La segunda vuelta sigue su curso a pesar de que la primera aún no ha terminado oficialmente. Aunque la ONPE continúa con el conteo a cuentagotas, los partidos ya vienen madurando sus acercamientos y negociaciones. No hay endose, pero sí voluntad política para conversar y pactar.

Luis Galarreta, vocero del fujimorismo, confirmó que existen importantes puntos de encuentro con agrupaciones como el Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto. “Coincidimos con esos grupos en temas de macroeconomía y disciplina fiscal”, detalló. “Con personas como el señor Nieto o el señor Belmont nos conocemos de cuando fuimos regidores; creo que vamos a poder tejer [acuerdos]”, agregó.

Por su parte, Miki Torres, también vocero, reafirmó que el partido ha aprendido muchas lecciones de crisis pasadas. “Fuerza Popular ha aprendido que en la política se necesita muchísima madurez, que nos va a tocar un Parlamento en el cual corresponderá tender los puentes necesarios”, acotó Torres.

Ambas declaraciones coinciden con los rumores sobre tratativas del fujimorismo con el ala conversable del partido Obras, en oposición a la vertiente etnocacerista que orbita alrededor de Daniel Barragán.

Desde la otra orilla, son fuertes los rumores de que Alfonso López-Chau busca presidir la Mesa Directiva. El propio exrector habría llamado a un alto líder de Acción Popular para ofrecerle un cargo en el gabinete de Sánchez. Y negocia su propia cuota con Sánchez.

Por su lado, Marisol Pérez Tello ha pretendido una equidistancia, pero ha sido muy dura con Fujimori, a la vez que su partido se ha manifestado abiertamente en contra de Fuerza Popular.

El fiel de la balanza sigue siendo Jorge Nieto, quien ha sido cauteloso en sus mensajes. Ha sido muy crítico con el Congreso actual, manejado por Fuerza Popular, aludiendo a una “coalición por la impunidad”. En el debate, dijo que Fujimori “ha hecho mucho daño”. Pero también ha tomado distancias del plan de gobierno de Roberto Sánchez. Incluso ha tenido el gesto de pedir una auditoría al proceso electoral, lo que podría interpretarse como un acercamiento a Rafael López Aliaga. No es descabellado pensar que en el Congreso podría existir un bloque independiente que vote intermitentemente en consonancia con alguno de los dos extremos, pero según cada proyecto de ley.

Ha trascendido también que Nieto aspira a la gobernación de su natal Arequipa, donde arrasó en el voto. Este sería otro factor a considerar en la futura negociación de cuotas.

FISCALIZANDO FONDOS

Mientras tanto, la judicialización de la política también está en campaña. La candidata Keiko Fujimori anunció que apelarían la multa de S/198 000 impuesta por la ONPE a Fuerza Popular por presunto uso indebido de fondos públicos entregados al partido. Asimismo, Fujimori señaló que espera un “proceso transparente y de debido proceso” en la investigación que afronta Roberto Sánchez por el presunto desvío de fondos en perjuicio de Juntos por el Perú. “Lo que a nosotros siempre nos ha preocupado es que el Ministerio Público se convierta en un actor político”, explicó. “Hago esta invocación para que sea un proceso transparente y de debido proceso”, sostuvo desde Tumbes.

Sin embargo, el caso de Sánchez es distinto al de Fujimori. El Ministerio Público no le imputa un delito, sino dos, por presentar declaraciones juradas con información falsa ante la ONPE entre 2018 y 2020.

El primer cargo es por falsa declaración en procedimiento administrativo. Durante las elecciones regionales y municipales de 2018, los dirigentes del partido consignaron ingresos y egresos de cero soles en sus informes financieros ante la ONPE pese a haber recibido aportes reales de sus militantes. El segundo delito, aplicable desde 2020, es el falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, al no canalizar los fondos a través del sistema financiero ni reportarlos al organismo electoral, incumpliendo la Ley de Organizaciones Políticas.

La investigación partió de una denuncia de un militante de JPP. Se detectó que los aportes de los afiliados nunca llegaron a las cuentas del partido: S/204 951 fueron a una cuenta personal del hermano del candidato, William Sánchez Palomino, y S/75 750 a una cuenta mancomunada de los tesoreros del partido. En total, más de S/280 000 fueron ocultados a la ONPE, que figura en el proceso como entidad agraviada.

El caso está en etapa intermedia. El miércoles 27 de mayo, a las 8:00 a. m., se realizará la audiencia para determinar si pasa a juicio oral. El candidato dijo ayer que se presentará a esta sesión. La Fiscalía pide cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez.

También son acusados como cómplices primarios el contador José Guardia Huamaní y los tesoreros Raúl del Castillo Alatrista y Rubén Herrada Tello.

Ojo: el candidato Sánchez pasó de declarar S/14 000 de patrimonio cuando llegó al Congreso, en 2021, a registrar más de medio millón en 2025, según sus propias declaraciones de bienes y rentas. Mucho por aclarar.