El canciller Carlos Espá no solo es uno de los que tiene mayor protagonismo dentro del gabinete de Luis Galarreta, sino también quien ha recibido varios cuestionamientos por sus recientes decisiones en Torre Tagle. El último sábado 10 se publicó en el diario oficial El Peruano sendas resoluciones que nombran a los nuevos embajadores que el Gobierno de Keiko Fujimori tendrá en el exterior. Cabe precisar que la legislación establece que el presidente de la República puede disponer del 20% como cuota política, mientras que el 80% restante debe corresponder obligatoriamente a miembros del servicio diplomático. Pero lo que ha provocado revuelo y críticas son los elegidos.

El Ejecutivo oficializó la designación de José Barba Caballero como nuevo embajador del Perú en Costa Rica. Exdiputado, exsenador aprista, constituyente y excongresista, Barba no es ajeno al ámbito diplomático: durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2009) se desempeñó como embajador en Panamá. En los últimos años, condujo un programa de televisión junto a Rafael Rey, exministro de Transportes y voceado para asumir la representación diplomática en España.

A esta nómina se suma Ricardo Ghibellini Harten, exdirector de publicidad de las campañas electorales de Alan García en 1985 y 2006. Ghibellini asumirá la embajada en Colombia con la misión de reconducir las relaciones diplomáticas y comerciales. En el ámbito público, fue embajador en Brasil durante el segundo periodo aprista, además de ejercer como vicepresidente de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) y la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

A estas designaciones se suman las refrendadas hace más de un mes. El exparlamentario y exministro de Justicia aprista, Aurelio Pastor Valdivieso, terminó siendo colocado en el puesto de representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA). José Recoba, exintegrante del equipo técnico de Fuerza Popular, está al frente de la comitiva peruana ante organismos internacionales con sede en Ginebra (Suiza). Por su parte, el excongresista fujimorista Carlos Tubino ya se desempeña como embajador en Argentina.

Falta que se oficialicen algunos nuevos representantes diplomáticos en embajadas claves. Por ejemplo, el escritor Álvaro Vargas Llosa en Estados Unidos, la empresaria Madeleine Osterling en el Reino Unido, y el internacionalista y excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay en Marruecos. Mientras se define la situación de los personajes mencionados, en Torre Tagle existe preocupación por el excesivo protagonismo del canciller Espá que se ha apoderado de las redes sociales como Facebook y TikTok.

Por: CARLOS PAREDES *

La jurisconsulta Barreto

El 12 de octubre de 2022, Marita Barreto explicó ante las cámaras cómo entendía la posición de los investigados: «Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Público». Con una sola frase la fiscal Barreto destruía una piedra angular del Estado de derecho. Quien tenía la obligación de construir una imputación sustentada trasladaba al investigado la tarea de desarmarla. Grave si lo dice una fiscal que, se supone, debiera ser defensora de la legalidad. Pero no fue un error involuntario. Era la expresión palpable de su famélica formación jurídica. Lo grave es que Barreto lideraba por lo menos dos equipos fiscales que tuvieron a su cargo casos emblemáticos para la sociedad peruana. No era una comentarista improvisando sobre derecho. Era la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el Eficcop. Había llegado allí después de conducir una investigación central del caso Orellana. Su trayectoria permite observar una tentación institucional: conceder a ciertos funcionarios una autoridad pública desproporcionada respecto de la evaluación de sus resultados. La condición de fiscal especial puede terminar funcionando como un certificado anticipado de competencia.

Valkiria

La mañana del lunes 27 de noviembre de 2023, una noticia de enorme repercusión ocupó los titulares de los medios de comunicación: Patricia Benavides, entonces fiscal de la nación, era señalada como presunta cabecilla de una organización criminal que habría operado desde el propio Ministerio Público. Jaime Villanueva, uno de sus principales asesores, había sido detenido preliminarmente, mientras agentes policiales y fiscales allanaban simultáneamente oficinas e inmuebles vinculados con la investigación. Era la operación Valkiria V, conducida por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), bajo la coordinación de la fiscal superior provisional Marita Barreto.

La intervención fue presentada como una respuesta de gran envergadura frente a una presunta red de corrupción instalada en las más altas esferas de la Fiscalía. La gravedad de las acusaciones justificaba una investigación exhaustiva. Sin embargo, el despliegue policial y la repercusión mediática no podían sustituir la obligación de acreditar, mediante pruebas suficientes y válidamente obtenidas, la existencia de la organización criminal y la responsabilidad individual de sus presuntos integrantes.

El operativo se produjo, además, en medio de una profunda confrontación dentro del Ministerio Público. Benavides había decidido apartar a Barreto de la coordinación del Eficcop, una medida que se formalizó el mismo 27 de noviembre, cuando la investigación contra la entonces fiscal de la Nación adquiría dimensión pública. La coincidencia temporal de ambos acontecimientos alimentó las sospechas sobre los intereses y conflictos que rodeaban el caso. Pero esa circunstancia, por sí sola, no demuestra que la operación respondiera a una represalia personal ni que su finalidad fuera impedir la remoción de Barreto.

El escenario político tampoco era ajeno a estas tensiones. Benavides tenía lista una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas de los primeros meses de su gobierno. Al mismo tiempo, la investigación del Eficcop apuntaba a presuntas negociaciones entre funcionarios del Ministerio Público y representantes del Congreso. El caso adquiría así una dimensión que trascendía las responsabilidades individuales y comprometía las relaciones entre instituciones llamadas, precisamente, a ejercer controles recíprocos.

En ese contexto, las actuaciones de Jaime Villanueva adquirieron especial relevancia. El exasesor de Benavides fue señalado como un intermediario en presuntas gestiones que violaban algunos artículos del Código Penal y, una vez detenido, se convirtió en colaborador de la justicia. Sus declaraciones abrieron nuevas líneas de investigación y alcanzaron a distintos personajes de la vida pública. Pero la importancia de un testimonio no exime a los fiscales de corroborarlo. Por el contrario, cuanto mayores son sus consecuencias, más rigurosa debe ser la comprobación de los hechos relatados, las circunstancias en que fueron obtenidas las declaraciones y los eventuales beneficios ofrecidos al declarante.

La situación de Barreto también experimentó un giro. Después de ser retirada de la coordinación del Eficcop por decisión de Benavides, fue repuesta en el cargo el 11 de diciembre de 2023 por disposición del fiscal supremo Pablo Sánchez, quien ejercía interinamente la conducción del Ministerio Público. Benavides, entretanto, había sido suspendida de sus funciones. La rapidez de estos acontecimientos reflejaba la intensidad de una disputa institucional en la que las decisiones administrativas, las investigaciones penales y los enfrentamientos políticos se sucedían casi sin pausa.

Pero la cuestión de fondo no reside en determinar quién prevaleció en aquella confrontación. Lo verdaderamente importante es establecer si la investigación estuvo respaldada por pruebas capaces de resistir el examen judicial. La desaprobación, en primera instancia, del acuerdo de colaboración eficaz de Villanueva obliga a revisar la consistencia de uno de sus componentes relevantes. No equivale, desde luego, a demostrar la falsedad de todas sus declaraciones ni determina por sí misma la invalidez de las investigaciones derivadas de ellas. Sí plantea preguntas sobre la corroboración de sus afirmaciones y sobre la solidez de los acuerdos celebrados por el Ministerio Público.

Algo semejante ocurre con los mensajes y conversaciones atribuidos a los presuntos integrantes de la organización. Las comunicaciones electrónicas pueden constituir elementos probatorios importantes, pero su autenticidad, integridad, contexto y vinculación con conductas penalmente relevantes deben ser examinados con rigor. Una conversación comprometedora no demuestra necesariamente la existencia de una organización criminal. Para sostener una imputación de esa naturaleza es indispensable acreditar los elementos exigidos por la ley y la participación concreta de cada investigado. En este caso, la prueba madre nunca fue extraída de la fuente original (teléfono celular del “agente especial Roberto” una congresista de la República) con los recaudos técnicos exigidos por los protocolos de la fiscalía. Tampoco Villanueva aportó su teléfono celular porque lo destruyó la madrugada que lo detuvieron en una clínica de La Molina.

Valkiria nació acompañada de una enorme expectativa pública. Sus resultados, sin embargo, deben evaluarse con criterios distintos de los que suelen dominar los titulares. La eficacia de una investigación no se mide por la espectacularidad de los allanamientos, la notoriedad de los detenidos ni las consecuencias políticas que provoca. Se mide por la legalidad de sus procedimientos, la calidad de sus pruebas y su capacidad para establecer responsabilidades ante los tribunales. Es allí donde corresponde examinar la actuación de Barreto y del equipo que dirigió, sin convertir los cuestionamientos a su trabajo en una absolución anticipada de quienes fueron investigados. Barreto ha demostrado ser una mezcla nociva de ineficiencia, escasa preparación técnica y exceso de figuración mediática.

La organización de Orellana

El caso Orellana, iniciado hace más de una década, ha dado lugar a numerosos procesos judiciales, con resultados que obligan a examinar la relación entre la magnitud de la investigación y las responsabilidades penales finalmente acreditadas.

Marita Barreto llegó a dirigir a 40 fiscales adjuntos. La investigación contra Rodolfo Orellana Rengifo ha roto todos los récords de la desproporción e ineficacia en el Ministerio Público. Ha llegado a acumular 10 procesos diferenciados por presunto lavado de activos, 5300 tomos de investigación (varios millones de páginas), 99 imputados, 22 colaboradores eficaces, 14 años de investigación. Un gasto incalculable para el Estado que no se condice con los famélicos resultados de la primera sentencia. Apenas 7 condenados. Todos los demás o fueron absueltos por pésima carga de la prueba presentada por la fiscalía o los delitos que se les imputaba prescribieron. En términos jurídicos se rebasó con creces el plazo razonable para juzgar a un presunto delincuente o a una presunta organización criminal como era la tesis de Barreto y sus adjuntos.

Vale recordar que uno de los investigados, al que Barreto acusó de crímenes atroces, es el general en retiro de la Policía Benedicto Jiménez Bacca. Un hombre al que el país le debe el inicio de la pacificación por su destacada labor como fundador del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que terminó desactivando la organización de Sendero Luminoso y capturando a su líder Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992. Jiménez terminó relacionado con Orellana como director de una revista editada en su estudio de abogados. Quizá el crimen máximo que cometió el fundador del GEIN fue difamar a algunos periodistas y políticos que empezaron a investigar a Rodolfo Orellana y sus oscuras actividades. Por lo que, en su momento, pidió disculpas sinceras, las que fueron aceptadas por la mayoría de agraviados, uno de ellos es el excongresista Víctor Andrés García Belaunde. Pero para Barreto se trataba de un peligrosísimo criminal al que no paró hasta meterlo preso. En julio de 2014, el Poder Judicial difundió las razones por las que la jueza Mercedes Caballero rechazó inicialmente la prisión preventiva de Benedicto Jiménez Bacca. Según aquella comunicación, la Fiscalía no había presentado testigos, escuchas ni pericias que lo vincularan con los delitos atribuidos. La magistrada consideró insuficiente la argumentación del Ministerio Público. La decisión inicial fue apelada y posteriormente se ordenó prisión preventiva. Por eso sería inexacto presentar aquella observación judicial como una absolución anticipada. Pero también sería inadmisible borrarla del balance. Las objeciones a la suficiencia de una imputación importan desde el comienzo: señalan el momento en que el Estado debe revisar si está construyendo una prueba o acumulando documentos alrededor de una sospecha.

Barreto en la JNJ

En estos dos casos emblemáticos queda una tarea pendiente. Revisar en qué condiciones los colaboradores se acogieron al beneficio premial de delatar. Si realmente se corroboró lo que dijeron. Si estuvieron acompañados de sus abogados para no ser libreteados por los fiscales, como se ha denunciado en los grupos que lideraba Barreto. Finalmente, Barreto pertenece al exclusivo club de fiscales otrora muy poderosos que han ido acumulando torpezas y patrimonio. Casas y departamentos que no podrían haber adquirido con sus ingresos legales. Está pendiente una investigación seria sobre este presunto enriquecimiento ilícito. También está pendiente una decisión de la Junta Nacional de Justicia que evalúa el pedido de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que ha pedido destitución por falta grave. En los próximos días sabremos su suerte. En todo caso es mucho mejor que las decenas de investigados a los que les arruinó la vida.

* Autor del libro El perfil del Lagarto.

Escribe: RODRIGO CHILLITUPA

Pese a que la presidenta Keiko Fujimori prometió antes de asumir su cargo aplicar una política de austeridad, uno de los diecinueve ministerios operativos ha desembolsado una cuantiosa suma en contratos estatales en menos de tres meses. Se trata del cuestionado Ministerio de Cultura (Mincul), a cargo del abogado y periodista Alberto Beingolea desde el 28 de julio.

Una revisión de CARETAS en el portal de transparencia del sector —que abarcó los procesos de selección de bienes, servicios y obras desde agosto hasta la fecha— permitió hallar que la institución destinó una partida de US$ 12 000 (unos S/ 50 400) para contratar a proveedores que, en algunos casos, nunca antes habían contratado con el Estado.

El 3 de agosto, el Mincul lanzó una convocatoria para seleccionar al jurado del concurso de proyectos de ficción en la modalidad de desarrollo de largometraje. El único postulante fue el uruguayo Guillermo Rocamora Martínez, quien obtuvo su primera orden de servicio con el Estado por US$ 4000 (equivalentes a S/ 14 400). Un detalle llamativo es que Rocamora percibirá casi tres veces más que sus compañeras de jurado —la guionista Ana María Alva Helfer y la productora Margarita Morales Macedo San Román—, quienes recibirán solo S/ 5000 cada una.

Rocamora, formado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República (Montevideo), detalla en su web una trayectoria como director, productor y guionista en series, largometrajes y documentales difundidos en plataformas como Discovery Channel, Prime Video y Netflix.

En septiembre se registraron cuatro casos similares al de Rocamora. El primer proceso se adjudicó el 8 de septiembre al realizador chileno Gabriel Osorio Vargas, contratado como jurado para el concurso de cortometrajes de animación con perfil de director audiovisual por un monto de US$ 2000 (S/ 7200).

Tres días después, el 11 de septiembre, el portal del Ministerio de Cultura (Mincul) dio cuenta de dos nuevas contrataciones para evaluación de proyectos: una para la categoría de coproducciones minoritarias y otra para el desarrollo, preproducción y producción de series de animación. La primera orden fue adjudicada a la productora mexicana Lourdes Lares Espinoza y la segunda a su compatriota Edher Campos González. Ambos contratados recibieron los mismos honorarios: US$ 2000 cada uno (S/ 7200).

La serie de contrataciones cerró el 16 de septiembre, cuando la cartera a cargo del ministro Beingolea seleccionó a la especialista colombiana Ivonne Prado Barros para evaluar proyectos de desarrollo de videojuegos. Prado percibirá US$ 2000 (S/ 7200) por una labor que se extenderá hasta el 1 de diciembre.

RECURSOS SIN EJECUTAR

Mientras la cartera prioriza estas contrataciones, la Contraloría General de la República advirtió en un informe de orientación de oficio un preocupante y limitado avance en la ejecución de los recursos asignados para la prevención ante el fenómeno de El Niño 2026. Pese a que se destinaron más de un millón de soles para proteger el patrimonio cultural en diversas regiones, al 14 de septiembre el gasto efectivo apenas alcanzaba el 0,94%.

Esta alarmante inejecución —que mantiene intervenciones clave en etapas preparatorias o sin devengar— pone en riesgo la protección de zonas monumentales frente a lluvias intensas, contraviniendo los objetivos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la gestión del ministro Alberto Beingolea.

La afrenta brotó exactamente donde el Estado presume ejercer control absoluto: frente a la puerta de un penal. Una caja de cartón, un manuscrito dirigido a la mandataria Keiko Fujimori y una intimación a mano armada devolvieron a Ancón II al primer plano del espectáculo político. El episodio sobrevino tras semanas de requisas que desenterraron decenas de celulares y routers clandestinos en Ancón I, reavivando la sospecha de que el crimen aún gobierna tras los muros.

La presidenta Keiko Fujimori anunció su próxima visita a El Salvador en los exteriores de una cárcel de Trujillo. Fue durante la instalación en el penal El Milagro de escáneres y detectores de metales y rayos X para controlar el ingreso de objetos prohibidos.

Sin embargo, a más de dos meses de gestión, los planes contra el crimen no han frenado las extorsiones ni los homicidios. Y paralelamente, la desaprobación a la mandataria casi se duplicó en septiembre hasta alcanzar el 48%, mientras que su aceptación cayó 15 puntos ubicándose en el 42%. Fujimori tenía una popularidad del 57% y una impopularidad del 25% en agosto, según Ipsos.

Situaciones extremas implican medidas radicales. Una ha sido la creación de un Comando Unificado de la PNP y las FF.AA. para enfrentar a la delincuencia. Otra es el viaje a El Salvador, para analizar las políticas contra el crimen del presidente Nayib Bukele. Incluso el anuncio del corte de cabello a escolares —en el marco del terrible caso del Liceo Naval— es una medida aprendida de la experiencia salvadoreña.

LA AMENAZA

A primera hora del lunes 12 de octubre, cuando la niebla matinal apenas despejaba la garita de ingreso a Ancón II, un paquete con apariencia de caja de zapatos apareció descansando junto a la tranquera del recinto. Un chofer despabilado dio la alerta a la guardia y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) montó el show habitual de aislamiento, cordones amarillos y trajes blindados. Dentro del empaque descansaban un objeto calificado por los peritos como un presunto artefacto explosivo y un papel trazado con pluma urgente y pretensiones de emplazamiento político.

El destinatario del envío no era el ministro del Interior, César Astudillo; ni el presidente del INPE, Abraham Alejandro Lescano Salazar, sino la presidenta Keiko Fujimori. El escrito no tramitaba un reclamo administrativo ni una queja procedimental: “Póngase los pantalones”, exigía el texto anónimo antes de achacar una seguidilla de ejecuciones y extorsiones en el Cono Norte de Lima a los capos que habitan las celdas del propio penal.

La misiva señalaba con nombre y apellido a Jhon Jairo Arancibia, vinculándolo con la red criminal de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, e imponía una demanda concreta: el traslado inmediato de los reclusos mencionados a los calabozos de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.

En el laberinto de apodos del hampa limeña —donde las fichas del INPE suelen cruzar la identidad de “JJ” con la de “El Jorobado”— la nota plantea más dudas de las que resuelve.

En el lenguaje del crimen organizado, un sobre dejado en la tranquera de una cárcel puede ser una amenaza directa al poder de turno o, con igual frecuencia, un frío ejercicio de propaganda negra. Una banda rival bien informada puede usar el impacto mediático para que el aparato del Estado le haga el trabajo sucio y traslade a sus enemigos de pabellón. La frontera entre la denuncia ciudadana y la maniobra delictiva es, en estos casos, tan fina como el papel donde fue redactada.

EL LOCUTORIO DE ANCÓN

El incidente de Ancón II no brotó en el vacío ni fue un rayo en cielo despejado. Ocurrió en el marco del estado de emergencia decretado en el sistema penitenciario y tras una seguidilla de operativos que pusieron al descubierto las grietas operativas del vecino penal Ancón I. Semanas antes del hallazgo de la caja, una requisa combinada de la Policía y la Fiscalía en los pabellones 1, 3 y 7 desenterró un arsenal de telecomunicaciones: más de treinta celulares táctiles, cargadores, cables de conexión, audífonos, bolsas de droga y agendas rellenas con listas de víctimas para el chantaje telefónico.

Dos días después, una segunda incursión en el pabellón 5 confirmó que las redes no habían sido desmanteladas. Investigaciones policiales revelaron que la organización denominada “La Confederación” había montado una suerte de locutorio informal dentro de la prisión, alquilando aparatos y señal de internet a otros reclusos para coordinar extorsiones en la capital.

La reincidencia motivó un megaoperativo simultáneo del Gobierno en cinco cárceles bajo régimen de emergencia: Ancón I, Castro Castro, El Milagro, Challapalca y Cochamarca. Más de 400 efectivos desfilaron ante las cámaras exhibiendo routers incautados en una escenografía de fuerza que buscaba proyectar la restitución del principio de autoridad.

Sin embargo, el despliegue policial no logra responder la pregunta de fondo: si los escáneres funcionan y los anillos de seguridad existen, ¿cómo cruzan decenas de teléfonos inteligentes la puerta principal de un penal de máxima seguridad? Un router no germina en la humedad de los celdajes ni salta los muros por generación espontánea; ingresa previa venia o ceguera voluntaria en los controles.

Sin desmantelar las cadenas de abastecimiento y la complicidad administrativa que permiten el negocio de la conectividad, las requisas corren el riesgo de convertirse en un espectáculo episódico, en un corte de pelo a un problema que vuelve a crecer apenas las cámaras de televisión se retiran del penal.

EL TOUR A SAN SALVADOR

Con la mecha de Ancón aún humeante, la agenda de Palacio de Gobierno suma millas internacionales. Del 28 al 31 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori cumplirá una visita oficial a El Salvador que incluye un encuentro privado con Nayib Bukele, reuniones de trabajo con el gabinete de seguridad salvadoreño y un recorrido guiado por las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad construida en Tecoluca que se ha convertido en la meca del turismo punitivo para la clase política de la región.

La coincidencia de la agenda diplomática con los sobresaltos de Ancón resulta casi quirúrgica. Mientras en Lima las prisiones operan como centrales telefónicas del chantaje y las encomiendas con presunta dinamita se acumulan en las garitas de control, la comitiva peruana viaja a tomarse la foto frente a los bloques de concreto y la disciplina militarizada del modelo salvadoreño.

El recorrido ofrecerá una vitrina idónea para alimentar el relato de la mano dura ante un electorado asfixiado por el sicariato, pero dejará intacto el dilema operativo en el frente interno.

De nada servirá importar la narrativa de la severidad bukeliana si la burocracia doméstica es incapaz de controlar los accesos de sus propios establecimientos. La megacárcel salvadoreña representa un modelo de aislamiento total cuya réplica en el Perú choca no solo con las restricciones presupuestales y los marcos legales vigentes, sino con la persistente incapacidad institucional para cortar los flujos de dinero y comunicación que alimentan el crimen desde el encierro.

La visita a San Salvador corre el riesgo de reducirse a un ensayo fotográfico si no viene acompañada de un saneamiento profundo en la guardia penitenciaria local.

MÁS ALLÁ DEL CARTÓN

El paquete dejado en Ancón II cumplió su cometido primario: exponer la extrema vulnerabilidad del sistema y trasladar el debate de la seguridad pública desde las calles hasta el despacho presidencial. La exigencia estampada en la nota —que reclama que la jefa de Estado “se ponga los pantalones”— busca encajonar al Gobierno en una respuesta efectista orientada a complacer el reclamo mediático antes que a desarticular la compleja arquitectura del hampa limeña.

La verdadera firmeza del Estado no se demuestra respondiendo al petitorio de un manuscrito anónimo ni anunciando el traslado expedito de un interno para apagar el titular de la noche. Se demuestra cuando las fiscalías logran construir pruebas sólidas que identifiquen a los remitentes de la amenaza, cuando se cortan de forma permanente las redes de corrupción que ingresan tecnología a las celdas y cuando los muros de una prisión vuelven a significar, en la práctica, la última frontera de la ley.

Si el Gobierno responde al desafío con mera retórica, la caja de cartón de Ancón II habrá logrado su propósito más inquietante: demostrar que el crimen puede marcar la agenda del poder desde las sombras.