Nuevamente, las elecciones en el Perú concluyen con un sabor amargo. La actitud de Roberto Sánchez, al anunciar que no reconocerá la victoria de Keiko Fujimori pese a haber sido derrotado en las urnas, transmite varios mensajes. El más importante es que el fraude no tiene ideología. El segundo es recordar lo que la propia Keiko Fujimori hizo tras las elecciones anteriores: denunciar, sin sustento, que no fue la voluntad ciudadana, sino el engaño, lo que le impidió llegar a la presidencia de la República. Hoy, inevitablemente, se mira en ese mismo espejo. Si entonces fue reprobable invocar un fraude sin demostrarlo, también lo es ahora que Roberto Sánchez recurra al mismo argumento tras comprobar que fue vencido por el voto popular. Rebelarse ante eso, sin que se presente ningún medio que lo respalde, es profundamente antidemocrático, y hacerlo por estrategia política, como pareciera deducirse, es doblemente censurable.
Se ha dicho hasta el cansancio: en una democracia, es la voluntad ciudadana la que determina quiénes deben gobernar su destino. En nuestro caso, ese hecho ha quedado consumado: al haberse contabilizado el íntegro de las actas de sufragio, Keiko Fujimori ha ganado las elecciones. El pueblo ha hablado. No es aceptable que quien ha resultado derrotado, al finalizarse el cómputo, invoque fraude porque los peruanos residentes en el extranjero —tan peruanos como cualquiera— lo hicieron favoreciendo a Keiko Fujimori, sin cumplirse, según se sostiene, el procedimiento previsto para ese supuesto.
Fraude es mucho más que una palabra. Lamentablemente, en nuestro medio se ha banalizado de tal manera que no se repara en su relevancia. El fraude es un concepto que se resume en un engaño organizado deliberadamente con el propósito de alterar la decisión ciudadana. Se trata entonces de un asunto de la mayor gravedad para la vigencia del sistema democrático. Y no hay que confundirlo con eventuales errores, fallas logísticas o equivocaciones intrascendentes.
Conviene recordar que Keiko Fujimori, en el 2021, denunció un mayúsculo fraude en las mesas de sufragio de nuestra serranía escondida para perjudicarla y beneficiar a Pedro Castillo. Y no presentó prueba alguna. Hoy en día, Roberto Sánchez, como aplicado alumno, está haciendo lo mismo.
No deben olvidarse, además, los otros episodios que marcaron el proceso electoral recién concluido. El candidato Rafael López Aliaga —vale tenerlo presente— denunció fraude desde la primera vuelta, aun antes del día de la elección. Sostuvo que las encuestadoras, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y hasta los observadores internacionales habían conspirado para afectarlo y hacerlo perder. No aportó ninguna evidencia persuasiva, salvo las dificultades logísticas oficialmente reconocidas en el despliegue oportuno del material electoral, que luego de advertirse fueron subsanadas para ordenar la elección. No se trata de anunciar fraude: hay que demostrar que hubo, de manera organizada, una deliberación de esos diversos actores implicados en cambiar la voluntad ciudadana. Nada de eso ha ocurrido.
Haríamos bien en mirar el ejemplo de nuestros vecinos: Chile, Bolivia y Colombia acaban de terminar sus elecciones sin que nadie grite fraude. En el Perú, saber perder también debería aprenderse. Ojalá algún día alguien lo haga aceptándolo sin reclamar.