“13 Monjas y la Mar” reunió a asistentes del Hay Festival en una velada que mezcló arte, música y cocina local en pleno centro histórico de Arequipa. La artista Sonia Cunliffe presentó su muestra “Las Monjas y la Mar”, recién llegada del Centro Cultural Inca Garcilaso y formó parte del programa oficial del Hay Festival 2025. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de noviembre en 13 Monjas.
A comienzos de noviembre, Lima vivió un hito cultural con el Gallery Weekend que convirtió a la ciudad en un recorrido vivo por lo más vibrante del arte contemporáneo. Galerías, artistas y público se cruzaron en charlas, aperturas y visitas guiadas que acercaron nuevas miradas y talentos emergentes. Más que exhibiciones, el evento confirmó su papel como un punto de encuentro que renueva y anima la escena local.
DURANTE catorce años –de 2006 a 2020– un cartel de laboratorios farmacéuticos encabezado por los laboratorios Medifarma, AC Farma y Portugal e integrado por otras 10 empresas, operó a plena luz del día. Las compras públicas del MINSA, ESSALUD y CENARES fueron intervenidas desde dentro mediante un sistema sofisticado de reparto de ítems, posturas de resguardo, supresión de competencia y acuerdos clandestinos que convertían cada licitación en una farsa. No se trataba de un puñado de “manzanas podridas”, sino de una estructura cartelizada que infiltró el corazón de las adquisiciones del Estado peruano. La resolución de Indecopi revela un universo de correos, cuadros internos, conversaciones directas y maniobras de operadores comerciales que parecen extraídos de una serie sobre crimen corporativo. Pero no hay ficción: los medicamentos involucrados abastecían hospitales, centros de salud y regiones enteras. El daño es real, prolongado y sistemático.
LA PRUEBA QUE DESNUDÓ EL CARTEL
Uno de los correos más comprometedores –PORT03, del 21 de febrero de 2012– expone sin rodeos cómo se estructuraban las “conversaciones” previas a las licitaciones. La ejecutiva de Laboratorios Portugal, Nataly Llanos, le escribe a su jefe, John Mac Dowall: “Ya solo estamos quedando 2 a 3 postores, a fin de que evalúes y puedas ver cómo manejamos el tema de las conversaciones”.
El correo iba acompañado de una matriz Excel con los postores “aptos” para negociar, varios de ellos competidores directos. Llanos reconoció más tarde ante la autoridad que estas conversaciones buscaban “definir su actuación en torno al reparto de ítems”. En castellano simple: decidir quién ganaba qué, antes de que se abrieran las ofertas.
La prueba no quedó ahí. El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones de Mac Dowall y Llanos, lo que permitió reconstruir la anatomía interna del cartel.
CÓMO OPERABA EL REPARTO: LA MATRIZ SECRETA
Los documentos PORT102, PORT103 y PORT104 –difundidos en la resolución– muestran un mecanismo de asignación que clasifica los ítems como:
• PORTUGAL – adjudicaciones reservadas para el laboratorio.
• PENDIENTES – ítems en negociación.
• CEDIDOS – medicamentos que una empresa acordaba entregar a otra.
El expediente confirma que estas matrices coincidían milimétricamente con los resultados reales de las licitaciones. Si el ítem aparecía en la columna “Portugal”, Portugal ganaba.
Si estaba en “Cedidos”, el competidor elegido se alzaba con la adjudicación. No era improvisación: era una sala de máquinas operando debajo de cada proceso público. Uno de los aspectos más graves del expediente es la normalidad con la que los operadores del cartel coordinaban en plena mesa de licitación.
Llanos describe así la dinámica: “Uno que otro postor se te acercaba y te decía ‘queremos conversar con tu jefe’…” Y añade que varias decisiones se tomaban “de cara al periodo de pujas”, es decir, mientras se definían los precios finales. El objetivo era el mismo: evitar competir. En algunos casos, una empresa se retiraba antes del acto, dejando al otro postor como único participante. En otros, simulaba una postura más alta para “resguardar” el precio del ganador pactado.
LAS EMPRESAS Y LOS AÑOS CLAVE DEL DAÑO
La conducta se extendió sobre 14 años de procesos estratégicos, afectando:
• Licitaciones nacionales del MINSA.
• Compras institucionales de ESSALUD.
• Adquisiciones de CENARES para abastecimiento de redes hospitalarias.
Hubo picos de afectación en licitaciones como la LP SIP 18-2011- DARES/MINSA-1, donde la coordinación previa redujo artificialmente la competencia a “dos o tres postores”, facilitando el reparto.
En un proceso, por ejemplo, Portugal quedó como postor único en los ítems 115 y 123 después de que Medifarma –uno de los mayores actores del rubro– se retirara tras “negociaciones” registradas en los cuadros internos. El daño económico acumulado fue gigantesco.
EL INTENTO DE OCULTAR LA EVIDENCIA
Varias empresas intentaron declarar confidenciales documentos que contenían evidencia directa de colusión. Indecopi rechazó esos pedidos tras comprobar que los archivos no protegían secretos empresariales sino la mecánica delictiva del cartel. Otros actores presentaron recursos para frenar la investigación o dilatar el proceso. Ninguno prosperó.
LA MULTA Y LO QUE REVELA
Las sanciones superan los S/ 539 millones. Solo Medifarma acumula más de 92 mil UIT en multas; AC Farma supera las 62 mil UIT; Portugal, las 11 mil UIT.
Cinco ejecutivos reciben sanciones personales: John Mac Dowall (Portugal), Nataly Llanos (Portugal), Manuel Bustíos (Medifarma), Cecilia Carissimo (AC Farma) y José Antonio Alcántara (AC Farma).
Y todas las empresas deberán implementar programas de cumplimiento bajo supervisión. Pero la multa, aunque histórica, no borra lo ocurrido: durante más de una década, el Estado peruano pagó más por medicinas esenciales porque un puñado de laboratorios decidió secuestrar la competencia.
Más allá del tecnicismo jurídico, esta es la verdad incómoda: Mientras hospitales reclamaban por desabastecimiento, un cartel coordinaba quién ganaba, quién perdía y cuánto pagaba el Estado. No solo es una infracción a la libre competencia. Es un atentado contra la salud pública de millones de ciudadanos.
La Sala Osma de Barranco fue escenario del cóctel inaugural del Gallery Weekend Lima 2025, una celebración que dio inicio a un fin de semana consagrado al arte contemporáneo. El pasado miércoles 5 de noviembre, artistas, coleccionistas y entusiastas del arte se reunieron en un ambiente distendido para brindar por una nueva edición que reafirma el dinamismo de la escena cultural limeña.
Más de 40 mil personas, entre funcionarios y censistas, recorrieron todo el territorio nacional en condiciones desafiantes durante la ejecución de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas. Su labor permitió alcanzar una cobertura histórica y marcar un punto de quiebre en la modernización de la estadística pública.
CENSOS 100 % DIGITALES
Por primera vez, los censos se realizaron íntegramente con herramientas digitales, un hito para el Perú. Los censistas utilizaron tabletas proporcionadas con apoyo del UNFPA, lo que situó al país a la altura de las oficinas estadísticas más avanzadas. La digitalización permitirá acelerar el procesamiento de datos y elevar su calidad gracias a validaciones automáticas y georreferenciación de las viviendas censadas.
CENTRO DE MONITOREO Y CENTRAL TELEFÓNICA
El INEI implementó por primera vez un Centro de Monitoreo, desde el cual se realizó seguimiento en tiempo real a más de 30 mil censistas desplegados en el país, observando diariamente el avance por departamentos y distritos. La Central Telefónica atendió más de 57 mil llamadas entre agosto y noviembre, resolviendo dudas de la ciudadanía de lunes a domingo. Cobertura nacional: 97 % de puertas tocadas Al cierre del operativo (31 de octubre), los censistas visitaron el 97 % de viviendas del país. Luego se ejecutó la fase de recuperación censal, destinada a llegar al 100 % en zonas con ocupantes ausentes, controversias de demarcación y nuevas edificaciones. La única localidad pendiente debido a un conflicto limítrofe es Acarí (Caravelí, Arequipa), cuya ausencia podría afectar su incorporación en los resultados oficiales.
ZONAS DE RIESGO Y ARTICULACIÓN REGIONAL
Se empadronaron 61 zonas de alto riesgo en Lima y Callao, incluyendo distritos como SJL, La Victoria, Rímac, Comas y Chorrillos. El operativo contó con apoyo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que brindaron seguridad bajo modalidad de barrido. Para atender incidencias, el INEI desarrolló 11 Mesas de Articulación Regional en regiones como Áncash, Ayacucho, Lambayeque, Piura, Ucayali y Tumbes, garantizando condiciones de seguridad para el personal censista.
COOPERACIÓN CON GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES
El operativo se fortaleció mediante convenios con 25 Gobiernos Regionales, 196 municipalidades provinciales y 1,695 municipalidades distritales, lo que permitió asegurar una cobertura integral y trabajo articulado en todo el territorio.
CENSO EN LÍNEA: DISPONIBLE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
Las personas que no fueron censadas pueden completar el Censo en Línea hasta el 30 de noviembre en www.censos2025.com.pe. El formulario es fácil, seguro y accesible desde cualquier dispositivo con Internet. Solo se requiere DNI o Carné de Extranjería para generar el Código Único de Vivienda (CUV). Este servicio es ideal para quienes no se encontraban en casa durante la visita del censista: inquilinos, roommates, personas extranjeras o quienes no atendieron la puerta. El llenado toma 30 minutos y basta con que un informante calificado responda por todo el hogar. PARTICIPAR ES UN DEBER CÍVICO El jefe del INEI, Gaspar Morán, recordó que los Censos permiten saber cuántos somos, dónde estamos y qué necesitamos como país. La participación ciudadana es crucial para diseñar políticas públicas en un contexto marcado por cambios demográficos, migración y efectos de la pandemia. Para resolver dudas, la población puede comunicarse con la Central Telefónica de los Censos Nacionales 2025 al (01) 743 5331 o 0800 70225, disponible de lunes a domingo, de 7:30 a. m. a 8:30 p. m.
LA Contraloría General de la República ha puesto al Ministerio del Interior en el centro de una grave denuncia: la compra de un avión Antonov AN-74, de diseño antiguo y con documentación técnica de los años 1991 y 1994, por USD 63,9 millones, fue adjudicada pese a que no cumple con los requisitos técnicos exigidos.
El informe del Órgano de Control Institucional (OCI) — Informe de Hito de Control N.° 042-2025-OCI/0282-SCC— detalla que la empresa adjudicada, Aero Express FZE, no acreditó que la aeronave fuera nueva, condición indispensable según las bases. Tampoco cumplió con especificaciones clave: capacidad de operación en aeródromos de altura, navegación instrumental RNAV, aviónica moderna, sistemas redundantes, equipamiento GNSS nuevo de fábrica, ni el soporte técnico y logístico mínimo para 25 años de vida útil.
Lo más grave: la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) había advertido formalmente que la propuesta no cumplía con los requisitos. Aun así, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Mininter ignoró el informe técnico y otorgó la buena pro, desplazando a Leonardo y Embraer, cuyas aeronaves sí cumplían con las exigencias. La Contraloría concluye que adjudicar a un postor que no cumple lo exigido pone en riesgo la seguridad operacional, afecta la capacidad de respuesta de la PNP y compromete la transparencia del proceso.
El impacto político fue inmediato: el Director de Administración y Finanzas, Ronnie Matienzo, presentó su renuncia apenas se conoció el documento. El ministro Vicente Tiburcio, en cambio, ha guardado silencio, pese a que el informe señala que la cartera debe responder en un plazo de cinco días hábiles. El proceso se inició y desarrolló en las tres gestiones ministeriales anteriores –Víctor Torres Falcón, Walter Ortiz y Juan José Santivañez–, pero la adjudicación se concretó ya bajo su mandato, sin que se corrigieran las irregularidades advertidas. Con estas evidencias, solo queda esperar la auditoría de control posterior, que deberá identificar a los responsables de una compra que, según la Contraloría, podría dejar a la Policía con un avión no apto para las condiciones de operación del país y adquirido bajo un procedimiento cuestionado desde su raíz.
“Listening to the Voices of the Rivers” reunió en Newcastle Contemporary Art el trabajo de destacados artistas indígenas de Perú y Brasil, junto con creadores del Reino Unido, para reflexionar sobre la relación entre ríos, comunidades y sostenibilidad. Curada por Giuliana Borea, Jamille Pinheiro Dias y Harriet Sutcliffe, la muestra dialogó con iniciativas locales sobre ríos saludables y con escuelas del noreste de Inglaterra, integrando arte, ciencia y saberes comunitarios. El programa incluyó charlas, visitas guiadas, talleres y un simposio que permitió conectar preocupaciones amazónicas con realidades británicas. La exposición coincidió con la COP30 y subrayó la urgencia de cuidar los ecosistemas acuáticos. El proyecto, apoyado por instituciones académicas y la Embajada del Perú en el Reino Unido, destacó la potencia del arte indígena para repensar la crisis climática y fomentar una comprensión colectiva del agua como fuente de vida y continuidad.
Después de conocerse los resultados de la etapa de estudio del caso, en la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que busca cubrir nueve plazas de juez superior en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), Yeny Magallanes Rodríguez ocupa el primer lugar con 82.2 puntos. Se tomaron en consideración también las calificaciones del examen de conocimientos y la evaluación curricular. La magistrada integra actualmente la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la CSNJPE. Es titular desde 2006, primero como juez de paz letrado en Arequipa, luego juez penal a partir de 2009, también en la ciudad blanca; y desde el 2017 juez superior de la Corte de Ayacucho. La siguen muy de cerca José Cuya Berrocal, Nahyhon González Aguirre, Javier Sologuren Anchante y Gino Delzo Livias. Están en carrera un total de 14 postulantes. Se espera que, en las próximas semanas, la JNJ programe la última etapa del concurso: la entrevista personal.
La Contraloría también investiga el Concurso Internacional CI 04-2025 para adquirir 31 045 pistolas 9x19 mm debido a indicios de direccionamiento técnico desde las bases. El numeral 9(b) exige montar un taller para mantener pistolas SIG Sauer adquiridas en 2015, requisito imposible para cualquier otro fabricante y que excluye de facto a la competencia. El Anexo Técnico añade especificaciones –como picatinny rail o recubrimiento Cerakote– asociadas a modelos SIG Sauer, configurando un perfilamiento prohibido por las normas de contratación. Además, se fijaron plazos operativos irreales: solo cinco días para consultas, dos meses para instalar un taller y puntaje máximo para entregas en 90 días, un plazo inviable para una producción internacional de más de 31 mil armas. Estas condiciones desalientan la competencia y facilitan adendas posteriores a favor de un proveedor. A ello se suma un riesgo mayor: determinados modelos de SIG Sauer arrastran antecedentes de descargas involuntarias sin accionar el gatillo, con fallos documentados por agencias estadounidenses y demandas millonarias. Fuentes del sistema de control aseguran que la Contraloría ha detenido la adjudicación y evalúa responsabilidades. El proceso, por ahora, queda bajo supervisión directa.
A nivel nacional, el 60 % del electorado pertenece a los NSE D y E –hogares con ingresos promedio de S/ 2000 a S/ 2700– mientras que el NSE A, con ingresos cercanos a S/ 14 000 mensuales, es una minoría absoluta. Un recordatorio de a quién deben realmente persuadir.
El sábado 22 de noviembre se promulgó la ley que autoriza el pase de los trabajadores del Poder Judicial (PJ) que se encuentran en el CAS a plazo indeterminado, al régimen del Decreto Legislativo 728, una mejora notable porque ahora sí contarán con todos los beneficios sociales. Sin embargo, la norma indica que esta debe financiarse con el presupuesto institucional del PJ sin demandar recursos adicionales al tesoro público, lo que resulta un contrasentido si tomamos en consideración que no se atendió para el presupuesto de 2026, el requerimiento adicional de más de S/ 400 millones que servirán para atender esta ley, el cuarto tramo de la escala remunerativa y el pago de sentencias judiciales. El presupuesto judicial para el próximo año será de S/ 3989 millones. El pase de los trabajadores CAS indeterminados a 728 será progresivo en un plazo máximo de cinco años. La presidenta del PJ, Janet Tello, informó hace unas semanas, que la institución tiene más de doce mil servidores CAS, pero no precisó cuántos de ellos tienen contrato indeterminado. Si no se entregan los recursos adicionales solicitados, la ley puede terminar siendo simbólica, y generar un conflicto con los trabajadores beneficiados que tendrán todo el derecho a reclamar.
La semana pasada informamos que el proyecto de la Ciudad de la Justicia no contaba con expediente técnico. Tras la publicación, fuentes del Poder Judicial remitieron a CARETAS la Resolución Administrativa N.° 000773-2024-GG-PJ, del 11 de diciembre de 2024, que aprueba la primera etapa del expediente técnico para la nueva sede judicial, con un presupuesto de S/ 308,3 millones y un plazo de ejecución estimado de 30 meses. El documento confirma que la gestión de Javier Arévalo cumplió con la condición del MEF y de la SBN para asegurar la afectación definitiva del terreno del ex penal San Jorge. La resolución detalla que la elaboración del expediente incluyó validación del anteproyecto por PROLIMA, coordinación con la Corte Superior de Justicia de Lima y el trabajo de los equipos formadores y evaluadores. Es decir, el proyecto sí avanzó, al menos en el plano técnico. El entrampamiento ahora viene por otro lado: la propia Municipalidad de Lima, que solicita el predio para reubicar ambulantes, no ha emitido la licencia de obra necesaria para iniciar las siguientes etapas del proyecto judicial. Sin ese permiso, todo queda paralizado. Mientras el alcalde Renzo Reggiardo insiste en que allí debe instalarse un nuevo mercado mayorista para combatir la informalidad, el expediente técnico aprobado demuestra que el terreno ya tiene destino, presupuesto y trazado. La pelota –otra vez– está en el lado de la Municipalidad.
Con el cobre disparado por la transición energética, Antapaccay mueve sus fichas. La operación de Glencore en Espinar apunta a su siguiente fase con Coroccohuayco, proyecto de USD 1800 millones que extendería la vida útil hasta 2040 y reforzaría el peso del Perú en la nueva ola del metal. La empresa apuesta por el giro verde: energía 100 % renovable, perforadoras y transporte interno eléctricos, además de un programa de forestación que ya suma 585 mil árboles en 700 hectáreas. El impacto territorial también es parte de la narrativa: más de S/ 300 millones en compras locales este año, 104 proveedores comunales y 2034 empleos, casi 1400 de Espinar. El 61 % de la planilla proviene del Cusco. Los datos fueron expuestos por Carlos Castro en el SwissCham Summit 2025, donde se coincidió en que la nueva era del cobre será sostenible o no será. Coroccohuayco aguarda ahora la señal definitiva.
Óscar Romero es presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), que organiza la primera división. Sus acusaciones contra Agustín Lozano, cabeza de la Federación Peruana de Fútbol, tuvieron entre sus consecuencias un marcado debilitamiento de las facultades de la ADFP. Pero no es su único encontrón. Fue Romero quien en 2016 denunció ante la Fiscalía a Patricia Lí ante la Fiscalía por presentar al Congreso, donde trabajaba, un título falso de contadora emitido por la Universidad Garcilaso de la Vega, casa de estudios en la que Romero era secretario general. En la que, por cierto, fue investigado como lo fue su rector Luis Cervantes Liñán, el del sueldo millonario. Coincidentemente, el presidente José Jerí sacó su título de abogado de la Garcilaso en 2015, a pesar de los estudios los cursó en la universidad Federico Villareal.
Por primera vez Perú tendrá, a partir de diciembre, un consulado en la ciudad de Orlando, en Florida. Hasta la Resolución Ministerial del 11 de noviembre, los peruanos tenían que ir a hacer sus gestiones consulares a Tampa o Miami. Quién inaugura el consulado es el Embajador Augusto Morelli Salgado. La apertura de esta oficina “se logró gracias al trabajo incansable”. de la Comisión Pro Consulado del Perú en Orlando, integrada por Roberto Bustamante y Jorge Yeshayahu Gonzáles-Lara y el respaldo del congresista Jorge Zeballos que representa a los peruanos en el exterior.
En medio de una coyuntura marcada por cambios en la estructura militar del país, llamó la atención la presencia de George Forsyth –aspirante presidencial por Somos Perú– en la ceremonia en la que José Jerí fue reconocido como presidente de la República. Forsyth acudió con uniforme militar, en calidad de reservista, y fue el único candidato presidencial presente en el estrado. Jerí declaró después que se sorprendió al verlo con uniforme y que el exalcalde se retiró antes por el inminente nacimiento de su hija.
La trascendida influencia de Forsyth en el sector Defensa coincide con el recambio en los institutos armados. En la Marina de Guerra, ya había asumido como Comandante General el almirante Federico Javier Bravo de Rueda Delgado, según resolución oficial. Ocurrió en agosto, antes de la vacancia de Dina Boluarte.
En la Fuerza Aérea, el general del aire Mario Raúl Contreras León Carty fue reconocido el 6 de noviembre como nuevo jefe institucional durante una ceremonia presidida por el nuevo ministro de Defensa César Díaz Peche. Y en el Ejército se acaba de dar el pase al retiro del jefe del Comando Conjunto de las FF. AA. y de 11 generales de brigada, en una de las renovaciones más amplias de los últimos años. Se fue David Ojeda Parra, presidente del Comando Conjunto.
El actual comandante general, César Briceño, pasaría a ese cargo. El general Oswaldo Calle, jefe del Estado Mayor, sería a su vez el nuevo comandante general. La coincidencia entre la reconfiguración de las cúpulas y la presencia de Forsyth –quien será el candidato del partido del actual presidente– añade un elemento político al panorama, aunque el Gobierno no ha emitido comentarios sobre posibles vínculos con los relevos en curso.
El Pullman Lima San Isidro reunió a líderes del rubro corporativo y social en un desayuno navideño solidario organizado junto a la ONG Perú Pendiente. Entre café, dulces y una mesa cuidadosamente dispuesta, las asistentes sumaron esfuerzos para recaudar regalos destinados a los niños de la comunidad de Carapongo, en Lurigancho. La cita mañanera fue un punto de encuentro y generosidad compartida.
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