La escena todavía persigue a la política peruana como una fotografía mal revelada. Pedro Castillo, con manos temblorosas, el rostro tenso, la voz quebrada, anunciando por televisión la disolución del Congreso mientras el país entero observaba incrédulo cómo un presidente rural, improvisado y cercado por denuncias de corrupción, intentaba ejecutar un autogolpe de Estado sin tropas, sin apoyo militar y sin plan de escape.
Tres horas después, el profesor de Chota estaba detenido dentro de un vehículo policial rumbo a la Prefectura, mientras intentaba llegar a la embajada de México en Lima, donde —según sus allegados— esperaba recibir asilo político prometido desde el entorno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Han pasado más de tres años desde aquella tarde de diciembre y, sin embargo, el castillismo sigue empeñado en reescribir el relato. Para sus seguidores, Castillo no intentó quebrar el orden constitucional: fue víctima de un “golpe congresal”. La narrativa busca desplazar el foco del autogolpe hacia la vacancia presidencial, como si el mensaje televisado del 7 de diciembre del 2022 hubiese sido apenas una reacción desesperada y no un intento explícito de clausurar el Parlamento y controlar el sistema judicial.


“Es un hombre corrupto que utilizó el poder para corromper y corromperse”, sostiene el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez. “Y al ser descubierto dio un golpe de Estado”. La frase resume el temor de un sector importante del establishment peruano: que el país termine normalizando una ruptura democrática bajo la lógica emocional de la persecución política.
Pero el verdadero nerviosismo no está en el pasado, sino en lo que podría venir. En Lima, desde hace semanas, circula con insistencia una versión que ya dejó de ser rumor de pasillo: un eventual indulto presidencial para Pedro Castillo comienza a tomar forma en ciertos sectores políticos vinculados al castillismo y a Juntos por el Perú.
Legalmente, el escenario todavía parece complejo. Castillo fue condenado en primera instancia por rebelión, aunque la sentencia aún no está firme. El abogado penalista Andy Carrión recuerda que, técnicamente, un indulto solo podría prosperar si el expresidente retira su apelación y acepta la condena. Mientras exista un proceso pendiente en segunda instancia, el beneficio no cumpliría los requisitos tradicionales.
Sin embargo, en el Perú las reglas escritas rara vez tranquilizan a quienes conocen la elasticidad del poder político. Gutiérrez advierte que las normas que regulan las gracias presidenciales son infralegales y pueden modificarse rápidamente desde el Ejecutivo. “El presidente podría cambiar la comisión en una tarde y al día siguiente otorgar el indulto”, dice.
Por eso, todas las miradas apuntan ahora hacia un organismo poco conocido fuera de los círculos jurídicos: la Comisión de Gracias Presidenciales.
Sus integrantes, casi invisibles para la opinión pública hasta hace poco, han comenzado a ser observados con lupa. La reciente incorporación de la abogada Lesli Gonzales Cabanillas, natural de Chota y cuyos padres trabajaron en la misma UGEL donde enseñó Castillo, alimentó nuevas sospechas dentro de la oposición. No hay pruebas de una operación en marcha, pero en la política peruana las coincidencias suelen interpretarse como mensajes.
La posibilidad de un indulto adquiere todavía más peso por el contexto electoral. Roberto Sánchez, uno de los dirigentes que busca heredar políticamente el castillismo, ha prometido públicamente que lo primero que hará si llega a la presidencia es indultar a Castillo.

Para el entorno del profesor preso por golpista, el indulto no sería solo una medida humanitaria o jurídica: sería la reivindicación simbólica de un presidente que todavía conserva apoyo en sectores rurales y populares del país.
En el fondo, la discusión trasciende a Castillo. Lo que el Perú debate silenciosamente es otra cosa: si un intento de quebrar la democracia puede terminar convertido, con el tiempo, en una disputa narrativa más, negociable y reversible. Porque los países no solo se definen por las crisis que enfrentan, sino por la memoria que deciden conservar de ellas.






