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La fuerte detonación de un explosivo frente al Ministerio Público de Trujillo sigue generando inquietud. Aunque la Policía ha capturado a cuatro personas vinculadas al atentado y ha identificado a los presuntos autores intelectuales desde el penal de Huacariz, el caso sigue sin esclarecerse por completo.
Una situación que vuelve a atravesar a Alianza Para el Progreso (APP) como ocurre con las contrataciones del Congreso. A pesar de las graves implicancias de este caso, su líder, César Acuña, gobernador de La Libertad, se ha limitado a exigir la promulgación de una nueva ley de terrorismo urbano, sin tomar medidas efectivas ante la crisis. Mientras su región enfrenta altos niveles de inseguridad y violencia, Acuña ha centrado sus esfuerzos en propuestas legislativas, sin abordar directamente la situación de corrupción que afecta a su propio partido.
En el centro de la investigación está la fiscal Jennifer Ludeña Meléndez, quien ha sido amenazada debido a su trabajo contra organizaciones criminales poderosas en la región.
Ludeña ha desmantelado redes delictivas como las dedicadas a la extorsión, minería ilegal y narcotráfico. Destacan sus operativos contra bandas como “Los Injertos del K & K” (2016), “Los Tramitadores Intocables de Brevetes” (2021), y “Los Intocables de Soquián” (2022). Además, ha luchado contra la corrupción y la minería ilegal, desarticulando redes dentro de la Policía Nacional.
En 2024, Ludeña criticó la absolución de Edwin Oviedo, lo que reflejó deficiencias en el proceso judicial. Pese a los numerosos enemigos que ha acumulado, la fiscal sigue siendo un pilar en la lucha contra el crimen en La Libertad. Desde enero pasado, fue nombrada como presidenta de la Junta de Fiscales de La Libertad.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, coincidieron en que el ataque con dinamita fue una represalia directa contra Ludeña Meléndez. Se presume que el material explosivo proviene de actividades mineras ilegales, lo que confirma la impunidad de las organizaciones criminales.
Tras la explosión, Ludeña Meléndez comenzó a recibir amenazas extorsivas de parte de Jimmy Bazán Valderrama, líder de la facción criminal “La Nueva Jauría”. Un allanamiento en su celda en el penal de Huacariz, en Cajamarca reveló pruebas que vinculan a Bazán Valderrama con el atentado. La Policía Nacional ha reforzado la seguridad para proteger a la fiscal y su familia.
El atentado subraya el peligro que enfrentan los fiscales probos en su lucha contra las organizaciones criminales y la urgente necesidad de medidas para garantizar su seguridad y continuar con la batalla legal.
Tras el atentado en Trujillo, el gobierno anunció el redoblamiento de seguridad en la ciudad. Sin embargo, horas después, delincuentes dejaron una carga explosiva en una vivienda del distrito de Florencia de Mora, siendo la segunda vez que atacaban este lugar. La explosión causó daños materiales, pero no víctimas fatales.
Además, se registró una balacera frente al centro comercial Real Plaza-Trujillo, donde unos delincuentes intentaron robar a un ciudadano, quien se defendió y enfrentó a los criminales con su propia arma.
Estos hechos reflejan una creciente violencia en la ciudad, que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reforzar la seguridad, continúa siendo una preocupación para los trujillanos. La situación ha aumentado la presión sobre las autoridades y generado un clima de miedo en la población.
JIMMY BAZÁN VALDERRAMA: EL IMPERIO CRIMINAL DE ‘LOS COMPADRES’
Jimmy Bazán Valderrama, líder de la organización criminal ‘Los Compadres’, es un nombre clave en el crimen organizado peruano. Antes de encabezar esta red, Bazán Valderrama formó parte de ‘La Jauría’, grupo criminal ligado a la minería ilegal en el norte del país, especialmente en Contumazá.
La carrera criminal de Bazán ha estado marcada por graves delitos como asesinatos, extorsión y una extensa red de corrupción que involucra tanto a actores políticos como a fuerzas policiales. En 2012, fue señalado como responsable del asesinato de un empresario minero, aunque logró evitar una condena severa.
En 2021, estuvo vinculado al homicidio de un analista de crédito, pero nuevamente logró eludir a la justicia. En 2022, fue detenido por la fiscal Ludeña Meléndez, quien logró desmantelar y capturar a gran parte de la organización criminal conocida como “Los Compadres”, incluida Bazán Valderrama. Tras su arresto, fue ingresado al penal del Milagro, pero debido a su capacidad de maniobra y liderazgo dentro de la cárcel, fue trasladado al penal de Huacariz. A pesar de su reclusión, Bazán continúa manteniendo el control de la organización “Los Compadres”, gracias a su considerable poder e influencia, tanto dentro como fuera de las prisiones. El crimen de Bazán no se limita a la minería ilegal. Su organización también está involucrada en tráfico de terrenos, narcotráfico y trata de personas, extendiendo su influencia en la política local. La red de Los Compadres ha logrado infiltrarse en varios sectores, lo que les permite operar con impunidad y continuar expandiendo su imperio criminal.
La Policía Nacional de Perú capturó a cinco personas vinculadas al atentado contra el Ministerio Público en Trujillo, que empleó dinamita. Los detenidos, miembros de una red criminal dedicada a la extorsión, fueron identificados como Carmen Castillo Rosario, Juan Carlos Valera Barroso, Eugenio Mercedes Calderón, y dos ciudadanos venezolanos.
El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, criticó la falta de acción efectiva del Congreso y el Ejecutivo frente a la creciente criminalidad en la ciudad. Para él, la minería ilegal y el narcotráfico son factores clave que alimentan la violencia. Reyna subrayó que las medidas actuales son insuficientes y pidió una respuesta más contundente ante la ola de crímenes.
PATAZ: EL AUGE DE LA VIOLENCIA MINERA
El atentado se produce en medio de una explosión de violencia vinculada con la minería ilegal. Pataz, en La Libertad, sigue siendo el epicentro. Recientes ataques a la empresa minera Poderosa y enfrentamientos con grupos armados han dejado un saldo de muertes y destrucción, con mineros ilegales que operan con total impunidad.
La violencia también se extiende a La Rinconada, en Puno, donde los enfrentamientos entre bandas por el control de los socavones han cobrado vidas. En enero, un triple asesinato y el hallazgo de varios cuerpos en un botadero evidencian el creciente caos en la zona minera. La falta de control estatal ha convertido La Rinconada en un caldo de cultivo para el crimen organizado, que afecta tanto a los mineros como a las comunidades locales.
La presidenta Dina Boluarte, desde Davos, Suiza, ordenó reforzar la seguridad en Trujillo y tomar medidas más estrictas contra los delincuentes involucrados en el atentado. Los responsables de amenazas y actos violentos, como el atentado contra la fiscalía, serán trasladados al penal de Challapalca, considerado uno de los más severos del país.
