La intérprete peruana Tita Romero ofreció en su casa un almuerzo para un grupo de amigos reunidos en torno al legado de su padre, Fernando Romero, autor de tres libros sobre el aporte de la población afroperuana a la identidad nacional.
Entre los invitados estuvo el antropólogo Humberto Rodríguez Pastor, que es además un reconocido especialista en la inmigración china en el Perú. La sobremesa derivó en animadas charlas sobre historia, cultura y las raíces diversas del país.
Esribe Justo Carbajal
El Estado peruano tiene responsabilidad en esta crisis. Durante más de dos décadas no desarrolló la infraestructura alternativa que habría permitido reducir la dependencia de un solo sistema de transporte.
El Perú se detuvo por una fuga. No fue un terremoto ni el COVID, ni el fenómeno del Niño. Bastó la ruptura de un ducto de gas en Cusco para poner en evidencia una fragilidad que se arrastra desde hace años y que, como suele ocurrir con los problemas estructurales, solo se vuelve visible cuando la crisis estalla.
La deflagración registrada en el distrito de Megantoni, lugar desde el que se trae el gas natural desde Camisea hacia la costa, ha provocado una cadena de efectos que van desde largas colas en los grifos hasta aumentos abruptos en el precio del balón doméstico.
El impacto no se limita al consumo familiar. Taxistas, restaurantes, hoteles, comercios y pequeñas industrias comienzan a resentir el aumento de los costos energéticos. Los gremios gastronómicos advierten que cocinar será más caro. Los transportistas enfrentan un escenario incierto ante la escasez de gas natural vehicular.
El Gobierno ha reaccionado tarde. Ha decretado esquemas de trabajo remoto para reducir el consumo energético en algunos sectores. Si bien son medidas comprensibles en el corto plazo, no responden a la pregunta central que hoy se hacen analistas, empresarios y ciudadanos: ¿Cómo es posible que un país con uno de los proyectos gasíferos más importantes de América Latina pueda entrar en crisis por la falla de una sola infraestructura?
La empresa concesionaria del principal gasoducto que lleva el gas desde el yacimiento de Camisea hacia la costa del país es Transportadora de Gas del Perú (TGP). Esta compañía opera el sistema de transporte de gas natural bajo una concesión otorgada por el Estado y es responsable de los ductos que llevan el gas desde la selva hasta zonas como Lima y la planta de fraccionamiento en Pisco. Actualmente, TGP tiene una estructura accionaria internacional en la que participan inversionistas como EIG (principal accionista), Enagás y Sonatrach, y su concesión para operar el gasoducto se extiende hasta aproximadamente el 2033.
¿Tras la fuga de gas se ha dado alguna sanción? Hasta la fecha no. Y es que la premier Denisse Miralles lo que ha hecho es reunirse con los representantes del consorcio para, según la propia página institucional de la PCM, “atender” en conjunto el problema. ¿Y qué se logró? Nada muy concreto. Solo anunciar medidas de contingencia como racionar el uso del gas para garantizar el consumo doméstico.
Si bien las investigaciones continúan, es indignante que hasta el día de hoy no se sepa claramente qué fue lo que pasó. Además, ¿dónde está la supervisión del Estado, particularmente del Ministerio de Energía y Minas del Perú y del regulador OSINERGMIN, encargados de fiscalizar la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura energética?
En el exterior, cuando se analizan situaciones como esta, la discusión inevitablemente se dirige hacia la responsabilidad de las empresas operadoras, y es obvio porque el sistema de transporte de gas exige estándares de mantenimiento rigurosos. Los ductos deben ser monitoreados de manera permanente, inspeccionados con tecnología especializada y protegidos contra posibles fallas estructurales.
Pero el Estado peruano también tiene una cuota de responsabilidad en esta crisis. Durante más de dos décadas no desarrolló la infraestructura alternativa que habría permitido reducir la dependencia de un solo sistema de transporte. Por ejemplo, el Gasoducto Sur terminó cancelado por un escándalo de corrupción. También debieron crearse sistemas de respaldo que permitan mantener el flujo de un recurso incluso cuando ocurre una interrupción en algún punto de la red.
¿La fuga fue un accidente industrial? No. Digamos que es el síntoma de un problema mucho más profundo que tiene que ver con la forma en que el país ha construido —o más bien no ha construido— su sistema logístico energético durante las últimas décadas.
En Lima, un balón de gas de diez kilos costaba hace poco entre 57 y 60 soles, ahora se vende entre 75 y 80 soles en varios puntos de distribución. En algunos distritos ya se ofrecen a precios cercanos a los 100 soles. En zonas alejadas del país, el panorama es todavía más dramático. En comunidades de difícil acceso de la Amazonía se reportan precios que podrían llegar a 150 o incluso 200 soles por balón.
Si bien tenemos recursos gasíferos importantes, la infraestructura para moverlos desde los yacimientos hasta los centros de consumo es limitada. Contamos con poco más de 1500 kilómetros de ductos de transporte de gas natural. Puede parecer una cifra considerable, pero en realidad es modesta si se compara con la red de transporte de otros países de la región. Por ejemplo, Colombia y Argentina poseen sistemas mucho más extensos y diversificados.
Debe pensarse seriamente en la construcción de una planta de regasificación en la costa. Si bien hay gas garantizado solo hasta el 2040, es natural que se descubran nuevos yacimientos que permitan un mayor uso del combustible. De todos modos, esa planta funcionaría como una especie de seguro energético porque también nos ayudaría en la importación de este suministro.
Además, es necesario mejorar la ingeniería de la infraestructura existente. Por ejemplo, una medida clave es instalar válvulas de seccionamiento a lo largo de los ductos. Estas válvulas funcionan como llaves de bloqueo que permiten aislar rápidamente un tramo específico del sistema cuando se detecta una fuga. De esta manera, el resto de la red puede seguir operando mientras se realizan las reparaciones.
En sistemas modernos de transporte de hidrocarburos, este tipo de válvulas son una práctica estándar. Su ausencia puede convertir un incidente localizado en una crisis de gran escala.
Cuando Camisea comenzó a operar a principios de los 2000, el gas apenas representaba una fracción mínima de la matriz energética. Hoy abastece a millones de hogares. Cerca del 40 % de la electricidad que se produce en el país depende de este recurso.
Como si fuera poco, toda esta crisis ocurre además en un contexto internacional muy complejo. Las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz han presionado al alza los precios internacionales del petróleo. Perú, al ser un país importador, tiene que pagar el precio incrementado en los grifos.
El Ejecutivo acaba de aprobar un subsidio extraordinario de S/120 para los taxistas que operan con gas natural vehicular en Lima e Ica. Si bien esta ayuda busca mitigar el impacto económico del racionamiento de gas en el sector transporte, se trata apenas de un paliativo. Hay al menos tres medidas urgentes que deberían discutirse con mayor seriedad.
La primera es reactivar y aplicar el fondo de estabilización de precios, eliminado hace dos años, que permitiría amortiguar los picos de precios en momentos de crisis. La segunda es incorporar un ducto alterno y válvulas de seccionamiento, una práctica estándar en sistemas modernos de transporte de hidrocarburos que permite aislar rápidamente un tramo afectado y evitar que un incidente puntual paralice todo el sistema. Y la tercera es exigir que la Fiscalía realice una investigación rigurosa para determinar con claridad las responsabilidades de esta crisis.
“El país y la necesidad de la gente nos motivan”, dijo César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI). Esto fue durante la celebración por los tres años de la sociedad que busca tender puentes entre el sector público y el privado. “No estamos para competir, sino para sumar”, agregó.
El propósito de esta agrupación, liderada por Roque Benavides, “es apoyar a los buenos ministros” para que se desarrolle esa infraestructura que el Perú necesita para ser verdaderamente competitivo y de esa manera se mejore el futuro de las próximas generaciones. n
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la reconocida relacionista pública Úrsula Vega convocó en San Isidro a un grupo de destacadas lideresas empresariales, ejecutivas y creadoras para un encuentro de conversación e intercambio.
Durante la mañana, las invitadas compartieron experiencias sobre liderazgo femenino y el impacto de las mujeres en distintos sectores.
Uno de los momentos más emotivos fue una premiación simbólica que celebró sus trayectorias. “Muchas fuimos niñas que admiraban a mujeres que abrían camino”, reflexionó Clavel Garibay, directora Comercial y de Marketing de Pullman Lima, durante la jornada.
Durante décadas, la gastronomía se construyó en los fogones, en las mesas de los restaurantes y en las páginas de las guías especializadas. Hoy, sin embargo, una parte importante de esa conversación ocurre en otro territorio: la pantalla de un teléfono móvil. Allí, entre recetas virales, videos breves y relatos culinarios que cruzan fronteras en segundos, se está cocinando una nueva etapa para la gastronomía mundial.
Y el Perú, como potencia culinaria, no podía quedar al margen de esta revolución. Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, Lima fue escenario del III Encuentro Internacional de Influencers Gastronómicos Lima 2026, realizado en el Hilton Lima Miraflores. Más de 200 creadores de contenido se reunieron para debatir y compartir experiencias sobre un fenómeno que ya no puede verse como una simple tendencia digital: el surgimiento de una nueva generación de narradores de la cocina. Durante años, la difusión gastronómica estuvo concentrada en chefs, críticos y medios especializados. Hoy ese ecosistema se ha ampliado. Los creadores digitales —muchos cocineros, aficionados apasionados o comunicadores culinarios— se han convertido en amplificadores de la cultura gastronómica.
Desde una cocina doméstica, un mercado o un restaurante de alta cocina, son capaces de llevar un plato a millones de personas en cuestión de horas. El encuentro, impulsado por Rocío Oyanguren, lideresa de la comunidad Las recetas de yo madre, buscó conectar a quienes influyen hoy en la conversación culinaria digital y capacitarlos en las herramientas que están redefiniendo la comunicación gastronómica.
Participaron además creadores internacionales como Natalia Penchas (Argentina), Nancy Karim (Estados Unidos), Majo Herrero (Paraguay) y Erik Domínguez (México), cuyas audiencias superan los 15 millones de seguidores. Su visita permitió proyectar la cocina peruana hacia nuevas audiencias globales. El evento incluyó también un programa formativo sobre plataformas digitales, marketing, inteligencia artificial y desarrollo de audiencias, como un recordatorio de que la gastronomía contemporánea también se construye con datos, estrategia y creatividad.
Más allá de las ponencias, el encuentro tuvo un componente solidario con un almuerzo benéfico a favor de la Ollita Común María Fé de Ancón. Porque la cocina, al final, también es comunidad. El cierre llegó en Barranco con la Gran Batalla de la Cocina, en la que influencers locales e internacionales prepararon platos peruanos en formato competencia. Una escena que confirma algo evidente: hoy la gastronomía peruana no solo se cocina en los restaurantes, sino también en el universo digital donde se escribe su próximo capítulo.
Entrevista: RODRIGO CHILLITUPA
La crisis del gas ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de José María Balcázar. Y la consecuencia inmediata está en la posibilidad de que el gabinete de Denisse Miralles no consiga el voto de confianza del Congreso. Frente a este panorama, la exjefa del gabinete, Mercedes Aráoz, consideró que un cambio en el Ejecutivo sería un error a pocos días de la primera vuelta de las elecciones. Además, detalla qué se debió hacer para afrontar la actual grave crisis energética que padece el Perú.
–¿La crisis del gas complicará el voto de confianza al gabinete Miralles?
A 35 días de las elecciones, cambiar al gabinete es volver a empezar otra vez. Sabemos que es un gobierno débil y no nos gusta en su conjunto por estos temas que escuchamos de repartijas. Pero vamos, terminemos el gobierno de una vez para que se enfoquen, básicamente, en solucionar la emergencia del gas y las que existen en el norte y Arequipa. Y el otro tema primordial es preocuparse por que haya una elección limpia y transparente. Volver a hacer otro gabinete va a tomar su tiempo. Además, ¿quién querrá ser ministro por 30 días? ¿Cómo decidimos así? Estos cambios de gobierno tan seguidos han destruido en gran medida la posibilidad de mirar el Perú a largo plazo. Si van a cambiar ministros, viceministros o directores generales, todo se paraliza para tomar decisiones.
–¿Las medidas tomadas por el Gobierno han sido las acertadas?
Estaba bien la propuesta del teletrabajo para reducir el uso del transporte público y bajar la carga. Te encuentras con un gobierno nuevo que tiene un problema como el Niño costero sin haber hecho nada de planificación. Los funcionarios están
reaccionando ante ello porque no hicieron ningún trabajo previo. Fuentes alternativas de energía tenemos, felizmente, porque, si no, podríamos estar en un apagón total. Contamos con la fuente principal que sigue siendo el agua, pero pasar a diésel es más costoso porque aumentaría la energía. No ha existido planeamiento previo ante eventualidades como esta. Y la gran responsabilidad es del Ministerio de Energía y Minas, que en los últimos años ha estado manejado por personas sin conocimiento de la actividad productiva en energía, minería y otras áreas. Ya lo hemos visto: fue entregado a manos de los amigos del Congreso.
–Si el problema en Camisea no se soluciona en 14 días, ¿cuáles serían las consecuencias?
El problema tiene doble razón. Además, no es solamente el tubo, sino que el otro problema es que está la guerra en Irán y el precio del petróleo ha subido a 100 dólares. Entonces, sube el precio y hay mayor demanda de la gasolina, por oferta, a causa del aumento del petróleo. Y por el lado de la demanda, porque la gente que está consumiendo GNV está pidiendo consumir gasolina. Y el GLP es también un producto que se genera del petróleo. Entonces, todo se ha condicionado. Sí vamos a seguir
viendo subir los precios. En general, todos debemos bajar nuestro consumo, cuidando la electricidad, el gas y la gasolina. Parando un poco, saliendo, porque sabemos que hay un problema de oferta actualmente.
–Se habla que podría darse una inflación por la subida de los precios.
Bueno, el GNV no hay. Segundo, por lo menos para lo que es taxis y automóviles, el GLP ha subido el precio, así como el combustible. Hasta la semana anterior estaba en 16 soles. Hoy día lo mínimo que cuesta es 17 a 18 soles. Entonces, ya hay un impacto. Esperemos que no suba la electricidad porque tiene más alternativas, pero obviamente esperaríamos que sí. Se acaba la fuente de energía priorizada para el control de la electricidad. Vuelvo a decir: el precio del combustible está subiendo a nivel global por las razones que conocemos de la guerra en Medio Oriente. Entonces, eso también tiene otro impacto en inflación. Lamentablemente, es un impacto de corto plazo. No por demanda, sino por ofertas internacionales, pero se verá en los precios domésticos. Baja el transporte y obviamente suben los alimentos. Es una cadena.
–Es selva virgen donde ocurrió la deflagración; también es muy complicada de llegar.
Sí, es una zona bien difícil. Es un ducto medio encerrado. Entonces, no es muy fácil de acceder y tienes que llegar por helicóptero. No hay carreteras, pero tampoco debería haberlas porque son zonas de selva. Y si se pone una carretera, inmediatamente comienzan los problemas de poblaciones y comienzan a destruir el bosque. Evidentemente, es difícil el mantenimiento.
–¿No ha existido voluntad para tener una planta de almacenamiento de GNV que pueda durar?
El tema es que el GNV no se puede preservar así. La planta Melchorita se congela y con eso hace imposible que se pueda transportar todo, pero hay conexiones directas con el GNV también del uso. Es bien caro, no es fácil hacer una planta
como Melchorita. Es una superplanta que costó bastantes millones de dólares. Entonces no puedes tenerla por todos lados, sí hay que ver la forma de distribución. Este accidente ha sido realmente uno. Ha tenido pocos accidentes en esta zona. Digamos, el 99 % del tiempo ha estado bien, no tiene problemas. Son temas naturales, yo no sé cuáles han sido las causas. Parece que ha sido un accidente durante un proceso de mantenimiento en la zona.
–¿Esta crisis evidencia que no tenemos una política energética sostenible?
En el segundo gobierno del presidente García se buscó que haya una mayor inversión en la provisión de energía a través de hidroeléctricas. Y se hizo un concurso a través de Proinversión muy competitivo y se hicieron varias obras por 20 000 millones, si no me equivoco, en infraestructura hidráulica para que no se dependa solo del gas. Si bien se requiere y es excelente que tengamos gas, deberíamos tener otras fuentes. Y esta inversión fue muy importante porque dio energía de manera sustancial. Entonces, tienes que tener a los ministros y a Proinversión dedicados a ver dónde podemos mejorar la oferta energética
para que nuestra matriz energética sea diversificada. Lo mismo nos pasa con varios proyectos que hay de energía solar y eólica, que están esperando ahí a ver que se tome una decisión, pero, como no hay una mirada de planificación y ordenamiento del territorio para el uso energético, digamos, el tema es seguir usando combustible fósil.
Fiebre polka dots: Hay estampados que nunca se despiden. Los lunares, popularizados en los años treinta y reinterpretados década tras década, reaparecen con fuerza en las pasarelas Por tener una composición neutra, los polka dots son sorprendentemente versátiles y permiten transitar del día a la noche con facilidad con los accesorios adecuados. Tip extra: recuerda que los puntos grandes y espaciados aportan volumen y protagonismo; los pequeños y juntos estilizan. No es solo un estampado, es una herramienta óptica.
Alerta de color: el nuevo neutro con carácter El Instituto Pantone ha elegido el tono cloud dancer como color del 2026. Lo que antes era simplemente blanco hoy se redefine como un lienzo versátil y lleno de posibilidades creativas. Un total look en este tono transmite pulcritud y modernidad, pero también puede transformarse con accesorios en contraste: una cartera vibrante o zapatos protagonistas. Este blanco contemporáneo proyecta profesionalismo, cercanía y confianza, sin rigidez ni autoritarismo. Ideal para reuniones donde se busca generar acuerdos amistosos.
Maxi accesorios: cuando más es más. La discreción no es obligatoria. Los accesorios se expanden en tamaño, forma y presencia. En un contexto en el que la moda ha transitado por años de minimalismo extremo, el regreso del maximalismo resulta liberador. Pulseras sobre mangas, anillos en capas, collares escultóricos, tienes muchas posibilidades . Las expertas en estilismo saben que un accesorio poderoso puede elevar incluso el look más sencillo.
Comodidad a mil: elegancia sin sacrificio. Los zapatos de tacón bajo o flats se consolidan como aliados infalibles para las horas extensas en el trabajo sin renunciar al estilo. Las balerinas regresan en versiones más alargadas y en punta, logrando estilizar visualmente la silueta. Los kitten heels, precisos y femeninos, nos acompañan en cualquier evento formal o casual .
Vestidos lenceros “tipo camisón”: feminidad que se reinventa. El camisón deja de ser exclusivo de la lencería femenina para ocupar un lugar visible en el vestuario diario. Se integra con denim, cuero o seda, generando contrastes interesantes entre romanticismo y modernidad. Recomendación: si la prenda tiene mucho detalle, se equilibra con piezas sencillas. La armonía eleva el conjunto Las tendencias nos ofrecen posibilidades. Elegir qué ponernos cada mañana es, en el fondo, un acto de narrativa personal. Adáptala con intención, coherencia y autenticidad.
Escribe: Silvana Lu Asesora de imagen. Instagram: @silvanaluu
La obesidad es uno de los principales problemas de salud en el país. Más allá del peso, se trata de una enfermedad crónica asociada a un mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hígado graso y enfermedades cardiovasculares.
El Dr. Fong, subespecialista en cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas, señala que el abordaje de esta condición no debe reducirse a la fuerza de voluntad. Según explica, intervienen también factores hormonales y metabólicos que pueden dificultar el control del peso y requerir evaluación médica.
La manga gástrica es uno de los procedimientos quirúrgicos utilizados en pacientes con obesidad cuando otras medidas no han dado resultados sostenidos. La operación consiste en reducir el tamaño del estómago, lo que favorece una sensación de saciedad más rápida y una menor ingesta de alimentos.
De acuerdo con el especialista, además del efecto mecánico, el procedimiento también genera cambios metabólicos, entre ellos una disminución de la producción de grelina, hormona vinculada al apetito. Esto puede contribuir a reducir la sensación de hambre y mejorar el control de la glucosa en algunos pacientes.
El médico añade que la seguridad de la cirugía depende de una evaluación adecuada del paciente, del cumplimiento de protocolos quirúrgicos y del seguimiento posterior a la intervención.
El tratamiento de la obesidad no termina en la cirugía. El especialista indica que el proceso requiere acompañamiento multidisciplinario, con soporte en nutrición, psicología y control médico continuo, para favorecer resultados sostenibles en el tiempo.
Además de la manga gástrica, existen otros procedimientos, como el bypass gástrico y las cirugías revisionales, que pueden considerarse según las características y necesidades de cada paciente.
El objetivo, subraya, no es solo la pérdida de peso, sino la mejora de la salud general y de la calidad de vida mediante una decisión informada y un tratamiento integral.
Escribe: EDUARDO BRUCE
Durante casi dos años, la relación entre el Perú y Venezuela vivió en una zona gris que mezclaba diplomacia congelada, burocracia improvisada y miles de personas atrapadas en el limbo documental. Fue una ruptura política que se sintió, sobre todo, en las colas de migración, en los consulados cerrados y en los trámites imposibles.
Ese paréntesis comienza a cerrarse. El 5 de marzo de 2026, Estados Unidos anunció oficialmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. La decisión llegó apenas dos meses después de la salida de Nicolás Maduro del poder, el 3 de enero. La señal geopolítica es clara: la región se mueve hacia una normalización acelerada de vínculos con Caracas.
En ese tablero, el Perú no puede quedarse mirando. Más allá de simpatías o antipatías ideológicas, la reapertura plena de relaciones consulares entre Lima y Caracas es hoy una cuestión práctica, jurídica y, sobre todo, humana. No se trata de un gesto protocolar: es la restauración de una red mínima de protección para cerca de 1,5 millones de venezolanos en territorio peruano y unos 75 000 peruanos que aún residen en Venezuela.
Durante la ruptura diplomática iniciada en julio de 2024, los servicios consulares quedaron suspendidos o delegados a terceros países. Brasil actuó como intermediario mediante una “sección de intereses”, un mecanismo utilizado cuando dos Estados rompen relaciones, pero necesitan mantener canales básicos. El arreglo funcionó, pero apenas. En términos simples, fue como intentar administrar un hospital desde otra ciudad.
No se trata de la restauración de relaciones políticas, que opera en el terreno de la alta política —embajadores, negociaciones, alianzas—, las cuales indudablemente hoy no pueden darse, puesto que el Estado venezolano no está en condiciones de manejar plenamente sus propias relaciones internacionales debido a su dependencia política del gobierno del presidente Trump. Estamos hablando de las relaciones consulares, que son mucho más terrenales: proteger ciudadanos, emitir documentos, registrar nacimientos, tramitar pasaportes o asistir a detenidos.
Cuando esa maquinaria se paraliza, lo que aparece es un vacío administrativo que golpea derechos básicos: identidad, movilidad, propiedad y voto. Los aproximadamente 75 000 peruanos residentes en Venezuela fueron uno de los grupos más afectados por el enfriamiento diplomático. Durante meses dependieron de un esquema indirecto de asistencia que, aunque útil, estaba lejos de ser suficiente. La reapertura de consulados peruanos —especialmente en Caracas y Puerto Ordaz— cambiaría ese panorama.
En primer lugar, permite restablecer la emisión de DNI electrónicos y pasaportes biométricos. Puede parecer un trámite menor, pero para un ciudadano en el exterior la vigencia de sus documentos es la llave para todo: operaciones bancarias, trámites migratorios, contratos laborales o, en el peor de los casos, un retorno de emergencia al Perú. Sin documentos, un ciudadano queda en una suerte de invisibilidad legal.
Otro frente crítico es el registro civil. Durante la interrupción consular, muchos compatriotas en Venezuela enfrentaron obstáculos para inscribir a sus recién nacidos y obtener la nacionalidad peruana para esos infantes. La reactivación consular permitirá registrar estos nacimientos conforme al artículo 52 de la Constitución, que reconoce como peruanos a los hijos de nacionales nacidos en el extranjero.
También se reactivarán actos notariales esenciales para la vida económica. Miles de peruanos residentes en Venezuela dependen de pensiones o propiedades en el Perú. Para administrar esos bienes necesitan poderes notariales con validez legal. Sin un consulado que los emita, el trámite se vuelve una odisea.
La presencia consular devuelve al Estado peruano su responsabilidadmás básica: proteger a sus ciudadanos en el extranjero. Eso incluye asistencia a detenidos, apoyo en emergencias médicas o intervención en casos de sustracción internacional de menores.
Si los peruanos en Venezuela enfrentaron invisibilidad consular, los venezolanos en el Perú vivieron algo parecido, aunque a mayor escala. Con más de 1,5 millones de residentes, la comunidad venezolana se ha convertido en uno de los fenómenos migratorios más grandes de la historia reciente del país.
Pero su integración ha estado marcada por un obstáculo recurrente: la falta de documentación válida. Durante años, obtener un pasaporte venezolano desde el extranjero fue un proceso lento, caro y muchas veces dominado por intermediarios informales. El restablecimiento de servicios consulares cambia ese escenario. Los venezolanos podrán gestionar pasaportes a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y recogerlos en Lima. El trámite sigue siendo costoso —puede superar los 200 dólares—, pero elimina el circuito irregular que obligaba a viajar o recurrir a gestores.
Otro documento clave es el certificado de antecedentes penales, emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sin ese documento, Migraciones Perú no puede otorgar residencias laborales o estudiantiles. La reactivación consular también permitirá apostillar títulos universitarios y documentos académicos, un requisito indispensable para que profesionales venezolanos puedan colegiarse y ejercer legalmente en el Perú.
La diferencia entre tener esos documentos y no tenerlos puede determinar si un ingeniero acaba diseñando proyectos o conduciendo un taxi. En 2024, la contribución fiscalde venezolanos en el Perú superó los 530 millones de dólares, aproximadamente 0,17 % del PIB. Según proyecciones del Instituto Peruano de Economía, con integración plena, ese aporte podría alcanzar 4,5 % del PIB hacia 2030.
Hay un argumento adicional, menos visible pero igual de urgente: la seguridad. La expansión en el Perú de organizaciones criminales como el Tren de Aragua ha demostrado que la cooperación policial internacional es indispensable. Sin canales diplomáticos fluidos, el intercambio de información entre la Policía Nacional y organismos venezolanos se vuelve lento o incompleto.
Con relaciones restablecidas, esa cooperación puede incluir intercambio biométrico, antecedentes penales y expedientes judiciales, herramientas clave para identificar a miembros de organizaciones criminales. En los últimos años, más de 520 integrantes del Tren de Aragua han sido capturados en el Perú. Varios fueron trasladados a penales de máxima seguridad como Challapalca.
La salida de Maduro generó especulación sobre un posible retorno masivo de migrantes venezolanos a su país. La realidad es más compleja. Para quienes sí decidan regresar, la normalización consular es esencial. Permite viajar con documentos válidos, registrar hijos nacidos en el exterior y trasladar bienes o títulos profesionales sin caer en irregularidades. En otras palabras, permite que el retorno sea ordenado y no otro capítulo de precariedad migratoria.
La política exterior suele estar cargada de simbolismos ideológicos. Pero a veces el realismo se impone. Restablecer relaciones consulares entre Perú y Venezuela no significa validar gobiernos ni olvidar conflictos. Significa algo más simple: reconocer que millones de personas dependen de esa maquinaria administrativa para vivir con normalidad.
Los Estados pueden darse el lujo de romper relaciones; los ciudadanos no. Fuentes de la Cancillería nos han informado que las conversaciones para reanudar las relaciones consulares se iniciarán cuando el gabinete ministerial esté estabilizado —léase con voto de confianza del Congreso, previsto para el 18 del presente mes—. En buena hora. Ojalá se concrete lo más pronto posible.
Por: PEDRO GAMIO
La situación energética en el Perú atraviesa un momento crítico debido no solo a precios más altos por la guerra en Medio Oriente, sino a una emergencia reciente en la infraestructura de gas natural que ha expuesto la vulnerabilidad del país. Se reportó una deflagración en la zona de Megantoni (Cusco). Este evento ha generado un desabastecimiento inmediato. Cerca del 40 % de la energía del país depende del gas natural. Al reducirse el suministro, se ha tenido que activar la “reserva fría” (centrales que operan con diésel), lo cual es mucho más costoso. Se ha restringido el despacho de gas natural vehicular en Lima y Callao y se ha priorizado solo al transporte público, lo cual ha generado largas colas en los grifos. Diversas plantas industriales han tenido que reducir su operatividad o cambiar a combustibles sustitutos. A pesar de que el Perú tiene una de las matrices más limpias de la región gracias a la hidroelectricidad, también hay un gran potencial solar por desarrollar. La crisis actual resalta problemas estructurales.
La crisis energética en el Perú es un desafío multidimensional que requiere acciones inmediatas en infraestructura, regulación y diversificación de la matriz. Podemos tener un barco metanero que alimente unidades de regasificación en los principales puertos y también se apoye en los dos grandes tanques o esferas de GNL de Melchorita. Eso aceleraría la masificación fuera de Lima y configura un plan B que reduce la gran dependencia de la importación de derivados.
El mercado eléctrico enfrenta una vulnerabilidad crítica debido a la dependencia del gas natural del Lote 88 y la hidrología variable. Para abordar esta situación, uno de los pasos urgentes es la reglamentación completa de la Ley 28832 (Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica). La falta de reglamentación frena las inversiones en energías renovables no convencionales. Es necesario implementar sistemas de almacenamiento a gran escala para gestionar la intermitencia de las energías renovables y dar estabilidad a la frecuencia del sistema nacional. Debemos incrementar la participación de energía solar y eólica para reducir la quema de diésel en momentos de estiaje o fallas en el ducto de gas. El sur del país tiene un potencial enorme en geotermia que proporciona energía de base constante. Es hora de comenzar un proyecto piloto.
La seguridad energética depende de qué tan robusto sea el transporte de los recursos. Se requiere una solución para el sistema de transporte de gas central, con la reanudación del gasoducto, poliducto y el sistema gas sur, con el ducto de la costa, permitiendo que las centrales térmicas de esa zona operen con gas natural
y no con diésel importado, lo cual encarece los costos marginales.
Además, se debe asegurar la sostenibilidad financiera de Petroperú con su adecuada reestructuración, socios privados y la transparencia en la importación de combustibles para evitar desabastecimientos en las plantas de venta. En cuanto a la exploración, falta completar el éxito de la perforación inicial en Candamo y también en el zócalo marino para aumentar las reservas probadas.
Falta transparencia y eficiencia en la ejecución del canon gasífero. Se debe optimizar la ejecución del canon gasífero y minero en regiones como Cusco para financiar infraestructura energética local, como redes de transporte y distribución de gas natural.
Av. Guardia Civil 1321, Oficina 1802, Surquillo, Lima – Perú
Copyright ©caretas.pe | Por Revista Caretas
Todos los derechos reservados
¿TIENES UNA DENUNCIA? ESCRÍBENOS
Nota y Prensa S.A.C.
Contacto: editorweb@caretas.com.pe
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Aceptar Leer más
