Por: EDUARDO BRUCE MONTES DE OCA
La crisis del sistema electoral que hoy atravesamos no tiene parangón en la historia de nuestra frágil democracia. La insignificante brecha de votos entre los candidatos Roberto Sánchez (RS) y Rafael López Aliaga (RLA), sumada a la polarización extrema que ambos representan, nos coloca en otro escenario político potencialmente explosivo.
RLA exige nuevas elecciones o, al menos, comicios complementarios para quienes no han votado, mientras que RS advierte que cualquier modificación de las reglas electorales vigentes constituye una grave afectación de la voluntad popular.
Son posiciones extremas e irreconciliables. Conviene, sin embargo, mirar más allá del conflicto inmediato. Lo único claro es que llegaremos a una segunda vuelta en la que alguno de los dos enfrentará a Keiko Fujimori. Vamos a analizar el escenario más disruptivo y peligroso:
Supongamos que, en la segunda vuelta, Roberto Sánchez se impone. Su eventual llegada al poder genera rechazo y temor, no solo por una agenda percibida como contraria al modelo de economía de mercado, sino también por su trayectoria política. Su paso como ministro de Pedro Castillo —donde el Ministerio de la Producción fue señalado como botín político— pesa como antecedente.
La respuesta está en el nuevo Congreso. El conteo preliminar muestra un Parlamento fragmentado, sin mayorías claras, pero con dos bloques ideológicamente opuestos. Por un lado, la derecha representada por Fuerza Popular y Renovación; por el otro, la izquierda agrupada en Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, Obras de Ricardo Belmont y Ahora Nación de Alfonso López Chau.
Según la información disponible hasta ahora, se trataría de dos bloques con cantidades de congresistas más o menos equivalentes, sin que ninguno alcance la mayoría absoluta. En medio de ambos, emerge un actor clave: el Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto, que podría convertirse en el fiel de la balanza.
Entonces, la construcción de una mayoría que defienda el modelo democrático vigente requeriría dos condiciones: Que Fuerza Popular y Renovación articulen una coalición en defensa del sistema. Que acuerden con el Partido del Buen Gobierno una agenda consensuada, necesariamente más cercana al centro.
Solo así el Congreso podría actuar como contrapeso frente a un eventual gobierno de izquierda radical encabezado por Sánchez. Para que ese escenario funcione, el Parlamento deberá comportarse como corresponde a una institución democrática: alianzas abiertas, acuerdos públicos y una agenda mínima compartida que resulte comprensible y aceptable para la ciudadanía.
Esto implica, además, ajustes de conducta en los principales liderazgos: Rafael López Aliaga tendría que moderar su estilo confrontacional y mostrar modales democráticos; Keiko Fujimori, dejar atrás los reflejos autoritarios que aún generan desconfianza a muchos.
No es una tarea sencilla. Es, más bien, un cambio cultural que la política peruana ha evitado durante décadas. Si esa alianza llegara a concretarse —con una agenda consensuada y el respaldo del actor bisagra Partido del Buen Gobierno—, el Congreso podría convertirse en un dique de contención. No evitaría todo el deterioro institucional, pero sí podría limitar los efectos más disruptivos de un eventual gobierno de Sánchez.
De lo contrario, el riesgo es claro: un retorno a una agenda similar a la de Pedro Castillo, con una diferencia inquietante —Sánchez podría ser políticamente más hábil y haber aprendido de los errores que precipitaron la caída de su antecesor—.
El Perú podría quedar, una vez más, en manos de su Congreso. La historia reciente no invita al optimismo. Pero, en un escenario de alta incertidumbre, el Parlamento será —para bien o para mal— el principal árbitro del sistema político. Si actúa con responsabilidad, aún será posible defender el modelo democrático y económico vigente. Si no, el país entrará en una nueva fase de deterioro.