Escribe: LUIS MIGUEL IGLESIAS LEÓN

Durante décadas se ha repetido una peligrosa falacia en el debate público: la creencia de que el colapso del sistema de justicia en el Perú se soluciona únicamente incrementando las partidas presupuestales, erigiendo megaproyectos de infraestructura o exigiendo el nombramiento masivo de nuevos jueces sin el menor sustento técnico. Sin embargo, la experiencia demuestra que la multiplicación de juzgados y la creación desordenada de distritos judiciales solo han servido para agigantar el aparato burocrático. La famosa y nunca acabada «carga procesal» se ha convertido en el pretexto más cómodo para justificar la ineficiencia diaria.

Es momento de deslindar roles con absoluta claridad. Los jueces han sido formados para dirigir procesos, tutelares de derechos y dictar sentencias con solvencia legal y constitucional; no para diseñar la arquitectura estratégica o administrativa de una entidad pública de tal complejidad. La planificación del sistema de justicia no es ni puede ser una tarea exclusivamente jurídica, sino que requiere indispensablemente del concurso multidisciplinario: estadísticos, ingenieros de procesos, administradores y economistas, entre otros. Pretender que la gestión judicial sea conducida únicamente bajo la lógica procesal equivale a pedirle a un eminente cirujano que proyecte la ingeniería y construcción de un hospital.

Como bien recordaba el célebre jurista procesalista italiano Piero Calamandrei, la efectividad del Derecho no reside en la solemnidad de las formas ni en el lujo de los tribunales, sino en la capacidad del sistema para ofrecer soluciones humanas, céleres y oportunas a quienes buscan protección legal. Si el Perú aspira verdaderamente al desarrollo y a la seguridad jurídica, necesita una administración de justicia radicalmente distinta a la actual, sin asignaciones presupuestales millonarias que terminen diluyéndose en el gasto corriente de la institución.

Creo que nuestra justicia del siglo XXI debe proyectar un cambio de visión y erigirse sobre tres pilares fundamentales:

1. Administrar el despacho como un servicio de calidad, dejando de lado la cultura arraigada de reprogramar audiencias sistemáticamente. El despacho judicial debe gerenciarse con estándares de excelencia y una simplificación efectiva, entendiendo que el tiempo del ciudadano y del proceso debe respetarse de forma irrestricta, pues una justicia tardía deja de ser justicia.

2. Dotar a la gestión de una verdadera ingeniería de procesos para modernizar el trámite del expediente, superando de una vez la «digitalización nominal» —esa ilusión burocrática que confunde la verdadera transformación digital con el simple escaneo de folios—, implementando herramientas operativas reales, tales como la automatización inteligente, la interoperabilidad efectiva entre entidades del sistema y el uso de inteligencia de datos para optimizar los flujos de trabajo diario.

3. Reestructurar el control disciplinario desde la propia institución. ¿Ha cumplido la Autoridad Nacional de Control (ANC) los fines para los que reemplazó a la antigua OCMA? La respuesta del foro jurídico y la ciudadanía es categórica: no. La creación de un órgano externo ha burocratizado la fiscalización, debilitado la independencia judicial y alejado el control de la realidad de los despachos. La solución no es someter al Poder Judicial a tutelas externas, sino fortalecer un órgano de control interno altamente especializado, con independencia funcional, rigor técnico y capacidad sancionadora inmediata, que combata la impunidad frente a las demoras injustificadas y la mala praxis, sin vulnerar la independencia judicial.

Finalmente, este es un reto de gestión y no de gasto. Sin falsas promesas ni soluciones paliativas, el desafío del sistema de justicia no es gastar más, sino gestionar mejor. La reforma estructural de la justicia no vendrá de una nueva ley procesal ni de un código redactado entre comisiones, sino de una auténtica visión de Estado que combine el rigor del Derecho y la naturaleza autárquica del juez con la disciplina de la gestión pública moderna. Atención ahí, respetados señores candidatos a la presidencia de la Corte Suprema.

Para el abogado José Alfredo Pérez Duharte, la distancia entre continuar en carrera y volver a casa cabía en una pregunta. Había obtenido 68 puntos en el examen para dirigir la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Necesitaba 70 para seguir en carrera. La pregunta número 47 valía dos puntos y pedía identificar una afirmación incorrecta sobre las garantías del debido proceso electoral. El postulante sostuvo que la equivocación estaba en la clave con la que lo habían calificado.

El episodio ha modificado el segundo concurso convocado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para elegir, por cuatro años, al jefe nacional de la ONPE. Hasta antes de la controversia, el proceso parecía repetir el primer concurso: Carlos Martín Loyola Escajadillo avanzaba y los demás quedaban fuera. El 9 de octubre, diez postulantes rindieron la prueba. Loyola obtuvo 92 puntos, según la información pública de la JNJ. Fue el único aprobado.

Detrás de este concurso hay una crisis que todavía pesa sobre la institución electoral. Piero Corvetto renunció el 21 de abril, nueve días después de una primera vuelta marcada por graves problemas en el despliegue del material electoral. En su carta reconoció dificultades técnicas y operativas y consideró necesario apartarse para contribuir a recuperar la confianza ciudadana. La JNJ aceptó su dimisión. Ahora está inmerso en investigaciones administrativas y penales. Desde entonces, Bernardo Pachas ejerce interinamente la jefatura. La primera búsqueda de un reemplazo definitivo terminó sin nombramiento. Loyola llegó a la instancia final y obtuvo 82,49 puntos en el cuadro de méritos, pero el 14 de julio no reunió los votos necesarios.

La segunda convocatoria comenzó el 25 de agosto. En octubre, Loyola volvió a colocarse delante. Sus competidores más próximos, Teresa Giovanna Durand Silva y Pérez Duharte, consiguieron 68 puntos cada uno: una respuesta correcta menos de las necesarias para superar el umbral. La diferencia con el primero era considerable; la distancia respecto de la siguiente etapa, mínima. Las bases parecen dejar poco espacio para discutir ese resultado. Todas las etapas son eliminatorias, exigen al menos 70 puntos y la calificación del examen de conocimientos es inimpugnable. Pero contienen otra disposición: las situaciones no previstas deben ser resueltas por el pleno conforme a la ley y a principios de equidad, razonabilidad y prudencia. Entre ambas reglas se abrió paso el reclamo. La pregunta 47 condensaba un antiguo conflicto constitucional. La clave señalaba como incorrecta la alternativa que admitía el amparo contra resoluciones electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Otras dos opciones afirmaban, sin excepciones, que determinadas resoluciones del JNE y de la propia JNJ no podían revisarse judicialmente.

El problema es que la Constitución no termina en su lectura literal. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido que una resolución electoral puede someterse a control constitucional cuando vulnera derechos fundamentales. Eso no convierte al amparo en una apelación ordinaria ni permite detener el calendario electoral, pero impide entender la autonomía del JNE como inmunidad absoluta. Una pregunta de respuesta única debía distinguir cuidadosamente esos planos.

Pérez Duharte había marcado la alternativa B, referida a las decisiones de evaluación y ratificación de jueces de la JNJ. En su escrito del 10 de octubre sostuvo que aquella afirmación absoluta también desconocía el control constitucional. Su argumento procesal fue igualmente preciso: no pedía impugnar su nota, sino corregir el parámetro utilizado para calcularla. Subsidiariamente, solicitó que, si se dejaba sin efecto la pregunta, sus puntos fueran otorgados a todos.

El pleno respondió mediante dos decisiones que conviene distinguir. Por unanimidad, reconoció que las bases no contemplaban una etapa formal de observaciones al examen. Por mayoría, decidió dejar sin efecto, de oficio, la pregunta 47 y reformular la relación de aptos. La institución corrigió el instrumento desde sus propias atribuciones, en lugar de anunciar que admitía una impugnación ordinaria.

La división fue de cuatro contra tres. Víctor Chanduví, Jaime de la Puente, Cayo Galindo y Germán Serkovic respaldaron la medida. María Teresa Cabrera, Gino Ríos y Rafael Ruiz Hidalgo votaron en discordia. La votación muestra que la salida distó de ser unánime.

Queda pendiente una precisión fundamental: anular una pregunta no equivale, automáticamente, a sumar dos puntos a todos. La otra opción sería bajar la vaya de aprobados a 68, siendo que no sería sobre 100, sino sobre 98. Si ese fuera el mecanismo aplicado, Pérez Duharte y Durand alcanzarían puntaje para seguir en carrera y habría tres candidatos. Mientras no se publique el cuadro reformulado y su fundamento, el ingreso de ambos debe presentarse como una posibilidad pendiente de confirmación.

Después vendrán la evaluación curricular, el plan de trabajo y la entrevista, además de las pruebas de confianza. La entrevista pesa el 35 % de la nota final; el examen, el 25 %. La ventaja inicial de Loyola importa, pero todavía falta buena parte del concurso.

La ONPE necesita un titular capaz de organizar elecciones confiables. La JNJ debe demostrar, mientras lo elige, que puede organizar un concurso igualmente confiable. Por ahora, esa exigencia se ha detenido en una pregunta que debía evaluar a los candidatos y terminó examinando a sus evaluadores. (Carlos Paredes)

El Country Club El Bosque, uno de los centros recreacionales más conocidos y prestigiosos de Lima, viene atravesando una disputa que escapa de ser un asunto interno y ha trascendido a un plano judicial por la presidencia del recinto. Este lío enfrenta a Rodolfo García Otoya, exdirector del club, y a Renzo Gotelli Meléndez, quien ganó las elecciones en noviembre de 2025.

García Otoya se apega a que la lista ganadora no estuvo inscrita en Registros Públicos para desconocer los resultados y mantener un mandato transitorio hasta convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, Gotelli alega que este no es motivo suficiente para ir en contra de la voluntad de los asociados. De igual forma, procedió con los papeleos pendientes para asumir la administración del club, proceso que, según alega, estaría próximo a culminar y su victoria sería reconocida ante la ley.

“El club está en la ruina económica”, declaró Gotelli en uno de sus pronunciamientos públicos realizados desde la cuenta de Facebook C. C. El Bosque Chosica, una página creada por él mismo tras el impedimento de acceder a las cuentas oficiales. CARETAS habló con él en la sede de Chosica, donde desempeña su mandato. Según denuncia, es la única sede en la que puede permanecer, ya que García Otoya se encuentra atrincherado en las instalaciones de Surco, Playa y San Borja (Bailetti).

“Ya él, sin ninguna medida incluso, sigue usurpando las sedes. Se resiste a salir porque está esperanzado en obtener una medida cautelar en el Décimo Juzgado Constitucional”, señaló Gotelli, quien agregó que, de lograr su posesión como nuevo titular del club, solo habría un trámite pendiente. “Sacarlo, denunciarlo y meterlo preso”, anota sobre las acciones que ejecutaría contra García Otoya.

HOYO FINANCIERO

El Club El Bosque estaría prácticamente en la ruina por responsabilidad de García Otoya. Según Gotelli, la organización presenta deudas millonarias. Un documento del estado de cuenta del club en el Scotiabank, al que CARETAS tuvo acceso, muestra que se habrían realizado pagos irregulares que bordean los S/ 2,3 millones.

“Tranquilamente, los problemas que nos rodean superan los 30 o 40 millones de soles”, señaló tras ser consultado por los presuntos daños económicos que habría dejado la anterior administración. Además, Gotelli denuncia daños a las infraestructuras y la construcción de un coliseo en la sede Surco sin estudio técnico y poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores del recinto.

Según la auditoría forense, publicada por Grant Thornton el 30 de diciembre de 2025, se exhibió el uso indebido de los recintos, así como la presencia de un régimen disciplinario, conflictos de interés, nepotismo, exposición al fraude, falta de transparencia, entre otros.

PASADO CUESTIONADO

Una arista en esta historia de conflicto en torno al Club El Bosque es el file de Rodolfo García Otoya. Según documentación fiscal, a la que CARETAS tuvo acceso, registra un prontuario policial y una serie de investigaciones de carácter penal, civil y de violencia familiar.

Entre las acusaciones principales resaltan resistencia a la autoridad, lesiones culposas, comisión de falsedad, apropiación ilícita, encubrimiento, robo agravado, maltrato psicológico, entre otros. Pese a este rosario de denuncias, García Otoya no escatima en presentarse como presidente de un Consejo Directivo Transitorio de El Bosque, según un comunicado oficial emitido el pasado 23 de abril.

En la citada publicación, García Otoya exhibe como directivo a Manuel Antonio García Godos Ronco. Este último personaje es recordado por ser parte de “Los Charlys del Sur”, organización criminal presuntamente liderada por el exalcalde de Punta Negra, Willington Robespierre Ojeda Guerra.

En 2018, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur dictó 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de falsificación de documentos, peculado, corrupción de funcionarios y organización criminal.

CUELLO BLANCO

Otro actor clave dentro de la problemática que afecta al Club El Bosque tiene nombre y apellido: el juez Julio César Arbieto Huansi. Este magistrado sería cercano a Rodolfo García Otoya y habría favorecido su permanencia al frente de la organización, según Gotelli.

Una prueba de ello es que Arbieto ordenó la conformación del Consejo Directivo Transitorio, mediante una medida cautelar presentada por García Otoya para quedarse con la presidencia del club, pese a que en las elecciones del año pasado resultó Renzo Gotelli como ganador.

Una investigación del portal Convoca detalla que el juez Arbieto fue investigado por su presunta vinculación con César Hinostroza en un proceso judicial relacionado con la hermana del exjuez supremo y su esposo, en el marco del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. En 2018, declaró fundada una demanda de prescripción adquisitiva sobre un inmueble en Lurín.

Sobre este caso, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó en julio del 2025 la suspensión de Arbieto por 36 meses. “Se tiene por acreditada la existencia de suficientes elementos que atribuyen al encausado la presunta participación en el delito de cohecho pasivo específico, organización criminal y falsedad ideológica”, se lee en el documento judicial respecto al actuar de Arbieto, entonces juez civil en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, quien habría coordinado con Hinostroza Pariachi para favorecer a su cuñado, Félix Yokokura Higa, en la obtención del inmueble.

Al cierre de esta edición, CARETAS buscó el descargo de García Otoya para conocer su postura frente a la crisis en el Club El Bosque. Sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna.

DESTRABE AL CONFLICTO

Lo cierto es que la controversia en el Club El Bosque estaría por terminar. El pasado 28 de septiembre, en respuesta a una medida cautelar presentada por Gotelli, el Noveno Juzgado Constitucional del Poder Judicial declaró fundado este recurso y ordenó la inscripción de su Consejo Directivo 2026-2027 ante la Sunarp.

Además, la resolución judicial exhorta al Consejo Directivo Transitorio de García Otoya a dejar de administrar y entregar todo lo correspondiente, incluyendo documentos y bienes, a los representantes de la lista ganadora en un plazo de tres días.

Pese al fallo, García Otoya apeló y presentó una acción de amparo ante el Décimo Juzgado Constitucional de Lima para cuestionar los argumentos que le dan la razón a Gotelli. Aún está sin resolverse. Sin embargo, semanas atrás, una medida cautelar suya también fue declarada infundada por la Sala Mixta Transitoria de Villa María del Triunfo.

El Bosque, que acoge a cerca de 10 000 socios, se mantiene en disputa. Hasta que no haya una decisión final del Poder Judicial en torno al consejo directivo, permanece sin un padre y sin protección ante las emergencias que se avecinan como El Niño. (Jesús Maza)

En la fachada de la avenida Arequipa, una pancarta descolorida muestra el mapa de Venezuela partido en dos como mudo reflejo del quiebre institucional. Tras las rejas y las ventanas cubiertas de polvo, los ambientes lucen sumidos en el abandono mientras miles de migrantes afrontan el vencimiento de sus documentos de estancia legal. La parálisis consular agrava la zozobra de una comunidad expuesta a la informalidad, a la espera de medidas concretas de identificación.

Las instalaciones de la embajada de Venezuela en Lima lucen un aspecto desolador. Entre el polvo acumulado y la falta de mantenimiento, una pancarta alusiva al mapa venezolano dividido a la mitad permanece colgada en un ventanal, sintetizando visualmente el estancamiento burocrático de la sede.

Para una masa migratoria que supera el millón y medio de personas, el edificio es el símbolo visible de pasaportes congelados y trámites notariales paralizados que condicionan su permanencia legal en el Perú. Mientras los discursos diplomáticos hablan de canales de diálogo bilateral, la atención presencial sigue suspendida y las ventanillas permanecen desiertas.

Detrás de esta parálisis se teje un proceso diplomático a tres bandas. José Gregorio Márquez, diplomático designado por Caracas para liderar la delegación en Lima, rompió el silencio en conversación telefónica con CARETAS desde Bogotá, Colombia, donde participa en un foro internacional.

Márquez reveló que la reestructuración cuenta con la veeduría y el financiamiento directo de Estados Unidos. "Hemos recibido la visita de una comisión de Estados Unidos que se encarga de la administración de la embajada en el Perú para tratar aspectos presupuestales y armar el equipo operativo de 45 personas", afirmó a esta revista.

Sin embargo, el diplomático disipó las expectativas de una atención inmediata al público. "Yo no voy a aperturar una embajada para hacer el ridículo. La apertura al público en general será a principios de enero. Tengo en Venezuela más de 4000 pasaportes represados que la gente pagó a 336 dólares y que nunca llegaron; primero tengo que garantizar la llegada de esa documentación", precisó Márquez.

EL PACTO Y EL CENSO DIGITAL

Las declaraciones del embajador coinciden con los anuncios de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre diálogos directos con la presidenta Keiko Fujimori enfocados en la agenda del retorno seguro y el diseño de protocolos de expulsión.

En el marco de la reanudación progresiva de los lazos bilaterales, Rodríguez enfatizó el interés de su gobierno en fortalecer el programa estatal Vuelta a la Patria para facilitar el regreso de sus connacionales. Asimismo, detalló que ambas cancillerías ya coordinan la logística para ejecutar traslados aéreos de deportación y habilitar los procesos de identificación necesarios.

Para abordar el descontrol documental, la estrategia diplomática venezolana incluye el despliegue de una tarjeta digital de identidad que funcionará como un censo obligatorio en territorio peruano.

Según explicó Márquez, esta herramienta buscará interoperar con las bases de datos de Migraciones, SUNAT y el sistema bancario local para cruzar información en un plazo de 30 días. Este filtro digital condicionará la ejecución de las deportaciones y el plan Vuelta a la Patria.

"Se van a reanudar los vuelos humanitarios, pero con verificación estricta. No vamos a permitir que se suban personas para irse de vacaciones y luego retornar por Tumbes. Sin embargo, el que se vaya en ese avión quedará bloqueado en el sistema", advirtió Márquez, acotando que la prioridad del programa estará centrada en adultos mayores, pacientes con enfermedades terminales y personas en extrema vulnerabilidad.

CERROJO BUROCRÁTICO Y ALIANZAS PENITENCIARIAS

Pese a las intenciones de la alta política, la reapertura plena tropieza con un entramado de factores técnicos y de seguridad. Alrededor del catorce por ciento de la comunidad venezolana en el Perú carece de estatus migratorio regular, condición que se agrava con el vencimiento de los plazos para la actualización de solicitudes de refugio.

Aquellos que no lograron revalidar sus expedientes se ven expuestos a la invalidez de sus permisos temporales de trabajo. Pese a que un alto porcentaje cuenta con formación universitaria o técnica, la imposibilidad de apostillar títulos o legalizar antecedentes penales los condena a la informalidad.

El plan bilateral aborda con especial énfasis la situación procesal de más de 4500 venezolanos recluidos en establecimientos penitenciarios del Perú.

Al respecto, Márquez confirmó a CARETAS la existencia de conversaciones multilaterales que involucran a las representaciones diplomáticas de Colombia y El Salvador para negociar la transferencia de reclusos de alta peligrosidad hacia penales de máxima seguridad como el CECOT en El Salvador. Este esquema busca aliviar el hacinamiento penitenciario local y enviar una señal severa contra el crimen transnacional en la región.

La brecha entre las proyecciones bilaterales y la realidad de las calles revela las contradicciones de una política migratoria centrada en la sanción antes que en la regularización efectiva. Mientras las autoridades locales intensifican los discursos de firmeza para combatir la criminalidad urbana, la falta de un canal consular operativo frena los procesos de identificación formal que permitirían diferenciar a la inmensa mayoría de trabajadores de los sectores delictivos.

La embajada de Venezuela en Lima continúa siendo un templo fantasma de promesas, donde miles de familias siguen dependiendo de un sello para salir del anonimato legal.

Hay una contradicción particularmente irritante en los políticos que llegan al poder prometiendo redimir a los pobres y terminan rodeados de acusaciones de haber utilizado los recursos de esos mismos pobres para satisfacer sus apetitos y vicios personales. No es una contradicción exclusiva de la izquierda, pero adquiere una dimensión especialmente grotesca cuando sus protagonistas han construido toda su carrera sobre el pedestal de una supuesta superioridad moral, desde el cual denuncian los privilegios, la corrupción y la decadencia moral de las élites.

El colombiano Gustavo Petro hizo de esa denuncia una profesión. Antiguo militante del M-19 —guerrilla que abandonó las armas para incorporarse a la vida democrática—, alcalde de Bogotá, senador y, finalmente, primer presidente de izquierda de Colombia, cultivó durante décadas la imagen del revolucionario que venía a corregir las injusticias de un país profundamente desigual. Su discurso era el de los excluidos. Sus enemigos, los poderosos. Su promesa, una transformación histórica.

Ahora, el hombre que pretendía cambiar las costumbres políticas de Colombia enfrenta acusaciones que, de comprobarse, revelarían una forma especialmente grotesca de ejercer el poder: haber organizado una red de mujeres, muchas de ellas vulnerables, a quienes habría solicitado favores sexuales a cambio de empleos públicos para los que no estaban calificadas. Es decir, haber satisfecho sus retorcidos apetitos sexuales con dinero del Estado.

El escándalo acaba de destaparse en Colombia. Los testimonios sobre la presunta entrega de contratos a cambio de relaciones sexuales se encuentran todavía en el terreno de las denuncias mediáticas y, en algunos casos, de las formalizadas ante la Fiscalía o el Congreso. No hay sentencias aún. Pero la gravedad de los señalamientos exige una investigación rigurosa, no su descalificación automática como simples chismes sobre la vida privada de un expresidente. Porque no interesa cuántas parejas haya tenido Petro, cuáles sean sus preferencias sexuales ni quiénes lo hayan acompañado. Todo eso pertenece a su intimidad. Lo que interesa es algo mucho más sencillo y bastante más grave: si utilizó el dinero de los contribuyentes colombianos para pagar por sexo, drogas u otros placeres nada revolucionarios.

LAS ACUSADORAS

El testimonio de la joven Deicy Alejandra Jiménez, divulgado por la revista Semana, merece atención por una razón que trasciende sus detalles escabrosos. Jiménez afirma haber mantenido relaciones íntimas con Petro desde 2019, cuando era senador, y haber recibido contratos estatales como contraprestación. Los contratos existen en varias instituciones públicas. Jiménez sostiene, además, que había decenas de mujeres en situaciones semejantes. Asegura conservar en su celular fotografías y videos que, según ella, muestran a Petro en un penoso estado de degeneración. También ha exhibido algunas fotografías de prendas que, afirma, serían del expresidente y estarían relacionadas con un encuentro íntimo. La Procuraduría y la Fiscalía han iniciado indagaciones. Petro niega categóricamente las acusaciones. El escándalo adquiere otra dimensión con el testimonio de Angie Rodríguez, antigua directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. En entrevistas concedidas a Caracol Radio y a Daniel Samper Ospina, Rodríguez señaló directamente a Laura Sarabia, una de las colaboradoras más poderosas y cercanas a Petro. Según su versión, Sarabia conocía los gustos personales del mandatario, disponía supuestamente de fotografías y videos comprometedores y habría utilizado esa información para presionarlo y acumular poder. Rodríguez llegó a afirmar que el presidente podía permanecer desaparecido durante tres días mientras Sarabia tomaba decisiones importantes. No presentó públicamente las grabaciones que, según ella, sustentarían sus acusaciones.

La pregunta central es tan sencilla como devastadora: ¿el dirigente que decía combatir los privilegios de las élites habría creado los suyos utilizando las arcas públicas? No sería una contradicción menor, sino la negación misma de aquello que decía representar. Durante años, Petro presentó la política como una confrontación moral entre una oligarquía insensible y un pueblo al que había que devolverle la dignidad. Sin embargo, si las denuncias se corroboran, el supuesto redentor de los desposeídos habría tratado al Estado como una prolongación de sus propios deseos. Los empleos públicos, concebidos para atender necesidades colectivas, habrían terminado convertidos en moneda de cambio para obtener compañía sexual. Pero hay algo todavía más perturbador: las mujeres mencionadas en las denuncias no serían necesariamente beneficiarias privilegiadas de un sistema corrupto. Algunas podrían haber sido personas vulnerables, atrapadas en relaciones profundamente desiguales con un hombre poderoso, capaz de influir sobre sus oportunidades laborales. Corresponde a una investigación independiente y rigurosa de la Fiscalía colombiana esclarecer si hubo coerción, explotación o condicionamiento sexual.

NO SOLO SEXO, TAMBIÉN ALCOHOL Y DROGAS

A Petro también se lo ha acusado de ser un consumidor habitual de drogas. Antiguos colaboradores y personas que aseguran haber conocido su intimidad han ofrecido testimonios inquietantes. Álvaro Leyva, su excanciller, habló públicamente de una presunta adicción. Deicy Jiménez ha declarado que le conseguía cocaína. Ninguna de esas declaraciones constituye una prueba clínica ni permite establecer que Petro fuera un consumidor compulsivo. Pero tampoco son afirmaciones que deban desestimarse sin más, especialmente cuando provienen de personas que aseguran haber tenido acceso directo al expresidente. Durante la campaña presidencial de 2022, Petro apareció en un acto en Girardot con dificultades para hablar. Él mismo reconoció haber bebido whisky y atribuyó su estado al cansancio.

LA VIDA LOCA EN LA CASA DE NARIÑO

Un presidente no pierde su derecho a la intimidad por llegar al poder. Pero tampoco puede refugiarse en ella para impedir que se investigue si su conducta afectó el cumplimiento de sus obligaciones oficiales. Las ausencias y los retrasos de Petro durante su mandato alimentaron esa discusión. En París, en 2023, prolongó su estancia después de cumplir sus compromisos oficiales, en medio de especulaciones sobre excesos y juergas. En Panamá, en 2024, faltó a una cena presidencial mientras circulaban imágenes en las que aparecía paseando en compañía de una persona descrita como una mujer trans. Nada de ello demuestra una adicción ni un delito. Sí ilustra la distancia que puede abrirse entre las responsabilidades de un jefe de Estado y las prioridades de quien las ejerce. Durante sus cuatro años de gobierno, las recurrentes impuntualidades e inasistencias de Petro, sumadas a otras conductas consideradas erráticas, alimentaron las sospechas sobre la presunta adicción al alcohol y las drogas que se le atribuye.

Petro ha respondido denunciando que el último escándalo, en el que se lo presenta como un depredador sexual, forma parte de una operación política contra su vida privada. Es posible que algunas acusaciones tengan una motivación política, pero esa posibilidad no invalida automáticamente los testimonios coincidentes ni vuelve innecesario investigar los contratos. La obligación de rendir cuentas no desaparece porque los denunciantes sean adversarios políticos.

EN EL NOMBRE DEL PADRE

Los escándalos de corrupción tampoco se limitaron a Gustavo Petro. Desde marzo de 2023, su hijo Nicolás Petro, exdiputado del departamento del Atlántico, enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, recepción irregular de fondos para la campaña presidencial de su padre e irregularidades en contratos públicos. Al igual que Gustavo, Nicolás Petro también fue delatado por una mujer. No era una dama de compañía, sino su propia esposa, que no le perdonó que la engañara con su mejor amiga.

Petro quiso presentarse como el hombre que venía a rescatar al Estado de sus antiguos propietarios. Hoy debe responder a la sospecha de haberlo tratado como patrimonio propio. La tragedia de ciertos revolucionarios no consiste en que fracasen intentando acabar con los privilegios. Consiste en que, cuando finalmente llegan al poder, descubren cuánto les gustan.

Con el fenómeno de El Niño lloviendo sobre nuestras cabezas, una carretera ya se encuentra inutilizada incluso antes de que empiece el aguacero. Y no es por el desastre natural, sino por la negligencia de algunos funcionarios.

El pasado 29 de setiembre del 2026, un fallo judicial del 12 Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró fundada en parte la demanda interpuesta por Empresa Comercializadora del Oriente SAC contra Provías Nacional. Esta resolución declara la nulidad parcial de una anterior resolución directorial. Y le ordena a Provías Nacional pagar a la empresa el valor acordado de la adquisición del terreno (S/ 8’767, 349.63), conforme a la tasación oficial de abril del 2025.

Como se recuerda, Provías Nacional había emitido una nulidad de oficio y un procedimiento expropiatorio forzoso. Una salida legal que solo pospuso el problema que aún afecta el tramo de 560 metros ubicado en el kilómetro 3.5 de la av. Néstor Gambetta, en Ventanilla, Callao. Se trata de un enorme forado, resultado de un colapso del pavimento en la conocida zona industrial. La arteria vial había sido sometida a trabajos de reparación. Sin embargo, el terreno volvió a presentar fallas y cedió en uno de sus carriles.

La licitación pública para la obra de mejoramiento de la avenida se convocó en el 2025. Más de un año después y a pesar de la sentencia judicial, el problema no tiene visos de solución. Una negligencia imperdonable con el fenómeno de El Niño ya gateando en todo el país.