Durante sus primeras semanas en Palacio, Keiko Fujimori pareció haber logrado algo que durante años se consideró improbable: transformar una victoria electoral agónica en un comienzo auspicioso. Había ganado la presidencia por apenas 49 641 votos y recibido un país partido prácticamente por la mitad. Sin embargo, a comienzos de agosto, el 57 % de los peruanos aprobaba su gestión y solo el 25 % la desaprobaba. Datum incluso le atribuía un respaldo del 60 %. Era la breve luna de miel de una presidenta que ofrecía orden, autoridad y protección frente a la delincuencia.

La siguiente medición nacional de Ipsos, realizada el 3 y 4 de septiembre y publicada cuando el Gobierno iba a cumplir cincuenta días, redujo la aprobación presidencial al 42 % y elevó la desaprobación al 48 %. En términos comparables, Fujimori perdió 15 puntos de aprobación en un mes, mientras su rechazo aumentó 23 puntos, del 25 % al 48 %.

La encuesta no demuestra por sí sola que una causa única —la criminalidad, las disputas ministeriales o la falta de liderazgo— explique esos quince puntos. Pero la secuencia política permite advertir un problema: Fujimori elevó tanto las expectativas en materia de seguridad que convirtió cada nuevo crimen en una evaluación directa de su autoridad. Prometió recuperar «el orden y la paz», respaldar a la Policía, emplear inteligencia y enfrentar frontalmente al crimen organizado.

Cuando una presidenta escoge la seguridad como la prueba central de su Gobierno, también acepta que será juzgada por sus resultados. Y estos todavía no se perciben.

UNA COSA ES CON GUITARRA, OTRA CON CAJÓN

Ese es el primer gran problema de estos dos meses: haber confundido firmeza verbal con capacidad estatal. La mano dura es una promesa política; desarticular redes de extorsión, depurar unidades policiales, controlar las cárceles y reducir los homicidios exige coordinación, inteligencia, tiempo y liderazgo. Mientras el Ejecutivo hablaba de nuevos penales y participación militar, el país registró 121 homicidios en apenas tres semanas. En Lima, el 71 % de los ciudadanos identifica la delincuencia y la inseguridad como los principales problemas de la capital.

El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla mostró crudamente esa distancia entre el discurso y la realidad. Lara fue interceptado en Trujillo por delincuentes vestidos como policías que simularon una intervención. Permaneció secuestrado durante más de treinta horas antes de ser liberado, mientras cuatro de sus acompañantes fueron asesinados. No fue únicamente un secuestro: fue una demostración de poder criminal en una ciudad donde las bandas han aprendido a utilizar uniformes, armas, información y terror como instrumentos de un gobierno paralelo. Sin exagerar, La Libertad corre el riesgo de convertirse en una suerte de Sinaloa peruana.

Después llegó el asesinato de Susy Aponte Polo, «La China Polo», comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash. Fue atacada el 19 de septiembre mientras realizaba actividades de campaña en un mercado de Caraz. Nueve días antes había denunciado amenazas y asegurado que recibió advertencias telefónicas procedentes de tres penales. La investigación fue recalificada como presunto sicariato y deberá establecer quién ordenó el crimen y si las amenazas previas guardan relación con el asesinato. Hasta que eso ocurra, sería irresponsable atribuir responsabilidades individuales. Pero políticamente el caso ya dejó una pregunta devastadora: ¿de qué sirve denunciar una amenaza si el Estado no puede proteger a quien la denuncia?

SIN LIDERAZGO CLARO

La segunda dificultad del Gobierno es la impresión de que no existe un centro claro de conducción. La designación de cinco integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial —Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Arsenio Oré, Josefina Takahashi y Milagros Álvarez Calderón— fue presentada como una incorporación de experiencia. Formalmente, se trata de un órgano consultivo: sus integrantes no tienen atribuciones políticas, administrativas ni ejecutivas y, por tanto, no sustituyen al Consejo de Ministros. Sin embargo, en política las estructuras también comunican. Cuando un Gobierno necesita exhibir, a los cincuenta días, un nuevo círculo de consejeros alrededor de la presidenta, puede transmitir justamente lo contrario de lo que busca: no fortaleza, sino necesidad de tutela.

Yoshiyama y Chlimper son figuras históricas del fujimorismo, mientras Oré estuvo relacionado con la defensa jurídica de Fujimori y fue incorporado a las investigaciones del caso Cócteles por una presunta obstrucción que él rechazó. Los tres llegaron a ser coprocesados en ese caso, posteriormente afectado por sucesivas decisiones del Tribunal Constitucional. Los nombres, sin embargo, devuelven inevitablemente a la conversación pública los años de litigios y controversias que Fujimori debía dejar atrás al convertirse en presidenta.

En lugar de ampliar políticamente el Gobierno, la comisión puede dar la impresión de haberlo replegado hacia su círculo más antiguo. La experiencia es valiosa, pero el país no necesitaba contemplar una reunión de sobrevivientes del pasado fujimorista.

El desafío inmediato de Fujimori no consiste en recuperar quince puntos mediante propaganda o, lo que sería peor, ceder al facilismo del clientelaje o el populismo. Consiste en gobernar. Debe fijar responsabilidades operativas contra la extorsión y el sicariato; intervenir el sistema penitenciario desde donde se coordinan amenazas; proteger eficazmente a periodistas, candidatos y testigos amenazados; depurar a la Policía sin desmoralizarla; y publicar resultados que puedan ser auditados. También debe dejar claro que su comisión consultiva aconseja, pero no dirige, y que el gabinete encabezado por Luis Galarreta conserva autoridad real.

Todavía no estamos ante un Gobierno agotado. El 44 % de los encuestados considera que debe esperarse entre seis meses y un año antes de emitir una evaluación definitiva.

“No retrocederemos ante quienes pretenden imponer terror”, dijo la presidenta en su discurso en las Naciones Unidas. “En el Perú enfrentamos una guerra donde no hay frentes de batalla ni fronteras definidas”, agregó. “Vamos a perseguir el crimen, desde el hombre que ejecuta hasta el entramado que lo sostiene. No vamos a retroceder ante quienes pretenden imponer el terror sobre la ley”.

El mensaje fue claro y contundente. Queda claro que las críticas desde la derecha y de los nostálgicos del albertismo han provocado una respuesta. La presidenta ha trazado un evidente paralelo entre el crimen organizado que combate y el terrorismo que enfrentó su padre.

“Perú es un pueblo orgulloso y resiliente”, recordó Fujimori. “Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz”, sostuvo al destacar la incorporación reciente de nuestro país al Escudo de las Américas.

TERRORISMO Y DD.HH.

“Perú se une al Escudo de las Américas con gran determinación y gran entusiasmo. (…) Estamos acá para apoyar al grupo y recibir también la información de apoyo de todos ustedes”, dijo Fujimori.

La presidenta ratificó que el “primer gran desafío” de su gobierno es la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. En ese contexto, reclamó ante la ONU que se defina a las organizaciones criminales trasnacionales como “grupos terroristas que deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien”.

La mandataria reseñó que en el Perú enfrentamos una guerra donde “el enemigo no tiene uniforme y se esconde entre nuestra propia gente”. Además, sentenció que “no existe la posibilidad de rendirse ni firmar tratados de paz”.

Fujimori añadió que la represión a estas organizaciones “con toda la fuerza de la ley” no será suficiente sin una mejora del sistema educativo, al que identificó como el segundo reto de su gestión. Esto, dice, permitirá que los jóvenes y adultos se inserten a los mercados laborales y no sean captados por el crimen.

“La calidad de la educación y la profundidad del aprendizaje es un predictor de mejor calidad de vida, porque permite obtener mejores hábitos de salud, contribuyendo a la movilidad social”, sostuvo.

Fujimori también recordó ante el foro multilateral los avances económicos que atribuyó al país después de derrotar el terrorismo. Señaló que el Perú consiguió “casi triplicar en términos reales el PBI”, multiplicó por 15 el valor de sus exportaciones y logró que el sol peruano se ubicara entre las monedas más estables del mundo.

Como un tercer desafío, mencionó el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia. Hizo hincapié en que “la defensa de los derechos humanos no debe terminar convirtiendo a las víctimas en procesados y a los victimarios en protegidos”.

En ese contexto, la presidenta resaltó el papel de la comunidad internacional. Y agregó que espera que esta “respete los límites propios de una comunidad de naciones soberanas”. Agregó que “acompañar a un país no significa sustituir sus instituciones ni las decisiones que corresponden a sus ciudadanos dentro del orden democrático. Esperamos una actuación independiente, transparente, que salvaguarde sin cálculo ideológico los derechos humanos de todos…”

REY Y EL GABINETE

Mientras tanto, en el Perú, el gobierno no la pasa bien. El bajón en las encuestas (ver nota aparte) anunciaba el fin de la luna de miel. Y la renuncia de Rafael Rey al MTC dejaba en claro que el Estado era un monstruo muy distinto al que los experimentados ministros conocieron en los noventa y los primeros años del siglo XXI.

“La intensidad física que tenía que poner en este ministerio me estaba haciendo daño”, dijo el exministro que ahora se vocea para ser el próximo embajador peruano en España. “Ese es el desastre que se ha heredado”, agregó. Y se sabe que no es el único que piensa eso.

Fuentes cercanas al gabinete coinciden en que ministros seniors como José Antonio Chang y Juan Sheput se han sorprendido al encontrar un Estado más caótico de lo que era en los primeros años del 2000. En esa línea, se sabe que César Astudillo anda pensando en volver a su puesto de senador y alejarse del Ministerio del Interior.

LA DERECHA Y LAS FACULTADES

Pero el caos también lo aportan los propios ministros. Para gran parte de la derecha, este desorden es el síntoma de algo más. Y en esa línea se suman derechistas enfrentados entre sí, desde Fernán Altuve y Humberto Abanto hasta Phillip Butters y Rafael López Aliaga.

Para Altuve, por ejemplo, a Keiko Fujimori le gusta quienes le dicen lo que quiere escuchar. Pero Abanto complementa. Alguien está induciendo al error a la presidenta. “¿Qué necesidad tenía el gobierno de producirse una derrota política comenzando?”, se pregunta retóricamente. “Porque en una Cámara de Diputados donde la correlación es 74 de la oposición y 56 oficialistas, ¿cuáles eran las posibilidades de sacar adelante un pedido de delegación de facultades tan ambicioso? Si la teoría era vamos a desgastar a la oposición mostrándola obstruccionista, diremos que se ha obtenido el resultado, pero al costo de desgastar al gobierno también”.

Para el abogado, además, han abierto mal el juego. “Habiendo toda esta sombra de los aportes de Credicorp, se pide eliminar los topes para supuestamente combatir el ‘gota a gota’, pero nadie ha demostrado eso. Me preocupa mucho que estén confundiendo a la presidenta”.

Finalmente, el penalista recuerda que el pedido de delegación de facultades parte de una mentira. “Le han dado información falsa a la presidenta. Le han dicho que la solicitud de delegación de facultades legislativas es connatural al inicio de un gobierno. Y eso es falso”, agrega.

Como bien recuerda, en el 2001 el presidente García instruyó a la célula parlamentaria aprista para que no se votara a favor de la delegación de facultades, sino que se hiciera que el gobierno presentara inmediatamente sus proyectos y los que estuvieran bien se aprobaran. Fueron cuatro proyectos los que se aprobaron esa misma noche hasta las 4 AM. Y luego, en el 2006, Alan García no pidió la delegación de facultades al asumir el gobierno. Las pidió recién en abril del 2007. Y en el camino elaboró decretos supremos, reglamentos, directivas y resoluciones ministeriales. Como para que el gobierno tome nota.

El caso del Liceo Naval Almirante Guise puso los reflectores sobre los colegios. Pero detrás de la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años aparece una cifra que obliga a mirar más allá de San Borja: entre enero y agosto de 2026, el sistema SíseVe del Ministerio de Educación registró 11 805 reportes de violencia escolar. Son, en promedio, 48 casos al día.

El episodio ocurrió el 15 de septiembre, cuando un grupo de estudiantes retornaba en un bus después de una actividad deportiva. La denuncia familiar activó una investigación policial y fiscal. La Defensoría del Pueblo supervisó las diligencias y reclamó atención integral para el adolescente y su familia. El caso escaló rápidamente. La Marina de Guerra separó a funcionarios del colegio y el Ejecutivo dispuso la reorganización del Liceo Naval. La medida busca reforzar las condiciones de seguridad, convivencia y prevención de la violencia.

Pero el dato que acompaña al expediente es mayor. De acuerdo con SíseVe, 5187 reportes corresponden a violencia física, 4545 a violencia psicológica y 2059 a violencia sexual. El sistema no equivale a un censo: registra reportes y un mismo caso puede generar más de una notificación.

La violencia tampoco tiene un único rostro: 8156 reportes corresponden a agresiones entre estudiantes, mientras que 3649 involucran a personal de las instituciones educativas. Lima Metropolitana concentra 4058 reportes, seguida por Arequipa, con 730; Piura, con 692; Junín, con 552; y Áncash, con 540. En ese mapa, la violencia sexual merece una mirada particular. Los 2059 reportes registrados por esta modalidad muestran que el problema no se reduce al bullying, los insultos o las peleas en el patio. Hay una dimensión que alcanza la intimidad y la integridad de los escolares.

El Ministerio Público también registra denuncias que permiten dimensionar esa otra arista. Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 404 infracciones vinculadas con tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores en Lima Metropolitana y el Callao.

El Liceo Naval no debería leerse solamente como un expediente entre policías, fiscales, padres y autoridades educativas. La pregunta de fondo es cuánto de esta violencia está siendo detectada antes de convertirse en una emergencia. Cada reporte es una alerta, pero detrás de cada número hay estudiantes, familias y escuelas obligadas a responder cuando la prevención falla. El caso del Liceo Naval puso la alarma. Las cifras muestran que no es un hecho aislado. El desafío es que la alerta llegue antes que la emergencia.

CUENTAS PENDIENTES

Más de dos mil candidatos a gobernadores y alcaldes llegan al tramo final del plazo sin rendir cuentas de sus campañas. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de los 10 623 candidatos obligados a presentar información financiera, 2251 (21,2 %) aún no lo han hecho. El plazo venció el 18 de septiembre. Los informes deben detallar los aportes, ingresos y gastos realizados entre el 7 de enero y el 5 de septiembre. Cusco concentra la mayor cantidad de pendientes, con 246 candidatos, seguido de Áncash (234), Huánuco (172), Loreto (129) y Puno (125). Entre quienes aún no cumplen figuran 41 candidatos a gobernador, 72 a vicegobernador, 270 a alcaldías provinciales y 1868 a distritales. La obligación también alcanza a las organizaciones políticas: de 75, siete no habían presentado información al 21 de septiembre. El incumplimiento puede generar multas de hasta 5 UIT para candidatos y hasta 100 UIT para organizaciones políticas, además de la pérdida del financiamiento público directo. La ONPE orientó a candidatos y partidos sobre sus cuentas de campaña. La información puede consultarse en el portal Claridad.

DINA EN ANIVERSARIO CHINO

Dina Boluarte reapareció en público tras casi un año de bajo perfil. La expresidenta asistió a una recepción en la embajada de China por los 55 años de relaciones diplomáticas con el Perú. Permaneció cerca del presidente del Senado, Miguel Torres, y al retirarse respondió brevemente a la prensa: «Yo estoy feliz». Boluarte dejó la Presidencia el 10 de octubre de 2025.

AZNAR Y BARNECHEA

José María Aznar estuvo por Lima. El expresidente del Gobierno español se dejó ver en el exclusivo Lima Golf Club de San Isidro. Su anfitrión fue Alfredo Barnechea, quien se paseó por todas las mesas del comedor presentando a su amigo. Algunos comensales lucían extrañados por la exagerada actitud de Barnechea; otros, porque no sabían de quién se trataba.

URIBE EN EL COUNTRY

Álvaro Uribe protagonizó un cóctel en su honor en el Salón Imperial del Country Club Lima Hotel. El expresidente de Colombia fue invitado por Camilo Gómez, presidente del Alfa Holding Group, empresa del rubro de la infraestructura energética. La cita fue el pasado martes 22 de septiembre a las 6:00 p. m.

REY A ESPAÑA

Rafael Rey, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el más voceado para ocupar el cargo de embajador del Perú en España.

CHINA EN EL PERÚ

La Embajada de China en el Perú celebró el 77.º aniversario de la fundación de la República Popular China con una ceremonia en el Hotel Los Delfines. El evento también sirvió para conmemorar los 55 años de relaciones diplomáticas entre China y el Perú, y contó con la participación de varios ministros, generales y funcionarios del Gobierno peruano. Song Yang, el embajador de China en el Perú, dijo que ambos países están en un momento crucial de transformación y crecimiento. Además, puso énfasis en que China es el principal socio comercial del Perú y en que los peruanos ya no necesitarán visa para visitar el país asiático.

PLAN B

El ministro de Economía, Elmer Cuba, advirtió que el Ejecutivo acudirá al Congreso si no obtiene las facultades legislativas solicitadas. El pedido contempla cambios tributarios para microempresas, reformas laborales y medidas para agilizar las asociaciones público-privadas. También busca reforzar la lucha contra la evasión del IGV y del impuesto a la renta. Sin facultades, las iniciativas deberán pasar por el Parlamento.

PUENTES LISTOS

Ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, el MTC prepara un despliegue de maquinaria pesada en puntos críticos del país, con atención en el norte y sur. El ministro José Tangherlini anunció además la instalación de puentes modulares para recuperar la transitabilidad si las lluvias afectan la red vial. La prevención apunta a que las carreteras no queden aisladas.

NUEVOS DISTRITOS

Alto Trujillo y Santa Rosa de Loreto irán por primera vez a las urnas el 4 de octubre, en las ERM 2026. Ambos fueron creados recientemente y elegirán a sus primeras autoridades municipales. Alto Trujillo cuenta con 25 193 electores y Santa Rosa de Loreto, con 2494. Los nuevos alcaldes y regidores asumirán funciones el 1 de enero de 2027.

PULPO EN LA BASE NAVAL

Alias ‘Jhonsson Pulpo’ fue trasladado a la Base Naval del Callao, donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva por la investigación relacionada con el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo. El operativo se realizó bajo fuerte resguardo policial. El investigado ya cuenta, además, con una condena de cadena perpetua por otros delitos.

‘PULPO’, VECINO DE ‘EL MONSTRUO’

La llegada de ‘Jhonsson Pulpo’ a la Base Naval sumó un nuevo nombre a su particular vecindario penitenciario. Allí ya permanece Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, señalado por las autoridades como cabecilla de Los Injertos del Norte. Ambos permanecerán en el mismo recinto de máxima seguridad, aunque enfrentan procesos distintos y están bajo investigación por hechos diferentes.

SUR ELÉCTRICO

El sur peruano aceleró su producción eléctrica durante el primer semestre de 2026. Arequipa creció un 81 %; Puno, un 74 %; y Moquegua, un 42 %, impulsando un aumento del 25 % en la generación de la zona, que alcanzó los 6598 GWh. A nivel nacional se produjeron 33 874 GWh, mientras Lima mantuvo el liderazgo regional con 12 731 GWh.

AGENDA GLOBAL

En Nueva York, el ministro Rogers Valencia participó en reuniones sobre comercio, inversiones y minerales críticos durante la Semana de Alto Nivel de la ONU. La agenda incluyó un encuentro con funcionarios de Walmart, además de espacios con la Alianza del Pacífico y ASEAN, Citibank y el Atlantic Council. El objetivo: ampliar oportunidades para las exportaciones peruanas y atraer inversiones de mercados estratégicos.

FISCAL INVESTIGADO

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el fiscal Germán Juárez Atoche por presuntos delitos vinculados al trámite de la colaboración eficaz del exministro José Manuel Hernández. La denuncia fue presentada en enero y cuestiona la actuación del fiscal en un proceso cuya declaración fue considerada en la condena de Martín Vizcarra por el caso del Hospital de Moquegua. Juárez Atoche ya afronta otra investigación.

CÁRCELES REORDENADAS

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, planteó trasladar a hangares a unos 500 internos de Ancón II condenados por omisión a la asistencia familiar, para liberar espacio destinado a reclusos de mayor peligrosidad. El pedido de facultades también contempla trasladar a jóvenes infractores de 16 a 18 años que cometan delitos violentos a centros especializados. El objetivo es reorganizar penales y centros juveniles.

COBRE FUTURO

El Perú podría duplicar su producción de cobre hasta alcanzar 5 millones de toneladas anuales, según Víctor Gobitz, presidente de PERUMIN 38. El potencial se concentra en los clústeres del norte y sur, que aportarían entre 2 y 3 millones de toneladas adicionales. La cartera cuprífera supera los US$ 60 000 millones, pero su desarrollo requerirá inversiones en minería, energía, carreteras y puertos.

PUENTES LEGISLATIVOS

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, recibió a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para abordar la cooperación bilateral. El encuentro puso sobre la mesa desafíos compartidos como la inseguridad, el crimen organizado, el tráfico ilícito y el delito transnacional. La comitiva estadounidense recorrió además los hemiciclos del Senado y la Cámara de Diputados.

EMBAJADOR EN VEREMOS

José Márquez García, ciudadano venezolano residente en el Perú, es mencionado como una posible opción para representar a Venezuela en Lima ante una eventual reapertura de relaciones diplomáticas. Márquez señaló que sería un honor asumir esa función y destacó su experiencia laboral en Colombia y su vínculo previo con el excanciller Javier González-Olaechea. No existe confirmación oficial del nombramiento.

BRECHAS ADOLESCENTES

El embarazo en adolescentes disminuye en el Perú, pero el mapa revela una realidad desigual. En 2025, el 7,4% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado alguna vez embarazada. En las zonas rurales, la cifra más que duplica el promedio nacional y llega al 16,3%. En la Amazonía alcanza el 14,6%, mientras en las áreas urbanas se ubica en 5,4%.

La distancia también se mide en maternidad infantil. Cada día, cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz en el país, una situación asociada a casos de violencia sexual y a brechas en prevención, protección, acceso a justicia y reparación. En 2025, además, las adolescentes menores de 20 años representaron el 15,3% de las muertes maternas, frente al 10,9% registrado en 2019.

El impacto no termina en las cifras de nacimientos. Según el UNFPA, la maternidad adolescente generó un costo de oportunidad estimado en S/1159,5 millones en 2019, vinculado principalmente con menores posibilidades educativas, laborales y de generación de ingresos. Cerca de tres de cada cuatro embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años no fueron intencionales.

Hay, sin embargo, experiencias que muestran avances. En Ayacucho, la tasa de nacimientos en niñas y adolescentes cayó de 33,2 a 16,3 por cada mil entre 2019 y 2025. El UNFPA atribuye el descenso a una respuesta sostenida que articuló salud, educación, protección y justicia, junto con gobiernos locales y organizaciones sociales.

La reducción nacional es un avance, pero las diferencias entre territorios mantienen abierta la brecha. El reto pasa por sostener políticas basadas en evidencia y garantizar que el acceso a prevención, servicios y protección no dependa del lugar donde nació una adolescente.

Durante dos noches, el 21 y 22 de setiembre, los candidatos se repartieron el diagnóstico de la capital en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional. Carlos Bruce encontró en la gestión su territorio. Susel Paredes convirtió la confrontación en herramienta. Daniel Urresti volvió a la seguridad. Y en la segunda jornada, Rafael López Aliaga recibió buena parte de los ataques mientras Samuel Daza intentaba llevar la discusión hacia la Lima periférica. Hubo frases, golpes y propuestas. Pero el verdadero debate empieza cuando termina el careo televisivo: cuánto cuesta cada promesa, qué puede hacer realmente un alcalde y quién tiene un plan para ejecutarla.

Las duplas y ternas establecidas por sorteo permitieron visibilizar diferencias entre uno y otro postulante. Y en medio de este abanico de propuestas políticas, Carlos Bruce hizo notar su experiencia y sus horas de vuelo en la administración pública como ministro de Vivienda. Con propuestas más técnicas y claras, el candidato de Somos Perú marcó la pauta. El alcalde de Surco prometió la creación de la policía municipal para perseguir delitos comunes, en contraposición con la ya conocida labor del Serenazgo. Además, Bruce insistió en el uso de pistolas no letales. También puso énfasis en la construcción de 10 mil casas de interés social, en la preparación de áreas verdes en las riberas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac, y en desarrollar intercambios viales, semáforos inteligentes y cinco corredores segregados.

Mientras buena parte de los candidatos competía por demostrar quién podía llenar Lima de cámaras, patrulleros o agentes, el candidato por Somos Perú puso sobre la mesa la administración de la ciudad. Habló de deuda, coordinación entre distritos y capacidad de ejecución. Y al desarrollar su propuesta de Policía Municipal Metropolitana sugirió que ésta se dedique a la delincuencia común, mientras la Policía Nacional concentra sus esfuerzos en el crimen organizado, la extorsión y el sicariato.

Bruce aprovechó los intercambios para atacar la gestión de Rafael López Aliaga y cuestionar su eventual papel en el próximo gobierno municipal, criticando de paso la tramposa reelección encubierta en medio del silencio y la complicidad del JNE. “Hace cuatro años nos dijeron que Lima iba a ser potencia mundial”, dijo. “Pero estamos peor en delincuencia, peor en tránsito, peor en limpieza y la persona que nos hizo esa promesa, renunció al cargo y dejó la municipalidad tirada. Nosotros decimos claramente: Rafael López Aliaga, ya no nos mienta más”. La polarización con RLA no es casual. Bruce se ha asentado en el segundo puesto de las encuestas. Y tras el debate, se ha posicionado como el representante del voto anti ‘Porky’.

En una noche donde muchos candidatos intentaron ser recordados por una frase, Bruce consiguió instalar una idea: el problema de Lima no es solamente saber qué hacer, sino tener capacidad para hacerlo. Él mismo lo resumió después del debate.

LOS OTROS

Susel Paredes, candidata a Lima por Ahora Nación, prefirió no regalarle el escenario. Su “Plan Muralla” propone una unidad especializada de inteligencia dentro del serenazgo para apoyar a la Policía frente a la delincuencia y la extorsión. También planteó alquilar patrulleros y motocicletas y extender la atención de los Hospitales de la Solidaridad.

Daniel Urresti, de Podemos Perú, fue directo a su especialidad discursiva: seguridad. Propuso 100 equipos Terna, mil patrulleros mediante alquiler y complejos policiales con centros de flagrancia. También habló de mercados donde se comercialicen bienes robados y de recompensas por información. Su mensaje fue el de un alcalde que quiere convertirse en proveedor de músculo operativo para la Policía.

Mientras que el candidato del partido Coalición Transformadora Tierra Verde, Yehude Simon hizo algo menos frecuente: ponerle límite a la promesa. No ofreció eliminar la delincuencia. Habló de reducirla en 40%.

Ricardo Belmont, del partido Cívico Obras, recurrió a otra arma: la memoria. Recordó sus anteriores gestiones y obras, intentando presentar experiencia donde otros ofrecían futuro. El resto buscó diferenciarse en una pista particularmente congestionada.

Victoria La Cruz, del partido Morado, puso el transporte y la integración territorial en primer plano. Elio Riera insistió en gestión y conocimiento de las competencias municipales. Sandro Caller llevó la tecnología a la seguridad con una propuesta de miles de cámaras con inteligencia artificial. Luis Huette planteó una ampliación del Metropolitano y una Lima proyectada a veinte años. El candidato del partido político Batalla Perú, Samir Quispe reclamó espacio para una nueva generación política. La primera noche dejó, sobre todo, una coincidencia: nadie tuvo que convencer a nadie de que Lima tiene problemas. El verdadero desacuerdo estuvo en quién sabe cómo pagarlos y ejecutarlos.

RLA Y LA SEGUNDA FECHA

Aunque Rafael López Aliaga participa en esta elección como candidato a primer regidor de Renovación Popular, llegó al escenario de la segunda fecha cargando el peso de la gestión municipal que acaba de terminar. Y recibió ataques desde varios frentes. Su respuesta fue conocida: seguridad, inteligencia y capacidad operativa. Planteó S/ 100 millones para inteligencia municipal, cámaras y luces LED, una central de recompensas y serenos armados. También llevó al debate propuestas que requieren cambios en el ámbito nacional, como tribunales militares, jueces sin rostro y cadena perpetua para sicarios.

El intercambio con Samuel Daza de Fuerza Popular fue uno de los momentos más visibles de la noche del martes 22 de setiembre. Daza intentó desplazar la discusión hacia otra Lima: la de los extremos de la ciudad, la que vive atrapada entre largas distancias, tráfico y falta de conexión. Propuso 10 mil cámaras, intervenciones en la Panamericana Norte y Evitamiento, puentes y teleféricos. La disputa entre ambos condensó buena parte de la segunda jornada: seguridad contra seguridad, gestión contra gestión y pasado contra futuro.

El candidato de Avanza País, Francis Allison, escogió la experiencia como carta de presentación. Recordó sus años al frente de Magdalena y planteó trasladar ese conocimiento a una escala metropolitana. Habló de intervenir los puntos de comercialización de productos robados, mejorar la iluminación y reforzar el serenazgo. Mónica Yaya del APRA prefirió mirar las cuentas. Cuestionó el manejo financiero municipal y planteó revisar las finanzas antes de multiplicar nuevas obras. Su intercambio con Allison llevó la discusión hacia las gestiones pasadas.

Carlos Gallardo, del Partido del Buen Gobierno, puso la prevención en primer plano, particularmente frente al riesgo sísmico. Elizabeth León, del Frente de la Esperanza 2021, desde su experiencia como ingeniera civil, insistió también en la gestión del riesgo. Santiago Abarca, de Visión Perú, reclamó ejecutar los planes de prevención existentes. Juan Carlos Alvarado, de la Alianza Electoral Venceremos, llevó la inteligencia artificial al debate. Luis Miguel Llanos, de Progresemos, utilizó su propia experiencia frente a la violencia para hablar de seguridad. Alberto Tejada, de Acción Popular, insistió en dos problemas que no necesitan presentación: tránsito y delincuencia. Y Yuri Castro, de Perú Libre, dejó una de las imágenes más reconocibles de la segunda noche al cuestionar el cableado aéreo en desuso que cruza las calles de Lima.

DESPUÉS DE LAS CÁMARAS

Los candidatos discreparon en casi todo, salvo en el diagnóstico. Lima está insegura, congestionada, necesita obras y mejor transporte. La diferencia comienza después de la frase. Un candidato ofrece cámaras. Otro patrulleros. Otro policía municipal. Otra inteligencia. Otro teleférico. Otros corredores y viviendas. La campaña tiene esa facilidad: convierte un problema de veinte años en una solución de veinte segundos. Pero gobernar es bastante menos televisivo.

Una cámara necesita un sistema detrás. Un patrullero necesita combustible, mantenimiento y coordinación. Un teleférico necesita estudios, presupuesto y competencias claras. Una vivienda necesita terreno, financiamiento y reglas. Y una Policía Municipal necesita saber exactamente qué puede hacer sin terminar duplicando las funciones de la Policía Nacional. Ese fue, quizá, el verdadero asunto que quedó debajo de las pullas. La capacidad de ejecución.

Bruce la convirtió en bandera. Urresti la vinculó con seguridad. López Aliaga la defendió desde su experiencia de gestión. Allison apeló a sus años municipales. Los demás intentaron demostrar que tienen una fórmula distinta. Pero el debate no puede resolver lo que la campaña todavía no termina de responder: cuánto costará cada promesa, de dónde saldrá el dinero, qué atribuciones tiene la municipalidad y cuánto tiempo tomará convertir un anuncio en una obra o servicio. Las dos noches dejaron bastante material para la campaña. También dejaron una advertencia. En televisión, una propuesta dura un minuto y medio. En Lima, cuatro años.

Muchos esperábamos que el retorno a la bicameralidad mejorara la producción legislativa peruana. Después de décadas de Congreso unicameral y abundantes ejemplos de leyes improvisadas o aprobadas sin suficiente reflexión, parecía de sentido común recuperar una segunda cámara que actuara como filtro.

Nos preocupamos por tener dos cámaras, pero descuidamos algo quizá más importante: cómo debían relacionarse cuando estuvieran en desacuerdo. Y allí parece estar el pecado original del nuevo sistema.

La primera prueba ha llegado con el pedido del Ejecutivo para que el Congreso le delegue facultades legislativas. La solicitud va de Herodes a Pilatos: de Diputados al Senado, mientras la discusión avanza trabajosamente hacia una definición. La explicación simplista del sistema parecía impecable: Diputados propone y el Senado dispone. Una cámara produce la legislación y la segunda la revisa y perfecciona. Pero no funciona así.

El Senado puede aprobar, modificar o rechazar lo aprobado por Diputados. El problema aparece cuando “modificar” deja de significar perfeccionar y permite alterar sustancialmente aquello que la primera cámara decidió. ¿Qué ocurre si el Senado elimina precisamente aquello que Diputados considera esencial? ¿O si transforma el proyecto hasta convertirlo en algo diferente? Aquí aparece una falla de diseño.

La saludable atribución del Senado de revisar y perfeccionar puede convertirse en un mecanismo perverso: lo trabajado y aprobado por Diputados puede terminar sustancialmente transformado sin que exista un procedimiento suficientemente fuerte que obligue a ambas cámaras a encontrar una solución común. Entonces, ya no tenemos una cámara revisora.

Tenemos una cámara con la última palabra. Hay además otro escenario que debió preverse: las dos cámaras pueden tener mayorías políticas diferentes. Eso parece estar ocurriendo. Diputados muestra mayor resistencia frente a determinadas pretensiones legislativas del Ejecutivo, mientras el Senado aparece comparativamente más próximo al Gobierno. El pedido de facultades ha hecho visible esa diferencia.

El desacuerdo no es el problema. Eso es democracia. El problema es no haber construido adecuadamente el mecanismo para resolverlo. Aparece entonces un incentivo perverso. ¿Para qué va Diputados a invertir tiempo y capital político en construir acuerdos si considera que el Senado puede después deshacerlos? Y, ¿visto desde la otra orilla, por qué debería el Senado aceptar una fórmula que considera equivocada? El resultado puede terminar siendo exactamente contrario a lo que buscábamos con la bicameralidad: en lugar de mejores leyes, leyes más lentas; en vez de deliberación, bloqueo; en lugar de una segunda reflexión, una segunda batalla.

La solución no consiste en quitarle atribuciones al Senado ni en hacer irrevisable lo aprobado por Diputados. Falta un puente entre ambas cámaras. Cuando exista una discrepancia sustancial, debería activarse una instancia transversal, integrada por diputados y senadores, encargada de identificar los puntos de desacuerdo y elaborar una fórmula de consenso que regrese a ambas cámaras para su decisión final. No necesitamos una tercera cámara ni otra estación burocrática.

Necesitamos un mecanismo excepcional, rápido y claramente reglamentado que impida que las discrepancias terminen en callejones sin salida. El pedido de facultades finalmente será aprobado, recortado o rechazado. Esa es la coyuntura. Lo importante es la advertencia que nos deja. Durante años discutimos si debíamos recuperar el Senado. Finalmente lo hicimos. Ahora comienza la discusión verdaderamente importante: ¿qué hacemos cuando senadores y diputados, ambos elegidos legítimamente por los ciudadanos, quieren cosas diferentes?

Una democracia madura no resuelve ese problema entregándole simplemente la última palabra a uno de ellos. Construye mecanismos que los obliguen a negociar. La bicameralidad regresó para mejorar nuestras leyes. Sería una ironía muy peruana que termináramos con dos cámaras perfectamente capaces de legislar, pero incapaces de ponerse de acuerdo.  

Escribe: Carlos Paredes, autor del libro El perfil del Lagarto.

En el Perú, una prisión preventiva puede inaugurar una carrera pública. Una acusación fallida puede arruinarla. Y, al final del recorrido, hay siete personas con la facultad de decidir quién sigue vistiendo la toga. La Junta Nacional de Justicia es el organismo constitucional autónomo encargado de nombrar y ratificar a jueces y fiscales de todas las jerarquías y, cuando corresponde, imponerles la sanción de destitución. Sus actuales integrantes fueron seleccionados mediante un concurso público de méritos a cargo de una Comisión Especial, conforme al mecanismo establecido por la reforma constitucional de 2019. No fueron nombrados directamente por el Congreso, como suele repetirse en la disputa política. Ese sistema de selección nació durante el gobierno de Martín Vizcarra, cuando la reforma de la justicia gozaba de un entusiasmo que hoy parece remoto.

Ese es el organismo que, este año, no ratificó al fiscal José Domingo Pérez ni al juez Oswaldo Ordóñez, destituyó a los jueces Richard Concepción Carhuancho y Juan Fidel Torres Tasso e impuso una segunda destitución a Delia Espinoza. También tiene abiertos y en proceso un pedido de destitución a la fiscal Marita Barreto y una investigación al excoordinador del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela Barba. La acumulación de nombres y decisiones ha provocado denuncias de persecución. También ha permitido que una pregunta largamente postergada vuelva a formularse en voz alta: ¿cómo actuaron estos magistrados cuando tenían en sus manos la libertad, el patrimonio y la reputación de otros?

José Domingo, el primero

El caso más elocuente es el del exfiscal José Domingo Pérez. Su investigación sobre los aportes a las campañas de Keiko Fujimori lo convirtió en un personaje nacional e hizo de la carpeta fiscal Cócteles, para sus críticos, una muestra de desprolijidad, politización de la justicia e histrionismo exacerbado de los investigadores. Para sus defensores, en cambio, fue también una historia de resistencia y de persistencia de los investigadores. Pero una investigación no mejora por durar más. La acusación tuvo que volver reiteradamente al despacho fiscal para ser corregida. La cifra publicada varía según cómo se cuenten esas subsanaciones —hay recuentos de diecinueve y de veintitrés—, de modo que afirmar sin más que el juzgado la «rechazó más de veinte veces» simplifica una historia procesal compleja. Lo indiscutible es el resultado: el Tribunal Constitucional señaló la reiterada devolución de la acusación y la prolongación del proceso al examinar la vulneración del derecho a un plazo razonable.

También quedó sometida a examen la tesis penal. Pérez insistió en imputaciones de lavado de activos y organización criminal por el financiamiento de campañas anteriores a la incorporación de determinadas modalidades delictivas a la legislación penal. Recibir un aporte de campaña no constituye, por sí solo, lavado de activos: para sostener ese delito importan, entre otros elementos, la procedencia ilícita del dinero, la conducta atribuida a cada acusado y la ley vigente cuando ocurrieron los hechos. En 2025, el Tribunal Constitucional anuló las resoluciones cuestionadas por Keiko Fujimori en Cócteles y dejó sin efecto lo actuado desde el inicio de esa investigación respecto de ella. Fue un revés jurídico de enorme magnitud para el trabajo fiscal. Tampoco autoriza a sostener el extremo contrario: que cualquier donación empresarial, en cualquier circunstancia, fuera necesariamente legal.

Luego llegó una imagen imposible de separar de aquella historia. Tras salir del Ministerio Público, Pérez se incorporó al equipo político de Roberto Sánchez y tomó la palabra en su mitin de cierre de campaña frente a Fujimori. Tenía derecho a hacer política una vez fuera del cargo. Pero, para quienes ya sospechaban de su imparcialidad como fiscal, verlo en la tarima de un adversario electoral de la mujer contra quien había impulsado tres pedidos de prisión preventiva fue una confirmación poderosa de esas sospechas. La imagen, por supuesto, no demuestra que sus actuaciones fiscales anteriores hubieran tenido motivaciones políticas, pero inevitablemente alimentó esa lectura. La JNJ decidió no ratificarlo en marzo. En junio rechazó su reconsideración.

Hay otro reproche que no puede despacharse con consignas: el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Una comisión investigadora del Congreso concluyó que habría sido lesivo para el interés nacional y planteó examinar las responsabilidades de varios de sus participantes, entre ellos, José Domingo Pérez y Rafael Vela. Es una conclusión política e investigativa, no una sentencia que haya establecido responsabilidad penal. El acuerdo, además, fijó una reparación de aproximadamente 760 millones de soles, incluidos intereses, por cuatro proyectos, a pagar en cuotas anuales.

El juez “triciclo Perú”

La JNJ destituyó al juez Richard Concepción Carhuancho por demoras al notificar una prisión preventiva y elevar la apelación de Mateo Castañeda. En realidad, un tema menor si lo comparamos con la serie de faltas graves, arbitrariedades e infundadas resoluciones que el icónico e histriónico juez había acumulado como protagonista estelar de la politización de la justicia y judicialización de la política. Si el sistema de control interno del Poder Judicial hubiera funcionado hace rato que tenía que haber sido expectorado de la judicatura. Estimaciones difundidas sobre su actuación calculan que alrededor del 95 % de los pedidos de detención preliminar o prisión preventiva de los fiscales, especialmente del Equipo Especial Lava Jato, eran resueltos favorablemente por Concepción Carhuancho. Es una estimación, no una estadística oficial. Más concreto es lo ocurrido en octubre de 2018, cuando la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Nacional anuló una de las prisiones preventivas dictadas contra Keiko Fujimori y advirtió que el juez había reproducido partes del requerimiento fiscal de José Domingo Pérez. Incluso quedaron expresiones como «según este despacho fiscal», propias de la perspectiva del Ministerio Público. Para que haya pasado eso, el juez tuvo que haber tenido una versión digital del pedido fiscal porque si solo hubiera transcrito no se le hubiera escapado varias veces “según este despacho fiscal”. Eso supone que hubo un trato extra procesal del juez y el fiscal, siendo que José Domingo Pérez era una de las partes con la que Richard Concepción Carhuancho debía mantener imparcialidad profesional. Según los jueces superiores Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe, Concepción Carhuancho no realizó un análisis y una valoración propios del pedido fiscal. Tampoco fue la única vez que sus decisiones fueron corregidas por instancias superiores o enmendadas por el Tribunal Constitucional. Ocurrió en casos emblemáticos relacionados con Nadine Heredia y Ollanta Humala, Jaime Yoshiyama y la propia Keiko Fujimori, en controversias sobre derechos fundamentales, debido proceso y motivación de las resoluciones. De allí proviene una de las críticas más persistentes contra el magistrado: que su despacho terminó funcionando, en algunos de los procesos de mayor exposición pública, casi como una mesa de partes de los requerimientos de los equipos especiales del Ministerio Público.

Los otros magistrados sancionados por la JNJ

Al juez constitucional Juan Fidel Torres Tasso, la JNJ le atribuyó irregularidades en la tramitación del amparo con el que favoreció a Delia Espinoza; sus defensores cuestionaron que la propia Junta fuera parte demandada en ese proceso y luego interviniera en su sanción. A Delia Espinoza le reprocharon meses de inactividad en una investigación y una reunión con el entonces investigado Alejandro Soto; ella alegó sobrecarga de trabajo y sostuvo que la cita tuvo como propósito tratar asuntos institucionales.

El juez Oswaldo Ordóñez, por su parte, perdió el cargo mediante una no ratificación cuestionada por organizaciones de derechos humanos porque su evaluación incluyó las críticas que había formulado contra el Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus resoluciones como juez superior constitucional también han sido cuestionadas por un supuesto sesgo político.

Zoraida y Marita

El pleno de la JNJ decidió cesar por límite de edad a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien cumplió 70 años en junio pasado, pero debía permanecer en el cargo hasta diciembre según había acordado la Junta de Fiscales Supremos invocando una norma general aplicable a los funcionarios públicos. La JNJ rechazó ese argumento y dispuso su cese con efectos desde junio, al considerar que debía prevalecer la norma específica de la carrera fiscal. La decisión abre, además, una cuestión delicada sobre la validez de lo que Ávalos haya decidido o firmado como fiscal suprema después de esa fecha, aunque no puede afirmarse que todo quede automáticamente anulado. El experimentado fiscal superior titular de Junín Boris Olivera Espejo ha sido nombrado supremo provisional en ese despacho, que tiene a su cargo casos de alto impacto político y mediático.

La situación de la otrora poderosa fiscal coordinadora del Eficcop, Marita Barreto Rivera, también se ha complicado. La recomendación de la Autoridad Nacional de Control de destituirla por falta grave se tramita en última instancia ante la JNJ. El jueves 17 de septiembre, Barreto compareció ante Gino Ríos Patio, instructor del caso, quien deberá emitir su informe después de evaluar sus descargos. Luego corresponderá a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, designar al ponente que elaborará una propuesta de resolución. Según fuentes vinculadas a la Junta, existirían los seis votos necesarios para destituirla.

Barreto, además, afronta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito que comprende a su hijo Jorge Solís Barreto, funcionario de Backus, y a su sobrina Milagros Mendoza Barreto. La investigación examina una casa en Asia, avaluada en alrededor de medio millón de dólares y transferida como adelanto de herencia a su hijo, así como el departamento de Jesús María donde reside desde hace tres lustros y que figura a nombre de su sobrina. El caso está ahora en el despacho del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, que deberá determinar si Barreto experimentó o no un incremento patrimonial injustificado durante los años en que ejerció importantes responsabilidades en el Ministerio Público.

Son, por ahora, imputaciones bajo investigación que cada vez toman más cuerpo, como en el caso del suspendido fiscal Germán Juárez Atoche, sobre quien declarará en Miami este fin de mes el empresario Gustavo Salazar, expresidente del Club Regatas Lima e investigado por la trama de Odebrecht.

Los fiscales Barreto y Juárez están investigados por presuntos actos extorsivos relacionados con Eficcop y Lava Jato; en este último equipo también ha sido señalado el coordinador Rafael Vela Barba, a quien se le atribuye anuencia, supervisión o complicidad exige que las supuestas tropelías realizadas bajo su coordinación. Otros, como José Domingo Pérez, construyeron una poderosa imagen pública a partir de sus investigaciones y luego ingresaron abiertamente a la actividad política, mientras varias de sus actuaciones fiscales fueron cuestionadas por vulneraciones de derechos fundamentales. En una justicia acostumbrada a repartir héroes y villanos antes de leer los expedientes, acaso la exigencia más incómoda sea esta: pedir pruebas y razones con la misma severidad para todos.