Las últimas
En los últimos días se han dado cambios sísmicos en lo relacionado con el trabajo que el
Ministerio Público viene realizando, particularmente en los casos de mayor vecindad política,
como varios que están en el ámbito de Lava Jato y el Eficcop.
Uno fue el caso del abogado Arsenio Oré. El Tribunal Constitucional lo excluyó del caso
Cócteles y le prohibió al fiscal José Domingo Pérez investigarlo por obstrucción a la justicia,
pues Pérez es el que se considera agredido y la labor debe recaer en otro fiscal. La sentencia
también reitera la protección del secreto profesional del abogado –en el sentido de “confesar”
lo que le informen sus clientes– y califica el allanamiento de las oficinas de los abogados como
una medida de carácter excepcional, no ordinaria.
El otro caso se evidenció con el nuevo pedido de prisión preventiva, por 36 meses, contra
Nicanor Boluarte, su exabogado Mateo Castañeda, y otros, en el marco del caso bautizado por
la Fiscalía “Waykis en la Sombra”. En resumen, está la novedad de Víctor Torres Merino, amigo
de la infancia de los Boluarte, acogido a la colaboración eficaz, y quien reconoció la influencia
del hermano de la presidenta en la designación de prefectos y subprefectos a cambio de apoyo
para inscribir al partido Ciudadanos por el Perú. También se refiere a supuestos favores con
designaciones, o tratativas que no llegaron a serlo, en Provías y el Instituto Peruano del
Deporte.
Todo el caso está enmarcado en la organización criminal, que es la moneda corriente en estas
interminables investigaciones. Pero desde el 9 de agosto, día de la audiencia del nuevo pedido
de preventiva, rige la ley 32108 que modifica la tipificación de dicho delito.
En el nuevo artículo 317.2 del Código Penal se especifica que estas organizaciones deben
articularse “con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de
una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”. El artículo vigente
hasta la semana pasada se refiere únicamente a “delitos”. El artículo original fue pensado para
combatir a secuestradores, asesinos y extorsionadores.
La audiencia de Boluarte y compañía fue reprogramada hasta el 21 de agosto a pedido de la
defensa. Según Torres Merino, la presidenta Dina Boluarte designó a ocho prefectos regionales
a pedido de su hermano, mientras que 16 subprefectos distritales lo fueron por Jorge Ortiz
Marreros, exdirector de gobierno interior que según el MP sería cómplice de Nicanor.
En total, los prefectos regionales son 25, mientras que los provinciales son 196 y los
subprefectos distritales 1874. Un total de 2095 autoridades que siempre han sido asumidas
como políticas y que se originan en una figura napoleónica de discrecionalidad y
representación presidencial.
El 15 de diciembre de 2022, el gobierno dio por concluidas las funciones de los prefectos
regionales. El entonces premier Alberto Otárola los responsabilizó por azuzar las protestas tras
el frustrado autogolpe de Pedro Castillo. Varios fueron vinculados a organizaciones como el
Movadef y en 2022 el gobierno les había asignado S/ 77 millones en presupuesto, la cifra más
alta en 7 años.
El cambio de ley, según penalistas como Carlos Caro Coria, obligará a la Fiscalía a replantear
sus casos. Queda por verse el efecto dominó que podría tener en la mayoría de casos político-
mediáticos basados en buena parte en la organización criminal, de Keiko Fujimori a Pedro
Kuczynski. Si bien las leyes no tienen efectos retroactivos, la excepción la constituye el artículo
7 del Código Penal, que establece la llamada retroactividad benigna cuando, en materia penal,
favorece al reo.
