El Congreso acaba de aprobar una de las normas más polémicas de este último tramo legislativo. Bajo el argumento de fortalecer la función militar y policial y endurecer las sanciones contra los agentes del Estado que colaboren con organizaciones criminales, el Parlamento ha reabierto una discusión sensible: quién debe juzgar a policías y militares cuando actúan durante un estado de emergencia.
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