OPINIÓN

Se han sucedido diversas “reformas” desde que a un secretario de juzgado y a un diputado de mayoría del quinquenio 1985-1990 se le ocurriera que había que convertir a los secretarios de juzgado o “escribanos”, como se les llamaba antes, en funcionarios públicos para que se iniciara un retroceso en la rapidez con que debe de tramitarse, no necesariamente decidirse, los expedientes y las causas judiciales.

Las sucesivas reformas no han hecho sino alejar a los jueces y magistrados del público que busca justicia y hasta de los abogados que son los encargados, como el vocablo mismo lo señala, de interceder en nombre de los legos que buscan su auxilio. 

Los secretarios del despacho, una vez que empezaron a ser empleados del Estado, dejaron de aplicarse y de brindar el mejor servicio que podían para que los jueces pudieran, en plazo y término razonable, resolver una causa.

Las demandas en los años 60, 70 y hasta ese momento infausto de los 80 del siglo pasado, se proveían muchas veces en el mismo día en que se presentaban. Darle trámite de traslado o poner en conocimiento del demandado y noticiarlo de lo que pide el demandante o la parte contraria no requiere de ciencia infusa, sino de voluntad y una capacidad organizativa que cada escribano desplegaba en su oficina.

Pero después empezaron a llegar las intermediaciones al punto que hoy no se puede ni hablar con los secretarios del juzgado encargados de supervisar la marcha del expediente. Ellos están detrás de los módulos corporativos, que están organizados administrativamente para funcionar en conjunto y sin una conexión directa con el justiciable.  

El empleado de la ventanilla no tiene ninguna autonomía y sólo, dice él, transmite lo que le ha manifestado el encargado directo de ver lo que el usuario solicita, pero es casi imposible par el litigante el verlo a ese funcionario. Todo son excusas de parte de este personal.

Un ejemplo que lamentablemente ya es clásico es el de las notificaciones, porque si ya se demora semanas y hasta meses el juez para resolver, para notificarse esa resolución una vez producida se toman otras varias semanas y hasta meses en ese trámite, todo porque en un solo módulo que comprende varios juzgados hay un solo notificador para todos. Y hay que rogar a Dios que ese notificador no se enferme. Hasta en el SINOE (sistema de notificación electrónica) se toman muchísimos días y hasta semanas para cumplir con su función. Pero de estas excusas hay miles: “no puedo hacer las copias porque se ha malogrado la fotocopiadora” o, “no puedo hacer esas copias porque ya se acabó el papel”. En suma, le falta un mínimo estándar de calidad a la justicia. Aunque sea ese mínimo que garantice algún tipo de marcha en los procesos.  

La respuesta en cada oportunidad en que se concurre a reclamar, ya perdiendo la paciencia y arriesgándose a malquistarse con estos personajes que operan como barreras para que no se pueda llegar al Juez, es que el trámite será proveído en “una semanita y que se dé una vueltita, que tenga un poquito de paciencia”. 

A todo esto, hay que añadirle la tristemente recurrida “redistribución” de los expedientes, donde a un juzgado que no conocía el caso se le encarga que comience de cero. 

La calidad de la atención en el tema de justicia no puede ser tan precaria. Así no puede seguir funcionando la justicia en el país. Hay que emprender cuanto antes la recuperación de la celeridad y la calidad en los trámites judiciales. Si se atracan los expedientes, se atasca también la rueda de la economía y la sociedad va perdiendo más y más la esperanza.