La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) acaba de confirmar lo que nadie quería escuchar: El Niño costero está aquí, con magnitud fuerte proyectada entre junio y septiembre, y se extenderá hasta el verano de 2027. No es una sorpresa. Nunca lo es. Y, sin embargo, “dormimos en nuestros laureles” y volvemos a encontrarnos en el mismo lugar de siempre: mirando el cielo, contando los muertos y calculando los daños que, una vez más, nadie evitó.
Los números duelen. Especialistas lo advierten con datos en mano: siete regiones clave (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua) pueden perder hasta S/291 millones diarios cuando el fenómeno golpea con fuerza —¿y los Gobiernos regionales?—. Esas regiones concentran el 23 % del PBI nacional y el 27 % del empleo formal.
Pero, veamos, el sector manufactura encabeza las pérdidas con S/111 millones al día; le siguen rubros como comercio, agropecuario y transporte. Más de 11 millones de peruanos están expuestos. Y el presupuesto que este gobierno destina a gestión del riesgo de desastres sigue siendo inferior al 0,5 % del PBI. Eso no es prevención; eso es abandono calculado.
El drama no es solo económico. Es estructural. Tenemos 35 000 instituciones educativas y 7 000 centros de salud ubicados en zonas de alto riesgo. Cada temporada lluviosa los vemos colapsar en televisión, con la misma sorpresa fingida de las autoridades de turno. La pesca, motor del norte, sufre otro zarpazo: el calentamiento del mar desplaza la anchoveta hacia el sur y la hunde en profundidad, reduciendo capturas y golpeando a miles de familias que viven de ella.
¿Qué ha hecho este Gobierno? Lo de siempre: reaccionar tarde, improvisar, declarar emergencias cuando el daño ya es irreversible. El presupuesto para obras se recortó 30 % en los últimos dos años y el país, según los especialistas, destina menos del 0,5 % del PBI a gestión de riesgos. No hay ordenamiento territorial serio. No hay drenaje pluvial en ciudades que llevan décadas pidiéndolo. No hay un sistema de alerta temprana robusto y descentralizado. No hay gestión ni del Gobierno nacional ni de los regionales; y la ejecución, magra. Hay anuncios, viajes presidenciales a zonas afectadas y promesas que el siguiente fenómeno borrará.
Perú no puede seguir siendo rehén de su propia desmemoria institucional. El próximo Gobierno tendrá una deuda impostergable con el país. No basta con crear comisiones ni con copiar planes que duermen en cajones. Necesitamos un Plan Nacional de Adaptación Climática y urgentemente una política de Estado de gestión de riesgo, blindada de vaivenes políticos, con presupuesto real, metas verificables y continuidad, y, lo que consideramos esencial, nombrar una autoridad única técnica con poder real entre sectores. El caos institucional entre INDECI, CENEPRED, los Gobiernos regionales y los ministerios ha costado vidas y millones.
Necesitamos elevar la inversión en gestión de riesgos al menos al 2 % del PBI, como recomiendan los propios organismos internacionales. Y necesitamos, de una vez, prohibir las habilitaciones urbanas en zonas de alta vulnerabilidad hídrica. El Niño no pidió permiso en 1983 ni en 1998 ni en 2017. No lo pedirá ahora. La pregunta no es si vendrá; es si seguiremos recibiéndolo con las manos vacías. Esa respuesta, lamentablemente, ya la conocemos.
