Si Donald Trump sigue llamando la atención del mundo permanentemente por sus desatinos, en el Perú ya tenemos a su imitador. Su nombre: Rafael López Aliaga.
Al igual que Trump, cuando infringe cualquier ley o incurre en alguna prohibición constitucional, López Aliaga también sonríe cuando hace lo propio. Trump ignora fallos judiciales que ordenan detener deportaciones o desafía límites de gasto fijados por el Congreso, y se ríe si alguien se lo hace presente. Exactamente lo mismo hace López Aliaga.
Pruebas. La Constitución peruana establece que el mandato de senador es irrenunciable (artículo n.º 95). López Aliaga viola sin descaro dicha prohibición. Pero lo más grave es que lo hace con la aceptación del organismo electoral llamado a impedírselo, como, vergonzosamente, lo hizo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Y él sonríe.
La Constitución señala, de otro lado, que no hay reelección de alcaldes (artículo n.º 194). Y López Aliaga, para sortear este impedimento, recurre a una maniobra formalista: no se postula para alcalde sino para primer regidor.
Expliquemos esto. Como se sabe, hay elecciones municipales este 4 de octubre. López Aliaga, como igualmente se conoce, fue elegido alcalde de Lima para el período comprendido en los años 2023-2026. Debido a que no puede lanzarse como alcalde, hace que otro lo haga. Ese otro acaba de renunciar a su postulación, de manera que Renovación Popular, el partido de López Aliaga, no tiene candidato a alcalde.
Sin embargo, para el hipotético caso de que Renovación Popular gane las elecciones en Lima, entonces, Rafael López Aliaga, como primer regidor, sería el alcalde. Lo señala la ley: si no hay alcalde, ese puesto lo ocupa el primer regidor. Se trata de una maniobra tan pueril como fraudulentamente inconstitucional.
Si Renovación Popular gana estas elecciones, López Aliaga sería alcalde otros cuatro años más (2027-2030), consecutivamente. Habría una reelección encubierta, que es precisamente lo que prohíbe la Constitución.
La distorsión de esta figura tiene un nombre: fraude constitucional. Consiste en lo siguiente: se utiliza una ley válida para alcanzar un resultado constitucionalmente no permitido. Se utiliza mal la ley municipal (el primer regidor sustituye al alcalde) para violar un mandato constitucional: no hay reelección de alcaldes. Algo parecido a lo que hizo Trump para imponer aranceles al mundo entero invocando una ley que no lo autorizaba.
Ahora bien, se ha conocido que, recientemente, tan pronto se hizo pública la renuncia del candidato a alcalde de Renovación Popular, se interpuso una tacha ante la autoridad electoral objetando la eventual asunción de López Aliaga como alcalde de Lima, en el supuesto de que dicho partido ganase las elecciones.
Lo interesante del pronunciamiento del organismo electoral es que desestimó la mencionada tacha, no por consideraciones de fondo, sino de forma: se la declaró extemporánea porque el plazo ya había vencido. De manera, pues, que está abierta la puerta para que el JNE, en su momento —es decir, si López Aliaga accediera a ser alcalde de Lima— se avoque a resolver la impugnación que se interpondría por la manifiesta violación constitucional que implicaría dicha asunción.
Y confiemos en que para esa ocasión López Aliaga no sonría.
*Abogado y fundador del original Foro Democrático