese a ello, el nombrar a los criminales como lo que son es lo más importante para los ciudadanos. No dorar la píldora, sino llamar a las cosas por su nombre, como terrorismo, por ejemplo. Y si es así, estoy de acuerdo.  Si un grupo de delincuentes causa terror y cumple con el concepto de terrorismo desarrollado en el mundo, es correcto que sean catalogados como tal. Ahora, si eso es solo un nombre, una nomenclatura o un tema para exhibir políticamente, no sirve de nada. Si es calificado como terrorismo, las normas deben ser más severas. Si no, es letra muerta.

¿Qué piensa del debate reciente entre el Ministro de Justicia y algunos otros juristas destacados?

Creo que fue un error por parte del Sr. Ministro haber señalado algo así. Yo soy abogado litigante y no considero que las normas procesales beneficien a nadie. Son normas que establecen procedimientos que, si se llevan conforme a su naturaleza y real efectividad, son perfectas para lograr que los delincuentes sean sancionados. El problema son los operadores de justicia. Ese es el problema principal. Las normas no se aplican como deberían, y de eso podemos hablar con ejemplos, desde jueces que lo hacen de manera abusiva con Richard Concepción, que ya ha sido destituido como juez, hasta jueces que por cobardía o por temor a una primera plana, no hacen lo propio.

Escribe: Justo Carbajal Aguirre

La propuesta de eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se ha convertido en uno de los temas que varios candidatos han incorporado a sus discursos electorales.

La razón es sencilla de entender desde la calle. Para miles de transportistas, la ATU terminó convirtiéndose en el rostro de una relación con el Estado marcada por fiscalizaciones, multas, internamientos y procedimientos administrativos, mientras que los problemas estructurales que justificaron la creación de la entidad siguen presentes en las avenidas de Lima y Callao.

En la campaña electoral de 2026, nueve candidatos presidenciales plantearon la eliminación de la ATU: Álvaro Paz de la Barra, Álex Gonzales, Vladimir Cerrón, Carlos Espá, Ricardo Belmont, Fernando Olivera, Rosario Fernández, Paul Jaimes y Napoleón Becerra. La coincidencia no significa que todos tengan el mismo planteamiento sobre el futuro del transporte, pero sí revela que existe un malestar político alrededor de la institución. La propuesta también ha ingresado a la campaña municipal.

No es difícil comprender por qué una propuesta de esta naturaleza encuentra eco entre los transportistas. Durante años, el sector ha reclamado que el Estado parece tener una capacidad mucho mayor para sancionar que para solucionar.

La ATU, en teoría, se creó porque Lima y Callao necesitaban superar la fragmentación histórica del transporte. La Ley 30900 le otorgó competencias para organizar, implementar y gestionar un Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, con funciones que abarcan la regulación, fiscalización, gestión de rutas y coordinación de los diferentes modos de transporte. La lógica detrás de esa creación era razonable.

Durante el primer semestre de 2026, la ATU realizó 507 operativos y envió al depósito a 3003 vehículos. De ellos, 2435 prestaban servicio de transporte público de manera informal. En esas intervenciones se detectaron 1361 vehículos conducidos por personas sin licencia, 545 unidades sin SOAT y 530 sin certificado de inspección técnica vehicular. La ATU también reportó 643 vehículos con más de 30 años de antigüedad.

Desde el punto de vista logístico, una autoridad metropolitana tiene sentido. El problema es que tener una autoridad con competencias metropolitanas no garantiza por sí solo que el transporte funcione. Una cosa es tener la competencia legal y otra tener la capacidad técnica, financiera y política para ejercerla correctamente. La ATU puede ser necesaria como estructura y, al mismo tiempo, necesitar una reforma profunda.

Desde el punto de vista del transportista, la primera exigencia es la previsibilidad. Nadie puede administrar una empresa si desconoce qué reglas tendrá dentro de seis meses. Nadie puede renovar una flota si no sabe si la ruta continuará, si el contrato se mantendrá, si la tarifa permitirá cubrir costos o si una nueva administración modificará las condiciones de operación. La incertidumbre regulatoria tiene un costo económico y ese costo termina reflejándose en la calidad del servicio.

El problema es que la formalidad en Lima muchas veces se presenta como una obligación, pero no necesariamente como una ventaja competitiva. El operador formal paga combustible, mantenimiento, seguros, personal, tributos, permisos y otros costos de operación. Al mismo tiempo, compite con vehículos que pueden entrar al mercado informal sin asumir exactamente las mismas obligaciones. Cuando el Estado sanciona al formal por una infracción administrativa y no logra impedir que un informal opere en la misma ruta, el mensaje económico que recibe el empresario es perverso: cumplir cuesta y no siempre garantiza mejores condiciones de competencia.

Cabe hacerse una pregunta sobre la eficacia de la ATU: si durante años se han realizado miles de operativos y se han internado miles de vehículos, ¿por qué la informalidad continúa teniendo una presencia tan importante? De hecho, la ATU informó que, desde 2021 hasta abril de 2026, había internado 16 396 vehículos que prestaban servicio de pasajeros sin autorización. Solo en 2025 se internaron 5959 unidades, y entre enero y abril de 2026 ya se contabilizaban 2030. Es decir, la cantidad de vehículos retirados demuestra capacidad de fiscalización, pero no necesariamente demuestra que el problema haya sido solucionado.

Fallas del sistema

La ATU ha tenido que revisar su régimen sancionador y en 2026 planteó reducir las multas correspondientes a 41 infracciones del transporte regular y especial. La revisión demuestra que el propio sistema reconoce que algunas sanciones pueden requerir ajustes de proporcionalidad.

Eso no significa que las multas deban desaparecer, significa que deben cumplir una función. Una sanción debería corregir una conducta, proteger al pasajero y garantizar que el operador comprenda que incumplir tiene consecuencias. Lo que no debería ocurrir es que una infracción administrativa termine convirtiéndose en una deuda imposible de pagar y que esa deuda empuje al operador definitivamente fuera del sistema formal.

La diferencia es fundamental. El objetivo de la política pública debería ser reducir las infracciones, no aumentar indefinidamente el número de papeletas. Una autoridad puede presentar miles de actas como resultado de una operación intensa de fiscalización, pero si al cabo de los años las mismas conductas continúan, la evaluación debe ir más allá del número de sanciones emitidas.

La ATU informó que 1141 vehículos intervenidos por operar sin autorización acumulaban multas por S/57 844 millones. Pero lo que debería medirse es cuántos operadores reinciden, cuántos regularizan su situación, cuántas unidades son renovadas y cuántos terminan ingresando definitivamente a la formalidad. El éxito no debería ser tener un depósito lleno, sino conseguir que cada vez sea menos necesario utilizarlo.

La experiencia reciente de la propia ATU demuestra que existen mecanismos diferentes a la sanción pura. El programa de regularización de sanciones para transportistas formales permitió cancelar miles de actas y reducir una deuda acumulada de más de S/8,5 millones a poco más de S/900 mil mediante descuentos de hasta 95 %. El dato merece atención porque demuestra que recuperar al operador para la formalidad puede ser más útil que dejarlo atrapado indefinidamente en una deuda.

Lima necesita corredores eficientes, vías adecuadas para el transporte público, mejores paraderos y conexiones entre los diferentes sistemas. Pero también necesita gestión de tránsito y planificación de rutas. Construir una vía más ancha no garantiza por sí mismo que el transporte mejore: si la capacidad adicional termina ocupada por más vehículos particulares, el beneficio puede desaparecer rápidamente.

Quienes plantean desaparecer la ATU tienen una responsabilidad que va más allá de repetir que la entidad no funciona. Si realmente creen que esa es la solución, tienen que explicar qué pasará al día siguiente. Si las competencias regresan a la Municipalidad Metropolitana de Lima, habrá que saber con qué presupuesto, con qué personal y bajo qué esquema se asumirán esas funciones; qué pasará con Lima y Callao, con los contratos vigentes y con los sistemas integrados de transporte, y quién se hará cargo de planificar el transporte de la ciudad en los próximos años. Decir que todo volverá a la Municipalidad no resuelve el problema; solo sería un cambio de oficina.

Escribe: Chef Antonio Zavala

Antes del plato, antes de la receta y mucho antes del restaurante, hay unas manos que sembraron, cosecharon o salieron al mar cuando todavía estaba oscuro. La verdadera cocina peruana comienza ahí. Comienza con el agricultor que conoce los tiempos de la tierra mejor que cualquier calendario; con la familia que conserva una variedad de papa que, probablemente, nunca veremos en un supermercado; con quien cultiva ajíes, maíz, cacao, café o frutas que forman parte de nuestra identidad. Y también comienza de madrugada, cuando un pescador artesanal sale al mar sin saber exactamente qué encontrará, pero sabiendo que de su trabajo dependerán muchas mesas al día siguiente.

Los cocineros tenemos una enorme responsabilidad: dejar de mirar al productor únicamente como proveedor y comenzar a reconocerlo como nuestro socio. Porque un gran restaurante no se construye solamente con buenos cocineros. Se construye con una extraordinaria cadena humana. Necesitamos crear alianzas reales entre campesinos y cocineros, entre pescadores artesanales y restaurantes. Relaciones donde exista diálogo, planificación, respeto por las temporadas y, sobre todo, un precio justo.

Imagino restaurantes que sepan exactamente quién cultivó sus tomates, de qué valle proviene su maíz o qué pescador capturó responsablemente el pescado que esa noche llegará a la mesa. Eso no es romanticismo gastronómico. Es sostenibilidad.

Cuando un restaurante establece una relación directa y responsable con sus productores, todos ganamos. El agricultor puede planificar mejor su producción; el pescador encuentra un mercado que respeta su trabajo; el cocinero recibe un producto extraordinario y el comensal descubre que detrás de aquello que está disfrutando, existe una historia. Porque también debemos aprender a cocinar, respetando lo que la naturaleza ofrece y no obligando a la naturaleza a satisfacer permanentemente nuestros caprichos. Si hoy no hay determinada especie, cocinemos otra. Si un producto está en su mejor temporada, hagámoslo protagonista. La creatividad de un cocinero también consiste en saber adaptarse. El Perú posee una biodiversidad extraordinaria, pero nuestra mayor riqueza no está únicamente en los ingredientes. Está en el conocimiento de las personas que llevan generaciones trabajando con ellos.

Podemos tener restaurantes reconocidos internacionalmente y una gastronomía admirada en el mundo, pero el verdadero éxito llegará cuando esa prosperidad pueda recorrer el camino inverso: desde la mesa hasta el campo y desde el restaurante hasta el mar. El futuro de nuestra gastronomía no se construirá únicamente dentro de las cocinas. Se construirá cuando el chef pueda mirar al campesino y al pescador a los ojos y decirles: este plato también es suyo.

La muerte de Susy Aponte Polo, más conocida como la “China” Polo, dejó una escena de pocos segundos y una investigación que se remonta a varios días atrás. El presunto sicario llegó a Áncash, compró un teléfono, se instaló cerca del mercado de Caraz y esperó. Ocho casquillos, una pistola relacionada con otros cinco hechos criminales y dos detenidos son ahora las primeras piezas de una operación cuyo autor intelectual sigue oculto. El crimen duró segundos. La preparación, según la reconstrucción policial, comenzó días antes.

El 19 de setiembre, Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash, participaba en una actividad política en un mercado de Caraz cuando fue atacada a balazos.

La Policía desplegó ese mismo día un equipo especializado de homicidios llegado desde Lima para trabajar con el Ministerio Público. Para entonces, el hombre señalado como presunto autor material ya llevaba varios días en Áncash.

Según la exposición del comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, Luis Iván Obispo Díaz llegó a Huaraz el 12 de setiembre y se hospedó en un hotel. Ese mismo día fue registrado en un centro comercial mientras adquiría un teléfono celular. Después se trasladó a Caraz y se instaló a pocas cuadras del mercado donde ocurriría el ataque.

Las cámaras reconstruyeron parte del recorrido. El día del crimen aparece con una polera gris y un sombrero. Entra al mercado, avanza hacia el fondo, observa el lugar y regresa. Después manipula el arma. Los disparos rompen la escena. Aponte cae y otras personas resultan heridas. El atacante abandona el mercado y emprende la fuga. Un integrante de la seguridad de la candidata lo persigue. Hay un intercambio de disparos. El presunto sicario recibe impactos en el hombro derecho y el muslo, además de una lesión en la mandíbula.

LA HUIDA

Obispo Díaz, herido, intenta detener un mototaxi. El primer intento fracasa. Unas cuadras después amenazan a otro conductor y consigue subir. Pero la fuga ya había sido advertida. Un policía que circulaba en motocicleta comienza a seguirlo y comunica la ruta a los agentes de la comisaría de Caraz. El cerco se cierra rápidamente.

El sospechoso es reducido y detenido. Con él se encuentra el arma que habría sido utilizada en el ataque. El presunto homicida venezolano terminó en un centro médico por las heridas sufridas durante la persecución.

El Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar para Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, investigados por el presunto delito de sicariato. La medida, computada desde el 19 de setiembre, vence el 4 de octubre. La captura del hombre que habría apretado el gatillo, sin embargo, apenas abrió la siguiente puerta.

CONEXIÓN LIMA

El teléfono comprado en Huaraz condujo la investigación hacia Lima. De acuerdo con la Policía, el pago del equipo se realizó mediante un aplicativo desde la capital. La información permitió identificar y detener en el distrito de Surco a Ronald José Toro Ardila, quien posteriormente fue trasladado a la ciudad de Caraz.

De acuerdo con la investigación policial se encuentra vinculado preliminarmente con el financiamiento del operativo. Esa es, por ahora, una hipótesis de investigación y no una responsabilidad establecida judicialmente.

Por el momento, la estructura tampoco está completa. Hay un presunto ejecutor y un segundo investigado. Falta determinar si hubo un intermediario y, sobre todo, quién habría ordenado el asesinato. Ahí está el vacío que la investigación intenta llenar.

EL ARMA Y OCHO CASQUILLOS

Otro hilo sale de Caraz y conduce a otros escenarios criminales. La pericia balística estableció que los ocho casquillos encontrados en la escena fueron disparados por el arma incautada al detenido. El cotejo realizado mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) permitió, además, vincular esa pistola con otros cinco hechos criminales registrados entre 2025 y 2026.

La relación incluye un robo agravado ocurrido en 2025, un caso de lesiones registrado este año, dos homicidios cometidos en mayo y otro caso de lesiones por proyectil de arma de fuego en julio.

El dato fue confirmado por el comandante general de la PNP. Una pistola puede ser una evidencia muda. IBIS, en cambio, permite seguir sus huellas. En este caso, la misma arma que apareció en el mercado de Caraz ya había dejado rastros en otros escenarios.

La investigación tendrá que establecer cómo llegó a manos de los presuntos implicados y qué recorrido siguió hasta convertirse en el arma homicida.

LAS AMENAZAS A LA “CHINA” POLO

Hay otro cabo que conduce directamente a la víctima. Antes de ser asesinada, Aponte había denunciado públicamente haber recibido amenazas de muerte. También había solicitado garantías y seguridad para sus actividades políticas.

La Policía confirmó que recibió un pedido de protección y que efectivos de Chimbote realizaron acompañamiento durante sus actividades políticas, incluidos patrullajes en los exteriores de su domicilio.

La noche del 18 de septiembre, un día antes del asesinato, efectivos policiales estuvieron presentes durante su última actividad política en Chimbote.

Al día siguiente, en Caraz, Aponte se encontraba acompañada por un integrante de su seguridad cuando fue atacada. ¿Estaban relacionadas aquellas amenazas con el asesinato? Por ahora, no existe una respuesta oficial.

LAS HIPÓTESIS MORTAL

En las horas posteriores al crimen comenzaron a aparecer distintas explicaciones sobre quién pudo haber ordenado la muerte. Una de ellas tiene como punto de partida un video grabado por la propia Aponte antes de morir.

En la grabación, la periodista responsabiliza al jefe de la Dirincri, General PNP Víctor Revoredo, de una eventual situación que pudiera ocurrirle. El video existe y forma parte del material que ha cobrado relevancia después del asesinato. Su contenido, sin embargo, no prueba por sí mismo una relación entre Revoredo y el crimen.

Otra línea apunta a las denuncias que Aponte realizó durante su actividad periodística. Desde su programa había expuesto a personajes públicos y había mencionado a personas vinculadas, según distintas denuncias y reportes, con organizaciones criminales. Entre las versiones que circulan aparece también la posibilidad de una represalia de grupos criminales como "La Nueva Jauría" o “Los Pulpos” establecidos en la región de La Libertad.

Hasta ahora, no existe una conclusión oficial que establezca que alguna de esas organizaciones haya ordenado el crimen por encargo. Son hipótesis. Y como tales deben permanecer mientras la investigación no encuentre la evidencia que permita convertirlas en hechos.

DETERMINANDO CULPABLES

La escena comienza a ordenarse. El presunto ejecutor está detenido. Hay un segundo investigado. Una pistola conecta los ocho casquillos de Caraz con otros cinco hechos criminales. Las cámaras permiten reconstruir parte del desplazamiento del atacante. El teléfono comprado en Huaraz abrió una ruta que terminó en Lima. Pero la pieza principal continúa fuera del cuadro. ¿Quién ordenó ejecutar a la “China” Polo?

La respuesta puede estar en los teléfonos, en las cámaras, en los movimientos de los investigados, en el arma o en alguna de las personas que todavía no aparecen en el expediente.

También puede encontrarse en una amenaza que no fue tomada a tiempo, en una llamada aparentemente irrelevante o en un contacto que todavía no ha sido identificado. Los crímenes dejan huellas. A veces son visibles desde el primer día; otras, aparecen cuando alguien consigue unir piezas que parecían no tener relación.

En Caraz quedaron ocho casquillos. En una pistola quedaron los rastros de otros cinco delitos. Y detrás de los dos detenidos todavía queda por descubrir quién puso en marcha la operación. Ningún crimen es perfecto. Siempre queda un cabo suelto. Solo es cuestión de tiempo para que alguien tire de él.