En los últimos días se han dado cambios sísmicos en lo relacionado con el trabajo que el
Ministerio Público viene realizando, particularmente en los casos de mayor vecindad política,
como varios que están en el ámbito de Lava Jato y el Eficcop.
Uno fue el caso del abogado Arsenio Oré. El Tribunal Constitucional lo excluyó del caso
Cócteles y le prohibió al fiscal José Domingo Pérez investigarlo por obstrucción a la justicia,
pues Pérez es el que se considera agredido y la labor debe recaer en otro fiscal. La sentencia
también reitera la protección del secreto profesional del abogado –en el sentido de “confesar”
lo que le informen sus clientes– y califica el allanamiento de las oficinas de los abogados como
una medida de carácter excepcional, no ordinaria.
El otro caso se evidenció con el nuevo pedido de prisión preventiva, por 36 meses, contra
Nicanor Boluarte, su exabogado Mateo Castañeda, y otros, en el marco del caso bautizado por
la Fiscalía “Waykis en la Sombra”. En resumen, está la novedad de Víctor Torres Merino, amigo
de la infancia de los Boluarte, acogido a la colaboración eficaz, y quien reconoció la influencia
del hermano de la presidenta en la designación de prefectos y subprefectos a cambio de apoyo
para inscribir al partido Ciudadanos por el Perú. También se refiere a supuestos favores con
designaciones, o tratativas que no llegaron a serlo, en Provías y el Instituto Peruano del
Deporte.
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