A diferencia de sus colegas del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela o José Domingo Pérez, el fiscal Germán Juárez Atoche sí puede exhibir dos investigaciones exitosas que terminaron en condenas a prisión efectiva contra los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Dentro del ya disuelto grupo de fiscales Lava Jato, Juárez Atoche era el más discreto, el menos propenso al histrionismo y el que mejores resultados había obtenido en casos complejos de corrupción. Su buena imagen pública, asociada a la prudencia y el profesionalismo —atributos que siempre deberían exigirse a un fiscal—, le granjeó aceptación tanto fuera como dentro del Ministerio Público. Quizá por eso, cuando el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, decidió disolver los controvertidos equipos especiales, promovió a Germán Juárez a fiscal superior provisional y lo nombró coordinador del no menos controvertido subsistema de lavado de activos.
EL APOGEO DE LOS FISCALES SUPERPODEROSOS
Por una suma de factores —que van desde las prerrogativas sin suficiente control judicial que el nuevo Código Procesal Penal otorgó a los fiscales, pasando por leyes especiales como las de lavado de activos y extinción de dominio, antes de ser modificadas por el actual Congreso, hasta el empoderamiento de varios fiscales convertidos en figuras públicas— vivimos el carnaval de los allanamientos y las detenciones preventivas de madrugada. Verdaderos operativos más mediáticos que fiscales, acompañados de filtraciones de información reservada en tiempo real a la prensa y de organigramas criminales que vulneraban las garantías más elementales de los investigados. Lo paradójico es que la gente aplaudía estos operativos, presen-modificadas por el actual Congreso, hasta el empoderamiento de varios fiscales convertidos en figuras públicas— vivimos el carnaval de los allanamientos y las detenciones preventivas de madrugada.
Verdaderos operativos más mediáticos que fiscales, acompañados de filtraciones de información reservada en tiempo real a la prensa y de organigramas criminales que vulneraban las garantías más elementales de los investigados. Lo paradójico es que la gente aplaudía estos operativos, presentados como una ofensiva implacable contra la corrupción. Los medios y algunos periodistas declaraban personajes del año a fiscales cuyo afán de protagonismo era inversamente proporcional a su formación jurídica, eficiencia y prolijidad. Y muchos creímos que la lucha contra la corrupción al más alto nivel era realmente implacable. Sin embargo, el poder casi omnímodo que llegaron a detentar los grupos especiales de fiscales y algunas unidades especializadas de la Policía, como la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) o la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA), terminó generando una amenaza aún mayor para el Estado de derecho.
EL ARCA ABIERTA DE LAVADO DE ACTIVOS
Para ningún empresario con cierta exposición pública o incluso con algún grado de éxito en su rubro es un secreto que el subsistema de lavado de activos del Ministerio Público. La cuestionada manipulación que habría realizado el fiscal Germán Juárez Atoche sobre un documento de la carpeta de colaboración eficaz del empresario Gustavo Salazar no solo podría comprometerlo penalmente; sería, sobre todo, un indicio grave de que sí habría existido una práctica extorsiva contra algunos empresarios, a quienes presunta mente se les exigían millonarias sumas de dinero para aprobar sus colaboraciones eficaces. Para estos empresarios, podía ser la diferencia entre la libertad y la cárcel. Para algunos funcionarios, de confirmarse los hechos, habría significado un cambio radical en su patrimonio. Todo, en nombre de la lucha contra la corrupción. se había convertido en una espada de Damocles. Con el marco jurídico vigente, entonces, existía la posibilidad de que se abriera una investigación a partir de una denuncia anónima, sin más sustento que el testimonio de un supuesto testigo protegido. Con esa sola imputación, que fácilmente podía ser fabricada, se iniciaba una investigación preliminar secreta y se solicitaba el levantamiento de todos los secretos del investigado: bancario, tributario, bursátil y de comunicaciones.
Además, se oficiaba a bancos y entidades financieras informando que la persona estaba siendo investigada, lo que podía convertirla automáticamente en un paria financiero. Pasaba a ser considerada un riesgo para la reputación de las entidades y podía perder sus líneas de crédito. Como si eso fuera poco, podía abrirse paralelamente, y sin que existiera siquiera una investigación formalizada por lavado de activos, un proceso de extinción de dominio destinado a confiscar bienes sin que el afectado se enterara y sin necesidad de probarle nada en sede penal. Esta normativa fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque vulneraba, al menos, cuatro principios fundamentales de toda investigación penal: el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de propiedad y la presunción de inocencia.
Un empresario que afirma haber sido víctima de esta práctica extorsiva y a quien, según su testimonio, le habrían exigido bajo amenaza entregar 300 000 dólares para evitar ingresar en esta máquina trituradora de honras, patrimonios y negocios en que se había convertido el subsistema de lavado de activos me dijo con una mezcla de resignación e impavidez: —Si no pagaba lo que me exigieron, en dos meses me quebraban. Por eso no sorprendió a nadie que conoce este cáncer que parece hacer metástasis en el Ministerio Público cuando estalló el escándalo de tráfico de influencias denominado “Chibolín Gate”. Según las investigaciones difundidas públicamente, se habría tratado de una organización que presuntamente vendía al mejor postor la apertura o el cierre de carpetas fiscales por lavado de activos, con la participación de la fiscal superior Elizabeth Peralta, la presunta intermediación del cómico y conductor de televisión Andrés Hurtado “Chibolín”, y bajo un sistema que, cuando menos, debería obligar a revisar las responsabilidades de quienes coordinaban ese subsistema. En ese contexto, resulta necesario que las autoridades competentes esclarezcan si los superiores jerárquicos conocían o no la magnitud de lo que ocurría bajo su ámbito de coordinación. La pregunta es inevitable: o hubo una grave incapacidad de supervisión o existió una tolerancia inexplicable frente a hechos que hoy son materia de investigación. Este caso sería apenas la manifestación más visible de un problema mayor. Durante algunas semanas, el escándalo ocupó los canales de televisión.
Sin embargo, todas las miradas se concentraron en el folklórico Chibolín y, como mucho, alcanzaron a la fiscal Peralta, con apariciones fugaces del seleccionado nacional Edison “Oreja” Flores y de su entonces esposa, Ana Siucho, cuya familia fue involucrada en una supuesta trama de corrupción para recuperar oro de procedencia cuestionada que había sido previamente incautado. El espectáculo terminó cuando Chibolín ingresó a una celda en Lurigancho, la fiscal Peralta a otra en Santa Mónica y Ana Siucho anunció su separación de Flores y abandonó el país. Pero el problema persistió después del “Chibolín Gate”.
LOS CANDIDATOS A COLABORAR CON QUIÉN
Otra distopía de los casos emblemáticos de corrupción investigados por los equipos especiales ha sido la tramitación poco predecible de los candidatos a colaboradores eficaces. En teoría, los fiscales deben recoger la información que entregan estas personas, que reconocen haber participado en delitos, e iniciar un procelos fiscales Germán Juárez Atoche y Mayra Melgar Gómez en el Consulado del Perú en Miami, se habría reunido con el abogado José Luis Pinares Román, quien habría viajado exclusivamente para ese encuentro.
Según la denuncia, en esa reunión Pinares le habría solicitado un millón de dólares a nombre de Juárez para que su colaboración eficaz fuera aceptada. Esa suma habría sido anotada en una servilleta de papel. Salazar está imputado en uno de los casos vinculados a los sobornos de Odebrecht en el Perú, como presunto cómplice del exgobernador regional del Cusco Jorge Acurio Tito, y actualmente el Estado peruano ha solicitado su extradición a las autoridades estadounidenses. Al momento de la presunta extorsión, la Fiscalía y la Procuraduría le habían embargado bienes inmuebles y cuentas bancarias por más de 2,5 millones de soles.
LA CUESTIONADA INCORPORACIÓN DE UN DOCUMENTO
Después de que hiciéramos público el testimonio del fiscal adjunto del Equipo Lava Jato Henry Amenábar, quien fue el primero en revelar lo que habría ocurrido en Miami con Gustavo Salazar, el fiscal Juárez negó tajantemente la imputación. Pinares, por su parte, reconoció que sí se reunió con Salazar aquel 7 de junio de 2019, pero sostuvo que lo hizo en calidad de abogado defensor. Según afirmó, también participó posteriormente en la entrevista con los fiscales Juárez y Melgar en el Consulado del Perú en Miami bajo esa misma condición. Sin embargo, Salazar nunca ha reconocido a Pinares como su abogado. Lo que hizo después el fiscal Juárez, según la denuncia presentada, habría terminado comprometiéndolo y reforzando la acusación de extorsión que había negado. Solicitó la carpeta de colaboración eficaz de Salazar a la fiscal Mayra Melgar el jueves 4 de junio, al día siguiente de la difusión de la declaración de Amenábar en el programa Contracorriente de Willax. Once días después devolvió la carpeta a su subordinada con un añadido. En la primera página, que consistía en un escrito firmado únicamente por Gustavo Salazar solicitando acogerse a la colaboración eficaz, Juárez habría incorporado el sello y la firma del abogado José Luis Pinares Román.
Ese sello y esa firma, de ser auténtica la denuncia, buscaban desbaratar la imputación principal de la presunta extorsión. Con lo que no habría contado Juárez fue con la entereza de la fiscal Mayra Melgar. Advertida de la denuncia, Melgar habría detectado la maniobra de su superior y la habría reportado al fiscal superior Oliver Reggis Sánchez, quien actualmente investiga a Juárez por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. Juárez afrontaría hoy dos investigaciones penales y una investigación disciplinaria ante la Autoridad Nacional de Control, y podría ser suspendido cautelarmente por seis meses. Su conducta, de confirmarse, no solo sería grave. También podría confirmar las denuncias que desde hace años circulan como reguero de pólvora entre abogados e investigados en la Fiscalía, especialmente en los otrora equipos especiales Lava Jato y EFICCOP.
LAVADO PROFUNDO DEL SUBSISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS
El affaire Juárez Atoche muestra que los cuestionados fiscales Lava Jato no solo fueron señalados por su ineficiencia, politización e histrionismo. También abre la posibilidad de investigar si existió un sistema de extorsión dirigido contra investigados de alto perfil, principalmente empresarios vinculados a los grandes casos de corrupción asociados a las constructoras brasileñas. También corresponde que las autoridades competentes esclarezcan cualquier cuestionamiento que pueda existir respecto de la evolución patrimonial de algunos fiscales que ocuparon posiciones de alta responsabilidad durante esos años. En un contexto marcado por denuncias de presuntas irregularidades, la transparencia resulta indispensable para preservar la confianza pública en las instituciones. Corresponderá a las investigaciones determinar si existe o no alguna conducta ilícita.
Es necesario que el fiscal de la Nación declare en emergencia el subsistema de lavado de activos y emprenda una reforma profunda. Las denuncias son demasiado graves como para reducirlas a casos aislados. Las manzanas podridas podrían no haber sido pocas y, si las investigaciones lo confirman, habrían contaminado gran parte del cajón. Con excepciones, por supuesto. Entre ellas, fiscales como Mayra Melgar, quien, de confirmarse los hechos denunciados, habría tenido el coraje de desenmascarar a su propio jefe. Todos los hechos descritos en este artículo corresponden a denuncias, testimonios, investigaciones fiscales, documentos y actuaciones hoy sometidos a evaluación por las autoridades competentes. En consecuencia, toda persona mencionada mantiene plenamente vigente su derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución firme que determine responsabilidades.
