Por: CARLOS PAREDES
Desde que abrió sus puertas en 1995, tras ser creada por la Constitución de 1993, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha tenido seis jefes nacionales titulares. Cuatro de ellos —es decir, casi el 70 %— fueron obligados a renunciar en medio de escándalos por presunta corrupción o reclamos de fraude: José Portillo Campbell (2000), Fernando Tuesta Soldevilla (2005), Adolfo Castillo Meza (2018) y Piero Corvetto Salinas (2026). Dos terminaron presos.
Los escándalos y renuncias de sus titulares obligaron a que la ONPE quedara, en dos ocasiones, bajo la conducción de jefes interinos mientras se realizaba el concurso público para elegir a sus sucesores. Los interinos fueron Manuel Cox Ganoza (2018-2019) y el actual encargado, Bernardo Pachas Serrano.
No es poca cosa que, en una institución que se supone debe actuar como árbitro impoluto de lo más sagrado de un régimen democrático —la voluntad popular—, cuatro de sus seis jefes hayan sido expectorados. Tampoco eran menores las acusaciones que se levantaron contra ellos: desde favorecer a sus parejas con puestos de trabajo, cenas y hospedajes pagados con dinero del Estado, hasta presuntos vínculos con organizaciones criminales, pasando por el reclamo que, lamentablemente, se ha vuelto recurrente en las últimas tres elecciones: el fraude en primera o segunda vuelta.

Papelito manda
José Portillo Campbell fue el primer jefe de la ONPE vinculado a acusaciones de fraude electoral. Terminó renunciando y fue apresado. Durante la cuestionada e inconstitucional re-reelección de Alberto Fujimori en el 2000, acuñó la frase “papelito manda” para justificar el evidente cambiazo que, según diversas denuncias de la época, alteró los resultados de la primera vuelta electoral y desplazó a Alejandro Toledo al segundo lugar, luego de que las primeras proyecciones le dieran el triunfo.
Fujimori y Vladimiro Montesinos forzaron el tercer mandato incluso mediante la compra de congresistas elegidos por la oposición para que cambiaran de camiseta. El oficialismo obtuvo solo 52 de los 120 escaños en primera vuelta, y Montesinos consiguió que, para el 28 de julio de 2000, otros 22 tránsfugas se sumaran a Fuerza 2000, el cascarón partidario del fujimontesinismo, otorgándole una mayoría espuria al nuevo gobierno.
Entre los tránsfugas investigados y procesados estuvieron, entre otros, César Acuña, José Luna y el emblemático Alberto Kouri Bumachar, cuyo registro fílmico en el que recibe una coima de 15 000 dólares en la salita del SIN detonó la caída del régimen. Portillo Campbell, señalado entonces como uno de los responsables del fraude, terminó en una celda del penal San Jorge.
El prístino profesor universitario
Fernando Tuesta Soldevilla fue el profesor universitario y experto en ciencia política que se convirtió en el segundo jefe de la ONPE. Organizó las elecciones generales del 2001, pero no llegó a conducir los comicios del 2006.
En diciembre del 2004 renunció al cargo luego de que el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidiera no ratificarlo. Meses después, el 7 de abril del 2005, el CNM lo inhabilitó por cinco años para ejercer función pública, acusado de violar el Código de Ética de la Función Pública al haber mantenido como jefa del gabinete de asesores de la ONPE a su pareja sentimental, Tatiana Mendieta, quien percibía un sueldo de 10 500 soles.
Tuesta llevó además al entonces joven Piero Corvetto a trabajar en la ONPE.

“Los gánsteres de la política”
Aunque las gestiones de Magdalena Chu Villanueva y Mariano Cucho Espinoza, entre 2005 y 2017, estuvieron entre las menos polémicas y permitieron que la ONPE recuperara parte de la credibilidad perdida tras las elecciones del 2000, la elección de Adolfo Castillo Meza volvió a comprometer a la institución.
Tiempo después se descubriría que su designación se produjo bajo el auspicio ilícito de José Luna Gálvez, quien, alejado ya de Solidaridad Nacional de Luis Castañeda Lossio, buscaba inscribir su propio partido. Según las investigaciones, Luna maniobró para colocar a Castillo al frente de la ONPE y asegurarse así la inscripción de Podemos Perú.
Posteriormente se conoció que Luna habría articulado un esquema de sobornos dirigido a integrantes del CNM para favorecer la elección de su candidato. Ya en la jefatura de la ONPE, Castillo garantizó la inscripción del partido. Esa inscripción les permitió luego a Luna, su hijo y otros miembros de su entorno político llegar al Congreso y mantenerse protegidos por el poder parlamentario.
Finalmente, fueron los electores quienes terminaron retirándole la inscripción al partido tras la pobre votación obtenida el 12 de abril.
La imposición de Corvetto
En plena pandemia, en septiembre de 2020, la recién estrenada Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazó al desacreditado CNM tras la denuncia periodística de IDL-Reporteros titulada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, convocó a un concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE, luego del fracaso de la gestión de Adolfo Castillo Meza.
El candidato respaldado por el sector progresista que entonces orbitaba alrededor de Martín Vizcarra —el primer vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski que asumió la presidencia tras su renuncia— era Piero Corvetto Salinas. El joven comunicador tenía como maestro y principal impulsor a Fernando Tuesta Soldevilla. Corvetto había sido su alumno y jefe de práctica en la Universidad de Lima, y también llegó a trabajar por primera vez en la ONPE gracias a su respaldo.
Tuesta afirmó entonces que Corvetto se había preparado toda su vida para asumir ese cargo y que era el postulante más capacitado. Su opinión tenía peso: era el presidente de la comisión de notables designada por Vizcarra para proponer la reforma política y electoral que antecedió al proceso electoral de 2026.
Sin embargo, la primera postulación de Corvetto tenía un problema: otro candidato, menos visible y sin padrinos políticos, el abogado especialista en temas electorales José Alfredo Pérez Duharte, había obtenido mejores resultados en las etapas previas a la entrevista personal, última fase del concurso. En la evaluación curricular, por ejemplo, Corvetto obtuvo 77,50 puntos sobre 100, mientras que Pérez alcanzó 91.
Aunque el examen de conocimientos fue tomado por la Pontificia Universidad Católica del Perú —donde Tuesta es profesor principal— y Aldo Vásquez rechazó inhibirse pese al pedido de Pérez Duharte, debido a que era decano de la Facultad de Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde Corvetto también enseñaba, el candidato respaldado por Tuesta llegó en segundo lugar a la entrevista personal.
Al mediodía del miércoles 26 de agosto de 2020, un periodista de TV Perú informó a nivel nacional que el nuevo jefe de la ONPE era José Alfredo Pérez Duharte. Sin embargo, durante las siguientes horas no hubo confirmación oficial de la JNJ y, esa misma noche, el organismo anunció que el elegido era Corvetto, quien terminó con una calificación total apenas 0,58 décimas superior: 88,01 puntos frente a 87,43.
Pérez Duharte explicó posteriormente a esta revista que, en ese lapso de silencio, la diferencia se produjo en la entrevista personal —la etapa más subjetiva del concurso—, en la que Corvetto obtuvo seis puntos más que él: 90,85 frente a 84,57. Según esa interpretación, la primera elección de Corvetto también estuvo marcada por serios cuestionamientos.
Ratificación con fórceps
Su ratificación en 2024, como ya hemos explicado en esta columna, también contó con el respaldo del mismo sector político, la progresía local, que consiguió una resolución judicial de la sala constitucional presidida por el juez superior Oswaldo Ordóñez. Esa decisión permitió el retorno al pleno de la JNJ de Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes votaron a favor de ratificar a Piero Corvetto Salinas pese a los cuestionamientos existentes sobre su gestión.
Lo demás es historia conocida: una pésima organización de las elecciones de primera vuelta, proveedores que brindaron un mal servicio, equipos electrónicos adquiridos con opacidad y que terminaron fallando, o auditorías contratadas a empresas con apenas dos empleados, sin dirección conocida o con teléfonos que no responden.
Solo falta saber si todo esto fue consecuencia de ineptitud y corrupción, o si existió además una intención deliberada de perjudicar o favorecer a algún candidato en particular. Por ahora, el mismo sector que impulsó y ratificó a Corvetto continúa defendiéndolo con argumentos discutibles como la tesis de que el candidato Rafael López Aliaga, en complicidad con personas de la propia ONPE, habría organizado un complot para impedir que numerosas mesas en Lima abrieran a tiempo porque sabía que iba a perder.
Esa hipótesis, planteada por Rosa María Palacios, fue repetida por el propio Corvetto en la conversación que sostuvo con Pedro Salinas en La República TV. Su abogado defensor, Julio Arbizu, es militante de Juntos por el Perú y excandidato al Congreso por ese partido, que disputará con Keiko Fujimori la segunda vuelta.
En una democracia que aspire a ser sólida, no resulta saludable que el árbitro electoral —el jefe de la oficina encargada de organizar las elecciones— aparezca tan estrechamente asociado, protegido o defendido por una de las facciones políticas que, además, suele terminar como protagonista de la segunda vuelta electoral.






