Escribe: JUSTO CARBAJAL AGUIRRE
El megapuerto trajo un megariesgo. Chancay, que debería ser ejemplo de progreso, empieza a parecer una versión costeña de Trujillo o Chiclayo: balaceras, cupos, extorsiones y un Estado que llega tarde. El megapuerto, llamado a ser el gran hub logístico del Pacífico, está rodeado de mafias.
La obra de infraestructura más ambiciosa que el Perú ha emprendido en lo que va del siglo, apenas tiene 80 policías. Con más de USD 1300 millones ya invertidos y trescientos millones más en camino, fue presentada como el hub logístico que une a Sudamérica con el mundo, pero nunca se dio una inversión estatal para enfrentar la criminalidad organizada.
El problema es doble. Por un lado, la débil presencia del Estado, que no ha acompañado la inversión privada con seguridad ni planificación urbana. Y por otro, la lógica del crimen organizado, que siempre se infiltra en torno a nodos logísticos estratégicos. Esto que ha ocurrido en México, Ecuador y Panamá, ya comienza a replicarse en el país.
EL PUERTO DEL RIESGO
Se sabe que el puerto de Chancay no es cualquier infraestructura: está llamado a convertirse en el primer megapuerto privado del Perú, con capacidad para recibir buques de gran calado que hoy no pueden ingresar a otros terminales del país. Con su puesta en marcha, el Perú dejará de depender exclusivamente del Callao. Si bien la magnitud de esta obra es enorme –con la capacidad de atender barcos de hasta dieciocho mil contenedores– trae también una zona logística integrada de más de novecientas hectáreas.
No obstante, todo ese potencial se ve amenazado por una realidad que la inversión no ha podido maquillar. En la última década, la criminalidad en el Perú ha mutado de manera acelerada. Bandas locales se transformaron en organizaciones criminales estructuradas, con nexos internacionales, control territorial y capacidad de corromper instituciones.
En Trujillo, Los Pulpos y Los Malditos del Norte dominaron el negocio de la extorsión a comerciantes, transportistas y empresas constructoras. En Piura, el sicariato se ha normalizado al punto de convertirse en una práctica habitual para dirimir disputas entre clanes. En Lambayeque, las mafias de terrenos y construcción han penetrado municipios y obras públicas. La expansión hacia Chancay era, entonces, cuestión de tiempo. Con un megaproyecto en ejecución y miles de millones de dólares en juego, los grupos criminales no iban a quedarse al margen.
Hoy se sabe que al menos son tres organizaciones criminales las que se disputan el control del distrito. La primera es “Los Pulpos del Norte”, que es conocida por su violencia y su experiencia en extorsión y sicariato. Este grupo criminal tiene redes móviles que siguen el dinero y los megaproyectos.
La segunda es “Los Monos de Quepepampa”, con raíces en Huaral, que han aprovechado su conocimiento del territorio para insertarse en la cadena de extorsión de obras y transportistas. Finalmente, están “Los Antitren” o “Puros Hermanos Sicarios”, una organización más reciente pero caracterizada por su violencia desmedida, que no solo cobra cupos, sino que busca instalarse como una fuerza de control territorial, generando miedo entre empresarios y pobladores.
IMÁN DE LA CRIMINALIDAD:
EXTORSIONES
Algo preocupante es que estas bandas ya han comenzado a infiltrar la cadena logística incipiente que rodea al puerto, desde el transporte de materiales de construcción hasta las pequeñas empresas proveedoras. El cobro de cupos se está normalizando como un impuesto ilegal que empresarios y obreros deben pagar para poder trabajar.
Los testimonios de la población y de empresarios locales son alarmantes. Varias empresas de carga que trasladan insumos hacia la obra han recibido llamadas amenazantes, exigiendo pagos semanales.
Los choferes que se niegan son interceptados y golpeados, o sus unidades atacadas. Al mismo tiempo, las mafias han comenzado a traficar terrenos en zonas aledañas al puerto, inflando precios y utilizando la violencia para apropiarse de espacios estratégicos. En los últimos dos años, además, se han registrado asesinatos vinculados a disputas por el control de contratos de obra y seguridad privada en Chancay y sus alrededores.
Pero lo que ocurre en Chancay no es excepcional. En todo el mundo, los puertos se han convertido en espacios estratégicos para el crimen organizado. Rotterdam, en Países Bajos, es el principal puerto europeo, pero también está hoy parcialmente controlado por mafias vinculadas al narcotráfico latinoamericano. Contenedores con cocaína entran cada semana con complicidad de trabajadores infiltrados.
En Guayaquil, Ecuador, la explosión de violencia que ha sacudido al país tiene como centro a su puerto. Bandas como Los Choneros han tomado control de las rutas de exportación de cocaína, infiltrando aduanas y asesinando a quienes se oponen. En Veracruz, México, el puerto fue escenario de luchas sangrientas entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Quien controla el puerto, controla no solo el comercio, sino las rentas ilícitas.
El Megapuerto de Chancay es un imán para la criminalidad, que ya se ha instalado en el distrito y amenaza con expandirse si no se actúa de inmediato. La experiencia internacional demuestra que donde hay puertos, hay mafias, y que la diferencia entre un hub logístico exitoso y un foco de violencia depende de la presencia o ausencia del Estado.
MEDIDAS FIRMES
Si bien el problema no tiene una “solución única”, son al menos dos medidas las que deben implementarse de manera simultánea. La primera es la seguridad integral, no solo con más policías, sino con unidades especializadas en crimen portuario, con tecnología de vigilancia de última generación y con inteligencia que permita adelantarse al accionar de las mafias.
La segunda es la coordinación internacional. Esto significa que se debe trabajar con aduanas de otros países, fuerzas policiales de la región y organismos multilaterales que ya tengan experiencia en la lucha contra el crimen en puertos.
De manera inmediata el Ministerio del Interior, liderado por Carlos Malaver, debe gestionar la mejora de las cinco comisarías que están en la zona, pues carecen de presupuesto, personal y operan con una mala infraestructura. De momento se sabe que el proyecto del complejo policial de Chancay permanece paralizado, pese a que la municipalidad ya cedió el terreno.
Ningún inversionista internacional querrá operar en un entorno controlado por mafias. La historia de otros puertos nos enseña que no se puede mejorar con tibiezas. O se controla el crimen desde el inicio, o el crimen termina controlando el puerto. Sin embargo, la pregunta que queda flotando es si el gobierno –con todas sus debilidades– será capaz de estar a la altura del reto.
