El Perú presentó ante los países miembros y asociados del Mercosur los avances de su política penitenciaria, enfocada en reducir el hacinamiento carcelario, fortalecer el control en los establecimientos penitenciarios y mejorar los procesos de reinserción social.
La exposición estuvo a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, durante la LXIII Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y Estados Asociados realizada en Paraguay.
Durante su intervención, el titular del sector explicó que el sistema penitenciario peruano enfrenta actualmente una sobrepoblación que supera en más del 150 % la capacidad instalada de los penales, situación que ha obligado al Estado a implementar medidas urgentes para recuperar el control y mejorar las condiciones del sistema.
Plan de deshacinamiento busca reducir la sobrepoblación penitenciaria
Uno de los principales ejes expuestos por el ministro fue el Plan Nacional de Deshacinamiento, estrategia impulsada por el Gobierno para disminuir la sobrecarga en los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa contempla la construcción de nuevos centros de reclusión, así como medidas administrativas que permitan agilizar el egreso de internos que cumplen los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios establecidos por ley.
Según explicó el ministro, estas acciones están dirigidas principalmente a personas condenadas por delitos de menor peligrosidad, permitiendo que reciban medidas alternativas mientras los espacios penitenciarios son destinados a quienes representan una amenaza real para la seguridad ciudadana.
“Quedan en las prisiones quienes son realmente peligrosos y representan un riesgo para la población”, sostuvo durante la reunión regional.
Atención especial para mujeres privadas de libertad
El titular de Justicia también informó que el plan contempla medidas específicas para mujeres privadas de libertad que cumplen condenas por delitos menores.
Entre las acciones se encuentran la evaluación de beneficios penitenciarios, la coordinación de traslados entre establecimientos y la capacitación permanente de operadores penitenciarios para mejorar la gestión del sistema.
El objetivo es optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención más eficiente dentro de los centros de reclusión.
Reinserción social mediante trabajo y emprendimiento
Otro de los programas destacados fue Cárceles Productivas, iniciativa que promueve actividades económicas y de capacitación laboral dentro de los establecimientos penitenciarios.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, más de 20 mil personas privadas de libertad han participado en este programa, desarrollando actividades vinculadas a carpintería, artesanía, metalurgia, textilería y panadería.
La finalidad es brindar herramientas para que los internos puedan generar ingresos y construir oportunidades laborales una vez culminado su proceso de rehabilitación.
Según explicó el ministro, algunos participantes incluso han logrado consolidar emprendimientos que posteriormente generan empleo para otros exinternos.
Perú prepara subsistema contra extorsión y sicariato
Dentro de la estrategia de seguridad también se anunció la próxima implementación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, previsto para entrar en funcionamiento a partir de julio.
Esta estructura incluirá fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas dedicadas exclusivamente a combatir delitos vinculados con la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.
La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta actualmente el país.
Mercosur analiza retos comunes frente al crimen organizado
Durante el encuentro regional, el ministro destacó que los países de América del Sur enfrentan desafíos similares relacionados con el crecimiento de las organizaciones criminales, la crisis penitenciaria y la necesidad de fortalecer los sistemas de rehabilitación social.
Por ello, subrayó la importancia de impulsar una respuesta coordinada entre los Estados para combatir las redes criminales transnacionales y mejorar los mecanismos de acceso a la justicia.
La participación peruana en la reunión permitió exponer las principales reformas impulsadas por el Gobierno y compartir experiencias con otros países de la región que enfrentan problemas similares en materia penitenciaria y de seguridad.