Durante muchos años, Harvey Colchado Huamaní fue el policía que llegaba cuando la política comenzaba a parecerse demasiado a un expediente penal. Su nombre terminó asociado a casos mediáticos de presunta corrupción en la cima del poder político que comenzaban con espectaculares allanamientos a viviendas y hasta el Palacio de Gobierno o la casa de una presidente. Acciones que acaparaban las primeras planas de los medios pero que, en la mayoría de los casos, no han tenido un final judicial con sentencia condenatoria porque los supuestos medios probatorios más se parecían a fuegos artificiales que a evidencia penal. Para sus admiradores, era el policía que se atrevía a entrar donde otros no entraban. Para sus detractores, un oficial demasiado cerca de fiscales, periodistas y batallas políticas que excedían sus funciones. Se le etiquetó como el líder de una perniciosa policía política creada como división: DIVIAC.
Ahora la escena se ha invertido. Colchado ya no viste uniforme. Es diputado por Ahora Nación, el partido de izquierda encabezado por Alfonso López Chau, y una parte considerable de su pasado policial ha comenzado a seguirlo hasta el Congreso. El último episodio es también el más personal: una casa de su familia alquilada durante años a la propia Policía Nacional le ha valido una denuncia fiscal por el delito de falsedad ideológica y complicidad de negociación incompatible.
LA CASA DE LA FAMILIA DEL CORONEL
El inmueble está en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en Comas. Los padres de Colchado, Julio Colchado Pastor y Martina Huamaní Ordóñez, lo compraron en 2015 y la Policía lo arrendó para que funcionara allí la DEPINCRI. En ese momento Colchado no era propietario. El problema apareció después de la muerte de su padre, en 2020, cuando la sucesión intestada lo convirtió en copropietario de aproximadamente el 8,3% del inmueble. La Policía siguió pagando alquiler. Y Colchado siguió siendo coronel. En abril de 2021 otorgó a su madre un poder para administrar la propiedad. En aquella escritura aparece descrito como “independiente”, aunque era oficial policial en actividad. Si él declaraba que era oficial en actividad hubiera sido incompatible su condición de proveedor de la institución.
Para la Fiscalía, el dato no fue inocente: habría servido para ocultar su condición y facilitar una contratación estatal de la cual podía obtener un beneficio económico. Él dice que fue un error del abogado de la notaría porque usó una plantilla, pero Colchado, además de oficial de la Policía, también es abogado y difícilmente pude haber firmado un documento sin leer.
El contrato de 2021 ascendió a S/73 200 anuales. Después llegaron renovaciones y adendas. Para 2024, el alquiler rondaba los S/6 600 soles mensuales. La fiscal Diana Mayra Paico Guevara ha acusado a Colchado de complicidad primaria en negociación incompatible y falsedad ideológica, y solicita nueve años y cuatro meses de prisión. Pero la historia es menos sencilla de lo que permite un titular. La propiedad, recuerda su defensa, llevaba años alquilada a la Policía antes de que él heredara una participación. Tampoco es que los S/6 600 soles mensuales fueran a su bolsillo: la propiedad era familiar y su participación, minoritaria. Pero nunca la vendió o donó. Siguió siendo propietario y, por lo tanto, fue proveedor de la Policía cuando estuvo impedido de serlo.
LOS DEFENSORES DE COLCHADO
Hecha pública la acusación contra el actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, no solo su bancada salió en su defensa, también algunos conocidos abogados litigantes en el foro penal, como César Nakazaki y su tocayo César Azabache. Con disquisiciones técnicas sostenían que no se habían acreditado los supuestos delitos cometidos por Colchado y todo indicaba que se trataba de una persecución política. En el caso de Nakazaki, le faltó poner el disclaimer de que fue el abogado de tres candidatos a colaboradores eficaces en el EFICCOP, donde Colchado era pieza importante en mancuerna con la cuestionada fiscal Marita Barreto. Sus patrocinados Pilar Tijero, Bruno Pacheco y Karelim López salieron airosos en su paso por el EFICCOP. Nunca fueron a la cárcel. Y no se sabe con exactitud si la información que aportaron fue oportuna y veraz y qué reglas de juego se usaron en sus colaboraciones. En el caso de Azabache, el exprocurador anticorrupción defiende a Colchado sosteniendo que no fue él sino su madre la que alquiló la casa, pero obvia que Colchado era y es propietario de un porcentaje de ese inmueble. Dice que, en su condición de oficial de la Policía, no era competente para tomar la decisión de alquilar la casa a su propia institución. En un experimentado penalista quizá hubiera sido interesante que desarrolle la “Teoría de la infracción del deber” en un funcionario público, como es el caso de un coronel de la Policía en actividad. Pero no es el único expediente incómodo que acompaña al flamante diputado de izquierda.
EL CORONEL NO TENÍA QUIÉN LO INVESTIGUE
En febrero de 2019, cuando Colchado dirigía la DIVIAC, decidió adquirir un sofisticado equipo de geolocalización celular denominado Guardian SCL, fabricado por la compañía israelí Septier Communication. El aparato costaba US$380 000 y, sumando importación y otros gastos, terminó representando un desembolso estatal de más de S/1,5 millones. La Contraloría encontró una sucesión de irregularidades que difícilmente pueden calificarse de menores. Según el informe de auditoría, el requerimiento no estuvo acompañado por un estudio técnico realizado por un especialista certificado. Tampoco se encontró evidencia suficiente de un verdadero estudio de mercado: no aparecieron cotizaciones comparativas, comunicaciones con otros proveedores ni una competencia documentada que explicara por qué se eligió aquella tecnología.
Colchado firmó el memorándum mediante el cual se dispuso evaluar el requerimiento y formar el comité que conduciría la adquisición. Hay un detalle especialmente curioso: el 18 de febrero de 2019 se encargó buscar opciones en el mercado y ese mismo día ya existía una propuesta de Septier. La Contraloría consideró que aquello podía ser indicio de direccionamiento. El contrato se firmó ocho días después. Luego llegaron los problemas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones inicialmente rechazó el ingreso del equipo porque utilizaba bandas destinadas a servicios públicos de telecomunicaciones y podía ocasionar interferencias. Después de una aclaración del fabricante, el permiso fue concedido. La máquina llegó al Perú. Fue probada. Recibió conformidad. Dos años después fue declarada inoperativa. El aparato de más de un millón y medio de soles que debía localizar objetivos terminó convertido en una pieza tecnológica bajo custodia. La Contraloría señaló posibles responsabilidades administrativas y penales, y mencionó delitos que deberán ser evaluados por el Ministerio Público.
Eso no significa que Colchado haya sido declarado responsable de ellos. Tampoco significa que las observaciones desaparezcan porque nunca ha sido condenado. Pero es una señal inequívoca de que su carrera policial, además de cuestionamientos en dos de sus ascensos, tiene manchas en el manejo de recursos del Estado, recursos poco fiscalizables por tratarse de presupuesto de inteligencia policial.
EL POLICÍA EJEMPLAR
Colchado construyó su prestigio persiguiendo precisamente aquello que ahora se le exige explicar: decisiones administrativas, relaciones entre funcionarios y particulares, documentos aparentemente menores y operaciones estatales en las que el dinero público terminó rodeado de interrogantes. Para quienes lo respaldan, esa trayectoria explica parte de las investigaciones que hoy aparecen contra él: demasiados enemigos acumulados durante muchos años. Es una hipótesis políticamente plausible, pero insuficiente como defensa jurídica. Colchado ha decidido ahora ingresar al mismo territorio que durante años observó desde afuera: la política. Y lo hace ofreciendo orden, lucha contra la criminalidad y combate a la corrupción. Es precisamente esa promesa la que vuelve relevantes sus propios expedientes.
Durante años, Harvey Colchado fue el hombre que tocaba la puerta acompañado de una orden judicial. Ahora son otros quienes llaman a la suya. Y esta vez es él quien tiene que responder, no victimizarse.
