Simpatizantes del candidato presidencial Roberto Sánchez están en el centro de una controversia tras la intervención de la Municipalidad de Jesús María, donde un camión cisterna arrojó agua sobre ellos mientras acampaban en el parque Bausate y Meza.
Este acto ha generado indignación entre los integrantes de la agrupación política Juntos por el Perú (JPP), quienes consideran que se trató de una violación a su derecho a protestar pacíficamente.
A medida que la situación se desarrolla, la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar sobre el uso del camión cisterna, un hecho que ya cuenta con diversas reacciones. Las denuncias indican que este incidente no solo afecta a la libertad de protesta, sino que podría estar asociado a expresiones de discriminación hacia los manifestantes.
Denuncia contra el alcalde de Jesús María
Los simpatizantes de Roberto Sánchez han expresado su intención de presentar una denuncia formal contra el alcalde de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares. La decisión de actuar legalmente se debe a lo que consideran un abuso de poder y un intento de silenciar a quienes ejercen su derecho a la libre expresión.
Desde la noche del pasado martes, los manifestantes han ocupado el parque Bausate y Meza, en las afueras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para exigir transparencia en el conteo de los votos. A pesar de su movilización pacífica, el viernes se encontraron con la sorpresa de que la municipalidad había programado el riego del área, ignorando su presencia.
Fiscalía inicia investigación
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo está llevando a cabo una indagación para determinar si se ha cometido un delito de discriminación. La institución aclaró que la acción se deriva de denuncias de posibles expresiones racistas dirigidas a los manifestantes, quienes simplemente ejercían su derecho a reunirse y expresarse.
El Ministerio Público tiene el deber de investigar estos actos y ha comenzado a escuchar a testigos y a revisar las pruebas proporcionadas por ciudadanos que presenciaron el hecho. Este proceso podría tener un impacto significativo no solo en el caso actual, sino también en la forma en que se manejan las manifestaciones y la libertad de expresión en el país.
Defensoría del Pueblo se pronuncia
En respuesta a este incidente, la Defensoría del Pueblo ha rechazado las acciones del personal de la municipalidad, reiterando que las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta pacífica. La entidad ha subrayado la importancia de que las autoridades respeten y protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en especial durante momentos de movilización cívica.
Por otro lado, la Municipalidad de Jesús María ha defendido su acción, argumentando que el riego en el parque forma parte de un cronograma regular de mantenimiento. Aseguran que las labores se llevaron a cabo por motivos técnicos y que no estaban relacionadas con la presencia de los manifestantes o sus actividades políticas.
Los simpatizantes de Roberto Sánchez continuarán en el parque, donde esperan mantener visibilizada su protesta hasta que se complete el proceso electoral. La situación refleja una creciente tensión entre el ejercicio de derechos fundamentales y las acciones de las autoridades municipales, lo que podría originar nuevos debates sobre la participación cívica en el contexto político actual.