Escribe: Justo Carbajal Aguirre
Mientras miles de ciudadanos esperaban en vano frente a colegios y universidades, indignados por la ausencia de material electoral, un acta de intervención de la Contraloría General de la República (CGR) revelaba el verdadero drama: un control operativo basado en grupos de WhatsApp, cronogramas modificados sin sustento formal y vehículos regresando sin trazabilidad documentada.
Este no fue un percance menor; fue un quiebre sistemático del deber de diligencia que afectó directamente a, al menos, más de 52 000 electores en 187 mesas no instaladas (cifra que la Defensoría del Pueblo eleva a
63 000 personas), forzando una extensión inédita de la jornada al lunes 13 de abril.
Existe conocimiento directo de lo que se analiza a continuación. Conviene precisar que una de las empresas que lidero, AFE, participó en el proceso de contratación como parte de un consorcio. Dicha propuesta fue descalificada —pese a presentar la oferta económica más competitiva y contar con la experiencia de haber ejecutado varios procesos de este tipo—. Esta referencia no tiene por objeto cuestionar el resultado del concurso, sino aportar un contexto informado para el análisis técnico. En cuanto a la adjudicación y a las presuntas irregularidades mencionadas en el ámbito periodístico, corresponde solo a la Fiscalía determinar su existencia y, de ser el caso, establecer las responsabilidades conforme a ley.
Protocolos logísticos
En toda operación logística, y con mayor razón en un proceso electoral, la planificación constituye el eje estructural sobre el cual descansa la ejecución. No es solo establecer horarios o rutas, sino también diseñar un sistema capaz de absorber variaciones, anticipar contingencias y garantizar continuidad operativa. La modificación de cronogramas a pocas horas del despliegue, sin evidencia de aprobación formal, no es un detalle administrativo menor, sino un indicio de fragilidad en la fase de diseño.
En el corazón del problema de estas elecciones yace un acta de la Contraloría que destapa la cruda realidad del colapso logístico en el almacén de la ONPE en Lurín. Mientras miles de electores esperaban indignados frente a colegios cerrados en San Juan de Miraflores, Pachacámac y Villa El Salvador, Servicios Generales Galaga SAC –contratada por
S/6 368 000– ejecutaba una distribución que parecía salida de un manual de improvisación.
El control de 434 vehículos (217 para material electoral, 217 para equipos informáticos) se reducía a fotos enviadas por WhatsApp desde el personal de seguridad. Ni bitácoras formales ni GPS en tiempo real ni reportes cronológicos. Juan Phang Sánchez e Hilda Otoya Alvarado, funcionarios de la ONPE, confirmaron ante los auditores César Wildor Ordóñez Enriquez y Percy Euler Torres Corzo de la CGR que no existían registros de salidas desde las 00:00 del 12 de abril.
Esto quiere decir que los vehículos regresaban sin trazabilidad documentada ni cronogramas y se modificaron sin aprobación el 11 de abril (con salidas tardías de 19:30 a 24:00). Entonces, el material electoral llegaba al mediodía del “Día D” o incluso después, afectando 187 mesas y
52 261 votos, cifra que la Defensoría del Pueblo eleva a 63 000.
La logística electoral no es tarea de aficionados. Requiere una cadena de suministro blindada, con sistemas de gestión de transporte (TMS) integrados a ERP para rastreo en tiempo real, planificación de rutas optimizadas vía algoritmos y buffers de contingencia del 20 % al 30 %.
Además, la utilización de unidades extra sin un registro preciso ni integración a un sistema centralizado generó incertidumbre sobre la capacidad real desplegada. Esta planificación inestable alteró el cronograma de transporte sin aprobación formal y evidenció una ruptura en la fase de diseño operativo. El último vehículo partió a las 5:51 a. m. del mismo 12 de abril hacia Villa El Salvador con equipos informáticos. ¿Dónde estuvo el equipo la noche del viernes?
Y también viene otra pregunta obvia: ¿por qué taxis informales o por app terminaron trasladando paquetes sensibles, rompiendo toda cadena de custodia? La ley, por ejemplo, exigía evaluar solvencia técnica: flota verificada, conductores con brevetes A-IIIE, seguros contra todo riesgo. Pero incluso el tema de los conductores sancionados no se respetó. Reportes indicaron cambios no autorizados en unidades y choferes con infracciones.
¿Responsabilidades?
Desde mi experiencia en el sector logístico-técnico, surgen múltiples interrogantes que no pueden pasarse por alto. Estas dudas evidencian fallas críticas que derivaron en errores graves a lo largo del proceso. Las principales son:
- ¿Por qué la ONPE exigía 60 camiones de 10 m³ de capacidad sabiendo que la carga a trasladar a los centros de votación en Lima superaba largamente esos volúmenes? Esto se evidencia en el cuadro n.º 7 de la página 30 del TDR, que contiene datos como el peso y el volumen.
- ¿Quién decidió trasladar las ánforas en un camión y los equipos de cómputo en otro? En lugar de hacer un solo viaje por centro de votación, se realizaron dos viajes. Esto duplicó recursos: comisionados, efectivos policiales y tiempos operativos. Se trató de una operación claramente antitécnica desde el punto de vista operativo y económico.
- Finalmente, ¿por qué durante el proceso de licitación el comité de selección aplicó el descuento de 2 metros a cada uno de los vehículos de las empresas concursantes? Ello no estaba previsto en los términos de referencia ni en el factor de calificación ni en las bases. Por lo tanto, ¿quién ordenó o decidió aplicar esa metodología para calificar las propuestas de dichos postores al margen de las reglas de juego establecidas en la licitación? En ese sentido, el comité que llevó a cabo este proceso debería pronunciarse, así como el área usuaria que requirió el servicio.
- El sábado 11 de abril, ¿por qué la ONPE llamó a Hermes para que ejecute el servicio y no al consorcio AFE? De acuerdo a ley, por orden de prelación, debió llamar a AFE. No era necesario solicitar que coticen porque los precios de consorcio AFE y de Hermes ya obraban en sus respectivas propuestas.
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, las implicancias ya trascendieron lo administrativo. Y es que hay posible afectación del derecho al sufragio, y la eventual configuración de conductas como la omisión de actos funcionales o la obstaculización del proceso electoral está en el ámbito penal. El procurador del JNE ya denunció a los funcionarios Piero Corvetto, Ricardo Saavedra Mavila, Edward Alarcón González y José Samamé Blas por atentado contra el sufragio. Samamé, detenido por la PNP, responsabilizó a Juan Phang –vinculado a una investigación por organización criminal– como responsable operativo.
Para una eventual segunda vuelta, urge un protocolo correctivo. La reconstrucción de la confianza será muy difícil. Para que la acción democrática se garantice, se requieren mejoras estructurales. Esto implica fortalecer los sistemas de trazabilidad mediante herramientas digitales (GPS), profesionalizar la gestión logística con personal especializado, implementar simulaciones integrales que permitan validar los planes antes de su ejecución. Hay que desarrollar esquemas de redundancia que permitan responder ante fallas sin comprometer la continuidad del proceso.
Por años, quienes trabajamos en logística sabemos de sobra que los sistemas no colapsan por un error aislado, sino que colapsan porque no se hizo una buena planificación o fueron diseñados sin márgenes, medidas de contingencia, redundancias ni cultura de control.