MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS)
La operadora estatal de la gran mina de cobre El Teniente ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los, en principio, cinco mineros atrapados desde el jueves en una de sus galerías colapsadas en Rancagua, en el centro de Chile.
El gerente general de CODELCO para El Teniente, Andrés Music, ha indicado que la identidad del cuerpo, encontrado sobre las 13.00, hora local -- las 19.00 en España peninsular y Baleares -- no se dará a conocer hasta que terminen los trámites y los responsables cuenten con los permisos necesarios.
El hallazgo ha sido confirmado asimismo por el fiscal de la región de O'Higgins, Aquiles Cubillos, quien se ha desplazado hasta el lugar de la tragedia tras el descubrimiento de "restos humanos" de uno de los mineros atrapados.
"Desde acá, en colaboración con CODELCO, estamos dirigiendo la estrategia para el levantamiento del cuerpo, las fijaciones fotográficas y el trabajo del sitio del suceso. Lo más importante es que este trabajo no entorpezca las labores de rescate", ha señalado Cubillos en declaraciones recogidas por la agencia chilena de noticias ATON.
A este respecto, el fiscal regional ha subrayado la "extraordinariamente positiva" coordinación con la compañía estatal y ha insistido en que la cooperación entre ambas instituciones ha sido "clave" para los avances logrados hasta el momento.
Por su parte la Policía de Investigaciones (PDI) de la región ha convocado a última hora de la tarde de este sábado una reunión presidida por el jefe regional en O'Higgins, el prefecto inspector Julio Caro, "con personal especializado del Equipo de Trabajo Vertical de Alto Riesgo (ETVAR), que está al interior de la mina con el equipo de rescate de CODELCO", con el objetivo de "monitorear constantemente las maniobras de rescates" y garantizar un "trabajo seguro y ágil" de los equipos de rescate.
Los mineros acabaron atrapados el jueves por un seísmo de magnitud 4,3, que provocó un derrumbe que se saldó con la muerte de un minero, identificado como Paulo Marín Tapia, otros nueve heridos y los cinco atrapados.
Más de un centenar de efectivos de rescate de CODELCO están trabajando para intentar llegar a una zona que los mineros podrían haber empleado como refugio seguro en el interior de su galería. Según la última información de CODELCO, los excavadores estarían a unos 70 metros de esta zona.
¿Buscas entender lo que realmente está pasando en el país sin perderte entre titulares confusos y discursos interminables? El podcast TresxSiete es tu espacio semanal para analizar los temas más relevantes de la agenda nacional, con la conducción de Valerie Vasquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes. En cada episodio, se abordan los hechos políticos, económicos y sociales que marcan el pulso del país, con una mirada crítica, informada y sin rodeos. No se trata solo de repetir noticias, sino de interpretarlas, darles contexto y exponer lo que muchos prefieren callar.
En el episodio de esta semana, TresxSiete pone bajo la lupa la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso y el controversial perfil del nuevo presidente, José Jerí, cuyas denuncias y cuestionamientos no han pasado desapercibidos. Además, se analiza el extenso discurso de cierre de gobierno de la mandataria Dina Boluarte, una intervención de casi cinco horas que dejó más preguntas que respuestas. Todo esto se presenta con el rigor y el análisis que caracterizan al equipo del podcast, pero también con la frescura necesaria para que el contenido sea accesible y relevante.
Pero en TresxSiete no todo es política: también hay espacio para temas que afectan directamente la vida cotidiana. En este episodio, se habla del reciente accidente en altamar, los contenedores perdidos en el mar del Callao y los serios problemas de gestión en los puertos del país. ¿Sabías que incluso hubo una alerta de tsunami esta semana? Estos y otros eventos se entrelazan con la discusión sobre la inscripción de alianzas políticas, completando un panorama que ayuda a entender lo que está en juego en el país. No te pierdas TresxSiete, un podcast que va más allá de la noticia.
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¿Quién debe responder por el descontrol del transporte público en Lima?
El alcalde de Ancón, Samuel Daza, apuntó directamente contra el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Jaime Romero Bonilla, como responsable del descontrol en el sistema de transporte público que afecta a millones de limeños, especialmente en los distritos del norte.
Daza brindó estas declaraciones tras el reciente accidente ocurrido en la Av. Alfonso Ugarte, en el cual estuvo involucrada una unidad de transporte que presta servicio informal y sin los debidos controles.
“Todo está en el papel, pero no se cumple. El descontrol es total”, declaró el burgomaestre, quien denunció graves omisiones en la fiscalización y regulación del transporte en zonas periféricas como Ancón, Chosica y Huaycán.
El caso Nueva Estrella: ¿una bomba sin control?
Uno de los focos de su denuncia fue la empresa Nueva Estrella, señalada por operar sin terminal, dejar y recoger pasajeros en cualquier lugar y estacionarse en zonas prohibidas.
“Este control y fiscalización le corresponde a la ATU, que tiene más de 1,250 millones de soles de presupuesto anual. De ellos, 896 millones se van en gasto corriente, principalmente planillas, según datos del MEF. ¿Dónde está la fiscalización real?”, cuestionó el alcalde.
Aseguró que, pese al cambio de gestión en la ATU, la responsabilidad sigue vigente. “Que recién haya asumido el cargo no lo exime. Hoy es el responsable y tiene que dar la cara”, afirmó.
Lima Norte fuera del radar: ¿una fiscalización a medias?
Daza fue contundente al denunciar que la fiscalización de la ATU se concentra en zonas céntricas, mientras en los extremos de la ciudad reina el desorden. “En el tramo entre Puente Piedra y Ancón no hay presencia de la ATU. Las unidades compiten temerariamente, ocupan calles y áreas verdes, algunos conductores tienen licencias vencidas. No hay GPS ni señal a la central, como exige el reglamento”, explicó.
Enfatizó que los alcaldes distritales no tienen competencia para intervenir buses, lo que agrava la situación. “Nosotros no podemos detener unidades. Hemos enviado una carta formal exigiendo que la ATU supervise todas las rutas hacia Ancón, no solo la de Nueva Estrella. No hemos recibido respuesta”, añadió.
¿Se viene una marcha en Lima Norte?
El alcalde advirtió que, si no hay una solución concreta y pronta, los vecinos de Lima Norte saldrán a las calles. “Estamos preparando una marcha para exigir la salida del titular de la ATU si no actúa. No podemos seguir perdiendo tiempo y vidas por la falta de control”, sostuvo.
Línea 3 del Metro: otra promesa sin respuesta
Daza también recordó que está pendiente una reunión solicitada con el Ministerio de Transportes para discutir la ampliación de la Línea 3 del Metro de Lima hacia Ancón. “Pedimos un tren que nos devuelva la vida. No podemos seguir perdiendo seis horas al día atrapados en el tráfico. Si no pueden darnos soluciones, que den un paso al costado”, finalizó.
TC admite a trámite demanda del Poder Judicial contra ley que limita los procesos constitucionales
¿Qué se discute en el Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Judicial contra el artículo 2 de la Ley 32153, que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307). La norma impugnada introduce el polémico artículo 52-A, que —según el Poder Judicial— vulnera el principio de separación de poderes y derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y la tutela jurisdiccional efectiva.
La admisión fue aprobada el 10 de julio de 2025, en sesión del Pleno Jurisdiccional del TC, con la participación de los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez.
¿Qué plantea el Poder Judicial en su demanda?
La demanda fue presentada por la presidenta del Poder Judicial, quien actúa con la debida representación institucional conforme al artículo 203 de la Constitución. El documento impugna directamente el artículo 52-A de la Ley 32153 y, por conexidad, solicita también la revisión de los artículos 12, 18 y 26 del mismo cuerpo normativo.
Según el documento presentado, el artículo 52-A impone restricciones procesales únicamente cuando el Congreso de la República es parte demandada en un proceso constitucional, lo que, según el Poder Judicial, crea un régimen de privilegio que:
- Limita el acceso a medidas cautelares urgentes.
- Exige unanimidad para los fallos de primera instancia en amparos especiales.
- Impide la ejecución inmediata de sentencias estimatorias.
- Restringe la posibilidad de interponer demandas por representación procesal.
¿Por qué se considera inconstitucional?
La presidenta del Poder Judicial sostiene que las modificaciones introducidas vulneran varios principios del derecho constitucional y procesal, entre ellos:
- Igualdad ante la ley, al establecer un tratamiento especial a favor del Congreso.
- Separación de poderes, al interferir con la autonomía del Poder Judicial.
- Debido proceso y tutela judicial efectiva, al condicionar la celeridad, eficacia y alcance de las resoluciones judiciales.
Además, se argumenta que esta norma contraviene compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente el artículo 25.1 que exige a los Estados brindar recursos judiciales “sencillos, rápidos y eficaces”.
¿Qué sucederá ahora?
El TC ha declarado admisible la demanda tras constatar que cumple con todos los requisitos de forma y fondo: fue presentada dentro del plazo legal de seis años desde la publicación de la ley (5 de noviembre de 2024) y se acompañó con los documentos requeridos, incluida la copia del diario oficial El Peruano.
En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha dispuesto correr traslado de la demanda al Congreso de la República, que tendrá 30 días útiles para responder.
¿Qué implicancias podría tener este caso?
Este proceso será clave para definir los límites del Congreso en materia de autorregulación procesal, y si puede o no establecer reglas especiales cuando se convierte en parte de un litigio constitucional.
Además, el caso podría sentar un precedente jurídico importante sobre el equilibrio de poderes y la protección de derechos fundamentales, especialmente en un contexto donde la independencia judicial y el control constitucional se ven constantemente tensionados por intereses políticos.
Wanda del Valle, 'La Bebecita del Crimen', enfrentará juicio por sicariato contra coronel Revoredo
¿Quién es Wanda del Valle Bermúdez Viera?
Wanda del Valle Bermúdez Viera, nacida en Venezuela y conocida en los círculos del crimen organizado como “La Bebecita del Crimen”, ha sido una figura clave en una de las facciones más peligrosas de Sudamérica: el Tren de Aragua. Esta banda criminal, que se ha extendido por varios países de la región, es famosa por sus actividades ilegales, que incluyen extorsión, tráfico de armas, sicariato y trata de personas. Bermúdez, quien fue detenida recientemente en Colombia, está acusada de ser una de las principales operativas en esta organización, realizando funciones que van desde la recaudación de dinero proveniente de extorsiones hasta la coordinación de sicariatos y la trata de mujeres.
La situación de Wanda del Valle toma un giro crucial ahora, ya que el 12 de agosto de 2025, se llevará a cabo una audiencia de juicio oral en la que se decidirá su futuro. Este caso ha cobrado relevancia debido a los graves cargos en su contra, que incluyen el intento de asesinato del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, un oficial clave en la lucha contra el crimen organizado en el país. Su juicio no solo expone la extensión de las redes criminales internacionales, sino también la impunidad que a veces rodea a las organizaciones transnacionales.
El Caso: Intento de Sicariato contra el Coronel Víctor Revoredo
La acusación contra Wanda del Valle Bermúdez está directamente vinculada con el intento de asesinato del coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la PNP y figura crucial en la lucha contra la criminalidad extranjera en Perú. Según las investigaciones de las autoridades peruanas, Bermúdez habría ofrecido una gran suma de dinero, vehículos, una casa e incluso armas, con el fin de garantizar la muerte de Revoredo.
La operación para matar al coronel Revoredo fue desmantelada gracias a la valiosa colaboración de Deyvis Leandro Godoy Rodríguez, un sicario que fue detenido y que reveló detalles impactantes sobre el complot. Según Godoy, Wanda del Valle lo contactó para ofrecerle 40,000 soles, una propiedad y un arsenal de armas a cambio de la ejecución del coronel. Además, se habría propuesto a Godoy convertirse en líder de una organización criminal que operaba con extorsiones, asegurando un salario mensual de 10,000 soles.
Lo que más destaca del testimonio de Godoy es la clara visión organizativa de la red de delincuencia transnacional que operaba en el Perú. El sicario describió cómo la propuesta de Wanda del Valle estaba directamente relacionada con el Tren de Aragua, la organización criminal venezolana en la que ella jugaba un rol clave.
El Proceso Judicial: Una Larga Espera
Tras la captura de Deyvis Godoy, las autoridades peruanas comenzaron a intensificar su investigación, que permitió armar el caso contra Wanda del Valle. La investigación incluyó registros de comunicaciones, fotografías y entrevistas que respaldaron la acusación de que Wanda había participado en la coordinación de un asesinato político dirigido al alto mando policial.
El 12 de agosto de 2025, Wanda del Valle será sometida a juicio oral en una audiencia programada por la Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho, Zona Alta. En esta audiencia, se decidirá si la acusación de sicariato, que se encuentra respaldada por las pruebas y el testimonio de Godoy, es suficiente para iniciar un juicio formal que podría llevarla a la cárcel por varios años.
La acusación incluye el delito de ofrecimiento para el sicariato, lo que significa que Wanda no solo estaba involucrada en el crimen, sino que también pagó por el asesinato y facilitó las condiciones para que se llevara a cabo. La pena por este tipo de delito puede variar dependiendo de la gravedad del crimen y las pruebas presentadas en su contra, pero la implicación en una red criminal de tal magnitud podría resultar en una condena considerable.
La Extensión de las Redes Criminales: El Tren de Aragua
El Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano, se ha convertido en una de las más poderosas de América Latina. Con un líder conocido como “El Niño Guerrero”, esta banda opera principalmente en Venezuela, pero ha extendido su influencia a otros países, como Perú, Colombia, Ecuador y Chile. La organización está involucrada en diversos crímenes, entre ellos el tráfico de drogas, la trata de personas, el sicariato y la extorsión.
Wanda del Valle, al estar vinculada a esta red, se convirtió en uno de los personajes más buscados en la región. Tras su captura en Bogotá, las autoridades colombianas realizaron una operación conjunta con el FBI e Interpol, que culminó en su arresto en el barrio de Usme. Esto pone en evidencia la capacidad operativa del Tren de Aragua y su presencia en diversos países de Sudamérica.
¿Por Qué Wanda del Valle Es Tan Peligrosa?
Lo que hace que Wanda del Valle sea una figura tan peligrosa es su rol dentro de una red criminal que no solo opera en Perú, sino que también tiene conexiones internacionales. Su participación en delitos como la extorsión y la trata de personas demuestra un nivel de organización y recursos que han permitido que esta organización criminal opere de manera impune durante años.
Además, el hecho de que haya sido capturada en Colombia tras pasar por varias ciudades sudamericanas pone en evidencia las redes de apoyo que tenía dentro de la región. A través de su relación con “Maldito Cris” y su conexión con el Tren de Aragua, Wanda se ha consolidado como una pieza clave dentro de esta maquinaria criminal, con influencia en varios países de América Latina.
La Justicia Está en Juego
El juicio de Wanda del Valle Bermúdez marcará un antes y un después en la lucha contra la criminalidad organizada en Perú. La conexión con el Tren de Aragua, su implicación en el sicariato y los delitos de trata de personas son solo algunos de los elementos que se están evaluando en su caso. El resultado de este juicio no solo determinará el futuro de Wanda, sino que también enviará un mensaje claro sobre la determinación de las autoridades peruanas en desmantelar redes criminales de alto nivel.
El 12 de agosto, el sistema judicial peruano tendrá la oportunidad de demostrar que el crimen organizado no quedará impune, y que la justicia puede alcanzar incluso a las figuras más poderosas de las organizaciones transnacionales. Si Wanda es declarada culpable, su condena podría ser un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado en la región.
JNJ concluye suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema tras cumplir sanción de 60 días
La JNJ da por cerrada una sanción clave en medio de investigación contra la exfiscal de la Nación.
Este jueves, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió dar por cumplida la suspensión de 60 días impuesta en enero de este año contra Patricia Benavides Vargas en su calidad de fiscal suprema. Así lo confirmó su abogado, el excongresista Jorge del Castillo, a través de sus redes sociales, adjuntando el documento oficial.
La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso disciplinario y judicial que enfrenta Benavides, luego de ser suspendida por presuntamente haber interferido en investigaciones relacionadas con la red criminal conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
¿Qué dice la resolución de la JNJ?
La medida adoptada por la JNJ señala que, al haberse cumplido el plazo de 60 días calendario desde la fecha de notificación (23 de enero de 2025), se declara oficialmente terminada la suspensión impuesta a la exfiscal de la Nación.
“Desde la fecha en que se le notifica la sanción de destitución impuesta (23.01.2025), a la fecha ha transcurrido dicho plazo; en consecuencia: Téngase por cumplida la sanción de suspensión de sesenta (60) días calendario impuesta a la investigada”, se lee en el documento difundido.
Jorge del Castillo también advirtió que el desacato a esta decisión implicaría una falta legal grave, tanto para la Junta Nacional de Justicia como para cualquier órgano del Estado que ignore la resolución judicial que da la razón a su patrocinada.
¿Por qué fue suspendida Patricia Benavides?
La suspensión inicial contra Patricia Benavides fue parte de una medida disciplinaria adoptada por la JNJ tras una serie de señalamientos en su contra, principalmente por presunta injerencia en investigaciones del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, donde se investigan vínculos entre fiscales, jueces y abogados implicados en actos de corrupción.
Más recientemente, el 25 de junio, el juez supremo Segismundo León ordenó una suspensión temporal por 24 meses, argumentando que la exfiscal habría usado su cargo para obstaculizar las investigaciones y proteger al abogado José Luis Castillo Alva y a otros involucrados.
La medida generó fricciones institucionales, especialmente entre el Ministerio Público, que entonces dirigía Delia Espinoza, y la JNJ, que había dispuesto previamente su reposición al cargo de Fiscal de la Nación.
¿Qué pasará ahora con el cargo de Patricia Benavides?
Aunque la JNJ dio por cumplida la sanción administrativa de 60 días, el escenario legal de Patricia Benavides sigue abierto. La suspensión por 24 meses ordenada judicialmente aún se encuentra en curso y fue apelada por su defensa.
Cabe recordar que Benavides también había presentado un recurso para anular la sanción inicial, el cual fue declarado fundado por la Sala Penal de la Corte Suprema, según información difundida por su abogado.
Por tanto, aunque técnicamente ha cumplido con la suspensión administrativa, su retorno a funciones dependerá de cómo se resuelva su situación judicial, así como de las decisiones futuras que adopten tanto la JNJ como el Poder Judicial.
¿Se vulneraron derechos en el proceso?
Desde su suspensión, la defensa de Benavides ha sostenido que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que las sanciones en su contra responden a una motivación política, por haber tomado decisiones incómodas desde su cargo como titular del Ministerio Público.
Jorge del Castillo ha insistido en que las medidas fueron arbitrarias y que no existía una justificación sólida para mantenerla fuera del cargo. “Esta es una resolución firme. No puede ser ignorada sin incurrir en desacato”, afirmó.
Un caso emblemático para el sistema judicial
El proceso contra Patricia Benavides se ha convertido en uno de los más representativos del enfrentamiento institucional entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia. Al mismo tiempo, ha encendido un debate sobre la independencia de los fiscales supremos y el nivel de escrutinio al que deben estar sometidos.
A pesar de que la JNJ ya cerró la sanción de 60 días, aún queda pendiente la investigación de fondo por interferencias en casos de alto perfil, además del análisis del rol de Patricia Benavides en la reorganización del Ministerio Público durante su gestión.
¿Volverá a ejercer funciones?
Aunque la exfiscal suprema recupera técnicamente su habilitación, la medida judicial de suspensión por dos años aún podría impedir su reincorporación inmediata. De hecho, uno de los focos del conflicto institucional radica precisamente en la doble suspensión —una administrativa y otra judicial— en simultáneo.
Será tarea de la Sala Penal Suprema determinar si existen causales firmes para mantener la medida cautelar. Mientras tanto, Benavides se mantiene fuera del cargo, pero no inactiva: su defensa busca restituirla en el menor tiempo posible.
Fiscalía y Dircote irrumpen en la FIL Lima por libro de Víctor Polay: investigan por apología al terrorismo
Intervención en plena feria: Fiscalía y Dircote actúan por libro de exjefe del MRTA
La Feria Internacional del Libro de Lima 2025, que se desarrolla en el parque Los Próceres de Jesús María, fue escenario de una intervención inusual. Agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y personal del Ministerio Público llegaron hasta el stand de la editorial Ediciones Achawata, luego de que se iniciara una investigación preliminar por presunta apología al terrorismo tras la publicación del libro Revolución en los Andes, de Víctor Polay Campos, fundador del grupo subversivo MRTA.
¿Qué motivó la intervención?
La acción fue impulsada por la fiscalía a cargo de Pablo Espinoza Vásquez, quien ordenó recabar información sobre la obra, los responsables de su edición y las condiciones de su difusión. Según trascendió, la denuncia que dio origen a la investigación fue anónima, y el fiscal ordenó, además, que Dircote participe en la diligencia por tratarse de un presunto delito vinculado a terrorismo.
Durante la inspección —que ocurrió mientras el evento ferial se encontraba en plena actividad— los agentes tomaron fotografías del stand, los ejemplares del libro y al equipo de la editorial, lo que generó un clima de tensión. Según relató César Coca, director de la editorial intervenida, la diligencia fue “intimidante” y provocó desconcierto entre las trabajadoras presentes.
“Nos notificaron sobre una denuncia anónima. Dijeron que, en principio, querían incautar todos los ejemplares. No sabíamos si íbamos a poder seguir en la feria”, declaró Coca a La República.
¿Apología o libertad editorial?
La polémica se desató tras conocerse que el libro Revolución en los Andes fue escrito por Polay Campos, quien cumple condena por terrorismo y fue uno de los fundadores del MRTA, organización responsable de diversos actos de violencia armada en las décadas de 1980 y 1990 en el Perú.
La presentación oficial del libro había sido programada para el 29 de julio en el auditorio José María Arguedas de la FIL Lima. Sin embargo, la organización del evento canceló la actividad con anticipación, en medio de crecientes cuestionamientos por permitir espacios a personas condenadas por delitos de terrorismo.
“La FIL no puede convertirse en una plataforma para quienes cometieron crímenes contra la democracia”, comentó un congresista en redes sociales.
Por otro lado, desde Ediciones Achawata han defendido la legalidad y contenido del libro. Según Coca, la publicación “no romantiza” ni promueve la violencia, y contiene incluso un prólogo crítico elaborado por la antropóloga Natalí Durand.
“Ella ha sido crítica con el MRTA. Su texto es clarísimo. No hay ninguna apología. Esta denuncia no tiene base”, sentenció el editor.
Un debate sobre los límites
La intervención en la feria ha desatado una fuerte controversia sobre los límites entre libertad de expresión y seguridad nacional. Mientras algunos sectores consideran que el Estado debe ser firme frente a cualquier intento de reivindicar el accionar terrorista, otros alertan sobre posibles excesos y censura previa.
¿Puede un condenado por terrorismo publicar un libro?
Legalmente, no existe una prohibición expresa que impida a un sentenciado por terrorismo difundir textos escritos. Sin embargo, si el contenido hace apología al delito —es decir, si exalta o justifica el accionar delictivo— puede ser perseguido penalmente.
La figura de apología al terrorismo se encuentra contemplada en el Código Penal peruano y ha sido usada en diversas ocasiones contra expresiones culturales, académicas o periodísticas. No obstante, la línea entre una apología y una reflexión crítica puede ser difusa, lo que ha encendido el debate.
¿Qué sigue en la investigación?
El Ministerio Público ha citado a César Coca y a Magdalena Suárez, coeditora de Achawata, a declarar el próximo 11 de agosto en las oficinas de la Dircote. El proceso preliminar podría extenderse, dependiendo del análisis del contenido del libro, los contextos de su difusión y las intenciones editoriales.
De momento, no se ha ordenado la incautación del material, aunque sí se mantiene una vigilancia legal sobre su circulación. Ediciones Achawata ha señalado que continuará participando en la FIL y defendiendo su derecho a publicar.
“Tenemos más de 75 títulos publicados, muchos de ellos con docentes e investigadores. Nuestro trabajo es serio y legal”, indicaron en un comunicado.
¿La FIL debe permitir publicaciones de excondenados?
Este caso abre una nueva discusión sobre el rol de las ferias culturales, los criterios de selección editorial y el impacto que puede tener una publicación en la esfera pública.
La FIL Lima, como principal evento literario del país, reúne a decenas de editoriales independientes, instituciones académicas y autores nacionales e internacionales. Si bien promueve la pluralidad de ideas, también debe asumir una responsabilidad frente a temas de alta sensibilidad como el terrorismo.
¿Cuál es el límite entre memoria y glorificación?
Esa es la pregunta que hoy marca el eje del debate entre quienes ven en esta intervención una advertencia necesaria y quienes creen que se está cercenando el derecho a publicar desde una prisión.
Explosivos, plazos y protestas: Diana Gonzales rechaza ultimátum de mineros artesanales
La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, respondió de forma crítica al anuncio de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin), que amenazó con retomar movilizaciones si el Ejecutivo no modifica el Decreto Supremo 09-2025-EM, relacionado al uso de explosivos.
En entrevista con RPP, la legisladora se mostró sorprendida por lo que calificó como una “inusitada preocupación” de los dirigentes de Confemin ante el vencimiento del plazo para iniciar el trámite de autorización de uso de explosivos. “El país no puede someterse a ese tipo de condicionamientos”, expresó.
¿Por qué protestan los mineros artesanales?
Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin, indicó que el Decreto Supremo 09-2025-EM establece como fecha límite el 17 de agosto para que los mineros inicien el trámite de autorización de uso de explosivos ante Sucamec. Sin embargo, denunció que no existen suficientes polvorines en el país para cumplir con este requisito.
“Necesitamos tener 31 000 polvorines y en el país no hay los necesarios. Al 17 de agosto, los 31 560 mineros artesanales no vamos a poder cumplir con ese requisito porque es inviable”, declaró.
Ante este escenario, Confemin amenazó con retomar las protestas si no se flexibilizan las normas o se prorroga el plazo.
Diana Gonzales responde: “No es aceptable ningún condicionamiento”
Para Diana Gonzáles, el reclamo tiene un trasfondo más complejo que la sola exigencia técnica. Según explicó, los dirigentes de Confemin ya conocían el marco normativo y han operado sin cumplirlo.
“Se supone que han debido tener esto durante todo este tiempo. Cualquier persona natural o jurídica que requiere explosivos debe contar con autorización previa de Sucamec. No es algo nuevo”, señaló.
Criticó también que recién muestren preocupación cuando se fija un plazo formal para iniciar el trámite, calificándolo de “repentina presión” con fines políticos.
¿Explosivos sin control? El trasfondo del conflicto
La congresista recordó que en reuniones previas de la comisión se evidenció un patrón de intentos de presión y amenazas por parte de algunos dirigentes mineros.
“Recuerdo que han intentado condicionar el sentido de las reuniones. Incluso, el Ministerio Público en la mesa de trabajo señaló que ‘la informalidad linda con la ilegalidad y propicia la criminalidad’”, apuntó.
Según Gonzáles, en espacios cerrados y sin presencia de medios, los líderes de Confemin adoptan una postura conciliadora, pero luego al salir, “presentan otro perfil, con amenazas públicas”.
¿Qué es el Decreto Supremo 09-2025-EM?
Esta norma, emitida por el Ejecutivo en mayo de 2025, regula el uso y control de explosivos en actividades mineras artesanales, estableciendo como obligatorio el inicio del trámite de inscripción ante Sucamec antes del 17 de agosto.
El decreto forma parte del marco legal que busca combatir la minería informal y los riesgos asociados al uso sin control de materiales explosivos, muchas veces empleados en actividades ilegales o con impacto ambiental severo.
¿Qué pasa si no cumplen con el decreto?
De no iniciar el trámite dentro del plazo establecido, los mineros artesanales podrían quedar fuera del proceso de formalización, lo que impediría su acceso a derechos como comercialización legal, financiamiento y protección legal.
Además, las autoridades podrían iniciar intervenciones y sanciones, lo cual eleva la tensión entre los gremios y el Estado.
Participación de Salhuana en la comisión de Energía y Minas
Consultada por el interés del congresista Eduardo Salhuana —expresidente del Congreso— de integrarse a la Comisión de Energía y Minas, Gonzáles señaló que no hay impedimento legal, aunque aclaró que no ha sido autor de ninguna iniciativa sobre minería artesanal (MAPE).
“Cualquier congresista puede integrar las comisiones, incluso sin ser titular. En los últimos debates, varios legisladores sin membresía en la comisión participaron con voz, lo que es completamente válido según el reglamento”, explicó.
Contexto político y tensiones crecientes
Este nuevo episodio entre el Congreso, el Ejecutivo y las organizaciones de mineros artesanales se suma a un escenario cada vez más complejo, con varios sectores sociales presionando por cambios normativos antes de las elecciones de 2026.
Mientras tanto, el Gobierno busca avanzar en la formalización del sector minero artesanal, en medio de crecientes denuncias por contaminación, violencia en zonas extractivas y posible vínculo con organizaciones criminales.
La advertencia de Diana Gonzáles no solo responde a una disputa puntual sobre explosivos, sino que pone en debate un tema más profundo: ¿hasta qué punto el Estado debe ceder ante gremios que operan al margen de la ley? La fecha límite del 17 de agosto podría ser clave para definir si se impone la legalidad o si nuevas protestas logran doblarle el brazo al Gobierno.
José Luna invita a Hernando de Soto a sumarse a Podemos Perú y descarta alianzas electorales
El partido Podemos Perú confirmó haber extendido una invitación formal al economista Hernando de Soto para que se incorpore como parte de su equipo técnico de cara a las elecciones generales de 2026. Así lo dio a conocer el secretario general de la agrupación, José Luna Morales, quien además fue enfático al afirmar que no establecerán alianzas con ningún otro partido.
La propuesta surge tras la reciente salida de De Soto del partido Progresemos, organización con la que inició el proceso de inscripción en 2022 y que fue registrada oficialmente este año en el Jurado Nacional de Elecciones.
¿De qué se trata la invitación?
En declaraciones al diario El Comercio, José Luna Morales sostuvo que la incorporación de Hernando de Soto representaría un valor técnico y simbólico importante para el fortalecimiento del plan de gobierno de Podemos Perú.
“Esperamos que el doctor Hernando de Soto considere integrarse a nuestro equipo técnico. Tiene una trayectoria reconocida y sería un aporte importante”, expresó Luna Morales.
El partido busca sumar experiencia y respaldo económico-institucional a su propuesta, en momentos donde la mayoría de agrupaciones políticas se reconfiguran con miras al 2026.
¿Qué responde Hernando de Soto?
Hasta el cierre de esta edición, Hernando de Soto no se ha pronunciado oficialmente sobre la invitación. Si bien no ha anunciado afiliación a ningún partido político tras su salida de Progresemos, ha mantenido actividad pública en medios y foros académicos nacionales e internacionales, abordando temas como pobreza, formalización económica y estabilidad institucional.
En 2021, De Soto fue candidato presidencial por Avanza País, logrando una importante votación en Lima y el centro del país, pero no alcanzó pasar a segunda vuelta. Desde entonces, su presencia en el debate político ha sido intermitente, aunque continúa siendo una figura con peso técnico.
Podemos Perú se distancia de alianzas
En paralelo, José Luna Morales dejó en claro que Podemos Perú no buscará ningún tipo de alianza con otras organizaciones. Argumentó que muchas de las agrupaciones recién inscritas carecen de bases sólidas y presencia territorial real.
“Hay partidos que han sido inscritos con poco más de veinticinco mil militantes. Esa no es una verdadera representación nacional. Nosotros vamos a ir solos”, aseguró el secretario general.
Asimismo, criticó el sistema de inscripción partidaria, al que calificó de laxo y proclive a prácticas clientelistas.
¿Qué busca Podemos en estas elecciones?
La estrategia de Podemos Perú, según fuentes cercanas al partido, se enfoca en consolidar una plataforma electoral con propuestas de enfoque técnico y popular, especialmente en temas como:
- Economía familiar y acceso al crédito
- Formalización de pequeñas empresas
- Seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia
- Reforma de pensiones y salud
Este reposicionamiento se da en el marco de una reestructuración interna que incluye la renovación de cuadros, capacitación de dirigentes regionales y actualización del plan de gobierno.
¿Qué representa De Soto para Podemos?
De Soto es visto por diversos sectores como una figura con capital técnico y proyección internacional, especialmente en economía informal, propiedad y desarrollo. Su presencia podría:
- Aportar legitimidad técnica al plan económico de Podemos
- Atraer a sectores empresariales y clase media
- Reforzar el mensaje de modernización institucional del partido
Aunque su incorporación aún no está confirmada, sería una señal potente del rumbo que el partido busca tomar en esta nueva etapa.
El contexto político del 2026
El anuncio se da en medio de un escenario político fragmentado, donde muchas agrupaciones aún no definen candidaturas ni alianzas. Con la fecha límite de inscripción de alianzas vencida este 2 de agosto, Podemos se perfila como una de las agrupaciones que competirán en solitario, apostando por una estructura consolidada y nombres reconocidos.
Mientras otros partidos tantean acuerdos o fichajes de último momento, la estrategia de José Luna Morales parece centrarse en una campaña con figuras individuales y propuestas propias, evitando sumar colectivamente con partidos considerados “débiles o improvisados”.
La invitación a Hernando de Soto por parte de Podemos Perú marca un nuevo episodio en la carrera por el 2026. ¿Sumará el economista al proyecto político de Luna Morales o preferirá mantenerse al margen del escenario partidario? La respuesta aún está pendiente, pero el movimiento evidencia que las fichas electorales ya comenzaron a moverse.