Es parte de una agenda menos visible, pero de enorme impacto fiscal: una batería de leyes y dictámenes que están ampliando la planilla estatal por la vía de incorporaciones automáticas, homologaciones y migraciones masivas al régimen 728. Una ola que no responde a reforma alguna, sino a presión corporativa y cálculo político.
Este Legislativo ha aprobado –y el Ejecutivo ha promulgado, incluso en el de Jerí en los últimos días– normas que pasan miles de trabajadores CAS al régimen 728, el más costoso y rígido del sector público. Y lo hace sector por sector, sin evaluación del MEF ni proyección de sostenibilidad.
Estas son las leyes ya en vigencia:
• Ley 32504: incorpora a los trabajadores del Poder Judicial contratados bajo CAS indefinido al DL 728.
• Ley 32489: autoriza la incorporación progresiva de los trabajadores SUNARP CAS al 728.
• Ley 32215: aprueba una nueva escala remunerativa para los proyectos especiales del ex-INAD, elevando el costo salarial.
• Ley 31703: incorpora al 728 a los CAS indefinidos de EsSalud, la planilla más grande del país.
Cada una es una bomba de tiempo fiscal: crea rigideces permanentes en presupuestos que ya además están comprimidos por menores ingresos tributarios.
El Pleno ya aprobó otros dictámenes que siguen la misma lógica de expansión laboral.
Entre ellos:
• “Fortalecimiento del talento humano y modernización de SUNARP”: otro puente para el pase al 728.
• “Ley que dignifica la labor del personal del Poder Judicial”: incorpora beneficios y equiparaciones remunerativas. • Incorporación al 728 de los trabajadores de Migraciones hoy CAS.
• Igualdad de beneficios laborales entre CAS y 728 para reducir brechas… en la práctica, homologación encubierta.
• Proyecto que autoriza a Migraciones a incorporar masivamente a CAS a 728 bajo el argumento de “eliminar la discriminación”.
La tendencia es clara: cada sector consigue su propia ley para migrar a un régimen laboral permanente, con impacto inmediato sobre la masa salarial del Estado. En total, este paquete legislativo constituye la mayor expansión laboral del Estado en más de una década.
El problema no es solo fiscal; es estructural: cuando se multiplica la planilla sin reforma ni meritocracia, el resultado es menos capacidad de gestión, menos flexibilidad y más gasto corriente. El Congreso, en lugar de fortalecer el servicio civil bajo criterios técnicos, opta por una política de beneficios sectoriales que cada gremio exige y obtiene.
El Ejecutivo, sin fuerza para observar, termina promulgando o dejando pasar normas que comprometen décadas de presupuesto.
Todas estas leyes se discuten sin un estudio riguroso del MEF, que ha advertido desde hace años que el pase masivo a 728:
• Incrementa costos por CTS, vacaciones, indemnizaciones y judicialización.
• Reduce movilidad y dificulta reorganizar sectores.
• Profundiza el gasto corriente que ya representa más del 70 % del presupuesto.
• Bloquea la reforma del servicio civil (Ley Servir), hoy paralizada.
El paquete tiene un efecto perverso: el Congreso legisla beneficios permanentes para grupos específicos, pero el impacto fiscal se ve recién en el próximo gobierno, que deberá absorber la masa salarial adicional y renegociar presupuestos sectoriales. En la práctica, se está construyendo una planilla pública paralela, sector por sector, sin mapa, sin diseño y sin evaluación.
