El premier Alberto Adrianzén calificó como “inverosímil” la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y él mismo. Esta denuncia se refiere a las observaciones realizadas a la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que, según los demandantes, iría en contra de derechos fundamentales.
Según Adrianzén, las acciones del gobierno están completamente dentro de los límites establecidos por la ley. En su intervención, enfatizó que “el cumplimiento de funciones establecidas en la ley y dentro de los plazos legales no puede generar responsabilidad administrativa, funcional ni mucho menos constituir una infracción constitucional”. Este tipo de acusaciones, sostuvo el premier, carecen de base y son un intento por deslegitimar el trabajo del Ejecutivo.
El Gobierno ya anticipó que la denuncia será archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, lo que, según los analistas, es un paso casi inevitable dado el contexto político y las pruebas presentadas. Adrianzén también destacó que los actos administrativos del Gabinete Ministerial siempre han estado alineados con la Constitución y que, en todo momento, el Ejecutivo actúa dentro de los marcos legales establecidos.
“Todo lo que hacemos es para el bien del país. Las acusaciones no tienen ni pies ni cabeza”, subrayó el premier, buscando tranquilizar a la opinión pública. De hecho, se percibe que esta denuncia es vista más como una maniobra política que como un cuestionamiento serio de las prácticas del gobierno. A pesar de la polarización política, Adrianzén confía en que el Ejecutivo mantendrá su rumbo y su legitimidad ante la Constitución.
¿Qué está en juego?
El caso se enmarca dentro de un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el Congreso continúa con su actitud fiscalizadora, el gobierno, por su parte, busca fortalecer su imagen frente a la ciudadanía y demostrar que sigue comprometido con el respeto a la legalidad, aún ante los constantes desafíos legales y políticos. La cuestión de la detención preliminar en casos de no flagrancia, que fue cuestionada por organismos de derechos humanos, sigue siendo uno de los temas más sensibles, lo que añade más leña al fuego del debate político.
Mientras tanto, algunos expertos advierten que esta denuncia podría convertirse en otro episodio en la lucha política por el control del poder en Perú, y que podría tener repercusiones tanto en el futuro inmediato del Ejecutivo como en la relación con los otros poderes del Estado. Sin embargo, como dijo Adrianzén, “el cumplimiento de la ley no se discute, y las acusaciones sin fundamento solo buscan desinformar a la población”.
En los próximos días se verá si este nuevo episodio se convierte en una nueva línea divisoria entre el gobierno y la oposición o si, finalmente, el Ejecutivo logra sortear este obstáculo sin mayores consecuencias.