La palabra “fraude” ya es un peruanismo. En cada elección presidencial reciente no ha dejado de pronunciarse. Por eso, ha perdido su potencia acusatoria. Fue Keiko Fujimori —recordémoslo— quien denunció fraude en las tres elecciones que perdió.
Pero este 2026, si bien el libreto se repite, el protagonista ha cambiado. Ahora es el candidato Rafael López Aliaga quien alega fraude, articulando un relato que combina estrategia política y apelación emocional.
No hay que olvidar que López Aliaga venía denunciando fraude en su contra desde antes de la primera vuelta. Culpaba a las encuestadoras de que, tras ubicarlo en el primer lugar durante meses, comenzaron a reflejar el ascenso de otros candidatos. Sin embargo, omitía un dato clave: su intención de voto no superaba el 12 %, y los errores de su campaña empezaban a hacerse evidentes. Aun así, la acusación de fraude no se insinuaba: se afirmaba con contundencia, buscando instalarse en el imaginario colectivo.
Dentro de esa narrativa, López Aliaga incorporó otro elemento: los medios de comunicación ignoraron su campaña debido a su propósito de eliminar la pauta publicitaria estatal durante su eventual gobierno. De este modo, construyó la idea de un supuesto sabotaje mediático sin aportar ninguna prueba. Otra forma de alimentar la noción de fraude.
El guion no es nuevo. La denuncia de fraude hay que convertirla en estrategia y la estrategia en identidad política. Se denuncia antes de contar los votos, durante el conteo de votos y, si hace falta, después de conocidos los resultados. Así, cualquier desenlace queda cubierto: si se gana, el pueblo habló; si se pierde, se falseó la voluntad ciudadana.
Y llegó el 12 de abril: en un acto de incompetencia inexcusable, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no entregó a tiempo el material para la instalación de las mesas de sufragio, dificultando que la ciudadanía votara en el horario establecido. Este hecho, injustificable, se circunscribió a algunas zonas de Lima Metropolitana sin afectar al resto del país. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se vio obligado a ampliar el horario e incluso a habilitar el día siguiente para quienes no pudieron votar. El fraude denunciado por López Aliaga se amplificó entonces en grado superlativo: las propias autoridades electorales también estaban comprometidas en el engaño organizado en su contra.
Han pasado varias semanas desde las elecciones. Los denunciantes del supuesto fraude han recurrido a todos los mecanismos posibles. En ese trajín, se ha insultado y se ha amenazado, objetándose incluso la auditoría dispuesta por el JNE. Se ha llegado al extremo de pedir un golpe de Estado militar, en un desvarío inadmisible. Lo único que ha faltado es el talante democrático: aceptar que en una competencia se puede perder.
Salvo sus propias afirmaciones, López Aliaga no ha aportado evidencia alguna de que haya existido una operación en la que encuestadoras, medios de comunicación, autoridades electorales y observadores internacionales hayan conspirado para cometer un fraude en su contra. Lo que sí ha logrado López Aliaga, con notable eficacia, es herir gravemente la credibilidad del sistema electoral y erosionar la confianza de la ciudadanía en la democracia peruana.
*Abogado y fundador del Foro Democrático.