La madrugada del 12 de mayo, agentes de la DIVIAC y fiscales contra el crimen organizado ejecutaron uno de los operativos más delicados de los últimos años en La Victoria. El despliegue comenzó a la 1:00 a. m. y terminó diez horas después con 14 detenidos preliminarmente, 15 inmuebles allanados y una tesis fiscal que expone el supuesto funcionamiento de una red dedicada al cobro de cupos y venta ilegal de espacios públicos en Gamarra.
Entre los nombres investigados apareció uno políticamente explosivo: Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, identificada en el organigrama policial bajo el alias de “Jhuly” o “Jhuly del Cerro”.
El 4 de abril, Carbonel participó en el pódcast Gamarrita fashion, en el que construyó un discurso centrado en la lucha contra las mafias y la corrupción. Habló de un Estado capturado por intereses criminales, denunció redes enquistadas en instituciones públicas y prometió combatir el crimen organizado desde el Parlamento.
Treinta y ocho días después, la DIVIAC la incluyó dentro de la investigación de “Los Pulpos de La Victoria”. La contradicción golpeó de inmediato su imagen política. Mientras denunciaba mafias frente a cámaras, la Fiscalía sostenía que la presunta organización operaba precisamente desde espacios vinculados al control municipal del comercio ambulatorio.
COBROS DIARIOS Y RED INTERNA
Según la hipótesis fiscal, la organización comenzó a operar desde enero de 2024 bajo un sistema simple: fiscalizadores municipales retiraban ambulantes durante operativos de recuperación de espacios públicos y posteriormente esos mismos lugares eran nuevamente entregados a comerciantes a cambio de dinero.
El negocio era multimillonario. Los pagos fluctuaban entre S/1000 y S/5000 por acceder a un espacio de venta. A ello se sumaban cuotas semanales de entre S/10 y S/20, además de pagos diarios que podían alcanzar hasta S/200. La Fiscalía estima que la organización habría amasado cerca de 8 millones de soles mediante este sistema. Cada calle tenía tarifa. Cada esquina representaba dinero.
La investigación incluye a exfuncionarios municipales, exfiscalizadores y operadores vinculados al control territorial de Gamarra.
Entre los detenidos figuran los exfiscalizadores Jhon Williams Pajuelo Romero, Oscar Carbonel Vargas, Anthony Quispe Figueroa y Wilson Mego Fuentes. También fue detenido el exsubgerente de Movilidad Urbana Sostenible Juan José Roncagliolo Monje, exmiembro de la Policía Nacional. Junto con ellos aparecen otros investigados conocidos con alias como “Pulpo”, “Chola Nancy”, “Ruth”, “Rosa” y “Caju”.
Según la tesis policial, cada integrante cumplía funciones específicas: cobro de cupos, coordinación con ambulantes, control de calles y manejo de dinero en efectivo. La Fiscalía sospecha además que la red habría contado con niveles de protección dentro del aparato municipal.
ALCALDE CERCADO
Uno de los momentos más sensibles del operativo ocurrió en La Molina. La vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez, fue allanada por disposición judicial. Aunque no se ordenó su detención, sí se autorizó la incautación de documentos, equipos electrónicos y registros vinculados a la investigación.
La Fiscalía busca determinar si existió conocimiento o coordinación desde niveles superiores de la comuna.
Hasta el momento, Cano no ha dado explicaciones detalladas sobre el caso. El expediente judicial sostiene que la presunta organización habría penetrado áreas claves relacionadas con el control del comercio ambulatorio.
DINERO Y ARMAS
Durante el megaoperativo, ejecutado entre Lima y Ucayali, la Policía incautó celulares, chips, laptops, USB, cuadernos contables y documentación considerada relevante para seguir la ruta del dinero. También se halló una pistola Sig Sauer, dos cacerinas y cien municiones.
El monto total de dinero incautado todavía no ha sido precisado oficialmente. Los investigadores sostienen que la organización manejaba grandes cantidades de efectivo provenientes de cobros diarios realizados a comerciantes informales. La lógica era sencilla: quien pagaba trabajaba; quien no pagaba era desalojado.
Gamarra mueve millones de soles todos los días y concentra miles de comerciantes formales e informales. Precisamente, esa magnitud económica convirtió el control de las calles en un negocio criminal.
La Fiscalía sostiene que “Los Pulpos de La Victoria” habrían aprovechado la necesidad de los ambulantes para construir una estructura permanente de recaudación ilegal. Los operativos municipales, según la hipótesis fiscal, no solo servían para liberar calles, sino también para reorganizar el negocio de los cupos. Detrás del discurso del orden urbano existía otra economía, una economía clandestina.
EL ESPEJO POLÍTICO
La investigación recién comienza y todavía corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades penales. Sin embargo, el caso ya dejó una imagen devastadora para la política peruana: una candidata que construyó su campaña denunciando mafias mientras la DIVIAC la ubicaba dentro del organigrama de una presunta organización criminal.
En La Victoria, las mafias parecen reciclarse con cada gestión, sobreviven a los operativos y encuentran nuevos rostros para seguir cobrando en las calles de Gamarra.
La pregunta ahora ya no es únicamente quién cobraba los cupos. La verdadera incógnita es cuántos discursos políticos terminaron financiándose con el dinero de esas mafias.
Al cierre de la presente nota, Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, se pronunció tras la detención de Jhuliana Carbonel en el caso de “Los Pulpos de La Victoria”. Señaló que no pueden “condenar de manera anticipada” y pidió respetar el debido proceso. También indicó que la justicia debe actuar con diligencia y que el partido está sorprendido.
Y añadió que la candidata debe someterse a las pesquisas fiscales, sin avalar actos ilegales ni atropellos. (Edgar Mandujano)
