ENTRÓ a la Fiscalía como si no escuchara las atropelladas preguntas de la veintena de reporteros que pugnaban por arrancarle una declaración. Como quien ya no tiene margen para la sorpresa. Piero Alessandro Corvetto Salinas, hasta el martes 21 jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, caminó resguardado por cuatro policías, entre cámaras y micrófonos, con una sobriedad que contrastaba con el ruido que dejaba atrás: el de una elección fallida, el de miles de ciudadanos sin votar, el de una institución que, de pronto, parecía haber extraviado su razón de ser.

Su renuncia no fue un acto aislado, ni una reacción súbita a una coyuntura adversa. Fue, más bien, el desenlace de una suma de decisiones erráticas, de una crisis que creció en silencio durante meses y estalló con una violencia inusitada e institucional el domingo 12 de abril. A las 12:09 de la tarde de ese “martes negro” para él, Corvetto envió su carta. Una hora y veintidós minutos después, la Junta Nacional de Justicia ya la había aceptado por unanimidad. La rapidez no fue solo administrativa, fue sintomática. El sistema necesitaba una salida inmediata. Aunque muchos juristas se apresuraron a opinar que su cargo era irrenunciable en período electoral y, por lo tanto, su aceptación ilegal.

Durante años, Corvetto se afanó en construir un perfil técnico de sí mismo dentro del sistema electoral peruano. Ingresó a la ONPE en 2009, pasó por el RENIEC, regresó, ascendió. Su perfil era el de un funcionario especializado, no el de un político. Pero en el Perú —y especialmente en procesos electorales— un supuesto tecnócrata nunca está completamente a salvo de la política.

El día de las elecciones, la promesa de orden se convirtió en desorden y caos. Desde temprano, los reportes empezaron a acumularse: material electoral que no llegaba, mesas que no se instalaban, equipos electrónicos ausentes. Las colas crecían, la frustración también. Lo que debía ser una jornada de participación cívica se transformó en una experiencia de incertidumbre. Según cifras oficiales sobre lo ocurrido, al menos 63 000 personas no pudieron votar en el Perú y más de 70 000 en Estados Unidos, en Paterson, New Jersey, donde se ha instalado una nutrida colonia peruana, y Orlando, en Florida.

Corvetto habló ese mismo día. Aunque se le veía devastado, responsabilizó a un tercero, a la empresa Galaga, encargada de la logística. No fue un error menor. Pero Galaga respondió, y lo hizo con evidencias. Negó las acusaciones y exigió una rectificación pública. La disputa dejó al descubierto algo más profundo que un desacuerdo contractual: evidenció fisuras en la planificación y ejecución del proceso electoral.

El plan operativo establecía que la distribución del material debía realizarse entre el 10 y el 11 de abril. No ocurrió. Para el domingo 12, en varios puntos de Lima, los kits electorales simplemente no estaban. Trabajadores de la propia ONPE comenzaron a filtrar información: camiones vacíos, rutas incompletas, almacenes sin el material necesario. En Lurín, uno de los centros logísticos clave, las horas pasaban sin que llegaran los insumos. Hubo incluso mensajes internos, casi desesperados, que anticipaban el desenlace: “Mucha gente no va a poder votar”. No era una hipótesis. Era una constatación temprana de lo inevitable. A medida que avanzaba el día, la crisis dejó de ser logística para convertirse en institucional. La Contraloría General de la República documentó irregularidades durante la jornada. Videos mostraban no solo problemas en la distribución, sino también en el repliegue del material. La imagen de la ONPE, tradicionalmente asociada a la eficiencia técnica, comenzaba a resquebrajarse.

Pero el problema no terminaba en la ejecución. También alcanzaba el origen: los procesos de contratación. La elección de la empresa encargada del transporte —Galaga— se volvió objeto de escrutinio. Se reveló que, durante el proceso, se retiraron 28 vehículos a un competidor, Hermes, bajo criterios que no se aplicaron al ganador. La aparente inconsistencia alimentó sospechas de que se trataba de una trama de burda corrupción. En paralelo, otro nombre emergía: Juan Phang, subgerente de la ONPE, vinculado a investigaciones previas en el caso conocido como Los Gánsteres de la Política. Su aparición no solo sumaba un elemento de controversia, sino que conectaba la crisis actual con antecedentes que debilitaban aún más la credibilidad institucional.

La suma de estos factores —fallas logísticas, decisiones contractuales cuestionadas, antecedentes problemáticos— configuró un escenario explosivo. La ONPE no solo había fallado en su tarea operativa; había comprometido la confianza pública en el proceso electoral. Y en democracia, la confianza es tan importante como el resultado. Las consecuencias no tardaron. Se presentaron denuncias penales. La procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público y la Contraloría iniciaron acciones. A esto se sumaron pedidos de nulidad de los comicios en distintos puntos del país. El proceso electoral, cuya misión es otorgar legitimidad, comenzaba a tambalear.

Corvetto, en medio de esta tormenta, terminó reconociendo el desastre. No con una declaración grandilocuente, sino con el gesto más contundente disponible: su renuncia. La presión política y mediática había alcanzado un punto sin retorno. Más aún, su permanencia amenazaba con contaminar la segunda vuelta electoral. La institución que dirigía ya no era percibida como un árbitro confiable. Hay algo profundamente simbólico en la velocidad con la que se aceptó su salida. No solo se trataba de remover a un funcionario, sino de intentar contener una crisis mayor. La democracia peruana, frágil y tensionada, no podía permitirse un vacío prolongado en uno de sus órganos clave.

El reemplazo, según la ley orgánica de la ONPE, recae en el gerente general, Bernardo Juan Pachas Serrano. Sobre sus hombros queda ahora una tarea compleja: reorganizar la segunda vuelta en un contexto de desconfianza y bajo el escrutinio constante de la opinión pública. Sin embargo, más allá de los nombres, la pregunta de fondo persiste: ¿cómo una institución con experiencia acumulada en múltiples procesos electorales llegó a este punto? La respuesta no es simple. No se trata de un error puntual, sino de una cadena de decisiones —algunas técnicas, otras administrativas— que, en conjunto, erosionaron la capacidad operativa del sistema.

En retrospectiva, la caída de Corvetto parecía inevitable. Pero en tiempo real, fue una acumulación de señales que no fueron atendidas con la urgencia necesaria. La advertencia estaba en los retrasos logísticos, en las inconsistencias contractuales, en los antecedentes de algunos funcionarios. Cada elemento, por separado, podía parecer manejable; juntos resultaron devastadores.

La imagen final —la de Corvetto ingresando a la Fiscalía— sintetiza el momento. No es solo la caída de un funcionario, sino la representación de una institución obligada a rendir cuentas. En un país donde los procesos electorales han sido históricamente un pilar de estabilidad, el episodio deja una marca profunda.

La democracia, al fin y al cabo, no se sostiene solo en normas y procedimientos. Depende, sobre todo, de la confianza. Y esa confianza, una vez perdida, no se recupera con la misma rapidez con la que se acepta una renuncia.

Presunta Organización Criminal

Para los sabuesos investigadores de la Dirección contra la Corrupción de la Policía (DIRCOCOR) el caos electoral de la primera vuelta no fue solo ineficiencia o falta de prolijidad en el trabajo de la ONPE. Plantean la teoría de que se trató de una trama de millonaria corrupción que ha desencadenado delitos aún más graves como atentar contra la voluntad popular. Los policías liderados por el general Walter Ramos fueron los primeros en tomar medidas drásticas frente al claro atentado contra la voluntad popular perpetrado por las autoridades de la ONPE el domingo 12 de abril.

A los dos días de la elección detuvieron al gerente de gestión electoral José Edilberto Samamé Blas bajo los cargos de omisión, rehusamiento o demora en sus actos funcionales en flagrancia. Lo encontraron en horas de la mañana en su oficina cuando acababa de renunciar al cargo aceptando la responsabilidad directa de que miles de peruanos no pudieran votar como querían hacerlo. Era la mañana del martes 14 de abril y las imágenes del funcionario electoral enmarrocado en su propia oficina resumían lo que muchos encolerizados electores pedían desde la misma mañana del domingo: que los responsables del desmadre electoral respondan ante la ley.

En los primeros interrogatorios Samamé Blas le dijo a la Policía que el sospechoso contrato con la empresa Galaga SAC lo había manejado el subgerente de producción electoral Juan Antonio Phang Sánchez, un antiguo funcionario de la ONPE con más de 25 años en la institución que, entre otros antecedentes, es parte de la investigación penal por crimen organizado etiquetada originalmente por la Fiscalía como Los Gánsteres de la Política. La pregunta se cae de madura: ¿cómo Corvetto, que —se supone— era la reserva moral del sistema electoral, pudo tener, mantener y defender públicamente a un funcionario con antecedentes tan graves.

Peligro Procesal

Con su renuncia y la aceptación de la JNJ, Corvetto ha perdido su arraigo laboral y, lo más grave, según fuentes del Ministerio Público, el martes último, cuando fue junto con su abogado a entregar su pasaporte peruano como señal de colaborar con la justicia y desbaratar cualquier especulación de fuga, el fiscal le preguntó si él tenía pasaporte italiano.

Corvetto respondió categóricamente que no. Sin embargo Piero Alessandro Corvetto sí tiene nacionalidad y pasaporte italianos. Su pasaporte europeo tiene vigencia hasta el año 2035, igual que sus menores hijos Piero Marcello y Beatriz Eugenia. Es decir, si el exjefe de la ONPE quisiera salir de inmediato del país lo podría hacer sin ningún problema.

Mentir a la Fiscalía y no tener trabajo, además de una prognosis de pena de más de 20 años de prisión, configuran lo que los abogados penalistas llaman “peligro procesal”. En estas condiciones, Corvetto es candidato a convertirse en la próxima autoridad en ser detenida preliminarmente apenas dejó de serlo. Y, dependiendo del avance de las investigaciones, en el próximo inquilino de algún penal de Lima. El martes último, definitivamente, fue un martes negro para él.