La discusión sobre las denominadas leyes procrimen vuelve a instalarse en el centro del debate político. A través de un oficio remitido a la Oficialía Mayor del Congreso, la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial solicitó que se convoque con carácter de urgencia a la Junta de Portavoces para incluir en la agenda del Pleno del jueves 4 de junio los proyectos de ley que plantean la derogación de diversas normas cuestionadas por entidades del sistema de justicia.
El pedido fue suscrito por el vocero de la bancada, Roberto Sánchez Palomino, quien sostiene que el Parlamento debe discutir de manera prioritaria las iniciativas legislativas orientadas a revertir reformas que, según diversos sectores, habrían debilitado las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, las extorsiones y el sicariato.
La propuesta surge en medio de una creciente preocupación ciudadana por el incremento de la inseguridad y por los constantes ataques que afectan a transportistas, comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas en distintas regiones del país.
Roberto Sánchez pide priorizar proyectos contra las leyes procrimen
En el documento enviado al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Florez, la bancada solicita que se incorporen en la agenda parlamentaria una serie de proyectos que buscan la derogación de leyes procrimen.
Entre las iniciativas mencionadas figuran los proyectos de ley 08644/2024-CR, 09053/2024-CR, 11953/2024-PJ, 12137/2025-CR, 12158/2025-CP, 13330/2025-CR, 13389/2025-CR, 13524/2025-CR y 14714/2025-CR.
Según el pedido, estas propuestas responden a observaciones formuladas por el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones que han expresado preocupación por el impacto de determinadas reformas aprobadas en los últimos años.
La bancada considera que la gravedad de la situación de seguridad ciudadana exige que el Congreso abra un debate inmediato sobre estas normas y determine si corresponde mantenerlas vigentes o proceder con su derogación.
Crece la preocupación por extorsiones y sicariato
Uno de los argumentos centrales expuestos por Roberto Sánchez es el aumento de delitos violentos que afectan a diversos sectores de la población.
En el oficio se señala que continúan registrándose casos de extorsión, sicariato y amenazas contra ciudadanos dedicados a actividades económicas formales, especialmente emprendedores y transportistas.
La preocupación por la expansión de organizaciones criminales ha generado una serie de cuestionamientos respecto a la efectividad del marco legal vigente y a la capacidad de las instituciones para enfrentar estas amenazas.
Para los impulsores de la iniciativa, resulta necesario revisar las normas que han sido catalogadas como leyes procrimen debido a que, según sus críticos, habrían limitado mecanismos de investigación o reducido capacidades operativas de las autoridades encargadas de perseguir el delito.
El pedido coincide con un escenario de creciente presión social para que el Estado adopte medidas más contundentes frente al avance de la criminalidad organizada.
Ministerio Público y Poder Judicial han expresado observaciones
La solicitud presentada por la bancada recuerda que diversas instituciones han cuestionado algunas reformas legislativas aprobadas por el Congreso en los últimos años.
Entre ellas figuran observaciones relacionadas con modificaciones al sistema penal, cambios en procedimientos de investigación y normas vinculadas a la persecución de organizaciones criminales.
Tanto el Ministerio Público como representantes del Poder Judicial han manifestado en distintas oportunidades su preocupación por el impacto que ciertas disposiciones podrían tener sobre la lucha contra la delincuencia.
Precisamente por ello, los proyectos que buscan la derogación de leyes procrimen han cobrado protagonismo dentro del debate parlamentario y podrían convertirse en uno de los principales temas de discusión durante las próximas sesiones del Pleno.
Los promotores de estas iniciativas sostienen que el objetivo es fortalecer nuevamente las herramientas legales disponibles para fiscales, jueces y fuerzas del orden.
Debate divide posiciones dentro del Congreso
La discusión sobre las llamadas leyes procrimen también evidencia las diferencias políticas existentes dentro del Parlamento.
Mientras algunos grupos parlamentarios consideran que las reformas aprobadas fueron necesarias para garantizar derechos y corregir excesos del sistema de justicia, otros sostienen que dichas modificaciones han favorecido indirectamente a organizaciones criminales.
Esta confrontación de posiciones se ha intensificado conforme aumentan las cifras de delitos violentos en distintas ciudades del país y crecen las demandas ciudadanas por mayores niveles de seguridad.
El eventual debate en el Pleno podría convertirse en uno de los más importantes de la actual legislatura debido a las implicancias que tendría para la política criminal del Estado.
Además, permitiría conocer la posición de las distintas bancadas respecto a las reformas impulsadas durante los últimos años en materia de justicia y seguridad ciudadana.
Congreso evaluará si incorpora el tema a la agenda
La decisión sobre la inclusión de los proyectos dependerá ahora de la Junta de Portavoces y de los acuerdos que adopten las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
De prosperar el pedido formulado por Roberto Sánchez, el Pleno podría debatir en los próximos días un conjunto de iniciativas destinadas a modificar el marco normativo vinculado a la lucha contra el crimen organizado.
Para la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, la actual coyuntura exige respuestas urgentes frente a la inseguridad que afecta a miles de ciudadanos.
En ese contexto, la derogación de leyes procrimen se presenta como una de las principales demandas planteadas por este sector político, que considera indispensable revisar las normas cuestionadas para fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra la delincuencia y garantizar una respuesta más eficaz frente a las organizaciones criminales que operan en el país.