El 21 de febrero del 2024, el Ministerio del Interior (Mininter) desembolsó S/ 19 750 para costear la defensa legal del extitular del sector, Víctor Eduardo Rojas Herrera, investigado por las 49 muertes de civiles durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Rojas Herrera, general retirado de la Policía Nacional, ostentó el cargo de ministro del Interior desde el 21 de diciembre del 2022 hasta el 13 de enero del 2023, cuatro días después de que 18 personas fuesen asesinadas por las Fuerzas Armadas y la PNP en Juliaca, Puno. Fue reemplazado por el teniente coronel PNP, Vicente Romero.
El ex titular del Mininter fue denunciado por la Fiscalía de la Nación, por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves junto a la presidenta Dina Boluarte y los exministros, Alberto Otárola, Pedro Angulo, y César Cervantes.
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También fue denunciado penalmente por la congresista Ruth Luque por la presunta comisión del delito de homicidio calificado y lesiones graves por las muertes ocurridas en Juliaca el 9 de enero del 2023.
Transferencia poco transparente
El acta de transferencia de gestión mediante la cual Rojas Herrera traspasó el cargo a Vicente Romero demuestra el mal manejo de la crisis social que atravesó el país entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Según el documento, al momento en que Víctor Rojas dejó el cargo, el Mininter, “no tenía información precisa respecto a la afectación a la seguridad ciudadana, orden interno y orden público” relacionado con las protestas.
Tampoco había información sobre los presupuestos requeridos para hacer frente a las movilizaciones, ni de las adquisiciones de “medios para el correcto empleo del uso de la fuerza” hechas por la Policía Nacional. Mucho menos había información sobre investigaciones acerca de las protestas.
