El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) removió a Calixto Lucero Rodríguez de la dirección del penal de Barbadillo, luego de que se revelara que su hija recibió un contrato como personal técnico en la bancada de Juntos por el Perú. La medida también se enmarca en los cuestionamientos por la incorporación de familiares de trabajadores encargados de la custodia del expresidente Pedro Castillo en dependencias del Congreso.
Mediante la Resolución Presidencial N.° 706-2026-INPE/P, la institución encargó la dirección del establecimiento penitenciario a Claudio Lino Andia Nina. La decisión se produjo después de que el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, considerara necesario cambiar al responsable del penal para preservar la seguridad y neutralidad de la custodia.
¿Quién es Claudio Lino Andia Nina, el nuevo director del penal de Barbadillo?
Claudio Lino Andia Nina es servidor del INPE y cuenta con experiencia en la administración de establecimientos penitenciarios. Antes de asumir la dirección de Barbadillo, en mayo de 2026, estuvo a cargo del penal Virgen de la Merced, perteneciente a la Oficina Regional Lima de la institución.
Ahora, Andia Nina quedó al frente del penal de Barbadillo. Su designación corresponde a un encargo administrativo. La decisión fue adoptada por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Abraham Lescano Salazar, quien dispuso el cambio tras los cuestionamientos sobre los vínculos entre trabajadores del penal y personas contratadas en el Congreso.
El ministro Ernesto Álvarez había anunciado que buscarían a un militar en retiro con experiencia en seguridad e inteligencia para asumir posteriormente la jefatura del establecimiento. Según explicó, el coronel Alejandro Lescano, jefe del INPE, recibió esa instrucción y la nueva designación se realizaría durante esa semana.
Contrataciones en el Congreso: los familiares de trabajadores de Barbadillo involucrados
Según revelación de Cuarto Poder, familiares de trabajadores vinculados a la custodia de Pedro Castillo recibieron contratos en dependencias del Congreso relacionadas con Juntos por el Perú. Uno de los casos corresponde a Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del entonces director Calixto Lucero Rodríguez, quien ingresó como personal técnico al despacho de la diputada Azucena Isla Rojas con una remuneración mensual de S/8.300.
Por otro lado, Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo del agente del INPE Juan Ramón Hurtado Barrenechea, fue contratado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con un sueldo de S/8.000. La investigación también identificó a Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal de Barbadillo, como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la diputada Catherine Palomino Casavilca.
Consultada por la contratación de Yulissa Lucero, Azucena Isla sostuvo que su incorporación respondió a una necesidad de su despacho y negó que Pedro Castillo le hubiera recomendado su nombre. Por su parte, Sandoval descartó cualquier interferencia del exmandatario en su designación. Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado declinaron brindar declaraciones, según RPP.
INPE: ¿cuál es la situación de Calixto Lucero Rodríguez?
La remoción de Calixto Lucero Rodríguez de la dirección de Barbadillo no implica su salida automática de la institución. El ministro Ernesto Álvarez explicó que el funcionario pertenece a la carrera penitenciaria y que su eventual separación definitiva dependerá de un procedimiento administrativo disciplinario dentro del INPE. La rotación inmediata del cargo, precisó, no impide que se tramite ese proceso.
Álvarez también señaló que Lucero no presentó una declaración jurada de intereses porque, al ser un funcionario de carrera, no estaba obligado a hacerlo. El ministro cuestionó que familiares de trabajadores encargados de la custodia de Castillo mantuvieran vínculos laborales con espacios parlamentarios relacionados con el grupo político al que pertenece el expresidente. A su juicio, esa situación podía comprometer la neutralidad de la seguridad penitenciaria.
Antes de la resolución que formalizó su remoción, el INPE ya había anunciado que apartaría de sus cargos al personal involucrado en los hechos expuestos por el reportaje. La institución justificó la medida por la necesidad de garantizar el control interno y el funcionamiento adecuado de los establecimientos penitenciarios.