El Gobierno de Keiko Fujimori planteó implementar la libertad vigilada para personas que cumplan condenas por delitos graves y representen un riesgo de reincidencia tras salir de prisión. La medida forma parte de las propuestas incluidas en el pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso para atender la inseguridad ciudadana y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, afirma la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La iniciativa contempla además un registro para condenados por delitos de alta peligrosidad, con el propósito de prevenir que continúen con actividades delictivas después de recuperar su libertad. El Ejecutivo incluyó estas propuestas dentro de un paquete de 14 medidas sobre seguridad ciudadana, orden interno, control migratorio y reforma penitenciaria.
Gobierno propone libertad vigilada postpenitenciaria
De acuerdo con la propuesta de la administración de Keiko Fujimori, las personas que hayan cumplido una condena por delitos graves y representen un riesgo de reincidencia podrían quedar sujetas a seguimiento y supervisión después de salir de prisión. La medida busca establecer un control sobre determinados exinternos incluso una vez cumplida su pena.
El Gobierno también plantea crear un registro para condenados por delitos considerados de alta peligrosidad. Según la PCM, ambas medidas forman parte de una reforma del sistema penitenciario orientada a reforzar la seguridad y la reinserción social, así como a prevenir la reincidencia y la continuidad delictiva.
La propuesta fue presentada como parte del pedido de delegación de facultades legislativas. El Ejecutivo solicita al Congreso autorización para legislar durante 120 días en distintas materias, entre ellas seguridad ciudadana, orden interno, migración y asuntos relacionados con el sistema penitenciario.
Otras medidas contra el crimen organizado
El paquete de seguridad incluye la clasificación y registro oficial de organizaciones criminales como “grupos hostiles”. Con esta figura, el Ejecutivo plantea que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en acciones destinadas a detener y desarticular estas organizaciones.
Otra de las propuestas contempla rastrear, localizar y geolocalizar líneas telefónicas, además de dar de baja números y bloquear dispositivos móviles utilizados para cometer delitos. El planteamiento pone especial atención en las comunicaciones realizadas desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
El Gobierno también propone reforzar el control migratorio y la fiscalización del uso civil de armas de fuego, municiones y productos pirotécnicos. A ello se suma una intervención excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales. Estas medidas forman parte del mismo paquete presentado al Congreso.
Facultades legislativas: ¿qué propone el Gobierno de Keiko Fujimori?
El pedido del Ejecutivo comprende ocho materias y un total de 66 ítems, que incluyen disposiciones sobre legislación penal, seguridad ciudadana, orden interno, migración, empleo, micro y pequeñas empresas, régimen tributario y modernización del Estado, entre otros asuntos.
La propuesta enfrenta observaciones dentro del Congreso. La Comisión de Justicia aprobó el 10 de setiembre un informe que declaró no viable la delegación en las materias bajo su competencia, entre ellas asuntos penales, procesales, policiales, penitenciarios y migratorios. El documento cuestionó la falta de precisión y delimitación de varios planteamientos del Ejecutivo.
Este 30 de setiembre, la Comisión de Constitución pasó a un cuarto intermedio para buscar una fórmula de consenso. Durante el debate se plantearon alternativas para reducir el alcance del pedido, incluida una propuesta de Renovación Popular con diez materias, otra del Partido Cívico Obras con cinco y una de Buen Gobierno enfocada en dos materias vinculadas con seguridad y el fenómeno delictivo.