Un antecedente judicial gravísimo ensombrece la campaña electoral en Lima Sur. Se trata del caso de Marcelino Huamán Cano, actual candidato a la alcaldía de Villa El Salvador por el partido Alianza para el Progreso (APP), quien arrastra una condena en su contra emitida por el Poder Judicial tras comprobarse su participación en una red que operó con un modus operandi idéntico al del conocido clan del empresario Rodolfo Orellana: la fabricación de resoluciones judiciales falsas para adueñarse ilegalmente de propiedades inmuebles.
Según el expediente n.° 582-2010, al que CARETAS tuvo acceso, el Segundo Juzgado Especializado Penal de Villa María del Triunfo (VMT) halló responsable al hoy candidato Huamán como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación y uso de documentos públicos. Esta sentencia en primera instancia, dictada el 29 de abril de 2015, fue ratificada y declarada firme el 25 de noviembre de 2016 por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima Sur.
MODUS OPERANDI
Los hechos detallados en el fallo judicial revelan una elaborada concertación delictiva entre el beneficiario Jimmy Álvarez Robles, un exservidor judicial identificado como Óscar Lara Castillo y el abogado Marcelino Huamán Cano.
Al mismo estilo de la red criminal de Orellana, el grupo clonó números de expedientes judiciales archivados e inactivos —casos de deudas de dinero— para confeccionar resoluciones judiciales falsas dentro de un supuesto trámite de sucesión intestada.
Con estas herramientas fraudulentas, la red en la que el candidato Huamán se encontró incluido, logró rectificar partidas de nacimiento de personas fallecidas, logrando que Álvarez Robles fuera declarado falsamente como "heredero único y universal".
El objetivo final de la organización criminal era despojar a los verdaderos familiares legítimos de una propiedad ubicada en la Urbanización Ciudad de Dios (San Juan de Miraflores) e inscribirla ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para su posterior venta a terceros.
Durante el proceso penal, Huamán Cano intentó librarse de la justicia alegando de forma cándida que él solo brindó asesoría y redactó la solicitud de la demanda a favor de su cliente, pero que desconocía que los papeles adjuntos eran falsos.
Sin embargo, la Sala Penal desbarató su versión calificándola de inverosímil e inaceptable debido a su condición de profesional del derecho.
El tribunal acreditó que el candidato de Alianza para el Progreso tuvo una participación activa de inicio a fin: acudió personalmente al juzgado a recoger las copias del expediente inexistente, realizó las gestiones para lograr la inscripción definitiva en la Sunarp y redactó la carta notarial para desalojar por la fuerza a los inquilinos y a la legítima dueña del inmueble.
El propio juez del caso original, Richard Odiana Carrión, testificó ante las autoridades que las firmas que aparecían en los oficios que favorecieron a la red eran completamente falsas.
Por burlar la acción de la justicia e introducir documentos falsos al tráfico jurídico, el tribunal superior le ratificó la pena de tres años de pena privativa de la libertad Marcelino Huamán, aspirante de APP a la municipalidad de Villa El Salvador, cuya ejecución fue suspendida por el término de dos años bajo estrictas reglas de conducta.
Asimismo, la justicia le impuso a Huamán 90 días-multa a favor del tesoro público y el pago obligatorio de S/ 1,500.00 por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.