En los tiempos actuales, se está normalizando la malacrianza de los líderes públicos dicha a viva voz, el desplante, las malas maneras. Ya nada sorprende, a pesar de que debiera escandalizar.
Donald Trump es el mejor ejemplo personalizado de este comportamiento. No es necesario hacer un inventario de sus conductas impropias; su sola mención explica el fenómeno. Pero hay un nuevo ingrediente: la humillación pública hasta el extremo de avergonzar. Lo ocurrido en el reciente Mundial de Fútbol lo explica con facilidad. Un jugador del equipo norteamericano fue sancionado con tarjeta roja, lo cual implicaba que no podía participar en el siguiente partido. Es una norma universalmente conocida.
Trump, sin embargo, hizo público el anuncio de haber llamado personalmente al presidente de la FIFA para requerirle que revoque la sanción, de manera que el involucrado pudiese jugar su siguiente partido. Y así ocurrió. Una verdadera vergüenza, sin atenuantes, para los directivos de la FIFA a escala global.
Algo parecido, no igual, ha sucedido en el país recientemente. Rafael López Aliaga, como es de amplio dominio público, fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones generales que acaban de concluir. Pero fue también candidato a senador y resultó elegido. Decidió hacer algo prohibido: renunciar al mandato legislativo de senador concedido por decisión de quienes votaron por él. Y, para su fortuna, encontró en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a quien le allanara el camino: el organismo aceptó el pedido, comprometiéndose en una decisión manifiestamente inconstitucional.
En efecto, ya se conocen la resolución y los fundamentos del JNE para pronunciarse en el sentido que López Aliaga lo solicitó: aceptar que no ejerza el mandato legislativo de senador y que su curul sea ocupada por quien, dentro de la lista de su partido, seguía en votación.
El JNE sostiene que el caso de López Aliaga es el de un vacío constitucional. Dice que la Constitución no regula la renuncia de un senador electo que no ha jurado para aceptar el cargo y, por consiguiente, debe hacerse una interpretación sistemática para adoptar una decisión. Para resumir: el JNE crea un vacío que él mismo llena con su resolución. Y lo hace diferenciando la figura de un senador electo de aquel que no ha jurado como tal. Nada más profundamente equivocado.
La Constitución es clarísima y no da mérito a ninguna interpretación. Según el artículo 95, el mandato legislativo del senador es irrenunciable. Y dicho mandato surge del voto ciudadano expresado en las urnas y comprobado por el JNE, que emite la credencial para que asuma su condición de senador.
Pero el JNE no solo ha incurrido en esa desobediencia: ha aceptado el pedido de López Aliaga para que su escaño sea ocupado por su accesitario, asumiendo una función que ya estaba terminada desde que proclamó a quienes habían ganado la elección. Dicho en síntesis, el JNE, en una decisión vergonzosa, le ha dado gusto a López Aliaga al permitirle no solo no incorporarse al Senado, sino cubrir su curul y habilitarlo para que participe en las próximas elecciones municipales.
Algo similar a lo que Trump hizo con la FIFA.
*Abogado y fundador del Foro Democrático.