Keiko Fujimori llega a la presidencia del Perú en una circunstancia excepcional. Lo hace en su cuarto intento, después de más de tres lustros de persistencia política, derrotas estrechas, recomposiciones internas y una presencia constante en el centro del debate nacional. Su elección marca, además, un hito institucional: es la primera mujer elegida presidenta del país. Pero ese dato histórico, por sí solo, no basta para definir el sentido de su gobierno. La verdadera medida de su presidencia no estará en haber llegado, sino en cómo ejercerá el poder en un país exhausto, polarizado y profundamente desconfiado de su clase política. Fue elegida a los cincuenta y un años, la misma edad que tenía su padre en 1990, cuando llegó a la presidencia tras derrotar a Mario Vargas Llosa en segunda vuelta.

Su triunfo encierra una paradoja. Es plenamente legítimo desde el punto de vista electoral, pero políticamente frágil. Fujimori obtuvo un respaldo limitado en primera vuelta (apenas el 18 % de los votos) y ganó la segunda por un margen estrecho (apenas 49 641 votos sobre un universo de casi 28 millones de electores). Eso significa que asume el mando sin una mayoría social claramente consolidada y con una parte considerable del país que no votó por ella. Ningún gobierno democrático puede ignorar esa realidad. Una victoria ajustada no disminuye la autoridad formal de quien gana, pero sí obliga a gobernar con mayor prudencia, apertura y sentido de responsabilidad.

A esa fragilidad numérica se suma una fractura territorial. Una mayoría de regiones, especialmente en las zonas rurales, votó por lo que representaba su contrincante del sombrero prestado. Este dato resulta central para entender el punto de partida de su mandato. El Perú no solo atraviesa una fractura política; también afronta una fractura geográfica, social y simbólica. Lima y varias ciudades pueden tener una idea del orden, la inversión y la estabilidad muy distinta de la que poseen comunidades rurales que han vivido históricamente el abandono del Estado. Para esas regiones, la nueva presidenta no podrá limitarse a ofrecer discursos de unidad. Tendrá que demostrar presencia, capacidad de escucha y resultados concretos.

LA HEREDERA POLÍTICA DE ALBERTO

La trayectoria de Keiko Fujimori añade una dimensión particular a este desafío. Es hija de Alberto Fujimori, expresidente que todavía despierta interpretaciones opuestas en la sociedad peruana. Para un sector, su gobierno representa la derrota del terrorismo, la estabilización económica y la recuperación del orden en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país. Para otro, simboliza el autoritarismo, el debilitamiento institucional, la corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. También representa un periodo en el que comenzaron a normalizarse prácticas que erosionaron profundamente la confianza en el Estado: la concentración del poder, la subordinación de organismos de control, el uso político de las instituciones, las redes de corrupción y la idea de que la eficacia podía justificar cualquier método. Keiko ha construido su carrera política dentro de esa herencia: beneficiándose de sus activos, pero también cargando con sus pasivos.

Esa condición no la condena de antemano, pero sí le impone una responsabilidad mayor. Su gobierno será observado bajo una duda inevitable: si el fujimorismo puede volver al poder sin reproducir los rasgos que marcaron más negativamente su pasado. En otras palabras, si puede ofrecer autoridad sin arbitrariedad, seguridad sin abuso, eficiencia sin captura institucional y estabilidad sin debilitamiento democrático. Esa será una prueba tanto política como moral.

CÓMO RECIBE EL PAÍS

El contexto en el que asume agrava la dificultad. El Perú arrastra desde hace al menos una década una crisis prolongada de gobernabilidad y representación. Presidentes que no concluyen sus mandatos, congresos crecientemente desprestigiados, partidos débiles, bancadas sin coherencia programática y gabinetes de duración efímera han configurado una democracia formalmente vigente pero emocionalmente desgastada. Para una parte cada vez mayor de la ciudadanía, la política se ha convertido en sinónimo de conflicto permanente, cálculo e impunidad.

Ese desencanto no es superficial. Responde a una experiencia acumulada. Millones de peruanos han visto cómo las disputas entre poderes paralizan reformas, cómo los partidos aparecen únicamente durante las campañas electorales para luego desaparecer de la vida cotidiana, cómo los liderazgos prometen renovación y terminan absorbidos por las mismas prácticas, y cómo los problemas más urgentes — seguridad, empleo, servicios públicos, salud, educación e infraestructura— quedan relegados frente a la confrontación diaria. En ese sentido, Fujimori no solo recibe un país polarizado: recibe un país que ha empezado a perder la confianza en la política como instrumento para resolver sus problemas.

LA EPIDEMIA DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción es uno de los factores decisivos de ese agotamiento. No se trata únicamente de casos aislados o de escándalos judiciales. En el Perú, la corrupción ha sido experimentada durante años como una forma recurrente de funcionamiento del poder: en las obras públicas, las contrataciones estatales, los gobiernos subnacionales, el financiamiento de campañas, las redes empresariales y la administración de justicia. Sus efectos son profundos. La corrupción no solo desvía recursos; destruye confianza, deteriora los servicios públicos, encarece la vida de los ciudadanos y alimenta la percepción de que el Estado beneficia primero a quienes tienen contactos antes que a quienes cumplen las reglas.

Para Keiko Fujimori, este tema será particularmente sensible. Cualquier discurso anticorrupción de su gobierno deberá sostenerse en hechos verificables. No bastará con prometer transparencia. Tendrá que garantizar equipos técnicos solventes, contrataciones limpias, respeto por la autonomía de fiscales y jueces, mecanismos de control efectivos y una distancia clara frente a cualquier intento de blindaje político. Si su administración logra demostrar que la lucha contra la corrupción no será selectiva, podrá empezar a recuperar parte de la confianza perdida. Si no lo hace, reforzará el cinismo ciudadano.

CRIMINALIDAD ORGANIZADA E IMPUNE

El reto más urgente, sin embargo, será la inseguridad ciudadana. El país vive una crisis grave, marcada por extorsiones cotidianas, asesinatos, el avance de economías ilegales y una sensación extendida de indefensión. Las víctimas no son solo grandes empresarios o personajes públicos. Son comerciantes, transportistas, bodegueros, trabajadores independientes y familias humildes que viven bajo amenaza. La criminalidad organizada ha penetrado la vida diaria y ha convertido el miedo en una forma de control social.

En este terreno, Fujimori tiene una ventaja política: para muchos votantes, su espacio representa la idea de orden. Pero esa ventaja puede convertirse en un riesgo si la seguridad se reduce a una retórica de fuerza. El país necesita autoridad, pero también inteligencia, institucionalidad y resultados sostenibles. Una política seria contra la inseguridad debe fortalecer la investigación criminal, el control penitenciario, la fiscalía especializada, la inteligencia financiera, la protección de las víctimas, la depuración policial y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. El desafío no consiste únicamente en capturar delincuentes, sino en recuperar la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos sin vulnerar sus derechos.

NIÑO GLOBAL Y RECARGADO

A ese escenario se suma una amenaza climática de enorme impacto: un fenómeno del Niño global potencialmente devastador. Para un país con infraestructura vulnerable, planificación urbana deficiente y profundas brechas territoriales, el Niño no es solo un evento natural. Es una prueba de fuego para la gestión pública. Cada lluvia intensa puede revelar años de improvisación, corrupción en la ejecución de obras, falta de prevención y abandono de poblaciones expuestas. El nuevo Gobierno deberá actuar con rapidez, pero también con transparencia. La emergencia climática no puede convertirse en una excusa para compras opacas, contrataciones improvisadas o decisiones tomadas al margen de los controles. Si algo ha demostrado la experiencia peruana es que las catástrofes naturales no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta del Estado; también revelan la calidad de sus instituciones.

ESCENARIOS PARA EL SEGUNDO FUJIMORATO

La prospectiva del gobierno de Keiko Fujimori dependerá de la manera en que responda a estos frentes simultáneos. El desenlace no está escrito de antemano. Su mandato podría transitar por distintos caminos, cada uno con consecuencias muy diferentes para el país.

Un primer escenario es el de la polarización. Un gobierno que interprete su triunfo como una autorización para imponer una agenda cerrada, sostenido por su base más dura y por acuerdos congresales de corto plazo. Ese camino podría darle capacidad de maniobra en los primeros meses, pero también profundizar la distancia con las regiones, alimentar la confrontación política y reforzar la desconfianza de quienes no votaron por ella. Un gobierno puede ejercer el poder sin construir legitimidad, pero difícilmente puede sostenerla durante cinco años.

Un segundo escenario sería el de una administración pragmática, aunque limitada. Algunas medidas para enfrentar la inseguridad, una reactivación económica parcial, pactos políticos que aseguren gobernabilidad y una gestión razonable de las crisis más urgentes, pero sin reformas de fondo. Sería un gobierno capaz de sobrevivir, aunque no necesariamente de transformar. En un país exhausto, la estabilidad mínima puede parecer un logro. Sin embargo, cuando la estabilidad se convierte en un fin y no en una condición para emprender cambios, termina siendo insuficiente.

El tercer escenario, el más difícil pero también el más valioso, sería el de una presidencia orientada a la reconstrucción gradual del Estado y de la confianza pública. Ello implicaría reconocer la estrechez del mandato, gobernar más allá del fujimorismo, convocar equipos competentes, respetar los contrapesos institucionales, enfrentar la inseguridad con criterios técnicos antes que propagandísticos, preparar al país frente a un eventual fenómeno del Niño, combatir la corrupción sin excepciones y construir una relación distinta con las regiones. No sería un camino espectacular ni produciría resultados inmediatos, pero sí podría comenzar a reparar parte del desgaste acumulado durante los últimos años. Por lo pronto, el fantasma de la vacancia ha quedado descartado con la llamada “fórmula 21 del Senado”, que es la cámara que en última instancia debe aprobar la vacancia por “incapacidad moral permanente”. Un presidente en ejercicio solo necesita tener 21 senadores de su lado, que voten en contra o se abstengan, para que no pase la vacancia. Fuerza Popular tiene 22 senadores, no depende de nadie para evitar la vacancia. También Keiko Fujimori ha logrado garantizar la presencia de Julio Velarde por cinco años más liderando el Banco Central de Reserva. Una garantía para la estabilidad monetaria.

ESTADISTA Y NO PRIMOGÉNITA

Keiko Fujimori asume, por tanto, una responsabilidad que excede su propia biografía. Su presidencia no será evaluada únicamente por ser la primera mujer elegida para ocupar el cargo ni por haber alcanzado, al cuarto intento, el objetivo político que persiguió durante más de tres lustros. Será juzgada por su capacidad para conducir un país fragmentado sin profundizar sus fracturas; por su disposición a ejercer el poder dentro de los límites que impone la democracia; por la eficacia con que enfrente la inseguridad; por la forma en que responda a una eventual emergencia climática; y por la coherencia con que afronte la corrupción, incluso cuando ello implique afectar a los suyos.

El Perú no necesita una presidencia de revancha ni un gobierno encerrado en su propio relato. Necesita un Estado que vuelva a funcionar, instituciones que recuperen credibilidad y una política capaz de ofrecer resultados antes que confrontación permanente. La oportunidad de Keiko Fujimori consiste precisamente en demostrar que una victoria estrecha puede convertirse en un mandato responsable. Su riesgo consiste en creer que llegar al poder equivale a haber resuelto el problema. En un país donde la confianza se ha erosionado durante años, gobernar será, inevitablemente, mucho más difícil que ganar.