Por: CARLOS PAREDES

La verdadera historia del autogolpe

Pedro Castillo se vio obligado a perpetrar un fallido autogolpe de Estado la mañana del miércoles 7 de diciembre de 2022, acorralado por las investigaciones de corrupción obscena en su gobierno que lo alcanzaban directamente. Aunque en poco tiempo el profesor chotano había acumulado hasta cinco carpetas fiscales —por una serie de tramas de corrupción que iban desde obras entregadas a cambio de coimas en el MTC de su amigo y colega, el prófugo Juan Silva Villegas, o la venta del puesto de presidente de Petroperú, donde colocaron a Hugo Chávez Arévalo, hasta ascensos a generales en la Policía comprados a 50 000 dólares; pasando, por supuesto, por las reuniones clandestinas en su despacho paralelo de Sarratea—, el detonante para que Castillo maquinara un torpe golpe durante la madrugada fue la traición de uno de sus ministros que, involucrado en el escándalo de corrupción de la empresaria Sada Goray, decidió colaborar con el EFICCOP a cambio de beneficios.

Ese ministro estuvo la tarde del martes 6 en Palacio de Gobierno como parte del equipo de abogados y asesores que preparaba la defensa del profesor ante la tercera moción de vacancia que amenazaba con destituirlo. Sin embargo, incluso los cálculos más optimistas de la oposición indicaban que no alcanzaban los 87 votos indispensables. La razón era muy simple: el Gobierno de Perú Libre había aplicado con éxito la llamada “fórmula 44”: cooptar a congresistas de la oposición sobornándolos con la entrega de obras para sus regiones, puestos de trabajo para familiares y amigos o, directamente, entregándoles el control de un ministerio, como ocurrió con “Los Niños” de Acción Popular, que manejaban Produce, o con Somos Perú, de Patricia Li, a quienes se les entregó primero el Ministerio de Cultura y luego Trabajo y Promoción del Empleo, donde deambuló hasta el último día Alejandro Salas.

Esa fue la razón por la que dos mociones de vacancia anteriores no prosperaron. No había más misterio: se aseguraron de que 44 congresistas votaran siempre en contra o se abstuvieran en las mociones de vacancia, o simplemente desaparecieran del hemiciclo.

Pero ese 7 de diciembre apareció una variable que Castillo y sus titiriteros no advirtieron. El abogado chiclayano Salatiel Marrufo —uno de los operadores que apareció en segunda vuelta para asegurarse fallos favorables a Perú Libre en la justicia electoral que presidía Jorge Salas Arenas y hombre de confianza del entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado—, detenido con pruebas en su casa, decidió acogerse a la colaboración eficaz y contarlo todo a cambio de su libertad. Marrufo cumplía prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro, en Canto Grande.

Este personaje había urdido, junto a la empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong, la escandalosa trama de corrupción para manejar los programas de vivienda social a través del Fondo Mivivienda y de las superintendencias de Registros Públicos y Bienes Nacionales, con el fin de hacer pingües negocios inmobiliarios con terrenos superpuestos a propiedades del Estado. Según su confesión como postulante a colaborador eficaz, Marrufo también era el encargado de proveer los 70 000 soles en efectivo que todos los meses Geiner Alvarado entregaba al propio Pedro Castillo para que cada uno de sus hermanos tuviera un “sueldo” de 10 000 soles.

Según han relatado a la Fiscalía Marrufo y otros operadores, hubo un mes en que Geiner Alvarado no cumplió con llevar el dinero sucio hasta Palacio. Tanta era la angurria de Castillo que fue de manera inopinada al despacho del ministro de Vivienda para exigirle el efectivo. Alvarado, sorprendido por la visita, llamó de inmediato a su asesor Marrufo para que cumpliera con la entrega de la coima. El abogado, que era su principal asesor y operador en los casos de corrupción, le respondió que tenía el dinero en efectivo en su oficina. Informado de ello, Castillo fue personalmente hasta la oficina de Marrufo y este le entregó una bolsa de papel con 70 000 soles contantes y sonantes.

Esa escena, que Pedro Castillo recordaba perfectamente, fue utilizada por el EFICCOP para exigirle al ministro —involucrado en la trama de corrupción de Marka Group— que ejecutara una operación psicosocial para forzar la renuncia del precario inquilino de Palacio de Gobierno, como parte de su colaboración con la Justicia. Lo que no imaginaron fue que la renuncia no pasaba por la cabeza del profesor, sino que, asustado por la posibilidad de que ese supuesto video se difundiera al día siguiente, urdió un primario autogolpe de Estado que no contó siquiera con el apoyo de su guardia de seguridad personal.

El ministro, plenamente identificado —pero cuyo nombre no podemos revelar porque está acogido a una ley de colaboración con la justicia que vuelve ilegal difundir su identidad—, tuvo la tarea de decirle al entonces presidente que una cámara de seguridad instalada en el despacho de Salatiel Marrufo lo había grabado recibiendo una bolsa con 70 000 soles de manos del asesor del ministro Geiner Alvarado. También le dijo que esas imágenes habían sido entregadas a la Fiscalía y que ya estaban en poder de la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde serían mostradas al día siguiente, durante el pleno en que se discutiría la tercera moción de vacancia.

Ese video, según el ministro que, por la cartera que lideraba, era el principal asesor legal del presidente, cambiaría la correlación de votos e inclinaría la balanza a favor de la vacancia. Esa tarde, víspera del golpe, Castillo se quedó con esa sentencia anticipada dando vueltas en la cabeza y, durante las siguientes horas, organizó el autogolpe en complicidad con Betssy Chávez, entonces presidenta del Consejo de Ministros, y Aníbal Torres, expremier y asesor de la PCM.

Después, el Ministerio Público probaría que el mensaje golpista fue redactado en una computadora de la sala de asesores de la PCM. El mensaje, que todos escuchamos a las 11:40 de esa mañana, tenía más de un párrafo copiado del discurso golpista de Alberto Fujimori leído el 5 de abril de 1992. Castillo lo leyó con las manos temblorosas.

Pedro Castillo decidió dar el zarpazo al sistema democrático mientras Salatiel Marrufo declaraba desde el penal ante la Comisión de Fiscalización y confesaba que él mismo le había entregado dinero al presidente en ejercicio. No faltó un congresista oficialista que le replicó preguntándole si tenía pruebas de eso. Marrufo respondió que ya las había entregado a la Fiscalía. Castillo hizo clic: era verdad lo que le había anticipado su ministro y asesor legal horas antes. Decidió entonces acometer el golpe.

Lo demás es historia conocida. Las Fuerzas Armadas y la Policía no respaldaron el golpe. Castillo no pudo llegar hasta la embajada de México en Lima para librarse de su responsabilidad penal por medio del asilo que le había prometido su padrino político, Andrés Manuel López Obrador, y terminó detenido por su propia guardia de seguridad. En ese día fatídico para el profesor, desayunó en Palacio; a la hora del almuerzo ya estaba detenido en la Prefectura y tuvo que cenar un sándwich dentro de una celda de la DIROES. Su golpe de Estado puede inscribirse en el Guinness como el más efímero y torpe de la historia.

Se cambiaron de bando

Una vez consumado el anuncio de la interrupción del orden democrático, otro de sus ministros, Roberto Sánchez Palomino —el único que permaneció en el gabinete durante los 495 días que duró el régimen—, saltó del barco apenas este se hundía en las aguas hediondas de un golpe fallido. Ese mismo día, como congresista de la República, tampoco lo defendió en el pleno ante la moción de vacancia. Se abstuvo como una forma de reafirmar lo que había escrito antes en su cuenta de X: que, “por sus convicciones democráticas”, renunciaba al cargo.

Sin embargo, Sánchez, que ha usurpado el sombrero del chotano, ahora sostiene que el golpe nunca existió, que Castillo está secuestrado en el penal de la DIROES y que lo primero que hará, de ser elegido presidente, será indultarlo.

Lo mismo ocurrió con el díscolo exfiscal José Domingo Pérez, que se suponía luchaba contra la corrupción desde el Equipo Especial Lava Jato. Como nuevo jale de Juntos por el Perú, sostiene, orondo, que Castillo es un rehén del “pacto mafioso”. Y si el expresidente golpista permanece secuestrado, debemos inferir entonces que sus excolegas fiscales, que acusaron a Castillo, y la Sala Penal Suprema que lo sentenció, presidida por el juez José Neyra Flores, conforman la banda de secuestradores que mantiene en cautiverio al sindicalista que llegó, por accidente, a la más alta magistratura del país.

Una denuncia sediciosa

La gota que rebalsó el vaso de esta ridícula teoría del complot llegó con la entrevista que Miguel Torres, senador electo y candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, le dio a Christian Hudtwalcker en Willax Televisión, donde sostuvo que la caída de Castillo se debió a una “gesta de contención” de la prensa, la Fiscalía y el Congreso. Que no fue fácil sacarlo del poder a pesar de que él mismo violó la Constitución y el Código Penal con su anunciado autogolpe.

Esta declaración ha sido utilizada por toda la progresía local para sostener que hubo un complot contra el pobre profesor, al punto de que José Domingo Pérez y otros abogados de Juntos por el Perú han denunciado por supuesto delito de sedición a Torres, Martha Moyano, José Williams y Patricia Benavides. Solo les faltó incluir a los periodistas de investigación que destaparon las corruptelas del chotano desde el primer día en que aterrizó en la casa de Sarratea anunciando que Palacio iba a convertirse en museo.

Ni los congresistas que aprobaron la vacancia de Castillo, ni los fiscales que investigaron sus tropelías, ni los periodistas que descubrieron las tramas de corrupción, ni los ciudadanos que llegaron a la embajada de México en San Isidro aquella tarde del 7 de diciembre para impedir que el golpista se asilara deben sentirse avergonzados por lo que hicieron. Era su deber. Y qué bueno que lo cumplieron para impedir que una dictadura al estilo de los politicastros del llamado socialismo del siglo XXI se instalara en el país.

Pedro Castillo quiso erigirse en dictador, pero no se lo permitimos. Si hubiera logrado comprar o doblegar a los generales, quizá hoy estaríamos padeciendo un régimen dictatorial de extrema izquierda, camino a convertirnos en Nicaragua o en la Venezuela chavista.

Es pura deshonestidad intelectual la de aquellos opinólogos o políticos que hoy se desgañitan a partir de las declaraciones del fujimorista Torres. Castillo no estuvo preparado ni para robar; por eso, felizmente, quedó en evidencia desde que empezó a ejercer el poder. Cayó en el hoyo negro y putrefacto de la corrupción, que terminó obligándolo a imitar a Alberto Fujimori, solo que sin el apoyo de nadie.

Él ha sido juzgado en un juicio con el debido proceso y con todas las garantías para su defensa. Lamentablemente, nuestro Código Penal no ha tipificado el golpe de Estado como un delito específico y los jueces han tenido que subsumir su conducta en el tipo penal que más se le aproxima. Once años de cárcel es poco para alguien que rompió el orden democrático, el equilibrio de poderes e intentó provocar el caos y la convulsión social.

Vizcarra, que recibió una coima de 2,3 millones de soles cuando fue gobernador de Moquegua, recibió una condena más severa a pesar de que su delito es menos grave que el perpetrado por el torpe golpista Castillo.

Lo triste para el país es que existe una buena cantidad de peruanos que cree que la víctima de ese golpe fue el propio Castillo.