Keiko Fujimori ha encontrado una preocupante y eficaz manera de seguir influyendo en el poder en el Perú: perder elecciones. Esto, sin perjuicio de haber ganado la primera vuelta en este proceso electoral del 2026, con apenas 17 % de los votos válidos.
La señora K descubrió la fórmula y la hizo pública el 28 de julio de 2016, hace una década atrás, cuando liderando la mayor bancada parlamentaria de los últimos tiempos —tuvo 73 congresistas de 130— anunció, con notable arrogancia, que gobernaría el Perú desde el Congreso. Y lo logró: no gobernar sino dificultar que lo hiciera quien le había ganado las elecciones. La consigna no fue gobernar desde Palacio, sino condicionar desde el Parlamento. El Legislativo dejó de ser contrapeso para convertirse en un instrumento de presión constante sobre el Ejecutivo.
En más de 200 años de historia republicana, la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente no había sido utilizada como herramienta política, a pesar de estar recogida en nuestra tradición constitucional. Eso hasta que Keiko Fujimori promoviera aplicarla contra Pedro Pablo Kuczynski, provocando que este renunciara antes de ser destituido.
Lo que vino después es historia reciente: aplicar la figura de la vacancia presidencial, sucesivamente, recurriendo solo a un número de congresistas para hacerlo, ha traído como resultado una distorsión peligrosa: la legalidad convertida en herramienta de confrontación política. Y la Sra. K ha estado involucrada, directa o indirectamente, en todos los casos. Los daños institucionales causados por esta malsana práctica política —destituir presidentes lesionando gravemente su imagen— han sido enormes y tomarán tiempo en repararse. Se ha erosionado la confianza ciudadana. Haber tenido ocho presidentes en una década convierte al Perú en un caso vergonzoso ante el mundo.
Alberto Fujimori, padre de su aplicada hija, encontró también, en su momento, una fórmula eficaz para perpetuarse en el poder: revestir de legalidad decisiones profundamente autoritarias. El Congreso se convirtió en Constituyente y así aprobó la Constitución de 1993, habilitando la reelección presidencial inmediata. Con ello se consolidó el objetivo trazado tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992: mantenerse en el poder hasta que el régimen colapsó bajo el peso de su propia estructura corrupta.
Keiko Fujimori, heredera política de esa lógica que confunde legitimidad con legalidad, ha encontrado en el manejo del Congreso una vía eficiente para ejercer poder en el país: quien lo domina gobierna, aunque no ocupe la presidencia. Claro, mejor si la tuviera. De padre a hija: una herencia sin cierre.
De manera que, aun perdiendo la segunda vuelta el próximo 7 de junio, con la composición del Congreso a instalarse, según los resultados proyectados, la Sra. K seguirá ejerciendo una influencia decisiva en la conducción del país, fiel a una estrategia sostenida en el tiempo.
Frente a ello, el país enfrenta un gran desafío: la democracia no puede sostenerse si sus mecanismos son utilizados para desnaturalizarla. La paradoja es tan clara como preocupante: en el Perú de hoy, perder puede ser otra forma de ganar. Mientras esa lógica prevalezca, la estabilidad seguirá siendo una promesa pendiente.
*Abogado y fundador del original Foro Democrático