–¿Cómo evalúa la situación actual de la minería en el Perú en términos de inversión, producción y competitividad frente a otros países de la región?
El Perú es un país minero por excelencia y representa el 66 % de las exportaciones peruanas. Además, representa casi el 22 % de los impuestos totales pagados por empresas y el 12 % de la inversión privada, generando aproximadamente 2 millones de empleos directos e indirectos.
Aunque no se esperan nuevos proyectos mineros importantes para 2026, se prevé el avance de proyectos como Tía María e inversiones en proyectos brownfield para asegurar la continuidad de operaciones existentes, con un incremento de la inversión que se espera sea mayor al 7 % registrado en 2025. Para mantener la competitividad con países como Chile y Argentina, Perú debe fortalecer su estabilidad política y jurídica, ofreciendo políticas mineras claras y estables. El sector minero energético, sin duda, va a mantener un espacio relevante que ya viene ocupando en la economía del Perú.
–¿De qué manera el contexto político y la estabilidad institucional del país están influyendo en las decisiones de inversión minera?
La inestabilidad política e institucional es el obstáculo principal para el desarrollo de proyectos mineros, ya que es altamente sensible para la inversión formal. La alta rotación de autoridades, hemos tenido tres ministros de Energía y Minas en casi cuatro meses, la falta de criterios técnicos unificados y la ausencia de predictibilidad desincentivan la inversión al generar incertidumbre y plazos inciertos.
Por lo tanto, planteamos fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las más de 17 entidades estatales con competencias en el sector, asegurando personal calificado y tecnología de punta para una gestión coordinada e integrada de los procedimientos administrativos. Necesitamos un Estado fuerte institucionalmente.
–Como gremio, ¿cuáles son sus principales demandas al Estado para promover la inversión en el sector minero energético?
Para atraer y promover inversiones en el sector minero-energético, es fundamental asegurar la estabilidad, el respeto al Estado de derecho y la seguridad ciudadana. Las demandas del gremio incluyen mejorar el escenario regulatorio para hacerlo más eficiente, reduciendo la tramitología sin disminuir los estándares ambientales.
Esto implica respetar y, de ser posible, reducir los plazos actuales, e implementar más aprobaciones automáticas y “silencios positivos”. La promoción de inversiones requiere fortalecer las instituciones públicas con personal capacitado y promover el trabajo articulado entre distintas instituciones del Estado mediante sistemas interoperables
–¿Cómo está afectando la minería ilegal a la minería formal en términos económicos, sociales y ambientales, y qué medidas deberían tomarse con mayor urgencia?
La minería ilegal afecta al país al generar pérdidas económicas y sociales enormes, polos de ilegalidad y vulneración de derechos humanos, incluyendo la trata de personas. Por otro lado, para abordar la situación crítica de la minería ilegal y el REINFO, se necesita una nueva ley de minería artesanal y pequeña minería (MAPE) que sea técnica, moderna y que establezca reglas claras para la formalidad.
El REINFO no debe reabrirse ni prorrogarse, ya que no puede ser un régimen de impunidad o formalización indefinida, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional.
En segundo lugar, se requiere una fiscalización efectiva centralizada en el Gobierno nacional, ya que los Gobiernos regionales no han cumplido su función; el Ministerio de Energía y Minas debe asumir las competencias asignadas por ley, aprovechando la potestad para firmar convenios con entidades reguladoras como OEFA u OSINERGMIN.
Por último, proponemos asegurar la trazabilidad integral de la cadena productiva desde la extracción hasta la exportación, comenzando con la fiscalización de las plantas de beneficio. Necesitamos que SUNAT pueda exigir las guías de remisión y facturas del mineral que compran las plantas, ya que estas están “blanqueando” el mineral de concesiones ilegales.
