La Comisión de Economía del Congreso del Perú aprobó recientemente un dictamen que modifica la Ley 27506 sobre el Canon Hidroenergético. Este cambio busca una distribución más equitativa de los recursos generados por la producción de energía hidroeléctrica, beneficiando a diversas entidades locales y regionales. De acuerdo con el nuevo esquema, el 2% del canon se destinará a las municipalidades provinciales y distritales que poseen las fuentes de agua para la producción energética, mientras que el 8% se asignará a los gobiernos locales de las áreas donde se explota el recurso. Este enfoque busca asegurar que los territorios involucrados en la explotación hidroeléctrica reciban recursos suficientes para su desarrollo.

Fomento a la Conservación Ambiental

Un aspecto destacado de la reforma es la asignación de un 25% del canon a los gobiernos locales de las zonas afectadas por la explotación energética, y otro 40% al gobierno regional del departamento correspondiente. Estos recursos tendrán como fin primordial la conservación y protección de las fuentes de agua, así como la implementación de proyectos de reforestación y siembra y cosecha de agua. Este enfoque busca mitigar los impactos ambientales de la explotación de recursos naturales y promover la sostenibilidad a largo plazo, asegurando que las comunidades locales también se beneficien de las ganancias generadas.

Fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Además de la reforma al canon hidroenergético, el Congreso aprobó una medida importante para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ). Esta unidad, encargada de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ahora estará integrada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). Esta medida busca mejorar la coordinación y eficacia de la UIF en el control de los flujos financieros, incrementando la transparencia y la eficiencia en el monitoreo de actividades financieras sospechosas.

Impulso a la Transparencia y la Inversión Privada

Finalmente, el congresista Arturo Alegría anunció que presentará un texto sustitutorio para promover la inversión privada en proyectos de conservación ambiental, utilizando incentivos fiscales como herramienta para fomentar la responsabilidad empresarial. La propuesta también incluye la obligación de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y fundaciones de informar sobre sus actividades y relaciones con actores internacionales, con el fin de garantizar un uso adecuado de los recursos recibidos y evitar la evasión fiscal. Estas iniciativas son claves para impulsar tanto la protección ambiental como una mayor transparencia en la gestión pública y privada.