En medio del proceso de selección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), crecen las voces que exigen a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) priorizar un criterio esencial: la independencia absoluta frente a cualquier influencia política.
“El cargo no puede convertirse en una cuota de poder”, advierte el abogado Luis Miguel Iglesias, ex gerente general del Jurado Nacional de Elecciones y ex secretario general de la Contraloría General de la República. Sostiene también que la principal responsabilidad de la JNJ es “blindar a la ONPE de la intromisión política” mediante la elección de un perfil estrictamente técnico. La preocupación no es menor en un contexto en el que las instituciones electorales enfrentan constantes presiones y cuestionamientos.
Según Iglesias, el país ya ha vivido experiencias en las que “la política logró penetrar instituciones clave” a través de personajes vinculados a intereses partidarios o empresariales. Por ello, considera indispensable que el actual concurso se conduzca con “una rigurosidad implacable” y bajo vigilancia ciudadana permanente.
La advertencia apunta también a los llamados “vínculos invisibles”: redes de influencia o intereses de grupo que podrían intentar capturar espacios estratégicos del sistema electoral. En esa línea, Iglesias reclama un proceso transparente y abierto al escrutinio de especialistas, medios de comunicación y sociedad civil.
Para el abogado, el perfil ideal debe responder a una sola lealtad: “Con el ciudadano y con el país, no con el poder de turno”. Añade que la garantía de una gestión eficaz pasa por mantener “una distancia higiénica de la política”, especialmente en una institución encargada de sostener la confianza pública en los procesos electorales.
“La ONPE es el corazón de nuestra confianza electoral”, concluye Iglesias. “Ponerla en manos de alguien con el más mínimo sesgo político sería un error que el país no puede permitirse”.






