Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por la investigación sumaria del Congreso que busca remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido al riesgo que supone para la independencia judicial en el Perú.
Esta institución es clave para la independencia de los poderes del Estado, porque además de designar y remover a los jueces y fiscales del Perú, está a cargo de designar a los jefes del Reniec y de la ONPE, instituciones del sistema electoral.
Pese a que no se cuenta con un procedimiento, ni con la tipificación de lo que es una “causa grave”, como sostuvo el defensor de los magistrados de la JNJ, Samuel Abad, ante la Comisión de Justicia, el plan ya inició. Parte del mismo, fue tomar las declaraciones del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo y de los jueces supremos César San Martín y Elvia Barrios, quienes negaron tajantemente haber sido presionados para emitir un pronunciamiento sobre el proceso de inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Las irregularidades de forma y fondo del Congreso en este proceso han sido observadas por la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, quien sostuvo que la investigación sumaria no debió proceder porque carece de parámetros respecto a la tipificación de la “causa grave” y porque no tiene un proceso definido. Consideró además, que es un abuso del derecho, práctica que la Constitución en su artículo 130 dice expresamente que no avala.
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Ledesma Narváez considera que la independencia judicial y la democracia están en peligro ya que la remoción de los actuales miembros de la JNJ y su reemplazo por unos que respondan a los intereses de los partidos que controlan el Congreso, beneficiaría a políticos que tienen cuentas pendientes con la justicia como la presidenta Dina Boluarte, Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, los expresidentes presos en Barbadillo y los congresistas investigados por casos de corrupción, entre otros.
Asimismo, alertó que la comisión encargada de elegir a los nuevos miembros de este organismo constitucionalmente autónomo, son representantes de instituciones que en su mayoría han sido designados por el Congreso y tienen afinidad con este poder del Estado; ejemplos de ello son el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ex abogado de Vladimir Cerrón puesto en el cargo con los votos del fujimorismo y el perulibrisimo; Francisco Morales, presidente del TC, entidad que falló a favor del Legislativo al determinar que el Poder Judicial no puede controlar sus actos; el contralor Nelson Shack, cabeza de una institución que no puede designar al auditor del Congreso; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigada por la JNJ. También están el presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo, la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, una de las caras más visibles de la contrarreforma universitaria; y el rector de la universidad privada más antigua del país, Carlos Garatea Gray (PUCP).
La magistrada explicó que la figura del control político no puede ser aplicada a los miembros de la JNJ porque a ellos se les sanciona por infracción a la Constitución o por delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Esto está regulado en los artículos 99 y 100 de la carta magna y difiere del procedimiento que lleva a cabo la Comisión de Justicia. “Los juicios políticos no se dan a este tipo de funcionarios”, sostuvo.