El proceso electoral en el Perú ha instalado una inquietante realidad: la combinación de tres conceptos —deslegitimación, fraude y algoritmo— para convertirse en una sola idea dentro del lenguaje político. Parece una formulación compleja, pero no lo es si observamos los hechos que la sustentan. Basta unir esos tres elementos para dibujar con claridad el escenario electoral peruano: un algoritmo entendido no en su dimensión informática estricta, sino como un mecanismo preconcebido para ordenar datos, construir percepciones y conducir a una conclusión anticipada: que el resultado electoral carece de legitimidad porque habría sido manipulado. No es improbable que esto se repita en la segunda vuelta.
Ese es el legado más nocivo que viene dejando desde hace varios años la reiterada invocación de fraude en cada elección nacional: convertir la principal celebración democrática —la elección libre de nuestras más altas autoridades— en una permanente procesión de sospechas y agravios. Y aunque algunos pretendan simplificarlo como parte del ruido político, lo cierto es que se trata de una herida profunda al sistema democrático. Instalar cotidianamente la palabra “fraude” en el imaginario popular no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que termina debilitando el valor mismo del voto.
Repasemos algunas cifras. El padrón electoral peruano es de aproximadamente 27 millones de ciudadanos. En la primera vuelta sufragaron alrededor de 16 millones. La diferencia se explica, entre otros, por estos motivos: millones de peruanos residentes en el extranjero no han actualizado su domicilio, ciudadanos que decidieron abstenerse y otros que no pudieron sufragar por no estar en su lugar de votación. En ese contexto, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, juntos, apenas llegan a 5 millones de votos, es decir, 18 % del padrón electoral. A ello hay que agregar un dato especialmente significativo: los votos nulos y en blanco ganaron la primera vuelta con el 16 % de los votos emitidos, reflejando el nivel de descontento y fragmentación política existente en el país. Rafael López Aliaga pierde su pase al balotaje por alrededor de 20 000 votos. Esa es la realidad de los números.
Sin embargo, la interpretación política de esas cifras ha sido utilizada de manera interesada para alimentar nuevamente la narrativa del fraude. La estrechez de algunos resultados, las diferencias mínimas entre candidaturas y el clima de polarización se convierten así en terreno fértil para sembrar dudas sobre la limpieza del proceso electoral. Lo preocupante no es únicamente la denuncia en sí misma, sino la instalación sistemática de una sospecha permanente que termina, sin pruebas, deslegitimando a las instituciones encargadas de garantizar la votación popular.
Mientras en el Perú no asumamos plenamente las reglas esenciales del juego democrático, seguiremos atrapados en este insano circuito de sospechar fraudulentas todas aquellas decisiones ciudadanas que no coincidan con nuestras preferencias políticas. La democracia descansa sobre varios pilares, pero uno de los más importantes es la aceptación del voto popular como expresión soberana de la gente. Pretender desconocerlo incluso antes de concluido el proceso electoral, recurriendo a algoritmos políticos diseñados para desacreditar anticipadamente los resultados, constituye una deslealtad incompatible con cualquier verdadera convicción democrática
*Abogado y fundador del Foro Democrático.