El Robespierre del Ministerio Público ha caído por su propia espada. José Domingo Pérez, el fiscal que durante años encarnó la furia justiciera de un sector de la opinión pública, ha sido apartado del cargo por una decisión institucional. Como el jacobino radical, su cruzada fue implacable hasta que el mismo aparato que lo aclamó encontró en él una amenaza a la objetividad. Su carrera, que inició con promesas de refundación moral, termina con una sanción administrativa sustentada en una decisión del Tribunal Constitucional. Más allá del puñado de medios amigos que insisten en defender los resultados de su trabajo, el único estruendo es el del silencio que lo rodea.
La suspensión por seis meses de Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, marca un punto de quiebre simbólico en una saga judicial que prometió transformar al país y termina exhibiendo sus fracturas. La decisión de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, basada en una resolución previa del TC que le dio la razón al abogado Arsenio Oré Guardia, confirma que Pérez no podía investigar un caso donde era parte interesada. El TC anuló todos los actos fiscales que se desprendieron de su participación en el caso ‘Cócteles’.

En su descargo, Pérez denunció una “medida injusta y abusiva”, y acusó un pacto entre Juan Antonio Fernández Jerí, titular de la ANC, y el abogado Christian Salas, defensor de Fuerza Popular. Incluso comparó su situación con la época de Blanca Nélida Colán. Pero esta vez no hubo manifestaciones de respaldo ni muchas arengas en redes. La narrativa heroica que alguna vez lo rodeó se ha desvanecido en el aire viciado de una investigación que no llegó a buen puerto.
Pérez presentó una denuncia penal por abuso de autoridad contra Fernández Jerí luego que le impidiera ingresar a su centro de trabajo apenas emitida la suspensión. Ha anunciado que recurrirá a instancias internacionales, recordando que tanto él como Rafael Vela cuentan con medidas provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El conflicto está lejos de terminar.
La suspensión llega pocos días después de otro golpe simbólico: la anulación del juicio oral del caso ‘Cócteles’. La Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó la decisión del juzgado que aceptó los cuestionamientos de las defensas, entre ellas la de Keiko Fujimori y del propio Oré Guardia. Tras casi una década de investigaciones, y la convocatoria de más de mil testigos, el proceso regresa al punto de partida.
Detrás de esa estrategia fallida está el intento de construir casos por lavado de activos a partir de aportes de campaña en una época en la que tales donaciones no estaban tipificadas como delito. La Fiscalía apostó por vincular esos fondos a una actividad criminal, en tanto provenían de una empresa corrupta como Odebrecht. Pero esa premisa, que pasó por alto el principio de legalidad, terminó siendo difícil de probar y fácil de desmontar.
A esa debilidad jurídica se suma el cuestionado acuerdo de colaboración con Odebrecht. CARETAS reveló en marzo de 2024 que ese pacto, firmado por el propio Pérez, limitó la cooperación a solo cuatro proyectos de corrupción, dejando fuera más de veinte casos. La empresa pudo retirar del país la mitad de los USD 1000 millones que tenía, y los S/ 30 millones que inicialmente se presentaron como devolución de ganancias ilícitas fueron regresados a la firma. Más allá de la reparación civil, se eliminó el pago por beneficios derivados del delito, como había sido negociado por el predecesor de Vela en la coordinación del Equipo Especial, Hamilton Castro. Un fiscal cuya defenestración fue otra escena de chavetazos intestinos que es desde hace mucho la marca de la casa fiscal.
El material que podía haber fortalecido otros casos quedó sepultado. USB con información clave de los servidores Drousys y MyWebDay llegaron en 2020 desde Suiza. Nunca se explotaron. El contrato con el exfiscal suizo Stefan Lenz, decodificador de los servidores, quedó a medio camino, y Brasil, del que la fiscalía peruana dependía por completo, vetó el testimonio de exejecutivos para no contaminar la cadena de custodia. ¿Y aquí? Nada. El tiempo, en este caso, no fue aliado de la verdad.
Las confesiones de Jaime Villanueva, todoterreno de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, terminaron de resquebrajar la figura de los fiscales como cruzados de la justicia. Según Villanueva, Rafael Vela buscó recomponer su relación con Gustavo Gorriti tras las críticas recibidas por el caso Vizcarra, y cómo esa relación fue usada para “cercar” a Alan García. El expresidente se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido. A cinco años, el proceso contra sus acusadores se tambalea por falta de pruebas y contradicciones. Primero, Luis Nava fue el acusador del líder aprista muerto. Ahora, la Fiscalía pide 30 años de cárcel contra él (porque, por cierto, los pedidos de pena en el Perú son siempre superlativos). De Miguel Atala ya no se sabe nada.
La narrativa judicial terminó atrapada en una lógica de revancha y espectacularidad. El sistema de justicia perdió prestigio. Y la ciudadanía, anestesiada por la indignación, aplaudió cada detención sin notar que las condenas jamás llegarían.
La próxima semana se espera la decisión del Poder Judicial sobre el caso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Fue pospuesta por una semana debido a la complejidad del caso. Se trata de una resolución clave para definir si algo queda en pie del edificio de Lava Jato.
Hoy, tras casi ocho años de investigaciones bajo la conducción de Rafael Vela y José Domingo Pérez, el caso languidece. En Brasil se acabó y Lula volvió al poder. En otros países se dictaron sentencias. Aquí los procesos siguen abiertos, indefinidamente. Y la justicia, como el caso, también se va diluyendo.
El Robespierre peruano se jugará los descuentos. Y quizá tiente una curul como invitado de algún partido que lo considere todavía políticamente rentable. Al menos si lo hubiera hecho algunos años antes no habría tantos platos rotos que recoger.