Por: Rodrigo Chillitupa Tantas

La presidenta Keiko Fujimori arranca su gestión con 60 % de aprobación. Esta cifra resulta superior a lo registrado por sus predecesores Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

Para el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, el alto respaldo a Fujimori responde a que “es una gobernante muy correcta y una política profesional que ahora está sujeta al escrutinio por las cosas que haga o deje de hacer.

–¿Este gobierno tiene como modelo a seguir la segunda gestión de Alan García?

Pero habría que ver en qué. En el segundo gobierno del expresidente hubo personas con experiencia política y se dio el impulso al crecimiento económico. Ahora tenemos que aprovechar el valor que tienen nuestros minerales. Es un periodo parecido al de Alan García. Tenemos la posibilidad de aliarnos con Estados Unidos no solamente para defensa, sino también en aspectos tecnológicos y comerciales. Entonces, es un momento propicio para lograr crecimiento.

–Arrancan con 44 % de respaldo en el sur. ¿Habrá alguna reparación para las víctimas de las protestas de diciembre de 2022 y enero del 2023?

Esa reparación se la tienen que dar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta nueva etapa lo que tiene que marcar es la separación entre lo que es la política, la judicatura y la lucha por una verdad jurídica. En el gobierno no podemos inmiscuirnos en la labor fiscal y los procesos que se están siguiendo a través de una investigación preparatoria.

–¿No se buscará establecer responsabilidades políticas?

Estoy convencido de que la política debe dejar a los fiscales y a los jueces hacer su trabajo. No debe influir ni a favor ni en contra, porque cada político tiene una perspectiva de los hechos. Para unos fueron unos subversivos que incendiaron y tomaron aeropuertos, mataron policías, propiciaron el ahogamiento de soldados en un río. Pero un juez o un fiscal tiene que investigar desapasionadamente en función de los actos y los posibles actos delictivos, tanto de unos como de otros.

GABINETE EN EL DIVÁN

–Quince ministros del gabinete informaron que tienen carpetas fiscales.

No hay político en el Perú que se precie de haber tenido una trayectoria de uno o dos años que no tenga investigaciones. En mi caso, salí del TC con más de 45 acusaciones constitucionales. En mi corto paso por la PCM he tenido denuncias constitucionales de Castillo y una excongresista. Es un periodo donde la política se judicializó. Al contrario, un político que no tenga una denuncia es porque no tiene ningún enemigo.

–¿Existieron discrepancias por este borrador del pedido de facultades?

No hay discrepancias y lo descubrí en la PCM. Para que se apruebe un proyecto de decreto legislativo se tiene que hacer un recorrido burocrático entre los ministerios implicados. Y todos tienen que dar su consentimiento. Por ejemplo, Justicia no va coincidir con Defensa o Interior. Agricultura descubre que no hay nada en el decreto, observa y dice que desea incluir algo. Y tiene que volver a recorrer el circuito.

–¿Era pertinente solicitar en varios temas cuando las prioridades son el Niño costero y la inseguridad?

Para afrontar el Niño costero se necesitan recursos del Ministerio de Economía. Para eso se necesita también la adición del Ministerio de Agricultura. Se prevé que en la ceja de selva habrá lluvias e inundaciones y en la costa se registrará una sequía. La gente que ha sembrado pensando cosechar a fin de año, posiblemente no la va a tener muy fácil. Defensa tiene que enfrentar el problema de que todos creen que los soldados van a llegar gratuitamente para enfrentar al Niño. Va a requerir un presupuesto adicional y saber cuáles serán sus competencias.

–¿Plantearían una cuestión de confianza si el debate se entrampa?

Aquí tenemos que jugar limpio. Aquello que la oposición, dentro de la Junta de Portavoces en las negociaciones previas, no acepte y argumente de manera justificada y pida que salga, tendrá que salir. Pero aquí la responsabilidad es compartida tanto del Gobierno como de la oposición. El poblador damnificado no se va a fijar quién votó a favor y en contra. Hay un sistema doctrinario que, en su mayoría, aterriza que no se podría hacer cuestión de confianza en torno al otorgamiento de facultades delegadas.

PENALES EN CONSTRUCCIÓN

–En el borrador de facultades se plantea perfeccionar el régimen de los presos.

Por lo menos tiene que haber un 50 % de posibilidades de rehabilitación real. Muchas veces no nos damos cuenta y pensamos en elevar la pena, pero en realidad no hemos trabajado en cómo detenerla. ¿De qué sirve elevar la pena para un sicario si lo vamos a terminar internando con 10 alimentistas? En realidad, mantenemos en la cárcel, por la temporalidad de la pena, al sicario, pero estamos soltando a nueve delincuentes que entraron primarios y salen avezados.

–¿Es una nueva mirada al régimen penitenciario como en el caso de Bukele en El Salvador?

Lo de Bukele fue diferente. En El Salvador ya no había negocio que no pagara cupo. Las maras se habían tatuado el cuerpo, la cara, y no era difícil detenerlos. El problema era el enfrentamiento con la fuerza armada. La Policía carecía de armas de fuego para enfrentar a las armas que ya tenían las maras. Era otra realidad. Nosotros sí tenemos que copiar lo que es proporcional a nuestra situación. Por ejemplo, separar definitivamente a los primarios o a los delincuentes que no son violentos. Tenemos que volver a constituir un sistema por el cual la prioridad inicial sea el orden.

–O impulsar la construcción de cárceles como el CECOT. Fuerza Popular planteó cinco penales.

En eso estamos debatiendo. Más barato es construir un penal para primarios o para delincuentes no violentos, porque simplemente, como el CECOT, se hace el techo de tipo fábrica con doble vuelta de alambrado y con camarotes, sin necesidad de mucha infraestructura. Pero ahí no pueden ir los agresivos y los violentos, sino los no violentos para que puedan participar del programa de cárcel productivo. Tratarlos en un ambiente más distendido. Y a los más avezados tenerlos en Lurigancho y Ancón, que son penales diseñados como máxima seguridad.

–¿Qué acciones se tomarán ante las protestas en Tacna por Challapalca?

Ese es un tema que hay que tratarlo políticamente, pero Challapalca no puede dejarse. Es necesario, incluso, hacer más penales de máxima seguridad como Challapalca en zonas altoandinas. Personalmente he escrito en la academia que los delincuentes violentos no tienen forma de solucionar sus problemas en un penal construido. Solamente se pueden encontrar con su humanidad en penales como el Sepa, donde podrían cultivar con sus manos la tierra y sus alimentos.

–¿Cómo abordará la problemática de la seguridad de los penales?

El agente penitenciario debe tener una formación castrense. No puede ser un civil con uniforme. Tiene que tener una formación militarizada con un conjunto de valores y de doctrina de actuación que involucre a los reservistas que han sido adiestrados en electrónica, mecánica y en seguridad.

–¿Los militares resguardarán las cárceles?

Reservistas y los oficiales del Ejército, la Marina y la Aviación. Son expertos en concursos en Estados Unidos, China y Europa. Y a los 45 años, de comandantes o de mayores, se les acaba la carrera. Esa gente tiene que ser convocada para tener puestos de autoridad en su diario. Saben de seguridad y pueden seguir contribuyendo al Estado.

REFORMA JUDICIAL Y PROCURADORA

–¿A qué acuerdos llegaron en la reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez?

Nos preocupa en lo inmediato que exista un solo protocolo para que no haya debate entre la Policía Nacional y el Ministerio Público por la competencia de la investigación preliminar. Y dos, crear y fortalecer el subsistema de bandas criminales, donde ingresa la extorsión, el sicariato y el secuestro, que no encajan en la flagrancia. Basta que exista la presunción de que hay más personas involucradas. Un autor intelectual, por ejemplo.

–¿Se contempla una reforma del Código Penal Procesal?

Sí, el problema es que el Código Penal ha sido parchado muchas veces. Pero es ahora que se requiere al menos una reforma ya. Sí, pero esto lo tiene que trabajar un comité al interior del Ministerio de Justicia con un grupo de académicos para poder presentar el proyecto al Congreso.

–En el Congreso ya plantean derogar las llamadas “leyes procrimen”

Las leyes procrimen tienen esa denominación, pero hay algunas como la que protege el derecho a la propiedad de una persona que no ha sido objeto de ninguna condena. Y eso hay que defenderlo. Hay otras que sí pueden ser objeto de evaluación, como las que debilitan la actuación del fiscal, que fueron dadas en otro entorno político. El Ministerio Público había sido tomado por determinado grupo político. Ahora sí se puede evaluar esta legislación con ojos técnicos.

–¿Qué acciones se tomarán con la cuestionada procuradora María Caruajulca?

Ella está sujeta a evaluación como todos los funcionarios. Y la única manera de sacarlos es con un proceso sancionador. Tengo entendido que tiene una medida cautelar del Poder Judicial que ordenó su reposición. Está sujeta a un proceso sancionador si es que se le evalúa.

LOS EXPRESIDENTES

–¿En qué estado se encuentra el pedido de gracia del expresidente Toledo?

Que yo sepa, no ha llegado todavía un pedido formal. Toledo tiene dos condenas. Una puede ser objeto de gracia y la otra podría ser objeto de indulto. En ambos casos rige el principio, de la jurisprudencia tanto nacional como internacional de la Corte Interamericana, de que estos instrumentos no pueden propiciar la impunidad. Roban todo lo que quieran, se levantan en peso al Estado y a los 80 años y dos meses piden disfrutarlo en su domicilio. Pero, si se comprobara que él está realmente enfermo, entonces no habría ningún tipo de impedimento.

–¿Qué harán con las excesivas visitas al expresidente Castillo en la DIROES?

El problema es que lo fácil sería decir “vamos a prohibir las visitas inopinadas”. Tenemos que trabajar el tema para delinear cuál es el argumento legal, porque evidentemente no hay un dispositivo que evite que uno, dos, cinco, veinte diputados se acerquen a la cárcel y exijan ingresar.

CORTE IDH Y LUM

–¿En su gestión avanzará la propuesta de salir de la Corte IDH?

Esta evaluación no se ha discutido con la presidenta ni en gabinete. Mi posición personal es que con una administración de justicia tan poco confiable como la nuestra no es posible pensar en salir de un sistema internacional que, mal que bien, puede ser una especie de freno a una arbitrariedad. Quizás no ahora que hay un gobierno democrático, pero en el futuro podría haber un gobierno de cualquier signo ideológico que cometa arbitrariedades evidentes y vamos a necesitar un organismo.

–¿Cuál es su posición sobre las críticas al LUM por su postura sobre lo ocurrido en los ochenta y noventa?

El LUM responde a un posicionamiento en el que la izquierda toma el poder y ejerce un relato: la guerra ha sido entre los militares y los extremistas terroristas con el pueblo en el medio. El LUM tiene la obligación de mantener un relato moderado al servicio de todo el país y no de un determinado grupo político. No sé por qué el LUM está en el ámbito Cultura. Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural. Estoy dispuesto a proponer que pase al sector Justicia para que se cree un relato moderado y más apegado a lo que sucedió y que sirva como instrumento para a una etapa de superación y de lucha por un Estado constitucional de derecho.