A quince años de iniciar el monitoreo sistemático de Lima —y a diez de incorporar al Callao—, el observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos vuelve a tomarle el pulso a una ciudad que no logra reconciliarse consigo misma. La nueva encuesta realizada por Datum Internacional, Lima y Callao según sus habitantes, elaborada a partir de más de mil encuestas aplicadas entre el 5 y el 21 de diciembre de 2025, ofrece un diagnóstico tan consistente como inquietante: apenas el 29 % de la población se declara satisfecha con su ciudad como lugar para vivir.
El dato no sorprende, pero sí interpela. Desde hace una década y media, la inseguridad ciudadana encabeza sin variaciones el ranking de preocupaciones urbanas. Hoy es señalada por el 75,2 % de los limeños y chalacos, seguida por la deficiente calidad del transporte público y la corrupción de funcionarios. La persistencia del problema convive, sin embargo, con una evolución más sutil, no tanto en los resultados, sino en las demandas y en la manera de entender la ciudad.
A pesar de eso, hace 15 años, hablar de movilidad sostenible, espacios públicos activos o defensa del territorio parecía una conversación marginal, asociada sobre todo a sectores jóvenes. Hoy, esas agendas han ingresado —aunque de forma intermitente— al debate urbano y a la acción ciudadana. La resistencia frente a la privatización de playas, la destrucción de parques o la construcción de obras viales sin sustento técnico revela una incipiente efervescencia urbana que no existía en el pasado.
“La pandemia alteró ese proceso”, dice Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos. Ella explica: “Algunas dinámicas se detuvieron; otras se potenciaron”. El intento de “volver a la normalidad” terminó por aplastar iniciativas que pudieron haber transformado la ciudad. No se consolidó una reforma integral del transporte ni se apostó por una estrategia agresiva de movilidad alternativa. Las ciclovías crecieron, sí, pero sin un plan de fondo. El foco volvió a lo básico.
El retroceso también responde a factores estructurales. El agravamiento de las brechas sociales y económicas desplazó la discusión sobre calidad de vida, sostenibilidad o aire limpio. Cuando la prosperidad se erosiona, la ciudad deja de pensarse a largo plazo. A ello se suma el desconocimiento del derecho a la ciudad: una ciudadanía que aplaude obras efectistas —viaductos, ornato, macetas— sin preguntarse si resuelven problemas reales.
El giro político hacia miradas conservadoras ha terminado de sacar de agenda la sostenibilidad urbana. La inclusión, el enfoque ambiental o la planificación climática son vistos como discursos “progres”, mientras se retorna a una lógica de gestión centrada en la obra visible y de corto plazo. La desactivación de oficinas ambientales en la Municipalidad de Lima es una muestra de ese retroceso: se atienden síntomas, no causas.
El espacio público ilustra bien esa tensión. Lugares de encuentro espontáneo, como la rotonda del parque Kennedy, han sido cerrados por temor al uso ciudadano. Muchos alcaldes desconfían de lo vivo, lo diverso y lo impredecible, y optan por prohibir antes que gestionar. Sin embargo, el espacio público es el corazón de la ciudad: el ámbito más democrático, donde se construye ciudadanía.
La encuesta muestra una ciudad fragmentada en múltiples ciudades que conviven sin tocarse. En algunos distritos, las demandas son propias del “primer mundo”; en otros, se reclama agua, seguridad básica o frenar el tráfico de tierras. El transporte, eje estructural del problema urbano, roba tiempo, oportunidades y calidad de vida. La inseguridad, por su parte, expulsa a la gente de la ciudad: cuando un espacio deja de usarse, se deteriora y rompe su tejido social y económico.
El reporte de Lima Cómo Vamos no es solo un diagnóstico; es un recordatorio de que la ciudad es un bien público y que su transformación no depende únicamente de obras monumentales, sino de políticas humanas y de ciudadanía activa. Tras quince años de medición, la conclusión sigue siendo la misma: Lima y el Callao pueden ser más vivibles. Pero eso exige autoridades que entiendan la ciudad y ciudadanos dispuestos a defenderla colectivamente.
