La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia que se le impuso a 10 integrantes de la “red Orellana”, tras aplicar las leyes que modifican el tipo penal de Crimen Organizado que aprobó el Congreso.
Estas reformas que hizo el Parlamento a la Ley contra el Crimen Organizado disponen que solo los delitos que se sancionen con una pena mínima de cinco años de prisión, puedan ser calificados como organización criminal, dejando fuera delitos como el cohecho activo genérico, cuya pena mínima es de tres años de cárcel.
El presidente de la sala suprema, César San Martín, advirtió que las normas aprobadas por el Congreso “van a traer múltiples consecuencias en los procesos penales en los que con anterioridad se imputaron cargos bajo el artículo 317 del Código Penal”, es decir, el apartado referido a los delitos de crimen organizado.
En virtud de esta norma, la sala absolvió a Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana; Wilfredo Núñez Peña y Carlos Vargas Machuca, exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp); y a los abogados del estudio Orellana, Niki Ramírez, Yanina Hurtado, Rosalía Vargas, Rosa María Ledesma, Mike Torres y Manuel Villacrez.
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Sin embargo, este fallo no aplicará a Rodolfo Orellana, ya que él no estaba involucrado en el caso resuelto por la sala que preside San Martín Castro.
Pero en el caso de su hermana, Ludith Orellana, el efecto de la aplicación de las normas que modificaron el tipo penal de crimen organizado, se vio en la reducción de su condena de 10 a siete años y cuatro meses de prisión.
Finalmente, el magistrado César San Martín, sostuvo en la lectura del fallo, que la “red Orellana” cumple con todas las características de una organización criminal, pero que los delitos individuales por los que se procesa a los implicados no llegan al mínimo de cinco años de cárcel, lo que impide juzgarlos como una banda dedicada al crimen organizado.