El ministro Walter Martínez planteó una estrategia articulada entre Justicia, Interior y la PNP para frenar el avance del crimen organizado y proteger a las víctimas.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentó una propuesta que busca enfrentar de manera integral el crecimiento de la extorsión y el sicariato en el transporte público, delitos que se han convertido en una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana y la estabilidad económica del país.
Durante una sesión extraordinaria conjunta de las Comisiones de Transportes y Defensa Nacional del Congreso, el ministro Walter Martínez Laura anunció la creación del Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra la Extorsión y el Sicariato, una herramienta institucional que apunta a fortalecer la cooperación entre entidades del Estado y a brindar asistencia directa a las víctimas.
Un sistema nacional contra la criminalidad organizada
¿Qué busca este nuevo sistema nacional?
De acuerdo con Martínez, el objetivo central es unificar la respuesta del Estado frente a la criminalidad que afecta al sector transporte, mediante una estructura interinstitucional que integre a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El ministro precisó que el proyecto de ley contempla medidas de aplicación temporal —por un período de tres años— destinadas a fortalecer las capacidades operativas y técnicas de las instituciones encargadas de la investigación y persecución del delito.
“El Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra la Extorsión y el Sicariato es una forma de fortalecer nuestras instituciones y mejorar la capacidad del Estado para combatir estos flagelos”, sostuvo Martínez durante su exposición.
Fortalecimiento institucional y protección a las víctimas
El titular del Minjusdh destacó que el sistema permitirá articular las acciones de las entidades involucradas en la lucha contra la extorsión y el sicariato, delitos que afectan de manera directa a empresarios, choferes y cobradores del transporte público.
Asimismo, propuso que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos participe activamente en el diseño del esquema de interoperabilidad del sistema, que incluirá estándares tecnológicos, procedimientos compartidos y una base de datos común entre las instituciones.
Uno de los puntos más importantes de la propuesta es la incorporación del Minjusdh en la atención legal y psicológica a las víctimas, quienes recibirán orientación, patrocinio y acompañamiento judicial para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante las amenazas y ataques criminales.
Cooperación interinstitucional y nuevas herramientas de investigación
Martínez también planteó que el Ministerio de Justicia forme parte del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), instancia que coordinará políticas públicas y desarrollará investigaciones criminológicas a través del Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA.
Entre las medidas complementarias, el ministro propuso la creación de un banco de voces de internos penitenciarios, iniciativa que será implementada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con apoyo de la PNP y el Ministerio Público. Esta herramienta busca facilitar la identificación de delincuentes que extorsionan desde las cárceles, un fenómeno que ha aumentado en los últimos años.
“La lucha contra la extorsión requiere información, tecnología y cooperación. El banco de voces permitirá reconocer patrones y fortalecer las investigaciones policiales”, señaló Martínez.
Articulación política y respaldo legislativo
Durante la sesión participaron además el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, junto con congresistas y representantes del Ministerio Público. Todos coincidieron en la necesidad de unificar esfuerzos frente a la creciente ola de violencia que afecta al transporte urbano e interprovincial.
La propuesta del Minjusdh coincide con los llamados del Ministerio Público para que el Parlamento garantice el presupuesto destinado a combatir el crimen organizado, especialmente en las regiones más golpeadas por el sicariato y las redes de cobro de cupos.
Hacia una política de Estado contra la extorsión
La creación del Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra la Extorsión y el Sicariato se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana desde un enfoque integral, que combine acciones legales, policiales y sociales.
El plan busca, además, impulsar la formación de equipos especializados en inteligencia criminal, fortalecer las unidades de investigación financiera y promover la coordinación directa con gobiernos locales y regionales, donde la extorsión al transporte público se ha convertido en una práctica recurrente.
Martínez reiteró que la prioridad del Gobierno es proteger la vida de los ciudadanos y la estabilidad del sector transporte, considerado un pilar de la economía popular. “Cada ataque contra un conductor o empresario de transporte es un golpe contra la seguridad del país. No podemos normalizar la violencia ni permitir que el crimen organizado capture este servicio esencial”, subrayó.