Nasario Cabrera Pacaya, con DNI 48033914, instaló la mesa electoral que presidió a las 7:20 a. m. en el colegio Teniente EP Luis García Ruiz, ubicado en el poblado Soplín Vargas, distrito Teniente Manuel Clavero, provincia de Putumayo, Loreto. Durante la jornada, de los 283 ciudadanos registrados en su mesa, solo votaron 44. Resultó ganador César Acuña con 18 votos, seguido de Roberto Sánchez con 6 y Keiko Fujimori con 5. Otros candidatos sumaron 3, 10 ciudadanos votaron en blanco y 2 viciaron su elección. El número de mesa es 903556. Esta es la historia que nos dice las actas redactadas de puño y letra accesible por todos en el portal de la ONPE.
Soplín Vargas está ubicado en la orilla peruana del río Putumayo y alberga la única aduana en esa zona de frontera con Colombia. El distrito Teniente Manuel Clavero fue creado mediante Ley 28362 del 19 de octubre del 2004 y la provincia del Putumayo el 6 de mayo de 2014. No existe otro colegio en el distrito. Allí se instalaron diez mesas de votación: ocho regulares, desde el código 067365 hasta el 067372, y dos correspondientes a la serie 900K (903556 y 903557). Se ve que el Estado ha hecho esfuerzos para tener presencia en esa estratégica zona fronteriza.
Sin embargo, en un video publicado por López Aliaga, esta mesa es señalada como ilegal y fraudulenta y se plantea anular su resultado, como pretende hacerse con el total de las más de 4700 mesas de la serie 900K. Entonces Nasario Cabrera no existiría, o él y los votantes de su mesa han sido suplantados por fuerzas oscuras para distorsionar el voto popular.
De existir, no se sabe si el ciudadano Cabrera Pacaya conoce que hay quien intenta desconocer su trabajo y anular los votos emitidos en su mesa. Si lo sabe, difícilmente debe sentirse conforme; si en algún momento sintió desafección hacia el centralismo excluyente —ese mismo que ahora pretende cuestionar el valor de su voto—, ese rechazo puede intensificarse aún más. Y si no votó por Roberto Sánchez en primera vuelta, ahora tendría motivos de sobra para inclinarse hacia el candidato radical de izquierda.
Es importante señalar que una irregularidad no implica necesariamente fraude. Le corresponde al acusador, Renovación Popular, asumir la carga de la prueba: demostrar que los hechos calificados como irregulares fueron generados deliberadamente con la intención de afectar la voluntad popular y que ese supuesto fraude, efectivamente distorsionó el resultado electoral.
Pero la ONPE y el JNE también tienen responsabilidades. Es importante proceder con una auditoría seria por el JNE. Es verdad que una auditoría total sería muy onerosa en tiempo y recursos, pero aplicando una metodología basada en muestreos selectivos podría obtenerse un resultado confiable en un período muy corto. De hecho, en el caso de las mesas 900 bastaría con seleccionar aleatoriamente una muestra y verificar la corrección del proceso.
Esto es relativamente sencillo, puesto que todas las actas están disponibles en internet, llenadas a mano y con las firmas de los miembros de mesa y los personeros.
Con esta auditoría aplicada a la mesa del ciudadano Nazario Cabrera Pacaya, sabremos una verdad difícilmente refutable: los 283 ciudadanos registrados existen efectivamente, los 44 votantes que figuran en el padrón, con su huella y firma, son ciudadanos reales, en cuyo caso su derecho al voto debe ser plenamente respetado.